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El espejismo de los números azules: Chile 2026 y la trampa del crecimiento sin ciudadanía

Por
Danilo Zapata Santander
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La extrema derecha no gana porque mienta mejor, sino porque habla el idioma de una ciudadanía formada para consumir certezas, no para deliberar derechos.

 

La publicación de los resultados de la Encuesta CASEN 2024, junto con los informes recientes de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), vuelve a instalar una paradoja que atraviesa hoy a la sociedad chilena: el país exhibe indicadores macroeconómicos relativamente estables mientras la experiencia cotidiana de amplios sectores sociales se define por la fragilidad, el cansancio y la inseguridad. Chile crece —poco o moderadamente—, pero no logra traducir ese crecimiento en bienestar social ni en ciudadanía sustantiva.

Esta disociación no es meramente técnica. Es política. Y, más profundamente, es una crisis de racionalidad pública. La economía puede mostrar cifras “en azul” mientras la vida social se precariza, porque el modelo de desarrollo chileno ha sido capaz de ordenar balances, pero no de construir seguridad vital ni sentido de pertenencia democrática.

Crecimiento económico y precariedad estructural

El BID proyecta a Chile como un actor confiable en la transición energética y en los flujos de inversión regionales. Sin embargo, los datos que emergen desde la Encuesta de Bienestar Social (EBS) y la CASEN 2024 revelan una realidad menos optimista: el 74,1% de los hogares declara que no podría sostener su vida ante un shock económico inesperado, como una enfermedad grave o la pérdida del empleo.

Este dato no habla de pobreza clásica por ingresos, sino de fragilidad estructural pos estallido y postpandemia. La economía funciona, pero lo hace sobre una base social inestable, sostenida por endeudamiento, informalidad laboral y un mercado interno debilitado. Cerca de un 26% de la fuerza de trabajo se desempeña en condiciones precarias o informales, muchas veces vinculadas a plataformas digitales que externalizan el riesgo hacia los individuos. A ello se suma la estructura de empleabilidad que ofrece la micro y mediana empresa en Chile, que absorbe cerca del 65% de la fuerza laboral.

Al mismo tiempo, el crecimiento proyectado para 2026 —entre un 2% y un 3%— resulta insuficiente si no se altera la matriz distributiva. Como advertía Zygmunt Bauman, en las sociedades contemporáneas la promesa de seguridad fue reemplazada por una gestión permanente de la incertidumbre. El resultado es una población que consume, pero no se siente protegida; que trabaja, pero vive endeudada; que vota, pero no delibera.

Este escenario permite comprender el tránsito descrito por Byung-Chul Han desde la “sociedad disciplinaria” hacia la sociedad del cansancio. El sujeto ya no se siente oprimido por una autoridad externa, sino agotado por la autoexigencia constante de sobrevivir en un entorno competitivo, inestable y sin red de seguridad efectiva. En ese contexto, la ciudadanía social —aquella que Jürgen Habermas concebía como base material y deliberativa de la democracia— se vacía progresivamente.

La democracia chilena persiste como una democracia de baja intensidad: mantiene el procedimiento electoral, pero pierde densidad como experiencia colectiva. El ciudadano se transforma en usuario de servicios y en consumidor endeudado. La política deja de ser un espacio de deliberación sobre el bien común y se convierte en una administración técnica de carencias.

Inseguridad, castigo y soluciones simples

La CASEN 2024 muestra además un aumento sostenido de la percepción de inseguridad, particularmente en barrios populares atravesados por balaceras, narcotráfico y ausencia estatal, particularmente en presencia policial y control territorial. Este fenómeno no puede leerse solo como un problema policial, sino como una consecuencia directa de la erosión del tejido social y de la retirada del Estado en ámbitos clave de la prevención y la protección.

Cuando el Estado no puede garantizar salud, educación, pensiones, seguridad social o combate a las bandas delictuales organizadas, emerge una demanda sustitutiva: castigo. Aquí se vuelve central el aporte de George Lakoff. En contextos de fragilidad, el marco cognitivo del “Padre Estricto” se vuelve políticamente eficaz: orden, disciplina y sanción aparecen como respuestas inmediatas a problemas estructuralmente complejos.

No es que la ciudadanía se vuelva irracional. Como plantea Pablo Stefanoni, asistimos al auge de populismos de derecha que ofrecen soluciones simples a problemas complejos: endurecer penas, cerrar fronteras, identificar chivos expiatorios. Estas narrativas no niegan la democracia formal; la reconfiguran emocionalmente, desplazando el conflicto social hacia marcos morales de obediencia y culpa.

El perdón funcional y la posverdad

En este escenario, el uso político del perdón adquiere una función específica. Ese “padre, perdonalos, no saben lo que hacen”, analizado desde Hannah Arendt, deja de ser una reflexión ética para convertirse en un dispositivo funcional: se invita a la ciudadanía a perdonar la violencia estructural del sistema a cambio de una promesa de orden y libertad individual —emprender, competir, ‘ser tu propio jefe’.

Ese reencuadre moral no opera en el vacío: se vuelve verosímil cuando la institucionalidad judicial —tribunales, jueces y doctrinas de orden heredadas— tiende a traducir el conflicto social en control y disciplina más que en garantía efectiva de derechos. Casos de brutalidad policial, fallos judiciales indulgentes o defensas públicas que desplazan la responsabilidad hacia chivos expiatorios muestran cómo la posverdad opera como marco defensivo, amplificado por los algoritmos de redes sociales que no están diseñados para cuidar y promover la democracia. No se niegan los hechos; se relativizan, se contextualizan emocionalmente y se subordinan a un relato de persecución. La responsabilidad pública se disuelve en narrativa.

Este desplazamiento tiene efectos profundos: debilita la racionalidad pública y refuerza la percepción de que las élites no rinden cuentas, sino que se justifican. En contextos de desigualdad persistente, esta percepción alimenta aún más la adhesión a proyectos que prometen una gobernanza de orden inmediato.

Chile 2026: entre ciudadanía y desgaste

El dilema que enfrenta Chile hacia 2026 no es simplemente económico ni electoral. No se trata de crecer un poco más o administrar mejor el mismo modelo, sino de reconstruir ciudadanía social. Superar el neoliberalismo no equivale a cumplir metas macroeconómicas, sino a garantizar condiciones materiales que hagan posible la deliberación democrática.

Mientras el bienestar dependa de la caridad del mercado y no de derechos efectivos, el crecimiento seguirá conviviendo con la fragilidad. Y ese vacío seguirá siendo ocupado por populismos que ofrecen soluciones simples a problemas complejos.

La democracia chilena no está siendo derrocada; está siendo vaciada. Y cuando la democracia se vacía, no desaparece de inmediato: se transforma en un procedimiento sin contenido. Reconstruirla exige algo más que buenos números. Exige volver a poner la vida social, la seguridad vital y el cuidado de lo común en el centro del proyecto democrático.

“Sin ciudadanía social, no hay democracia que resista.”

Sobre la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU

Por
Ariel Bergamino
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Es innecesario o por lo menos resulta difícil presentar a Michelle Bachelet: su trayectoria institucional  en Chile (Ministra de Salud, Defensa y dos veces Presidenta de la República) así como  al frente de agencias del sistema ONU (ONU Mujeres y Alto Comisionado de Derechos Humanos) ampliamente conocida y valorada. También son conocidas su historia de vida, los valores que la inspiran y su identidad política. Quienes la conocemos   personalmente (en mi caso desde hace ya muchos años) podemos dar testimonio también de su firmeza en materia de principios, de su vocación de servicio público, de su entrega  en las tareas que emprende y de su calidad humana.

No obstante ello, la reciente oficialización de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de ONU amerita algunas consideraciones que formulo a título personal.

En primer lugar, que su tramitación no será fácil y que hoy es prematura pronosticar su final. El proceso de postulación, selección y elección de quien ejercerá la máxima representación  diplomática y dirección  administrativa del sistema ONU durante el período establecido es un recorrido sinuoso en el cual los postulantes deben no solamente concitar apoyos en la Asamblea General,  ámbito que designa al titular de la Secretaría General,  sino también y previamente,  evitar vetos en el Consejo de Seguridad, entre cuyas funciones y poderes está recomendar  a aquélla la o las candidaturas a dicho cargo. En tal sentido,  la de Michelle Bachelet, por ser una candidatura seria,  sólida y competitiva, no está exonerada de resistencias, aprensiones y titubeos entre los electores. Actitud previsible en algunos casos, sorprendente en otros, mezquina en todos ellos.

Sin embargo, y sin desmerecer otras candidaturas, la de Michelle Bachelet es la que mejor representa una esperanza cierta ante la complejidad e incertidumbre del escenario global actual así como  una alternativa posible para actualizar y revitalizar a un sistema ONU  visiblemente anticuado, fatigado y desbordado por la realidad.

Bachelet no es ni pretende ser una figura mesiánica, pero tampoco es una burócrata aséptica. Tiene inteligencia, compromiso y voluntad; tiene experiencia y proyectos; y tiene la capacidad de tender los puentes que tanta falta hacen en el mundo actual. Puentes entre el norte y el sur, entre oriente y occidente,  entre  la democracia como  sistema político y estado de la sociedad, entre el crecimiento económico y la distribución social,  entre los derechos y las responsabilidades, entre  igualdad de todos y la identidad de cada uno, entre la especie humana y el planeta que habitamos.

Cierto que en esta ocasión hay otras candidaturas latinoamericanas a la Secretaría General de ONU que en conjunto expresan la potencialidad, diversidad y en algún aspecto hasta la fragmentación de nuestra región (una de las causas de su escasa relevancia en el escenario global), pero entre ellas la de Bachelet es la que más posibilidades ofrece para que América Latina y el Caribe tengan una voz común y una mayor incidencia en el sistema ONU y en la imprescindible e inexcusable reforma y actualización del mismo.

Además, y no menos importante que lo anterior, ya es hora de que la inclusión, la igualdad de género y de oportunidades que la ONU promueve desde su creación se exprese en su Secretaría General, responsabilidad que hasta el presente ninguna mujer ha desempeñado. Y si en todo presente anidan varios futuros posibles, el mejor futuro posible en este aspecto también es Michelle Bachelet.

No soy arbitrario ni quiero ser inoportuno, pero tampoco soy indiferente,  ni neutral, ni cómodo. Tal la razón de esta nota que, aunque personal, su contenido probablemente compartan algunos de los  lectores.

Dudas y temores ante eventual nombramiento de Kast en Subsecretaría de Defensa

Por
Sergio Herrera
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La eventual llegada del vicealmirante (R) Rodrigo Álvarez a la Subsecretaría de Defensa de de José Antonio Kast reconfigura el debate político-estratégico en torno a la conducción civil de la defensa, la responsabilidad de mando y la prioridad que el Estado asigna a la ciberseguridad como dimensión crítica de la seguridad nacional. Toda vez que el vicealmirante Álvarez encabezó, en mi opinión, el mayor fracaso en materia de ciberseguridad del que se tenga cuenta en el área de la defensa nacional.

Hay antecedentes fundamentados y que son de carácter público sobre el desempeño del vicealmirante (R) Rodrigo Álvarez, cuando fue Jefe del Estado Mayor Conjunto. Bajo su mando fueron hackeados y se expuso más de 400 mil correos de carácter reservado, secretos y ultrasecretos de Chile, en áreas complejas y sensibles para la defensa nacional. 

En reportaje de CIPER Chile se develó que las vulneraciones electrónicas venían sucediendo desde el año 2021, y aun así, con todo el tiempo disponible, faltaron las capacidades de conducción para enfrentar adecuadamente estos ataques y terminamos en una crisis.

Mientras estaba al mando el vicealmirante Álvarez, se implementó un ambicioso proyecto de seguridad denominado “Proyecto Marciano”, el cual se vio empañado porque personal cercano y dependiente de Álvarez crearon una empresa de ciberseguridad llamada C-Safe en plena ejecución del proyecto nacional de ciberseguridad, generando una alarma pública por el evidente conflicto de interés que esto supone. 

El cargo en disputa no es técnico-administrativo: desde la Subsecretaría se definen marcos de gobernanza, se supervisan capacidades estratégicas y se establecen estándares de control civil en ámbitos donde los errores tienen efectos acumulativos y persistentes. En ese contexto, el antecedente de una gestión marcada por vulnerabilidades digitales y fallas de control interno adquiere relevancia política inmediata, no por la autoría de ataques externos, sino por la capacidad del Estado para anticipar, contener y aprender, cosa que con este eventual nombramiento parece no ocurrir.

La exposición masiva de información estratégica durante el período en que Álvarez encabezó el órgano operativo conjunto dejó huellas que trascienden el episodio puntual: reveló debilidades estructurales en arquitectura digital, gestión de riesgos y cultura de seguridad. A ello se sumó un problema de gobernanza —conflictos de interés en iniciativas de ciberdefensa— que tensiona el principio de separación entre funciones públicas y actividades privadas en un sector altamente sensible.

Si el nombramiento se concreta sin un paquete explícito de reformas, la señal política sería de continuidad con estándares laxos en gobernanza digital. Este escenario puede traducirse en mayor fricción con el Congreso, desconfianza de contrapartes internacionales y un incentivo negativo para la profesionalización civil de la defensa

Un segundo escenario supone avanzar con la designación, pero acompañarla de auditorías externas, rediseño de la arquitectura de ciberdefensa y reglas estrictas de incompatibilidades. Aunque reduce el riesgo operativo, mantiene abierto el flanco simbólico: la percepción de que las consecuencias políticas por fallas estratégicas son negociables.

Optar por un perfil alternativo, con trayectoria en gestión de riesgos complejos y control civil, permitiría reposicionar la ciberseguridad como prioridad estratégica transversal. Esta decisión cerraría el debate temprano y reforzaría la señal de alineamiento con estándares OCDE en defensa e inteligencia.

La controversia podría derivar en investigaciones parlamentarias o administrativas que prolonguen la incertidumbre y condicionen la agenda de modernización militar, retrasando decisiones clave en adquisiciones, interoperabilidad y cooperación internacional.

En todos los escenarios, la variable crítica es la credibilidad. La defensa contemporánea se apoya en sistemas digitales interdependientes; una conducción civil percibida como débil en control y probidad erosiona la disuasión, afecta la confianza aliada y expone cadenas críticas. La discusión, por tanto, no es sobre trayectorias individuales, sino sobre el estándar político que el Estado fija para administrar riesgos estratégicos en un entorno de amenazas híbridas.

Por último, la definición que adopte un eventual gobierno en este nombramiento será leída como una señal temprana de su concepción de la defensa: o bien como un ámbito donde la ciberseguridad y la responsabilidad de mando son centrales, o como un espacio donde los costos estratégicos de decisiones pasadas pueden relativizarse. En un escenario de competencia digital permanente, esa señal importa.

Ataques de los Republicanos a ex presidenta Bachelet inaugura tiempos de soberbia del futuro gobierno

Por
Marcia Pineda Soto
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A medida que pasan los días y se acorta el plazo para que los nuevos inquilinos de La Moneda asuman sus funciones, queda más que claro que en los equipos y partidos que asumen el próximo 11 de marzo adolecen no sólo de escasa experiencia en el Estado, sino, además, de densidad política.

 Las últimas declaraciones del presidente de Republicanos, por ejemplo, es una muestra de ello. Sin poder ocultar su ira por el anuncio del gobierno chileno postulando a la ex presidenta Michelle Bachelet al cargo de secretaria general de la ONU, Arturo Squella, brazo derecho e izquierdo de José Antonio Kast señaló que “el presidente anuncia candidaturas que no conducen a absolutamente a nada, es una candidatura simbólica la que está planteando el presidente Boric”.

“Cualquier persona que haya seguido de cerca la situación de la elección sabe que la candidatura de Michelle Bachelet nace muerta precisamente gracias a los comentarios sistemáticos que ha hecho Gabriel Boric, el presidente de la República saliente, respecto de mandatarios de otros países por de pronto como Estados Unidos”.

Dijo que “molesta tan profundamente esta avivada de presentar una candidatura 37 días antes de dejar la administración”, señalando que se trata de una decisión que debió haberse conversado y consensuado con el próximo gobierno. “En definitiva tal como se ha visto durante estos días, es una candidatura que divide a los chilenos y que genera gastos que no estamos en condiciones de absorber. Tenemos otras prioridades“, aseveró, afirmando que la idea tiene “pocas probabilidades de éxito”. Respecto a si se trata del “amarre más grande” que deja el Gobierno, el líder republicano respondió afirmativamente.

Grandeza de México y Brasil

Dejando en evidencia que esa fue la línea que bajó el propio Kast hacia sus voceros republicanos, porque apoyó las palabras de Squella durante su visita a autoridades europeas de dudosas -sino inexistentes- credenciales democráticas, fue lo expresado con aún más odiosidad por la secretaria general de los republicanos, Ruth Hurtado. No sólo criticó con ira contenida al Presidente Boric, sino se atrevió a denostar con más ira aún a la ex presidenta Bachelet.

Esta parlamentaria, que lleva pocos años en la política, puso en duda las credenciales de competencia para el cargo de la dos veces presidenta de Chile y que ocupó altos cargos en Naciones Unidas, a su juicio, por el mal desempeño en los puestos que ha detentado.

“Más allá de si la actuación de estos cargos tuvo un buen desempeño, podríamos partir por analizar cómo fue su desempeño como Presidenta de Chile, que fue bastante paupérrimo, hemos heredado malas políticas públicas de ella en materia de educación, en materia migratoria, en materia tributaria”. Y luego agregó: “Chile también tiene bastantes baches gracias a las malas políticas públicas desempeñadas y realizadas en sus mandatos como presidenta de Chile. A lo que voy es que no por haber pasado por un cargo le da la expertise necesaria para postular a otro… creo que, en el caso de ella, varias de las crisis que hoy día vivimos en Chile es gracias a sus malas políticas públicas como Presidenta de Chile”.

Y por supuesto, no podía faltar la mención probablemente destacada en la minuta que le entregaron sobre la posibilidad de veto de Estados Unidos como miembro de Consejo de Seguridad de la ONU. “No sabemos qué va a hacer tampoco Estados Unidos, hubo voces de que iba a ser vetada la presidenta Bachelet, lo que nos parecería aún más lamentable gracias a la mala política internacional que ha llevado delante el presidente Boric”, señaló, y añadió que “sería un chascarro más o un bache más en su gestión”.

Por cierto, ambos republicanos omitieron el respaldo público entregado a Michelle Bachelet por dos de los países más poderosos del continente: Brasil y México. Claudia Sheinbaum, la Mandataria mexicana – que se ha enfrentado en múltiples oportunidades a Donald Trump defendiendo a su país, y justamente por eso este la respeta-, destacó las credenciales de Bachelet. “Ella fue ya dos veces Presidenta de Chile, es una mujer reconocida, conoce Naciones Unidas y tiene una visión pacifista del mundo y de atención a los pobres. Es muy importante. Entonces, por eso decidimos apoyar su candidatura”. En el mismo sentido habló el brasileño Lula da Silva: “su experiencia, liderazgo y compromiso con el multilateralismo la capacitan para liderar la ONU en un contexto internacional marcado por el conflicto, la desigualdad y los retrocesos democráticos”.

Ni Squella ni Hurtado mencionaron el escaso prestigio democrático del gobierno de Trump. Omitieron por supuesto la crítica de los demócratas del mundo, a la administración norteamericana, la repulsa mundial por el papel que su presidente Donald Trump ha jugado en el martirologio de los palestinos en Gaza, incluso en Ucrania; y los testimonios de su participación en las “fiestecitas” del delincuente sexual Jefrey Epstein, además de su intervención en Venezuela y las amenazas a Groenlandia, México, Cuba e Irán, entre otras.

El presidente electo evitó ahondar en el tema, que ya conocía desde que en diciembre se reunió con el presidente Boric en la Moneda. Fue en esa oportunidad que el mandatario saliente le informó a Kast respecto de sus intenciones, quien, consultado durante su gira europea, señaló que se referiría al tema después del 11 de marzo.

Pequeñeces en Chile

En Chile, varias voces se levantaron ante la pequeñez de las reacciones de algunas derechas. Por ejemplo, al ser consultado sobre el punto, Felipe kast, de Evopoli expresó: “Sí la apoyo. Creo que Michelle Bachelet, más allá de las diferencias políticas que uno pueda tener con ella, es una mujer que ha demostrado que es una demócrata, que estuvo a cargo de la Comisión, como Comisionada de Derechos Humanos, condenó con mucha fuerza la violación a los derechos humanos en Venezuela, es una mujer que ha sido dos veces también Presidenta de Chile”. Y añadió: “Yo creo que tenemos que, ojalá, apoyarla para que efectivamente esta candidatura que ha sido anunciada por el gobierno pueda avanzar”. 

El excanciller Ignacio Walker, calificó de «aberrantes» a todos los aliados del gobierno del presidente electo, José Antonio Kast, que no estén de acuerdo con la decisión de Boric de oficializar la candidatura. Según el punto de vista del experto, este sería un paso clave para Chile en la política exterior.

Walker advirtió que el rechazo anticipado a la candidatura puede tener costos políticos inmediatos para el próximo gobierno. Mencionó que el presidente electo no contará con mayoría parlamentaria y que una señal de cierre temprano puede tensionar innecesariamente la relación con sectores de la oposición que podrían jugar un rol clave en el Congreso. Por lo mismo, respaldar la candidatura de Bachelet podría funcionar como un gesto de distensión política y de apertura al diálogo, mientras que un veto impulsado desde los partidos arriesga instalar un clima de confrontación desde el inicio del mandato. “Aquí no solo está en juego la política exterior, sino también la forma en que se va a gobernar”.

Las declaraciones de Hurtado y Squella  provocaron una dura respuesta de la ministra vocera, Camila Vallejo. Dijo que “tildar la inscripción de la candidatura de ‘amarre’, “es casi una invitación a dejar de gobernar, porque, si no, todo te lo voy a acusar de amarre, deja de legislar, porque se lee como amarre, deja de presentar una candidatura a Naciones Unidas porque es un amarre”. “¿Qué pretenden? ¿Qué el gobierno deje de hacer lo que tiene que hacer? Si el Gobierno actualmente es el Gobierno del presidente Boric, y es el presidente Boric el que gobierna hasta el 11 de marzo. Después serán ellos”.

“Al presidente electo le tocará ser Presidente en marzo y tendrá que darse cuenta de que ser gobierno implica atender a las emergencias, pero también a muchos otros problemas”, sostuvo la ministra vocera. Y añadió que “la política exterior no para, no cesa” y que “para ser gobierno se requiere caminar y masticar chicle al mismo tiempo”.

En esa línea, defendió la labor del Ejecutivo en estas últimas semanas: “Estamos, no solamente en terreno para atender la emergencia en el sur y también en Maipú y en sectores afectados por el sistema frontal del fin de semana, sino también en sacar leyes y atender materias en política internacional”.

Una gira para los amigos

De dulce y de agraz fueron los comentarios respecto a la gira por Europa que realizó el presidente electo. Según algunos de sus propios partidarios, reunirse con el ultraderechista español, fundador del partido de la derecha nacional conservadora, Santiago Abascal, al que Kast calificó como “un gran amigo”, y sostener una ronda de conversaciones con eurodiputados del sector, como el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR); el grupo de Patriotas por Europa y el Political Network for Values, no le suman ni le quitan a Chile,. 

Tampoco le suma, más bien le resta, sus encuentros con personajes como el Primer Ministro de Hungría, Viktor Orban  Esto ha sido justamente una de las principales inquietudes de la gira de Kast en la derecha más liberal. No son pocos los que piensan que el objetivo del viaje ha sido poco claro. Según han señalado,  reuniones con Orbán y otros personajes similares, como Giorgia Meloni, de Italia,  no tienen ninguna relevancia para el país y solo se han realizado debido a una afinidad ideológica. Por lo mismo piensan que se debería haber buscado otro tipo de bilaterales.

Más aún cuando se conocieron declaraciónes de Kast en ese ambiente que le acomoda. Dijo sin dudarlo que las sociedades actuales enfrentan los efectos de “una cultura dominada por los ismos”. Explicó que dentro de estos se encuentra “el ambientalismo extremo que prioriza la naturaleza por sobre el ser humano, el animalismo radical (…) que antepone a los animales sobre la dignidad del ser humano, el feminismo ideológico, que enfrenta a hombres y mujeres en lugar de dignificarlos por igual, el indigenismo radical que reemplaza la integración y a la valoración de todos los miembros de la sociedad, independiente de su origen”.

De acuerdo con el mandatario electo, “estos ismos no buscan la justicia, buscan el poder mal entendido, no buscan la igualdad, sino que promueven la división, no buscan fortalecer la democracia, sino vaciarla y capturarla”.

Un discurso bastante lejano al que entregó luego de reunirse con Lula, el presidente brasileño. Tanto así que en la derecha tradicional comentaron que Kast se alejó del relato de “gobierno de emergencia” y que, a diferencia de sus otras giras- señalan que pareciera tener un foco más ideológico y personal, pensando en estrechar los vínculos con la ultraderecha europea.

Así las cosas, feministas, ecologistas, animalistas, indigenistas y ambientalistas, tendrán no pocas dificultades para avanzar en sus aspiraciones en esta administración.

Siete delegaciones de Payadores darán vida a su encuentro internacional en Casablanca

Por
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Argentina, Uruguay, Colombia, Cuba, Panamá, Puerto Rico, México y Chile serán los protagonistas del Festival Internacional de Payadores que reúne a exponentes de esta destacada disciplina folclórica junto a gastronomía y artesanía local y que comienza el próximo viernes 13 de febrero.

El evento -titulado XXXII Encuentro Internacional de Payadores 2026: “Donde el verso se hace fiesta”- se realizará en la Plaza de Armas de Casablanca los días 13, 14 y 15 de febrero próximo. Serán tres días donde ocho delegaciones en tres jornadas dedicadas a la paya y al verso improvisado, mostrarán lo mejor de su arte.

PROGRAMA

VIERNES 13 DE FEBRERO

18:00 hrs: Feria de artesanía, comidas típicas y degustaciones de vinos

19:00 hrs: Inauguración XXXII Encuentro Internacional de Payadores. 

SÁBADO 14 DE FEBRERO

12:00 hrs: Feria de artesanía, comidas típicas y degustaciones de vinos

15:00 – 18:00 hrs: presentaciones artísticas y folclóricas

19:00 a 01:00 hrs: 2ª jornada Encuentro Internacional de Payadores.

 DOMINGO 15 DE FEBRERO

12:00 hrs: Feria de artesanía, comidas típicas y degustaciones de vinos

12:30 – 13:30 hrs: Misa Canto a lo Divino – Iglesia de Casablanca

16:30 – 21:00 hrs: Remate de Versos Improvisados. 

Cierre del Encuentro.

La Municipalidad de Casablanca quiere invitar a vecinos y visitantes a participar de este evento y a descubrir las bondades y atractivos del “Valle más lindo de Chile” en un entorno turístico-rural. Un espectáculo musical único en el país, donde se preserva y se potencia nuestra tradición oral y nuestras raíces campesinas. La entrada es gratuita.

Sobre venta ilegal de medicamentos en malls chinos, ferias y plataformas digitales

Por
Claudia Papic Illanes
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Señor Director:

La reciente denuncia sobre la venta ilegal de medicamentos en malls chinos, ferias y plataformas digitales no puede leerse como un hecho aislado. Invita, más bien, a una reflexión de fondo: ¿estamos frente a simples casos de contrabando o ante una falla estructural del sistema de control y fiscalización?

Desde la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos vemos con preocupación cómo productos farmacéuticos ingresan al país sin control aduanero efectivo, provenientes de plantas extranjeras no fiscalizadas, y terminan en manos de personas que desconocen su origen, calidad y riesgos. Aquí no solo se vulnera la ley; se pone en jaque la salud pública.

El Instituto de Salud Pública ha cumplido históricamente un rol relevante, pero el crecimiento y sofisticación del comercio ilegal exige pasar de una lógica principalmente reactiva a una estrategia decididamente proactiva, coordinada y preventiva, que abarque no solo farmacias formales, sino también mercados informales y el comercio digital.

Este escenario evidencia la urgencia de un rediseño de la institucionalidad regulatoria farmacéutica: una entidad moderna, con mayores atribuciones, recursos y foco en la calidad, la trazabilidad y el resguardo de una industria responsable que invierte, cumple normas y protege a los pacientes.

Aún estamos a tiempo de fortalecer el sistema, cerrar brechas y anticiparnos a un problema mayor. Esperar a que el daño sea irreversible sería, simplemente, demasiado tarde.

 

Claudia Papic Illanes

Vicepresidenta Ejecutiva

Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos

Programa de Empleo de CONAF refuerza labores preventivas en apoyo a adultos mayores en la Araucanía

Por
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En la Región de La Araucanía, el Programa de Emergencia de Empleo (PEE) de CONAF está realizando un importante trabajo preventivo ante los incendios forestales, mediante labores de eliminación de material combustible, construcción de fajas corta combustible, despeje de orilla de caminos y manejo de bosquetes, entre otras acciones.

En una reciente visita de la coordinación nacional de empleo de CONAF a los sectores de Chacay en la comuna de Carahue y de Collico y Calof en la comuna de Puerto Saavedra, se observó en terreno las labores de los distintos grupos de trabajo insertos en las comunidades indígenas.

En relación con estas labores, la coordinadora regional (s) de empleo, Guisela Klocker, explicó que “en el sector de Chacay, donde se han producido constantemente incendios forestales, se está realizando limpieza de camino para facilitar el acceso a los vehículos de emergencia y facilitar el libre tránsito en caso de combatir incendios forestales; por su parte, en Collico, se está efectuando eliminación de material combustible de un pequeño bosque que se encuentra en la ribera del río Imperial con la finalidad de prevenir incendios; mientras que en Calof, se está trabajando en la construcción de cortafuegos en torno a casas de vecinos de la comunidad indígena, principalmente de adultos mayores”.

Labores de prevención

El Programa de Emergencia de Empleo se ejecuta en sectores rurales, generando oportunidades de trabajo, bajo un régimen de media jornada, beneficiando principalmente a mujeres jefas de hogar, quienes cumplen un rol fundamental en la prevención de incendios forestales en las comunidades indígenas a las que pertenecen.

En la comunidad indígena de Collico, comuna de Puerto Saavedra, Marta Colín destacó la importancia de este trabajo: “Por una parte, realizamos labores preventivas y, por otra  parte, también es un ingreso que entra a nuestros hogares, porque la mayoría de las que participamos somos dueñas de casa, así que esta oportunidad de trabajo nos ha ayudado bastante a la economía de nuestras familias”.

En tanto, en Calof, en la comunidad indígena Juan Manuel Huaracan, Graciela Arévalo Burgos, trabajadora del PEE, señaló que “durante este período hemos realizado limpieza de maleza, dándole prioridad a los adultos mayores porque aquí, en nuestra comunidad, hay varios adultos mayores que viven solos. Ésta es una buena ayuda y un apoyo para los sectores rurales sobre todo. Además, hay muchas mujeres que dueñas de casa y no tenemos la posibilidad de salir a trabajar afuera porque tenemos hijos”.

En tanto que en el sector de Chacay, en la comunidad indígena Luis Toro II, de la comuna de Carahue, Karina Toro, también trabajadora del PEE, indicó que “estamos enfocadas en hacer cortafuegos alrededor de las casas, principalmente de los adultos mayores. Los caminos son importantes, pero también es importante proteger nuestros hogares, las casas de los vecinos, de nuestros familiares, de nuestros adultos mayores, de quienes necesitan del apoyo de nosotros”.

Desde CONAF, el coordinador nacional de empleo, Claudio Moya, enfatizó en la importancia del trabajo que realizan hombres y mujeres que pertenecen al programa, ya que constituyen un eslabón relevante en la labor de prevención de incendios forestales, pasando a constituir verdaderos embajadores de CONAF al interior de sus comunidades, promoviendo la prevención, protegiendo viviendas y fortaleciendo el trabajo comunitario.

Día Mundial contra el Cáncer: urgencia de avanzar en la detección temprana del cáncer de mama

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Más de 1.840 mujeres fallecieron por cáncer de mama en Chile durante 2024, y solo hasta septiembre de 2025 la cifra ya superaba las 1.300 muertes, según datos del Ministerio de Salud. Estas cifras vuelven a situar al cáncer de mama como una de las principales prioridades de salud pública del país, tanto por su alta incidencia como por su impacto en la mortalidad femenina.

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero, esta realidad adquiere especial relevancia. De acuerdo con el informe Desafíos en Cáncer 2025, elaborado por el Observatorio del Cáncer, en las últimas décadas se ha observado un aumento sostenido en la incidencia de cáncer en personas menores de 50 años, especialmente en tumores de alta frecuencia como el cáncer de mama y el cáncer colorrectal. Este escenario refuerza la urgencia de avanzar en prevención y detección temprana. 

“El Día Mundial contra el Cáncer busca promover el diagnóstico oportuno y el acceso a información confiable como pilares fundamentales para enfrentar esta enfermedad. Hablar de cáncer de mama no es solo revisar estadísticas, sino impulsar acciones concretas de autocuidado, controles periódicos y educación en salud, que pueden marcar una diferencia real en la calidad y expectativa de vida de miles de mujeres”, señalan desde APROFA, organización que desde hace más de 60 años trabaja en Chile para visibilizar y abordar este problema de salud pública.

La experiencia clínica desde el box

Fernanda Cabrera, enfermera-matrona experta en salud sexual y reproductiva de APROFA, explica que en muchas ocasiones las personas usuarias acuden a su control ginecológico anual sin presentar síntomas evidentes y es durante el examen físico preventivo de mamas cuando se detectan hallazgos que llaman la atención, lo que hace necesaria una derivación a ecografía y/o mamografía, según cada caso.

“Por lo anterior, es relevante que las mujeres y personas con mamas realicen el autoexamen de manera periódica, idealmente una vez al mes, una semana después del último día de menstruación. De esta forma, aunque a simple vista no se observe nada llamativo, es posible identificar irregularidades al tacto, evaluar su evolución y consultar oportunamente ante dudas o cambios evidentes”, indica. 

La experta recalca que el autoexamen mamario no constituye un método de detección precoz ni reemplaza la mamografía, pero puede ser una práctica valiosa para fomentar el autocuidado, detectar señales de alarma y la conciencia corporal.

Por su parte, la también matrona experta en salud sexual y reproductiva de APROFA, Mara Troncoso, recuerda su experiencia en la entrega de resultados de mamografías y ecografías mamarias, tiempo en el que debía contactar telefónicamente a quienes tenían resultados no críticos y citar de manera presencial a aquellas personas que requerían derivación.

«En muchas ocasiones, las personas acuden a tomarse el PAP, y es en esa instancia cuando el personal de salud aprovecha de informarles sobre la importancia del examen físico de mamas y la relevancia de realizarse la mamografía o ecografía mamaria cuando corresponda. De no ser por esta orientación durante el control del PAP, muchas mujeres no sabrían que estos otros exámenes también son necesarios”, agrega.

Tres exámenes vitales para detectar a tiempo el cáncer de mama

Las expertas de APROFA recomiendan realizar un chequeo anual de salud sexual y reproductiva, idealmente con una matrona o ginecóloga, para monitorear el bienestar integral y detectar precozmente cualquier anomalía. 

 

Los principales exámenes de detección son:

– Ecografía mamaria: indicada desde los 35 años, o antes si existen antecedentes familiares o síntomas sospechosos.

– Mamografía: recomendada a partir de los 40 años en mujeres sin antecedentes, aunque en algunos casos se realiza antes.

– Autoexploración mamaria: si bien no sustituye la mamografía, fomenta el conocimiento del propio cuerpo y ayuda a detectar cambios o señales de alarma. 

Para estos tres tipos de exámenes, resulta vital contar con la asesoría y revisión anual de profesionales de salud, que realicen un control completo de la salud sexual y reproductiva. 

Amnistía Internacional condena agresión de EEUU y crímenes cometidos por autoridades venezolanas

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El ataque de Estados Unidos contra Venezuela el 3 de enero constituyó un uso ilegal de la fuerza según la Carta de las Naciones Unidas, lo que supone una amenaza adicional para el orden internacional basado en normas. Mientras tanto, los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el gobierno de Maduro contra el pueblo venezolano siguen sin justicia y garantías de no repetición, ha advertido hoy Amnistía Internacional.

“La operación militar estadounidense en Venezuela constituye una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas. Es un acto de agresión que pone en peligro a la población civil y destruye las salvaguardias del derecho internacional. El uso de la fuerza por parte del gobierno de Trump no sólo fue ilegal, sino que podría alentar acciones ilícitas por parte de otros Estados y anunciar acciones similares por parte de Estados Unidos en el futuro”, ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

Como ha declarado el propio presidente Trump, el control de los recursos y el poder geopolítico en la región han sido en gran medida los motivos del ataque del 3 de enero. Desde entonces, ha reivindicado abiertamente su autoridad para dirigir la política en Venezuela, incluso cuando la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, mantiene una retórica desafiante mientras coopera con Estados Unidos. En medio de la incertidumbre generada por la volátil situación interna y la persistencia del aparato represivo del Estado, la población venezolana se enfrenta a la creciente interferencia de Estados Unidos, la falta de soluciones integrales y duraderas en materia de derechos humanos y amenazas de un daño adicional a sus derechos y su seguridad.

“La impunidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades venezolanas bajo el mandato de Maduro durante más de un decenio continúa, hasta ahora, con el gobierno encargado de Delcy Rodríguez. Aunque algunas personas detenidas están siendo liberadas, no se han tomado medidas significativas para hacer justicia ni se han dado garantías de no repetición. Al mismo tiempo, las amenazas al espacio de la sociedad civil persisten, y las personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones siguen enfrentando el riesgo de persecución y criminalización,” afirmó Agnès Callamard.

“Seamos claros: Amnistía Internacional condena inequívocamente tanto el uso ilícito de la fuerza por parte de Estados Unidos como los múltiples crímenes cometidos por las autoridades venezolanas contra el pueblo de Venezuela. La denuncia de la acción militar ilegal de Estados Unidos no debe eclipsar en modo alguno la urgente necesidad de rendición de cuentas y reparación por las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno venezolano.”

“Un error no se corrige con otro. Debe haber una rendición de cuentas y una reparación completas por el ataque ilegal del gobierno de Trump contra Venezuela y por los crímenes de derecho internacional cometidos por las autoridades venezolanas.”

Las amenazas abiertas del presidente Trump de intensificar la acción militar unilateral en otros lugares, junto con la retórica sobre “dirigir” Venezuela y controlar su petróleo, aceleran el desmantelamiento de las normas del derecho internacional destinadas a proteger a la población civil y prevenir los conflictos, lo que amenaza los derechos humanos en todo el mundo. Desde que atacó Venezuela, el presidente Trump ha amenazado con utilizar la fuerza militar contra Colombia, Cuba, Groenlandia, Irán y México. Mientras tanto, China sigue llevando a cabo acciones amenazadoras contra Taiwán y sus vecinos, y Rusia continúa su agresión contra Ucrania y ha sobrevolado el espacio aéreo de la OTAN.

“No nos equivoquemos, se trata de esfuerzos calculados para normalizar un enfoque de ‘la fuerza hace el derecho’ en las relaciones exteriores y dejar de lado la Carta de las Naciones Unidas, los Convenios de Ginebra, los tratados de derechos humanos y otros pilares del orden internacional. Otros Estados deben oponerse a estos esfuerzos imprudentes por desmantelar las normas mundiales diseñadas para mantener la paz, proteger a la población civil en los conflictos y garantizar los derechos humanos de todas las personas en todo lugar.”

Uso ilícito de la fuerza y un acto de agresión

El derecho internacional no puede ser más claro: El artículo 2, párrafo 4, de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. El artículo 2, párrafo 3, exige el arreglo pacífico de las controversias. La Declaración sobre Relaciones de Amistad (Resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU) establece la prohibición de la intervención armada. Por otra parte, la Resolución 3314 de la Asamblea General de la ONU define la agresión, señalando que el primer uso de la fuerza armada por parte de un Estado en violación de la Carta constituye prueba prima facie de un acto de agresión, incluidos el bombardeo o los ataques contra las fuerzas armadas de otro Estado. La operación del 3 de enero implicó precisamente esas modalidades.

El gobierno de Estados Unidos inició su escalada militar con ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales y llevó a cabo la captura de Nicolás Maduro con el pretexto de luchar contra el narcotráfico, sólo para revelar sin ambigüedades su verdadera motivación: el control de los recursos naturales de Venezuela. Más allá de la justificación oficial, siempre cambiante, los hechos son inequívocos y constituyen graves violaciones del derecho internacional. Incluso si se aceptaran las afirmaciones del gobierno de Estados Unidos de que se trata de combatir el narcotráfico, seguiría siendo ilícito ejercer la jurisdicción coercitiva en el territorio de otro Estado sin su consentimiento, lo que constituye una violación de la soberanía reconocida largamente reconocida en el derecho internacional. Las acusaciones de narcotráfico no constituyen un “ataque armado” que pueda desencadenar la legítima defensa en virtud del artículo 51 de la Carta.

El Comité Jurídico Interamericano ha afirmado igualmente que, para los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), las únicas excepciones a la prohibición del uso de la fuerza son la legítima defensa y la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, límites cuyo objetivo es precisamente salvaguardar la paz y los derechos humanos en la región.

El ataque de Estados Unidos cumple claramente tres de los siete actos prohibidos que la Resolución 3314 define como actos de agresión: “La invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado del territorio de otro Estado”; “el bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado, del territorio de otro Estado, o el empleo de cualesquiera armas por un Estado contra el territorio de otro Estado”; y “el ataque por las fuerzas armadas de un Estado contra las fuerzas armadas terrestres, navales o aéreas de otro Estado, o contra su flota mercante o aérea”.

El derecho internacional de los derechos humanos se aplica en todo momento. La Observación general núm. 36 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas deja claro que los actos de agresión que provocan la privación de la vida violan el artículo 6 del PIDCP ipso facto, y que no resolver las controversias por medios pacíficos puede suponer un incumplimiento del deber de proteger la vida.

“Ninguna etiqueta puede convertir un bombardeo en ‘hacer cumplir la ley’. Son los hechos, y no la retórica política, los que determinan el derecho aplicable. Sin la autorización del Consejo de Seguridad ni un caso genuino de legítima defensa, el uso unilateral de la fuerza por parte de Estados Unidos contra Venezuela fue ilícito y constituyó un acto de agresión. El derecho a la vida no se suspende cuando un gobierno decide ignorar la Carta de las Naciones Unidas”, ha afirmado Agnès Callamard.

Dentro de Venezuela: una maquinaria de represión que no se detuvo el 3 de enero

Durante años, Amnistía Internacional y múltiples investigaciones internacionales han documentado la política sistemática de represión, que incluye detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros malos tratos, dirigidos especialmente contra defensores y defensoras de los derechos humanos, opositores políticos, manifestantes, periodistas y críticos —reales o percibidos— del gobierno.

En 2019, Amnistía Internacional estableció la existencia de un ataque generalizado y sistemático por parte de las autoridades venezolanas bajo el mandato de Nicolás Maduro contra la población civil, y concluyó que se habían cometido crímenes de lesa humanidad al menos desde 2014. Desde entonces, la organización ha publicado nuevas pruebas de persecución y desapariciones forzadas, así como otros crímenes de lesa humanidad, al tiempo que ha pedido y respaldado las investigaciones de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), así como las investigaciones penales en curso en virtud del principio de jurisdicción universal en Argentina.

“Los crímenes de lesa humanidad no terminan con la destitución de Maduro. Las víctimas venezolanas, las personas sobrevivientes y sus familias conservan las cicatrices físicas y psicológicas. El destino y paradero de muchas personas sujetas de desaparición forzada siguen sin resolverse. La maquinaria estatal responsable de esos crímenes sigue firmemente en su lugar, ahora apoyada por el involucramiento de las autoridades estadounidenses”, ha afirmado Agnès Callamard.

Durante los primeros días del gobierno encargado de Delcy Rodríguez, las fuerzas de seguridad y las agencias de inteligencia (el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, de carácter civil, y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM, de carácter militar) y los grupos armados progubernamentales han seguido deteniendo personas, vigilando comunidades e intimidando a los sospechosos de apoyar el ataque del 3 de enero, entre otras cosas mediante el establecimiento de puestos de control y obligando a las personas a desbloquear su teléfono para revisiones arbitrarias. Algunos reportes confirman nuevas detenciones arbitrarias -entre ellas, la de 14 periodistas que cubrían una rueda de prensa oficial y que ya han sido puestos en libertad-, amenazas y represalias, lo que se hace eco de los patrones bien documentados de la última década.

En fechas más recientes, después de que el gobierno de Rodríguez anunciara liberaciones masivas el 8 de enero, cientos de personas que habían sido encarceladas injustamente fueron puestas en libertad. El 31 de enero, la presidenta en funciones Delcy Rodríguez también anunció una ley de amnistía destinada a beneficiar a todas las personas acusadas de delitos desde 1999, así como el cierre del principal centro de detención, El Helicoide, que supuestamente sería convertido en un centro social.

Si bien estos anuncios son bienvenidos, la ley de amnistía por sí sola es claramente insuficiente si no existen garantías de no repetición, como la derogación de leyes y el desmantelamiento de los organismos estatales que han permitido detenciones arbitrarias y otras graves violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional ha observado en el pasado cómo las autoridades liberan a personas detenidas como gesto de buena voluntad, solo para llevar a cabo nuevas oleadas de detenciones poco tiempo después. Además, no está claro si la ley de amnistía podría extenderse a los agentes del Estado, lo que la convertiría en un mecanismo de impunidad, un resultado que no debe permitirse.

De manera similar, el cierre de El Helicoide es totalmente insuficiente para poner fin a los graves crímenes cometidos allí. Las ONG locales han documentado detenciones arbitrarias por motivos políticos en decenas de otros centros del país, y existe evidencia de centros de detención clandestinos que operan fuera de todo marco legal.

Finalmente, las leyes restrictivas que impiden que las organizaciones de la sociedad civil ejerzan plenamente sus derechos a defender los derechos humanos permanecen intactas. Estos obstáculos legales siguen limitando gravemente a las víctimas, a sus familiares, a activistas y a organizaciones en la búsqueda de justicia y rendición de cuentas.

“Las autoridades de Venezuela deben poner en libertad inmediatamente a todas las personas detenidas arbitrariamente, sin excepción, poner fin a las desapariciones forzadas y la tortura de inmediato, y garantizar los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Medidas que no alcancen estos cambios perpetúan nuevos ciclos de violaciones, afianzan la impunidad y niegan a las víctimas su derecho a la verdad, la justicia y la reparación”, ha afirmado Agnès Callamard.

En 2020, la Fiscalía de la CPI declaró que creía que había “motivos razonables para concluir” que se habían cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde al menos abril de 2017, y en noviembre de 2021 la Fiscalía abrió formalmente una investigación. Desde entonces, la Sala de Cuestiones Preliminares I y la Sala de Apelaciones de la CPI han autorizado la continuación de la investigación, pese a los intentos de Venezuela de detenerla, señalando que las autoridades nacionales no han demostrado que existan procedimientos genuinos contra los mismos tipos de responsables, a saber, altos funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Ante esta constante de conclusiones, que incluye la cadena de mando documentada, el papel central de la presidencia en el aparato de seguridad e inteligencia de Venezuela y la magnitud y el carácter sistemático de las violaciones, Nicolás Maduro es una de las personas con más probabilidades de entrar en el ámbito de investigación y enjuiciamiento de la CPI, si las pruebas alcanzan el umbral establecido en el Estatuto de Roma para la responsabilidad penal individual.

“Las víctimas venezolanas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación por los crímenes de lesa humanidad sufridos. Instamos a la Corte Penal Internacional a que agilice su trabajo, incluida la emisión de órdenes de detención cuando se cumpla el umbral probatorio. La justicia demorada es justicia negada, especialmente para la población venezolana que ha esperado años para ser escuchada. Sin embargo, las acciones del gobierno de Estados Unidos actualmente hacen que la perspectiva de cualquier posible proceso judicial contra Nicolás Maduro sea mucho más difícil y compleja”, ha afirmado Agnès Callamard.

Un peligroso precedente más allá de Venezuela

Desde que tomó esta medida, el presidente Trump ha afirmado que no se considera obligado por el derecho internacional y que el hemisferio occidental es una región que Estados Unidos tiene derecho a controlar, incluso mediante la fuerza armada, según considere oportuno, posición que se conoce cada vez más como “doctrina Donroe”. No es la primera vez que Estados Unidos recurre al uso unilateral de la fuerza, pero sí puede ser la primera vez que intenta justificar sus acciones de una manera que contraviene flagrantemente los principios del derecho internacional. En cambio, el presidente Trump y sus principales asesores parecen decididos a declararse libres de las restricciones del marco jurídico internacional que su propio país contribuyó a diseñar después de la Segunda Guerra Mundial.

El ataque del 3 de enero culmina también meses de ataques letales de Estados Unidos contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental, conducta que Amnistía Internacional y numerosos expertos jurídicos han denunciado como constitutiva de ejecuciones extrajudiciales. Se ha producido al menos un ataque adicional desde el acto de agresión. La acumulación de recursos navales estadounidenses en el Caribe y la intención declarada de utilizar la fuerza contra los grupos criminales han difuminado aún más la línea entre la aplicación de la ley y la guerra, alimentando los temores de una escalada regional.

Qué debe suceder ahora: nuestras demandas de protección y justicia

Todos los Estados deben reafirmar la primacía de la Carta de las Naciones Unidas y el consenso mundial sobre el carácter imperativo de la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. En los foros multilaterales y los compromisos bilaterales, los gobiernos deben rechazar la normalización del uso unilateral de la fuerza como herramienta política y centrarse en la protección de la población civil y los derechos humanos.

“El silencio de hoy será el permiso de mañana. Los Estados deben trazar una línea clara, aquí y ahora. El sufrimiento de las personas perjudicadas por el uso ilícito de la fuerza y el sufrimiento de quienes sufren la brutalidad de sus propias autoridades no son tragedias que compitan entre sí. El único camino que respeta su dignidad es el que se basa en el derecho: cumplir el derecho internacional, proteger a la población civil, investigar las violaciones y garantizar la justicia”, ha declarado Agnès Callamard.

Estados Unidos debe cesar los ataques ilegales contra presuntas embarcaciones dedicadas al narcotráfico y cualquier uso o amenaza de fuerza contra Venezuela. Cuando existan pruebas creíbles que demuestren la muerte de civiles u homicidios ilícitos, debe investigar de forma rápida, independiente e imparcial, y proporcionar reparaciones. Estas medidas son esenciales no sólo en virtud del derecho internacional, sino también para restablecer la confianza mínima de que la población civil no es moneda de cambio en una estrategia geopolítica.

Las autoridades venezolanas deben poner fin a los crímenes de lesa humanidad: garantizar el derecho a la vida y liberar a todas las personas que continúan detenidas arbitrariamente; acabar con las desapariciones forzadas, la tortura y otros malos tratos; desmantelar los grupos armados progubernamentales, que también son responsables de graves violaciones de los derechos humanos; y garantizar los derechos a la libertad de expresión, asociación, participación política y reunión pacífica, incluso mediante la derogación de las leyes que han sido calificadas como “legislación anti-ONG”. Las autoridades deben desmantelar la política de represión en su conjunto y establecer garantías de no repetición, comenzando por reforzar la independencia del poder judicial y otras instituciones del Estado. Los responsables de estos crímenes deben rendir cuentas. Se deben cumplir los derechos de las víctimas a la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Este contexto de emergencia renovado no puede servir de pretexto para afianzar la maquinaria de la represión.

Con entradas agotadas se desarrolló Festival “Soundtiago: cuerpo, sonido y espacio”

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Bajo la consigna “Viaje al centro de la materia” durante la tarde del sábado 31 de enero en Espacio Galpón UDLA ubicado en el persa Víctor Manuel en barrio Franklin e desarrolló la séptima versión del festival gratuito de arte sonoro “Soundtiago: cuerpo, sonido y espacio”, organizado por la Facultad de Arquitectura, Animación, Diseño y Construcción de la Universidad de Las Américas, y que congregó a más de 300 personas.

El encuentro contempló la curaduría del dúo franco-chileno Nova Materia (Caroline Chaspoul y Eduardo Henríquez), más los lanzamientos de distintos proyectos como video juegos, animaciones e investigaciones impulsadas por la Facultad y sus estudiantes, y contó con la participación de las y los artistas nacionales Valentina Maldonado, Sebastián Arriagada, Sayaka Fujio, Delight Lab y el dúo franco-chileno Nova Materia, junto a la presentación internacional de HA KYOON, artista de origen surcoreano con base en Francia. 

Durante los últimos siete años Soundtiago se ha posicionado dentro de la cartelera de conciertos, arte y academia en el mes de enero por su inquietud en el plano de la multidisciplina abierta al público familiar, pero también más experimental.

Juan Pablo Corvalán, Decano Facultad de Arquitectura, Animación, Diseño y Construcción UDLA y organizador del festival destacó el interés generado por la propuesta “que tiene el foco de la creación y en las ideas que nacen desde la Incubadora de innovación interdisciplinar de la Facultad alojada en este mismo galpón. Además, como primicia este año participaron estudiantes en dos de los proyectos que están aquí”.

“Este festival nos parece muy interesante porque sale de los espacios convencionales. Propone instancias académicas, y otras que dialogan con públicos híbridos, como el que transita por Franklin o por esta zona más dispersa. Es un gran honor tener la posibilidad de ser los curadores de la próxima versión”, indicaron Andrea y Octavio Gana de Delight Lab. 

“Presenté “BURIDAN’s SNARES” una actuación para dos cajas y máquinas electrónicas. Sentí que la gente fue muy receptiva, curiosa y con buena energía, supongo que lo disfrutaron. Agradezco a Nova Materia por la invitación y todo el equipo del festival. Creo que es muy importante tener este tipo de multidisciplinariedad. Estoy feliz de haber compartido esta noche con todos”, expresó la artista Ha Kyoon.

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