En la última sesión de la comisión de Principios Constitucionales de la Convención Constitucional se discutió la norma 966-2 que establece la Democracia Digital, expuesta por las convencionales María José Oyarzún y Giovanna Roa. Esta iniciativa parte de la premisa de que la Democracia Digital es necesaria para implementar distintos mecanismos de democracia directa y no para aplicarse en sufragios en primera instancia, por lo que incluye garantías urgentes que nivelarían el manejo de la población de distintas herramientas, así como acceso a dispositivos y conocimientos digitales.

Es de esta manera que el primer articulado de la propuesta convencional establece que “La ley regulará la utilización de medios tecnológicos en la implementación de los mecanismos de democracia directa, distintos del sufragio, y que sean establecidos en la Constitución y las leyes buscando que su uso facilite el desarrollo de dichos procesos”.

En vista de lo anterior, el deber constitucional deberá garantizar “el pleno y efectivo acceso a la información del proceso en cuestión”, también “la plena transparencia y rendición de cuentas de las personas encargadas de su operación, tanto si son Administraciones Públicas en sus respectivos ámbitos competenciales, como otro tipo de entidades públicas o privadas”, así como “condiciones de igualdad y no discriminación participativa, lealtad institucional justa y equilibrada competitividad”, y finalmente “la accesibilidad de los sistemas digitales de participación pública”.

En la norma se establecen distintos derechos. Entre ellos, se destacan cuatro en específico:

– Derecho a la conectividad digital, que responde a la brecha digital e inequidad territorial que existe con zonas periféricas del país y rurales.

– Espectro radioeléctrico como bien nacional de uso público, primer paso crucial para que se garantice este derecho a nivel estatal.

– Equidad en el acceso, para que todas las medidas se acompañen de procesos de alfabetización digital para todas las personas que, por distintas razones, no han podido previamente.

– Estándares de seguridad en entornos digitales, priorizando la protección de datos personales como tarea de las instituciones correspondientes.

A partir de lo expuesto, es que la convencional Oyarzún indicó que serán necesarias discusiones legislativas para complementar la implementación de esta norma en caso de incluirse en la nueva Constitución, con nuevas instituciones y organismos acordes a estos objetivos.

“Hay que crear un organismo no solo para el proceso de democracia digital, sino que también para todo el proceso de la democracia participativa, y claramente el Servel no es el órgano que pueda llegar a abarcar algo como eso”, explicó.

Agregó además que “no está creado el órgano en este articulado sobre democracia digital. Sin embargo, hay algunas normas sobre democracia directa que lo han dibujado”.

La Comisión de Medio Ambiente terminó sus dos sesiones destinadas a votar en particular las indicaciones realizadas a cada una de las normas del denominado “Bloque A: Derechos de la Naturaleza”. Con esto, enviará su primer informe para ser discutido íntegramente por las y los 154 constituyentes en el Pleno.

Se buscará consagrar constitucionalmente cinco grandes temas que engloban importantes aspectos para nuestro planeta y nuestra relación en armonía con él:

1. Crisis Climática

Sobre esta temática se definieron Artículos que establecen que el Estado deberá: reconocer la existencia de la crisis climática y ecológica como consecuencia de la actividad humana; destinar los recursos necesarios y crear un sistema que estudie y monitoree en forma permanente los efectos e impactos de esta crisis en el país; y fomentar ciudades sostenibles.

2. Reconocimiento y protección de los Derechos de la Naturaleza

Aquí se definieron Artículos que reconocen “la especial relación que tienen pueblos y naciones preexistentes al Estado con la Naturaleza” y que el daño a la Naturaleza será sancionado.

Asimismo, se establece que el Estado deberá hacer un proceso de “Revisión Histórica” con el objetivo “identificar los procesos evolutivos de la Naturaleza y reconocer las intervenciones humanas sobre ella, y establecer la verdad histórica en la vulneración de sus derechos, a fin de lograr procesos de justicia y reparación integral de la Naturaleza”.

3. Medioambiente, biodiversidad, principios de la bioética y bienes comunes naturales

En este ítem se define qué es un bien natural común: “las aguas en todas sus formas e interfaces, incluyendo glaciares y criósfera; el mar territorial, la altamar y el fondo marino; las playas, dunas y el borde costero; el subsuelo; los humedales; el aire, viento y atmósfera; la radiación solar; los campos geotérmicos; la alta montaña; el cielo y el espacio”.

Junto a dicho listado, se reconoce el derecho de acceso peatonal de todas las personas “gratuito, eficaz, universal y temporal para recorrer los bienes naturales comunes”. También se establece que el Estado reconocerá los usos ancestrales de bienes comunes naturales de los pueblos y naciones preexistentes.

Otros Artículos para destacar son los que indican que “es deber del Estado garantizar e incentivar el reciclaje” y que “El Estado debe velar y garantizar la protección, restauración y conservación de (…) los reinos Animalia, Plantae y Funji y especies endémicas, polinizadores nativos y otros que determina la Ley”.

Asimismo, son tres los Artículos que consagran los derechos de los animales y su derecho a vivir una vida libre de maltrato.

4. Principios Ambientales

Aquí se establece que es deber del Estado promover y garantizar la educación ambiental en los diferentes niveles y dimensiones, considerando las diferencias y diversidades ambientales y territoriales de cada región.

También se hace alusión a los delitos ambientales y que el Estado deberá reconocer como vulneración gravísima de los derechos de la Naturaleza, la extinción de una especie o población de esta, la destrucción total o parcial de un ecosistema nativo, o la eliminación de una condición específica para el equilibrio de la Naturaleza, y que dichos delitos serán imprescriptibles.

5. Democracia Ecológica y Plurinacional

En este grupo de artículos se reconocen los siguientes derechos: a la participación vinculante e incidente en la toma de decisiones ambientales, a la consulta y consentimiento de los pueblos indígenas, al acceso a la información ambiental, y al acceso a la justicia en materia ambiental.

Otro de los aspectos relevantes es el Artículo que establece que deberá haber una ratificación a través de una consulta comunal para todas las actividades económicas o productivas que impliquen riesgo para la salud, efectos adversos sobre la Naturaleza y más.

Artículos Transitorios

Por último, se establecieron dos Artículos transitorios que contemplan la creación en un plazo de 2 años de un “Servicio para la Crisis Climática y Ecológica” y la realización de un “Catastro de vertederos” dentro del país, con el objetivo de alcanzar una política nacional de Basura Cero para el 2030.

La Mesa Directiva del Colectivo Nacional por la Discapacidad, Conadis Chile, emitió una declaración pública en la que interpela a autoridades, al Estado, al poder constituyente y a toda la comunidad, tras la muerte de un padre y su hijo en situación de discapacidad severa en Chiguayante.

Conadis expresa que “Nos esperanza, nos inquieta y nos motiva pensar en el Chile que queremos para todos y todas en ese futuro que estamos construyendo, cada vez más con ese sentido de comunidad que perdimos y abandonamos por tanto tiempo”, pero al mismo tiempo, señala que duele “y nos indigna el olvido de tantos y de tantas en nuestro país que fueron invisibilidados por décadas en sus necesidades y anhelos, mientras los sucesivos gobiernos han priorizado las grandes cifras, los grandes equilibrios y las estadísticas que, en sus promedios, esconden el sufrimiento humano generado por la profunda desigualdad del fracasado modelo de desarrollo”.

Entre las personas olvidadas, dice la organización, están las personas mayores, las personas dependientes y las personas cuidadoras, de quienes poco se sabe “o más bien poco se ha revelado sobre las realidades que enfrentan”, para visibilizar así la injusta e insostenible organización social de los cuidados, un rol “claramente feminizado, con doble o triple carga de trabajo; con escaso apoyo e inmerso en una sociedad que naturaliza esa condición opresiva y muchas veces solitaria que viven”.

Para el Colectivo Nacional por la Discapacidad, en el contexto del Proceso Constituyente, donde se aspira a garantizar derechos en la nueva Constitución, es indispensable que exista un reconocimiento material al trabajo de las cuidadoras y cuidadores, así como apoyos y asistencia personal a las personas con discapacidad, “que salvaguarden su autonomía y dignidad”.

Silencio de las autoridades

“Nos ha conmovido la reciente muerte, en Chiguayante, de Alejandro Ortega, único cuidador de Francisco Ortega, su hijo con discapacidad severa, postrado y dependiente, que pasó inadvertida por 20 días para toda su comunidad, su barrio y ocasionó la terrible agonía y muerte de Francisco por abandono e inanición. La comunidad cercana ha reaccionado con perplejidad y culpa, pero las autoridades y las instituciones del Estado han hecho un silencio que se asemeja al final del libro 100 años de Soledad. Una soledad que representa el fracaso del proyecto colectivo de sociedad retratada por ese autor. Nosotres no callaremos, porque Alejandro y Francisco son parte de nosotres”, dice la declaración.

El colectivo critica de manera enfática que “la revelación policial ya no sirve, la verdad judicial es tardía, los datos sobre personas que mueren solas, de soledad y por la soledad, nos indignan porque es un eufemismo del abandono en que hemos vivido históricamente las personas con discapacidad, sus cuidadoras y familias”.

Frente a esto, subrayan que un hecho así no puede repetirse y por ello la urgencia de contar con un Sistema Integral de Cuidados: “Eso no puede ser más, nunca más permitido. Chile requiere un sistema de cuidados integral, permanente, que acompañe y apoye a quienes lo requieran con pertinencia y calidad, con garantía de derechos”.

Sistema de Cuidados en la Convención y nuevo gobierno

Conadis Chile añade que como Colectivo acompañan el proceso de la Convención Constitucional, al ingresar y validar una Iniciativa Popular de Norma, “de manera que, desde la nueva Constitución, estos derechos sean consagrados para este grupo históricamente excluido”.

Sin embargo, hacen también un llamado urgente al futuro gobierno del presidente Gabriel Boric a activar tempranamente su compromiso, incluido en su programa, de establecer un Sistema Nacional de Cuidados “que, desde lo sanitario y social en los espacios comunitarios, coordine a las instituciones para impulsar el cuidado bajo los principios de acceso universal, estableciendo el cuidado como un derecho social y humano, que incorpore la corresponsabilidad entre Estado y la sociedad”.

“Anhelamos reemplazar el silencio de les olvidades, por el rumor respetuoso de la convivencia y el cuidado mutuo, en una sociedad en la cual nadie queda afuera del corazón de justicia que creemos estar construyendo y esperamos no se repitan estos lamentables episodios que nos han alejado de Alejandro y Francisco Ortega”, finaliza la declaración.

Puedes leer la declaración completa acá.

1645661633174_DECLARACION PUBLICA CUIDADOR E HIJO FALLECIDOS

Los resultados de febrero de 2022 del Barómetro del Trabajo de la Fundación FIEL, que aplica MORI, muestran que solo el 23 % de las y los chilenos dicen que están bien informados sobre la Convención Constitucional (CC) y en temas laborales la inmensa mayoría cree que la instancia aborda de manera principal los derechos laborales, la sindicalización, el derecho a huelga y la negociación colectiva.

El convencional Marcos Barraza, el experto laboral Jorge Millaquén y el Secretario General de la CUT, Eric Campos -quienes comentaron los resultados del Barómetro del Trabajo dado a conocer este martes- coincidieron en que los resultados desmienten los intentos de instalación comunicacional de una supuesta desconfianza en la Convención o un eventual aumento del rechazo.

Aumenta la esperanza en el órgano constituyente

“El 69 por ciento de los encuestados asegura que la sociedad en que vivimos requiere cambios y sólo un 4 por ciento considera que no son necesarios”, explicó Marta Lagos, quien destacó que, respecto de octubre pasado, aumenta la esperanza y se reduce la preocupación respecto de una nueva Constitución y que más de la mitad de las personas cree que esta nueva Constitución hará una diferencia.

Adicionalmente, destacó que en esta nueva medición el 80 por ciento de las y los encuestados asegura que el Derecho al Trabajo será un tema central de discusión de la nueva Constitución y se mantiene la alta percepción respecto de la relevancia de la negociación colectiva, derecho a huelga y sindicalización como tópicos.

La investigadora manifestó que, si el plebiscito de salida fuese hoy, el 47 por ciento de los encuestados podría abstenerse, el 17 por ciento votaría rechazo y el 36 por ciento apruebo, lo que –llevado a un padrón de 15 millones de electores- significaría el triunfo del apruebo por un 67 por ciento. Los que votan rechazo son de clase alta, los de la tercera edad. Los que votan apruebo son de clase baja, jóvenes.

Asimismo, Marta Lagos llamó la atención respecto de las razones de quienes no votaron en las elecciones presidenciales pasadas: “El 39 por ciento no lo hizo por razones políticas y otros grupos marginales por desinterés, pero existe un 24 por ciento que no votaron por razones logísticas que se pueden abordar con el SERVEL.

En se sentido, destacó que un 21 por ciento de las personas encuestadas afirmó que requiere actualizar su domicilio para facilitar su acceso al voto, lo que constituye un desafío para fomentar la participación electoral.

Derecho al Trabajo

El convencional Marcos Barraza destacó la importancia del Derecho al Trabajo en el contexto de cambios fundamentales que se encuentra realizando la Convención Constitucional y sostuvo que la instancia debe hacer esfuerzos adicionales por transmitir a la ciudadanía los cambios que se generarán en la vida cotidiana de las familias.

Jorge Millaquén, en tanto, recordó el esfuerzo desarrollado por la CUT en la generación de una Propuesta Constitucional del Mundo Sindical, en una Iniciativa Popular de Norma que reunió más de 15 mil apoyos fruto del diálogo sindical con trabajadoras y trabajadores, que se complementó con una iniciativa de norma que también está siendo discutida por la Convención.

Al respecto, el secretario general de la CUT, Eric Campos, fue enfático: “Somos herederos de una tradición sindical que ha aportado de manera sustantiva a la formación de la República. En estos momentos históricos, más que anclarnos en identidades o etiquetas, el movimiento sindical debe hacer un masivo despliegue de diálogo y movilización, en defensa de la Convención Constitucional y, posteriormente, por el Apruebo de una nueva Constitución”

El Presidente electo Gabriel Boric aceptó la renuncia del Subsecretario de Obras Públicas recientemente designado, Alfredo Gutiérrez Vera, siendo reemplazado por el ingeniero industrial de la Universidad de Santiago, Andrés Herrera Chavarría, sin militancia partidista.

Alfredo Gutiérrez fue cuestionado luego de conocerse las acusaciones de Construcciones y Obras Marinas V y S S.A cuando fue director nacional de la Dirección Nacional de Obras Portuarias, por causar presuntamente “serios perjuicios a la empresa y a sus colaboradores y accionistas”, al pagar de forma desfasada un contrato para el diseño y construcción de un transbordador en el lago O’Higgins en Aysén. El ingeniero renunciado enfrentó una querella por prevaricación administrativa.

El nuevo Subsecretario en tanto, fue miembro del directorio del Centro de Investigación de Operaciones Mineras de la Universidad de Chile e investigador y docente del programa de Desarrollo Minero de la Universidad Central de Chile. Posee un diploma en evaluación de proyectos de la Universidad Católica y un postítulo en Competitividad y Clusters de la Universidad Adolfo Ibáñez.

«Tiene experiencia en el sector público y privado, desarrollando asesorías en el ministerio de Minería, ENAMI, el Comité de Inversiones Extranjeras y fue director ejecutivo del Consejo Estratégico del Cluster Minero de Chile», indicaron desde la oficina del Presidente electo.

Con el fin de evaluar el conocimiento que tiene la ciudadanía en general sobre la Convención Constitucional, es que el Observatorio Constituyente de Apruebo Dignidad lidera la investigación “Entendimiento y Legitimidad para la Nueva Constitución”. En este estudio se abordarán los procesos que el órgano ha llevado a cabo los últimos meses, así como las relaciones y noticias que han surgido de ella y que se han conocido, a través de una encuesta masiva y cinco grupos focales a sectores de interés de la población.

A más de seis meses desde que inició el funcionamiento de este espacio, muchas personas han manifestado, mediante sus redes sociales o incluso en medios de comunicación, que su conocimiento sobre las discusiones que lleva a cabo la Convención es limitado. Hoy, en un periodo en que comenzó el debate sobre los artículos que compondrán la nueva Carta Magna, encaminándose al plebiscito de salida de carácter obligatorio, es más importante que nunca aumentar y fortalecer ese conocimiento, de manera que la ciudadanía participe informada y conforme con el histórico proceso que vive el país.

Así lo destacó Zoe Zabala, Jefa de la Investigación, apuntando a la necesidad de identificar y conversar con el electorado nuevo que participará del plebiscito: “Para nosotros es súper importante recabar esto, porque muchas encuestas han tratado de sacar porcentajes de confianza sobre lo que está sucediendo con la Convención, pero hay un electorado nuevo a través del voto obligatorio que no sabemos cómo se mueve. Este tipo de iniciativas más masivas de búsqueda de datos nos permite tener una idea más general sobre qué es lo que la ciudadanía piensa de este proceso y los resultados que esperamos tener en el plebiscito de salida”.

Esta investigación considerará más de mil encuestados y múltiples grupos focales, que identificarán cuestiones relacionadas sobre el conocimiento del funcionamiento orgánico de la Convención, de los procesos públicos de participación, así como lo que la gente espera saber en los próximos meses.

Personas que votaron Rechazo

Entre aquellos grupos identificados y consultados, se encuentran organizaciones sociales, militantes, representantes de movimientos políticos amplios, así como partidarios del rechazo en el plebiscito de entrada. Este último grupo, si bien ha manifestado reiteradamente estar en contra del proceso, “han debido involucrarse, de alguna u otra manera”, según determinó Zoe Zabala en un sondeo preliminar de los participantes en el estudio.

“Tienen representantes dentro del órgano, y el movimiento comunicacional de estar en contra del proceso es un movimiento político importante y va a ser clave para el plebiscito de salida. Son personas que están atentas a lo que está discutiendo la Convención, tienen una agenda política que quieren seguir, por lo que es importante entender cuáles son sus percepciones, conocimientos y sentimientos en función de la Convención”, explicó la jefa de investigación, quien señaló además que su interés por participar de esta investigación es superior al del resto de los consultados, así como un sector que, a pesar de haber rechazado el Proceso Constituyente, está muy involucrado y comprometido con informarse sobre éste.

Deuda informativa de la Convención

Dentro de las proyecciones del estudio, se encuentra la elaboración de un insumo sobre la estrategia comunicacional de la Convención Constitucional, reconociendo la deuda informativa que el órgano tiene con la ciudadanía de cara a la discusión del contenido de la nueva Carta Magna y del plebiscito de salida.

Las sesiones grupales del estudio comenzarán esta semana y se extenderán hasta los primeros días de marzo, en que se emitirán los primeros resultados.

Puedes contestar la encuesta masiva en el siguiente link https://bit.ly/3saWPKa