A menos de unos días que se vote y se conozca el resultado del plebiscito de salida por una nueva constitución en Chile, este 4 de septiembre, somos muchas y muchos ilusionados de lo que podrá pasar aquel día histórico, en el caso de que la mayoría se incline por la opción apruebo.

De ahí que sea imposible no estar muy nervioso, ansioso y muy esperanzado con seguramente la votación más importante de nuestras vidas en Chile, luego de siglos de un Estado portaliano autoritario, nacido y estructurado por encima de las grandes mayorías y de la pluralidad existente, el cual jamás fue el resultado de un proceso democrático como el que estamos viviendo en estos momentos.

En ese sentido, con este último plebiscito nos jugamos el tipo de democracia que tendremos en las próximas décadas en el país, por lo que tendremos la oportunidad de ser protagonistas de un momento histórico, que no solo será crucial para las y los millones de chilenos existentes, sino para todas y todos aquellos que ya no están con nosotros y también que nacerán en el futuro.

En consecuencia, el significado de esta votación es inmenso, ya que se hace cargo de todas las luchas por un país más justo que han habido hasta hoy desde distintos colectivos, movimientos y frentes, desde la conformación de la República en 1810 en adelante, los cuales dieron su vida a causas que pusieron en el centro la libertad, la igualdad, la solidaridad la dignidad y el respeto por el otro.

Me refiero a todas y todos aquellos trabajadores, pobladores, mujeres, disidencias sexuales y de género, campesinos, indígenas, que en distintos momentos de nuestra historia, han exigido al Estado de Chile un trato diferente y un país en donde nadie quede fuera, perdiendo muchos de ellos sus propias vidas, por resistir una brutalidad estatal que solo refleja su negación a la democracia.

Los casos de la ocupación del Wallmapu (1860-1883), la Matanza de la Escuela Santa María de Iquique (1907), la Matanza de Curanilahue (1916) la Masacre de Ranquil (1934), la Masacre de Pampa Irigon de Puerto Montt (1934), la Masacre de El Salvador (1966), la Dictadura cívico militar (1973-1989)y las violaciones a los derechos humanos durante la revuelta del 2019, nos muestran que el Estado de Chile ha funcionado siempre desde la lógica del enemigo interno.

Desde la memoria

Pese a toda esta violencia criminal del Estado de Chile, los movimientos sociales y distintas organizaciones de la sociedad civil, no han cesado en organizarse y en movilizarse, siendo los grandes causantes de todo este proceso constituyente que estamos viviendo actualmente, el cual si bien tuvo como punto de inflexión a octubre del 2019, aquella revuelta social venía con mucha historia antes.

En consecuencia, aquel día que vayamos a votar por el apruebo el 4 de septiembre, hay que hacerlo desde la memoria histórica de Chile, no solo por todos los perseguidos, torturados y asesinados, sino por todas las instancias que movilizaron a la sociedad (marchas, protestas, revueltas), las cuales sentaron las bases políticas y sociales para lo ocurrido el año 2019.

En efecto, se vuelve fundamental mencionar distintos momentos históricos de lucha, como lo fueron la Huelga de la Carne (1905), la Huelga Grande de Tarapacá (1907), Proceso de los Subversivos (1920), La huelga de arrendatarios (1925), La revolución de la chaucha (1949), la Primera protesta de la comunidad LGBTQI+ (1973), Jornadas de Protesta de Mujeres contra la dictadura (1986) y el Triunfo del NO (1988).

Con respecto a los últimos 30 años, a la vuelta de la democracia, destacan El Mochilazo (2001), la Revolución Pinguina (2006), Estudiantazo chileno “No al lucro” (2011), No a Hydroaysen (2012), Primera Marcha por la Defensa y Recuperación del Agua (2013), No más AFP (2016), Mayo chilote (2016), Mayo feminista (2018) y aquel octubre del año 2019, que comenzó con las protestas de los estudiantes secundarios al interior del metro de Santiago.

Asimismo, este proceso es también de todos aquellos que históricamente han sido callados, ninguneados, vulnerados y humillados históricamente por sistemas violentos, como ha pasado con niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, neurodivergentes, animales no humanos y la misma Naturaleza, la cual somos parte de ella.

Ante esto, la responsabilidad histórica que tenemos quienes vayamos a votar el 4 de septiembre es enorme, ya que por primera vez en la historia de Chile tendremos la posibilidad de votar una constitución, redactada de manera democrática y paritariamente, por lo que lo que se elija aquel día tendrá enormes consecuencias para las generaciones posteriores.

Por lo mismo, algún día en el futuro, se revisará el momento histórico en el cual nos encontramos como país actualmente, en donde en el caso de que triunfe el apruebo, seguramente se planteará que fue el momento en que las y los chilenos nos hicimos cargo del país que vivimos y de su futuro, con esperanza y optimismo.

Por el contrario, en el caso de que triunfe el rechazo, será recordado como el día en que las y los chilenos le tuvimos temor a la democracia y cedimos nuestras decisiones nuevamente a la misma elite que nos ha impuesto un Estado a la medida de sí mismos, perdiendo la posibilidad histórica de construir por primera vez una constitución entre todas y todos.

Poco se ha profundizado en la relación entre la idea de Estado Regional y Sistema Político, por lo menos en lo que exponemos. Entiéndase Estado Regional como un clivaje institucional, político, cultural, social y fiscal, que aceleraría el proceso de descentralización que en otras oportunidades hemos caracterizado como cansino, a propósito de la lentitud con la cual se ha desarrollado, por lo menos, desde que se recuperó la democracia, implicando, un conjunto de escaños que se materializarán en la Asamblea Regional (actual Consejo Regional).

Por otra parte, entiéndase, sistema político, en la concreción de un sistema de partidos, que es capaz de alcanzar escaños en el nuevo Congreso de Diputadas/os y Cámara de las Regiones, que se comprende o propone como asimétrico, donde la primera expresión representativa, estaría más fortalecida que la segunda (varias posibilidades de ajustes en condición de ley). En esta lógica, es necesario indicar, que el mismo sistema de partidos, llenará los escaños de la Asamblea Regional, más las expresiones ciudadanas independientes que muy probablemente se mantendrán en tiempo y espacio, en todo el espectro de la representación política del país. Por lo tanto, Estado Regional y su concreción, más el Órgano Legislativo propuesto (Congreso de diputadas/os y Cámara de las Regiones) y el sistema de partidos, contribuirían a este diseño general que se denomina un sistema político general (hay otras variables, por supuesto, como la local con el concejo comunal/municipal).

Las críticas al texto acusan que este dispositivo relacional vulneraría los contrapesos políticos institucionales, ya que el Congreso de las Diputadas/os, sería omnipresente respecto de la Cámara de las Regiones, activando, además, una potencial instrumentalización desde el Ejecutivo hacia el Congreso, cuando coincidieran los signos políticos de ambos órganos (coalición de gobierno con congreso), sin posibilidad de un Senado de signo distinto que concrete el contrapeso consignado, suponiendo que su configuración política fuera contraria a los anteriores, agregándose, por otro lado, una pérdida de importancia de las regiones, dada la eliminación del mismo (Senado), el cual supondría un perfilamiento superlativo de éstas en el actual Congreso Nacional, mientras que con la Cámara de las Regiones, dada la disminución de representantes (tres por cada región v/s tres a cinco con el actual sistema), no tendría la misma correlación de fuerza en la configuración de las leyes y las políticas públicas.

Esta crítica, no coloca en valor el Estado Regional (o no lo quiere hacer), como expresión de contrapeso desde una perspectiva sistémica. Hoy, el Senado supone una significativa representación de las regiones que no es tal, ya que, si lo fuera, el proceso descentralizador se habría acelerado con bastante más asertividad (no se duda de la voluntad de representación descentralizadora de senadora/es), y ello, en parte, se explicaría por un diseño general del sistema político desde la centralización política atávica. La relación entre el Congreso de las Diputadas/os y la Cámara de las Regiones, prometería en su legislación una mayor descentralización dado que funcionaría en un contexto de Estado Regional, el que, al tener mayor musculatura en su diseño institucional anclado en su calidad de autonomía, acotaría la tentación de centralización del órgano legislativo. Si eso es así, y de triunfar el apruebo el próximo 4 de septiembre, el debate, además, de cómo avanzar en descentralización cambiaría de foco significativamente, asegurando mayores asertividades, no implicando ello dificultades de concreción, dado el debate democrático que debe darse, donde concurrirán varios intereses políticos, económicos y de cultura política, que se encuentran en el espacio geográfico que transitaría de un modelo a otro (que se activarán o seguirán vigentes).

La escala local, con su comuna autónoma, también representaría un vector significativo en la creación de la energía sociopolítica, socio-territorial y sociocultural, entre otras, que contribuiría, por diseño, a concretar la idea de un Estado Regional descentralizado, determinando el comportamiento de los partidos políticos, los cuales se desplegarán en toda la nueva arquitectura institucional político territorial que se encontraría vehiculizada en el nuevo esquema constitucional, de aprobarse el texto. Por lo tanto, cabe preguntarse si la idea de Estado Regional, en sí misma no es un significativo contrapeso, toda vez que las materias abordadas, tanto en el Congreso de las/os diputados como en la misma Cámara de las Regiones, deberán reaccionar de una manera distinta, a cómo lo hace el actual Congreso Nacional con el Estado nacional unitario y centralista, que tiene una regionalización que se ha ido fortaleciendo en descentralización, con la elección de los gobernadores/as y consejeros/as regionales como la más clara acción en esa dirección, conviviendo con un/a delegado/a presidencial, que por diseño, sigue manteniendo el atávico centralismo chileno en el ejercicio político de escala regional.

Finalmente, en esta reflexión de crítica que se le realiza al texto constitucional, tampoco se coloca en valor la orientación de algunos elementos de democracia participativa y directa que se formalizó en el mismo, y que permitiría que el quehacer de las comunidades, ciudadanas y ciudadanos, se proyecte con más asertividad en la toma de decisiones que organizan al país. Nos referimos al Capítulo IV titulado Participación Democrática, que con sus artículos que van desde el 151 al 159, releva la importancia de la ciudadanía y las comunidades para ser incidentes en la definición pública. Así, los partidos políticos deberán desplegarse conscientes de esta nueva oportunidad de profundización de la democracia, que cómo sistema político y de partidos, deberá asumir este nuevo contrapeso, que debiese transmitirse hacia las otras escalas de la representación política antes indicada. Entre los artículos propuestos vale destacar el siguiente:

Artículo 155. El estatuto regional considerará mecanismos de democracia directa o semidirecta que aseguren la participación incidente o vinculante de la población, según corresponda. Del mismo modo, considerará, al menos, la implementación de iniciativas populares de normas locales a nivel regional y municipal, de carácter vinculante, así como consultas ciudadanas incidentes. La planificación presupuestaria de las distintas entidades territoriales siempre incorporará elementos de participación incidente de la población.   

Así, los contrapesos políticos reclamados por quienes critican el texto, aparecen y deben entenderse como los marcos referenciales sobre los cuales deberá seguirse la deliberación en los órganos legislativos, para transformarlos en ley, en los ajustes que correspondan. Sin embargo, el principio de contrapeso aparece expresado, y el diseño propuesto en el texto responde no sólo a un momento de Geografía de la Multitud de octubre 2019, sino que, a una tendencia global, de ampliación democrática proveniente desde los territorios. Esto implica desafíos, ¡qué duda cabe, que son insoslayables! Por otra parte, también es una necesidad, que en los ajustes que se logren en la deliberación política, se permita el mejor diseño legal, democrático y territorial posible, como única forma de avanzar en la dirección correcta.

Estamos a las puertas del Plebiscito del 4 de Septiembre, esto es la decisión ciudadana por votación universal, secreta e informada del texto constitucional que remplazará a la Constitución de 1980, en el caso de tener mayoría la opción APRUEBO o desechado en el caso de ganar el RECHAZO.

Es una ocasión trascendente. Una de esas que marcan la historia de una nación. Con una mayoría por el cambio constitucional se inicia la puesta en marcha del conjunto de reformas asociadas al Estado social y democrático de derechos que establece la nueva Carta Fundamental. En caso contrario, seguirá la herencia constitucional de la dictadura, en particular, el Estado subsidiario, así la derecha más retrógrada se verá lo suficientemente fortalecida como para bloquear la futura evolución institucional del país.

Eso es lo que deliberadamente esconden los grupos y personeros que se presentan como de centroizquierda porque formaron parte de la ex Concertación, tratando de apropiarse de lo bueno que hicieron esos gobiernos, pero ocultan que sus limitaciones y debilidades están directamente asociadas a las cortapisas y obstáculos impuestos por el Estado subsidiario, un modelo estatal que hace del sector privado reducido a los grupos económicos más poderosos el supremo director de la organización social.

En la estructura socioeconómica actual ese fue el factor determinante para la instalación de la desigualdad social que condujo al “estallido” de Octubre del 2019. Esa es la realidad resguardada por la Constitución del 80. No se puede tapar el sol con un dedo.

Por eso, el socialismo chileno tomó tan apasionadamente la bandera del APRUEBO, sus fuerzas cubrieron el país sin dudas ni vacilaciones, sus diferentes locales o sedes fueron el refugio de los partidarios de la nueva Constitución, sus recursos humanos se desplegaron al máximo por la conciencia que la estabilidad democrática futura requiere cerrar el oprobioso capítulo de una institucionalidad impuesta a sangre y fuego.

Ha sido una campaña enfrentando una mentira ultraconservadora, persistente, refinada, odiosa. También haciéndose cargo de incomprensiones o de la estrechez del sectarismo. Sin embargo, allí han estado las banderas socialistas, flameando orgullosas, como auténticas depositarias del legado democrático, pluralista y libertario que nos legó el Presidente Allende.