El 10 de diciembre de este año será el aniversario 74 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por los Estados miembros de las Naciones Unidos en 1948. Es un documento histórico y trascendental que establece y codifica los derechos humanos y los estándares para la conducta de los Estados. Obviamente, los Estados no siempre han respetado la Declaración, especialmente durante la Guerra Fría y las dictaduras militares de esa época de terror. Como sabemos, hubo violaciones masivas de los derechos humanos: desapariciones, torturas, secuestros, matanzas y asesinatos. Aunque la ONU ha tomado posiciones y acciones clave para proteger los DDHH, especialmente en los últimos 30 años, en ese período la organización fue, a menudo, bloqueada por los intereses de Estados (en el caso de América Latina, varias veces por Estados Unidos o Estados anticomunistas y contrainsurgentes en la región, que eran sus aliados).

La ONU se formó en 1945 después de un proceso que comenzó en San Francisco, California, a principios de ese año. El mundo estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial y los horrores de los nazis. Los pueblos de todo el mundo buscaban la paz y el respeto de los derechos humanos. Representantes de 50 países se reunieron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional entre abril y junio de 1945. De América Latina, estaban Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Perú, Nicaragua, Paraguay, Republica Dominicana, Uruguay y Venezuela, un grupo grande y significativo. Se redactó una magna carta para una nueva organización internacional, La Carta de las Naciones Unidas. La organización mundial fue creada para salvaguardar la paz y la seguridad internacionales y evitar otra guerra mundial.

En 1946, la ONU creó un organismo, compuesto por Estados miembros, conocido como la Comisión de Derechos Humanos (CHR) para promover los derechos humanos internacionales. En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la Asamblea General de la ONU en París durante su 183ª sesión plenaria. Eleanor Roosevelt, la progresista viuda del presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, había presidido el Comité de Redacción de la Declaración. Según la ONU, ella fue una gran impulsora de su aprobación.

El Preámbulo de la Declaración Universal declaró que la indiferencia y el menosprecio de los derechos humanos habían dado lugar a actos de barbarie que habían ultrajado la conciencia de la humanidad. Representantes con diferentes antecedentes legales y culturales, del Este, el Occidente y el mundo en desarrollo, redactaron el documento. Por primera vez, se proclamó la protección universal de los derechos humanos fundamentales: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. EEUU, y el resto del Occidente, insistieron en la inclusión de derechos civiles y políticos. El Este (URSS y otros países socialistas) y el mundo en desarrollo, especialmente los latinoamericanos, insistieron en incluir los derechos económicos, sociales y culturales. Según la académica Kathryn Sikkink, “El gobierno británico consideró a este bloque latinoamericano responsable de cambiar la posición del gobierno estadounidense respecto a los derechos humanos en San Francisco…sin el protagonismo latinoamericano es poco probable que la Carta hubiese incluido referencias a los derechos humanos” (SUR 22 ‘El Papel Protagonista de Latinoamérica En Los Derechos Humanos’, 2015). Ella argumenta además que “así todas las ideas sobre los derechos sociales, económicos y culturales para su borrador [eran] de la tradición del socialismo latinoamericano por medio de las cartas de derechos presentadas por Panamá y Chile,” con respaldo de la URSS.

Intereses estatales

La ONU se fundó sobre principios nobles: proteger y promover la paz y la seguridad internacionales, resolver los conflictos internacionales por medios pacíficos y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Pero había tensión en el corazón de la organización. Si bien sus objetivos eran universales y globales, la organización se basaba en la autonomía y la igualdad soberana de los Estados. Es decir, la ONU nunca fue visualizada como un gobierno mundial. Los Estados eran soberanos, los principales actores del sistema internacional y se guiaban por sus propias percepciones de interés nacional.

Así, en ocasiones, los intereses estatales (tal como los definen los gobiernos particulares) entraron en conflicto con los objetivos de la ONU. Los Estados podrían bloquear iniciativas de la ONU, como las visitas de organismos de derechos humanos para determinar la situación de los derechos humanos en sus países. Cualquier miembro permanente del Consejo de Seguridad (compuesto por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia y China) podía vetar iniciativas en ese organismo. (Por el contrario, la Asamblea General, compuesta por todos los estados, operaba según el principio de un Estado, un voto.)

Por estas razones el rol de las organizaciones no-gubernamentales (ONGs) ha sido muy importante para canalizar las voces de los pueblos del mundo. Las ONGs fueron cada vez más reconocidas, especialmente en los años 1980 y más allá, por representar los intereses de las personas y las sociedades, aparte del Estado. Fueron vistas como un canal para las voces de las personas y sectores sociales que eran excluidas en el sistema Estado-céntrico, preocupadas por temas como el desarrollo social, las mujeres, los derechos humanos y el medio ambiente. En los años de plomo en América Latina, las ONGs fueron centrales en denunciar los abusos de derechos humanos. ONGs como Servicio Paz y Justicia (Argentina, Chile y Uruguay), la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Chile), Las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, la Comisión Internacional de Juristas, la Comisión de DDHH de Guatemala, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Amnesty International, Human Rights Watch, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de los Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM) y muchas más trabajaban para visibilizar y exigir acciones internacionales para frenar los sistemáticos abusos.

Las campañas internacionales de muchos movimientos y muchas organizaciones produjeron respuestas concretas en la ONU. Por ejemplo, en 1992 la Asamblea General de la ONU declaró la práctica de la desaparición un crimen de lesa humanidad en su “Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”, adoptada en la resolución 47/133 del 18 de diciembre. La “Convención Interamericana sobre la Desaparición de Personas” fue adoptada el 9 de junio de 1994. Es decir, lentamente el sistema internacional está respondiendo a las luchas y las demandas de las sociedades sobre los derechos humanos y otros temas. Es imprescindible avanzar este sistema naciente de protección y promoción de los DDHH. Esto requiere los esfuerzos y la organización de la sociedad civil. ∞

La nueva forma políticamente correcta en Chile, es asegurar que el proceso constituyente fue derrotado por maximalista y que no debemos volver a caer en “octubrismos”. Se le asigna ese concepto a una forma radical de la política empleada por pequeños grupos de agitadores de extrema izquierda alejados de la realidad o más precisamente que viven en una realidad paralela. Hasta cierto punto es cierto, se trata de grupos que viven en una realidad paralela, pero que su rango de influencia es mínimo y maximizado solo por los medios de comunicación para el beneplácito de los poderosos.

La realidad es muy distinta, el Octubrismo, si queremos hacerle honor al análisis político, es sinónimo de ciudadanía, mayoría, democracia y crítica al establishment político. También es sinónimo de radicalidad en su proyecto el que, diverso y burbujeante, expresó el malestar de millones y devolvió la política a la cotidianidad. El pueblo despertó del largo sueño neoliberal de la transición.

El octubrismo desembocó necesariamente en un proceso constituyente y no podía ser de otra forma. Su espíritu de cambio es total, su crítica unitaria es radical, pero su proyecto político es multifactorial, como diversas son las causas del mismo. Así las cosas, un proceso constituyente en ningún caso podría ser elaborado por la casta política a la cual la ciudadanía apuntaba como culpable.

El duro revés del plebiscito de salida aún debe ser analizado con lupa y, sin lugar a dudas, nos tendrá mucho tiempo pensando qué sucedió ese 4 de septiembre. Pero independiente de entender a cabalidad qué pasó, la enorme mayoría de los políticos salió criticando a la convención por “tirar el tejo pasado” y elaborar una Constitución demasiado radical al momento político, razón por la cual, “la gente no la entendió”.

Como después de la guerra todos sin generales, se culpó al “octubrismo” y a los “octubristas” de la derrota y rápidamente los sectores políticos se desmarcaron de este espíritu para devolver la pelota al Congreso. Es decir, a los partidos políticos de la transición y el gran empresariado. Y si creíamos que era normal que militantes del PPD cayeran en estas reflexiones, es insoportable que quienes dicen querer cambiar las cosas, osen ocupar la palabra “octubre” como sinónimo de “minoría”.

El nuevo proceso constituyente, inevitable a los ojos de la élite pero necesariamente controlable para mantener sus intereses, está en marcha. Aunque ya no sea debate de la política cotidiana. Luego del estallido y el plebiscito, la pandemia llevó a octubre para la casa. Una fuerte crisis económica internacional, con una escalada inflacionaria en Chile y gran parte del mundo, se constituyó en un yugo sobre los hombros de las y los protagonistas del desborde institucional.

Sin embargo hoy vemos como los partidos de la transición, en su necesaria visión sesgada de la realidad, interpretaron este estancamiento como un retorno de la política a la institucionalidad. La pelota ya no estaría en la calle, estaría en el palacio. Por esta razón, independiente del nombre que le den a los “bordes” institucionales, la actual discusión busca engrillar al negro mata pacos y convocar una constituyente impotente que recoja solo aquellas consignas que no toquen la distribución de la riqueza en Chile.

Sin embargo, octubre no está muerto, solo está herido, desilusionado y confundido por un sector de fuerzas transformadoras que los acusan de octubristas, como si el encuentro de las mayorías en las calles fuera un pecado. Y de la misma forma, el proceso constituyente está lejos de terminar, aunque hoy sufre un profundo revés por la crisis económica y la derrota en el plebiscito. Dicha derrota, no debe ser entendida como una derrota del proceso constituyente, sino como la derrota quienes que consideran que la gente es tonta y no supieron poner en el centro del debate a los protagonistas del proceso constituyente. El resultado es un triunfo de las elites políticas y económicas que no repararon en gastos para llenar de mentiras la opinión pública. Pero sobre todo, es la derrota de aquellos que desde la izquierda piensan que se puede hacer política de mayorías sin el pueblo como protagonista. Pero insistimos, Octubre no está muerto, solo está herido.

El proceso constituyente sigue en curso, así lo han entendido los poderosos que como sea quieren detener un proceso nuevamente peligroso y libre. De las fuerzas transformadoras depende luchar porque la composición del nuevo órgano redactor sea democrático, es decir como máxima realización del poder constituyente, se componga por miembros 100% electos, sea paritaria, con representación de los pueblos originarios y, por qué no, con participación de la sociedad civil como sindicatos y movimientos sociales.

Esta lucha debemos darla, a pesar que muchas veces parezca que estamos gritando en el desierto. El pueblo nos está escuchando, analiza, se desilusiona pero ya tiene experiencia adquirida sobre su propia fuerza: es capaz de poner en jaque a las fuerzas del orden cuando se une y se moviliza. Debemos dar esta pelea sin vacilaciones ya que si el pueblo quiere cambiarlo todo, puede intentarlo con nosotros, las fuerzas transformadoras mediante una salida institucional o mediante una salida autoritaria, con las fuerzas oligarcas como dirigentes de un proceso neo fascista. Entonces, de nosotros depende.

¡Octubre ha muerto, larga vida a octubre!