“He Tapu Mo’a Mo Ora Hai Haumarú” Lanzan “El Derecho de Vivir en Paz” en Lengua Rapanui

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diciembre 3, 2019

La agrupación “Artistas de Rapa Nui por la Paz” lanzaron en un video subido a la plataforma YouTube, “El derecho de vivir en paz”, canción de Víctor Jara que es un himno de la protesta social chilena, interpretada por primera vez en lengua Rapanui.

El grupo de artistas señaló que “en el espíritu de resistencia ante la brutalidad institucional del Estado, en contra de la ciudadanía que se manifiesta pacíficamente disconforme con la realidad y sus tremendas e insostenibles desigualdades en todo ámbito del diario existir”, artistas, músicos, cantantes, bailarinas, técnicos y cooperadores realizaron el video como “un gesto solidario, sencillo y profundo, para dar cuenta de nuestra consciencia e impotencia, al observar este momento histórico a la distancia”.

Los artistas manifiestan que pese a que la realidad del continente es distinta a la de la isla – la que es vista como un paraíso-, la belleza del paisaje y la magnificencia de suarqueología, “son sólo una fracción de una realidad que sufre una gran segregación, debido a su distancia. Así, 3 husos horarios, 5 horas de vuelo u 8 días de navegación, dan cuenta de un territorio, tan lejano como incomprendido”.

Reconocimiento de pueblos originarios

Explican que las raíces de este pueblo se encuentran en el sudeste de Asia, lo que hace que la referencia a Vietnam de Víctor Jara en los versos de esta canción resuenen “no sólo como un llamado a la pacificación, sino también muy fuerte y claro, con nuestra propia historia. Una donde guerra, abusos, enfermedad, abandono, precariedad, hambruna, esclavitud y muerte han constituido el guión, -que en su punto más álgido, dio cuenta de su casi extinción- con apenas 110 sobrevivientes, entre ellos sólo 20 mujeres, tatarabuelas del actual Rapa Nui”.

“Artistas de Rapa Nui por la Paz” critican que estos relatos no estén contenidos en los libros de historia de Chile ni seantransmitidos a estudiantes, y hacen un llamado al reconocimiento de los pueblos originarios. “Para la mayoría de nuestros conciudadanos, no sólo estamos distanciados por un mar tan extenso como todo el largo de Chile, sino que sólo somos una anécdota exótica en la memoria popular. Creemos, en cambio, que sólo con el reconocimiento de los Pueblos Originarios, se definirá la identidad íntegra de esta patria remota, que observamos de lejos y con solidaridad”, subrayan.

Agregan que como pueblo sostienen simbólicamente la lucha que se da en las calles del “conti”: “La nuestra es una comunión sutil que danza con la fuerza y la gracia de mujeres isleñas contra la violencia y el machismo en todas sus expresiones, sumando a las tragedias de nuestro país, una bronca particular por nuestra tristísima cifra de jovencitas suicidas, durante los últimos dos años. Aquí vivimos nuestros propios dolores, teñidos de desesperanza entre desarraigo, desprotección estatal, alcohol y drogas duras”, afirman.

Fundación Víctor Jara

Por último agradecen a la Fundación Víctor Jara, a quien, dicen, reclaman de igual forma como un referente propio, “por cuanto Chile late también en este particular territorio, anexado en 1888, pero incorporando a la etnia en calidad de ciudadanos -aunque parezca increíble y desquiciado- recién a partir del año 1966. He acá nuestro modo particular de sumarnos a este despertar, quizás anacrónico, tal vez postrero, sin embargo esta extemporaneidad habla por sí misma. Acá todo cuesta y tarda en llegar…incluso, la justicia”, sentencian.

Por su parte, la Fundación Víctor agradeció el trabajo: “Nos honra y nos llena de gratitud el esfuerzo que ustedes han realizado con tanto amor al crear y enviarnos este bello homenaje que tiene para nosotros múltiples dimensiones. Es un hermoso homenaje a Víctor Jara por cierto, a su obra, legado y consecuencia de vida. Pero también es un grito del pueblo Rapa Nui que cruza el mar y llega a unirse y abrazar el grito de los pueblos chilenos del continente en momentos de mucho dolor, pero también plenos de esperanza”, manifestó.

La producción ejecutiva y dirección general de la obra estuvo a cargo de Sofía Abarca Fariña; en la producción musical Juan Ignacio Aguirre Perocarpi; producción audiovisual, Magdiel Malkut Correa; dirección de arte, Magdiel Malkut Correa; dirección musical, Allan Fuentes Quintana; dirección de danza, Rommy Rojas Araki y edición audiovisual, Magdiel Malkut Correa, además de un numeroso grupo de músicos, bailarinas y bailarines y equipo técnico.

Campaña Feminista en la Red Llama a Apropiarse de Internet y al Activismo Político en Línea

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Página 19

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diciembre 3, 2019

La colectiva HARTAS Mujeres nace hace cinco años en medio de una escalada de violencia machista, de las escasas respuestas institucionales para enfrentar la demanda por más derechos de las mujeres y feministas organizadas, y del hastío que provoca la despreocupación del Estado.

Este 25 de noviembre, en una conmemoración más del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, HARTAS inició una campaña para promover el activismo feminista en línea teniendo muy en cuenta la tecnoseguridad, más aún en contextos de crisis políticas como la que atraviesa Chile, donde la red se transforma en un espacio privilegiado para la organización y acción política colectiva, pero también para la violencia de género online.

La campaña “Feminismo Online y Tecnoseguridad para 16 Días de Activismo” mantiene el sello de la propaganda política feminista en contraposición al patriarcado también presente en las nuevas tecnologías, haciendo un llamado a “apropiarse de la internet, a cuestionar la desigualdades de poder en el acceso, uso, producción y diseño digital, y a coordinar estrategias y acciones con el afán de generar otros repertorios en torno a la igualdad, la justicia y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias”. La producción de material audiovisual y mensajes de la colectiva será intensiva hasta el 10 de diciembre, fecha en que mundialmente se reflexiona sobre los derechos humanos.

Los mensajes van en la línea de conversar sobre feminismo en la red desde una perspectiva feminista y de derechos recogiendo el trabajo que ha realizado Naciones Unidas y otros organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vinculados con la violencia contra las mujeres, que se manifiesta “con particular odiosidad a las mujeres con perfiles más públicos como defensoras de derechos humanos, políticas y periodistas; la violencia hacia las disidencias sexuales y los intereses por limitar la libertad de expresión de individuos y grupos antiderechos a través del amedrentamiento en línea”.

Un segundo pilar, se relaciona con las acciones en materia de seguridad que se deben tomar, en especial cuando se decide ser activista en red. La campaña también entregará herramientas para reportar y denunciar a cuentas y usuarios acosadores, o que promueven mensajes de odio, considerando que los derechos fundamentales de las mujeres deben ser reconocidos y protegidos de igual forma en el mundo online y offline. Una cuarta línea de trabajo se vincula con la producción gráfica y audiovisual de uso liberado para promover el activismo feminista en Internet, con un fuerte llamado a no migrar de la red sino a quedarse y a ensayar diversas estrategias para permanecer en la Red de manera segura.

Video campaña:

La Culpa No Era Mía: Mujeres Cuentan sus Experiencias de Abuso Tras Performance de LasTesis

Por

Nataly González Díaz

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diciembre 3, 2019

“Un violador en tu camino”, la performance del colectivo feminista porteño Lastesis que se viralizó en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, y que se replicó en todas las regiones del país y en el mundo, repite como un mantra “Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía”.

La frase, que enfatiza que la víctima jamás tiene la culpa de la agresión vivida, llevó a que cientos de mujeres se atrevieran a contar sus experiencias de violencia sexual en las redes sociales y a conversarlo con sus familias y entornos. Algunas jamás lo habían verbalizado, tardaron décadas, para otras son hechos más recientes.

Pese a que la performance de Lastesis denuncia con fuerza la violencia político sexual ejercida por agentes del Estado, que han sufrido las mujeres desde el estallido del movimiento social en Chile, y que ha llevado al Instituto Nacional de Derechos Humanos a presentar a la fecha 88 querellas, por casos de desnudamiento, amenazas, tocaciones y violaciones; la gran mayoría de las mujeres narra, tal como lo indican los estudios en el tema y como el movimiento feminista lo plantea hace décadas, que el abusador es un familiar o persona de confianza, y que el abuso tuvo lugar en sus propias casas, en la de personas conocidas o bien en espacios donde pensaban estar protegidas, no en sitios vacíos o poco iluminados, como suele asociarse a la imagen estereotipada del ataque sexual.

“Y la culpa no era mía (era mi abuelo). Ni como andaba (uniforme escolar). Ni cómo dormía (8 años, esperando que llegara mi mamá). Me costó 40 años escribirlo, lejos lo más descarnado que he confesado”, se lee en un tweet. “Y la culpa no era mía (11-12 años) ni donde andaba (iba a visitar a mi abuela y estaba ahí mi primo adolescente de 18 a 19 años), ni como vestía (ropa casual). Me costó 4 años escribir esto”, dice otra mujer.

Los textos son demostración que la violencia afecta a las mujeres a lo largo de todo su ciclo de vida: “El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer, y nuestro castigo, es la violencia que no ves”, dicen Lastesis al inicio de sus versos. Entre quienes escriben sus relatos, algunas eran adultas, otras adolescentes y muchas unas pequeñas niñas cuando lo vivieron: “Y la culpa no era mía (Tenía 3-4 años) Ni dónde estaba (En mi casa, en una fiesta familiar) Ni cómo vestía (Un vestidito de fiesta)”, se detalla en uno de los tweets. “Y la culpa no era mía (7), ni donde andaba (hijo mayor de la señora que me cuidaba), ni como vestía (ropa de día). Escribir este tuit me costó 26 años”, dice otro.

La acción pública de Lastesis fue replicada, entre muchas otras, en ciudades como Londres, Madrid, Ciudad de México, Bogotá y París. Así también, se sumaron mujeres de diversas partes del mundo para sacar a la luz los abusos. “Y la culpa no era mía (42 años) Ni dónde estaba (Caminando a la altura de Liverpool Insurgentes a la 1 de la tarde) Ni como vestía (Camisa blanca, falda negra y tenis)”, escribe una mujer de Ciudad de México. Desde Buenos Aires una joven agrega: “Y la culpa no era mía (era mi padrastro). Ni dónde estaba (durmiendo en mi cama). Ni cómo vestía (pijama de niña, 10 años)”.

Prejuicios y estereotipos

Gabriela González Vivanco, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, señaló a Página 19 que durante toda la historia el feminismo ha dispuesto de espacios públicos y de palabra para que muchas mujeres puedan dar cuenta de experiencias traumáticas vividas, ya sea en la pareja, en la familia, o la violencia política ejercida por el Estado, “a las mujeres les cuesta mucho denunciar dado que las experiencias de violencia están asociadas a prejuicios y estereotipos, por ello, todavía hoy aparecen testimonios de mujeres que fueron víctimas de violencia política en tiempos de dictadura, mucho silenciamiento tiene que ver con un mecanismo de protección social pero también psíquico, de no otorgarle una realidad traumatizadora de la experiencia vivida, por lo tanto siempre se necesitan que aparezcan espacios de palabras, que a veces pueden ser la terapia y otras veces estos espacios”.

Explica que la intervención de Lastesis le da valor a la palabra de las mujeres: “Son espacios donde te encuentras con otras y que recrean la posibilidad que esa palabra salga con menos violencia que la experiencia vivida, en el fondo una performance se transforma en una mediación, le da un sentido, interrumpe el orden simbólico y nos provee a las mujeres de un espacio no solamente protegido, sino que además colectivo, compartido, donde no es tan importante quién fue la víctima, sino que poder reconocer que existe esa violencia, que es real, es ejercida, que implica la vida de las mujeres, independiente de si son más niñas, más jóvenes, más viejas, si ocurrió ahora o antes”.

Por esta razón, indica, el participar de una u otra manera en la performance constituye un espacios de sanación y es de alguna manera reparador puesto que le otorga una nueva forma a la palabra de las mujeres, “en el espacio público, con otras, precisando palabras, eso tiene un efecto para la experiencia de todas las mujeres que alguna vez en su vida han sido víctimas de violencia sexual que es muy aliviador, el hecho de que se pueda decir públicamente, y que ese decir sea preciso, no difuso, que esté dirigido: son los jueces, la policía (los pacos)”.

González enfatiza que de manera ejemplar la performance del colectivo Lastesis entrega a las mujeres una voz pública y le da fuerza, “el hecho de que se haga en grupo, en distintas instalaciones, que hoy muchas mujeres lo puedan hacer juntándose con otras sin tener que decir a manera personal ´yo fui víctima de violencia´, que es lo que más cuesta”, expresa.

Y añade que hay mujeres que silenciaron estos testimonios para protegerse así mismas en términos sociales y psíquicos, a sus familias, hijos y parejas, “entonces estas posibilidades que son creativas, tienen como logro decir que la violencia sexual existe, que es cierto que las mujeres son víctimas de violencia sexual, no sólo en lo íntimo, también en instancias institucionales que están paradójicamente creadas para proteger, por eso Lastesis citan el himno de Carabineros”.

Culpar a la víctima

Para la decana, la intervención tiene una potencia que no se había visto, “pese a que existía la protesta, la vociferación, los colectivos feministas siempre dieron espacio a acoger a las mujeres en torno a lo doloroso de la experiencia de la violencia, pero hoy esta performance le da una vuelta a la forma que siempre había aparecido, de eso se trata, de performear, formatear, formar una nueva simbólica sobre la violencia sexual que las mujeres vivimos”.

En una acción que pasó de la performance en las calles a las redes sociales como espacio también de manifestación colectiva contra la violencia hacia las mujeres, tras cada una de las historias expuestas, un importante número de otras mujeres responde solidarizando, cuentan su propia experiencia personal, y sobre todo ponen énfasis en que no es posible sentir culpa ante la violencia, esa liberación de la culpa ha sido clave. “La culpa no era mía” reiteran. Uno de los tweets expresa “Y la culpa no era mía (Tenía 15 años) Ni dónde estaba (En la playa) Ni cómo vestía. (Short y blusa blanca) Me tomó 22 años escribir este tuit y me uno. No son eventos aislados, es una epidemia de violencia sistemática”.

Gabriela González resalta la importancia de hablar de quién es la culpa, por tratarse de uno de los mayores prejuicios en torno a la violencia, el culpar a la víctima, “si uno mira las investigaciones, siempre se quiere dar a entender que las mujeres son las provocadoras, que las faldas cortas, que habían bebido. “Y la culpa no era mía” es darle realidad a que la violencia sexual es una violencia ejercida contra las mujeres contra su voluntad, no hay condición alguna para pensar que una mujer pueda ser culpable de que alguien la violente. No es el lugar ni cómo nos hacemos cargo de la autonomía sobre nuestros cuerpos”.

Como ejemplo, cuenta que hace unos días visitó en un hospital público a una de sus estudiantes que fue herida por balines, quien le comentó una experiencia de violencia, “el médico que la atendió le dijo que eso le pasaba por andar en las marchas y además con short, que agradeciera que en este país las policías tiraban balines y no balas como en el suyo, era un médico migrante, lamentablemente lo digo, por toda la perspectiva crítica que una tiene de acoger a los migrantes. Ese es un tipo de violencia, las consecuencias que ella tenía que estar dispuesta a asumir por estar en la calle”, sentencia.

Para la psicóloga el movimiento feminista está en un momento en que logró visibilizar la violencia de manera estructural y el colectivo Lastesis aportan a ello, “creo que también apuntan a la violencia estructural, porque no es casual que indiquen al juez, el nivel jurídico; la policía, que sería el nivel del orden público y social; y el nivel de la gobernabilidad, de quien gobierna, yo creo que le hubieran dado una vuelta más y también aparecerían los curas, el orden religioso, porque cuando mencionan a estas tres figuras, ya pasamos de la violencia sexual, de la violencia puramente ejercida contra “algunas” mujeres, a una dimensión a nivel de la estructura de nuestra sociedad donde la violencia es un mecanismo para disciplinar a sujetos distintos, diferentes: las mujeres, las disidencias sexuales, es decir, es un mecanismo estructural para llamarlos al orden, para gobernar, para hacer las leyes”.

“Un violador en tu camino”, continúa masificándose en distintas localidades y ciudades y a nivel internacional ya es calificado como un himno contra la violencia machista.

https://twitter.com/daiitae/status/1201248325472796673?s=21

Y la culpa no era mía
(42 años)

Ni dónde estaba
(Caminando a la altura de Liverpool Insurgentes a la 1 de la tarde)

Ni como vestía
(Camisa blanca, falda negra y tenis)

— Azul Del Olmo (@bleusorciere) December 2, 2019

Lenguaje Bélico

Por

Patricio Martínez Torres

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diciembre 3, 2019

Desde a “los delincuentes se les acabó la fiesta”, pasando por “estamos en Guerra” y finalizando por “estamos ante un enemigo poderoso e implacable”, el Presidente de Chile, Sebastián Piñera, no deja de sorprender cada vez que abre su boca.

En periodismo existe una máxima que, al parecer, los “creativos” del segundo piso del Palacio de La Moneda han intentado utilizar, sin éxito alguno: “el lenguaje crea realidad”.

Pero hagamos el ejercicio de ir deconstruyendo el paupérrimo nivel discursivo del primer Mandatario.

Eso que a los “delincuentes se les acabó la fiesta” fue el caballito de batalla de Piñera como candidato presidencial en su primera apuesta para sentarse en el sillón de O Higgins. Después de 4 años gobernando Chile, no pudo con esos delincuentes ni tampoco con los temas de seguridad ciudadana. Por eso, la derecha vio frustrado su apetito de darle continuidad a su proyecto conservador.

Sin embargo, 4 años después -con candidaturas débiles en la centroizquierda-, Piñera la hizo de nuevo y logró un segundo mandato bajo el eslogan: “tiempos mejores”. Al poco andar, con una economía global zigzagueante, las encuestas empezaron a decaer visiblemente. Lo probó todo, pero sin ningún resultado.

Cuando el Presidente Piñera creía que cada día lo estaba haciendo mejor, un 18 de octubre de 2019 le trajo la peor de sus pesadillas: la protesta social. La ciudadanía, mayoritariamente cansada de los abusos y de un modelo económico agotado, hacía visible que el Mandatario puede ser un buen empresario, un mejor especulador en la banca, pero un muy mal político.

El mayor traspié lo tuvo rodeado de militares cuando declaró Estado de Emergencia y espetó: “estamos en guerra”. Todo Chile quedó atónito y muchos se preguntaron: Guerra, ¿contra quién?

Los analistas políticos, de todos los colores, han teorizado en los medios tradicionales y empresariales sobre el papel que ha jugado el Mandatario en estas 6 últimas semanas. Incluso, le dan consejos para salir de la crisis, pero lamentablemente el Presidente pareciera vivir en un mundo paralelo. Al cumplirse el primer mes de protesta social, Piñera tuvo en vilo a medio Chile convencidos todos que había escuchado a la calle. Pero no. El jefe de gobierno solo hizo un resumen y un diagnóstico ya conocidos por todos. Alguien murmuro: “No dijo nada y no entiende nada”.

A lo anterior, hay que señalar que su denominada “agenda social” es tan esquelética como su 10 por ciento de apoyo ciudadano. Ni siquiera le sirvió convocar a su joven comité político para controlar el descontento popular, mientras todos y todas esperaban cambios sustantivos en ministerios sectoriales: educación, salud, vivienda… Nada de eso se hizo y el mal guion perpetuado en las entrañas del poder de Palacio se seguía reforzando. Y aumentaba la criminalización de la protesta social pacífica ahondando en el control de la violencia por medio de las fuerzas especiales de Carabineros, ampliamente cuestionadas por serios organismos internacionales de derechos humanos.

Pero todo podía ser peor. En una de sus últimas alocuciones, el Presidente habló sobre “que estamos ante un enemigo poderoso e implacable”, sin identificar a quién se refería, porque lo cierto es que el primer Mandatario, cada vez que sale a escena, uso un lenguaje bélico y todas sus iniciativas legales que está enviando al Congreso Nacional van en esa misma dirección.

Ya lo dijo el columnista favorito de “El Mercurio”, Carlos Peña: “estamos siendo testigo de un Presidente inútil”, y nosotros agregamos que además no logra sintonizar con las demandas sociales y que, en todos sus puntos de prensa, no contesta preguntas de los periodistas, lo que limita obviamente la libertad de prensa en Chile.

Un Ejemplo de Máximo Abuso: la Clínica Dávila

Por

Marcia Pineda Soto

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diciembre 1, 2019

Tres seres humanos, entre ellos una abuela de 92 años, llegaron en distintos momentos y transidos de dolor a Urgencias de la Clínica Dávila. No quisieron atenderlos, salvo si dejaban de inmediato, cheques por varios millones de pesos en cada caso. He ahí unamás de las múltiples razones de la indignación popular.

El senador Guido Girardi, junto a familiares de los pacientes, denunció que la mencionada clínicacondiciona la atención de salud –aún en caso de urgencia- al depósito previo de dinero en efectivo. Como estamos en otros tiempos y Chile cambió, el mencionado centro asistencial tendrá que enfrentarse a los tribunales, por cuanto el senador pedirá a la Superintendencia de Salud el fin del registro de la Clínica y anunció -además- la presentación de un recurso de protección y de acciones civiles.

Girardi, miembro de la Comisión de Salud del Senado y autor de la ley que prohíbe el uso de cheque en garantía como condicionante en atención de salud, pedirá a la Superintendencia de Salud que obligue a la clínica a devolver el monto exigido, así como el término de registro del recinto asistencial, “porque las multas son irrisorias y deben tener un castigo ejemplificador”.

Danza de millones en efectivo

En la mañana del 14 de agosto pasado María Teresa Buffo Farías, de 92 años, sufrió una caída: se golpeó las costillas y quedó con dificultad para respirar. Su hija, Silvia Marcos, cuenta que “ella tiene Fonasa y la llevamos a la urgencia de la Clínica Dávila. La evaluaron y dijeron que había que hospitalizarla en la UCI y debíamos depositar tres millones de pesos en efectivo. Si no, teníamos que contratar una ambulancia particular para llevarla a otro lado. Somos una familia grande y unida y logramos juntar sólo dos millones por lo que a las 20 horas la ingresaron a una sala común. No teníamos idea lo de la ley de urgencia”.

El 28 de noviembre pasado María Cecilia Andrade Pérez, de 58 años, llegó hasta la urgencia de la misma clínica con una grave infección renal. Su hija Magdalena recuerda que “le hacen exámenes y me dicen que estaba complicada y que debe quedar hospitalizada, pero antes debes ir a recaudación para ver como cancelar. Yo le digo ‘pero si es una urgencia’, me responden que debo tener $ 992. 000 en efectivo o sino le iban a dar el alta… y eran las cuatro de la mañana”.

Un tercer caso es el de un paciente que tuvo que hacerse un by pass y para ser operado, debió anticipar el pago de 12 millones de pesos. Sólo hicieron la intervención una vez que se hizo el depósito de ese dinero.

El senador Girardi afirmó que son tres casos “de una crueldad extrema y un abuso inconmensurable que da cuenta que la Clínica Dávila no está en condiciones éticas y morales de ser un prestador de Salud porque sistemáticamente viola la ley”.

Agregó que “por estas situaciones de abusos hay tanta indignación en este país. Hicimos la ley que prohíbe el cheque en garantía y la ley de urgencia que obliga a atender de manera gratuita hasta que el paciente es estabilizado y puede ser derivado, pero no las respetan y prefieren pagar las multas porque los montos son irrisorios”.

El parlamentario afirmó que solicitará la clausura a la Superintendencia porque “esta empresa ya cuenta con un prontuario de irregularidades similares, por lo que queremos que paguen la multa y se les termine el registro”. Y añadió que “también vamos a presentar un recurso de protección y apoyaremos a estas familias en una demanda civil porque aquí hay daño moral por el dolor, la frustración y la rabia de tener que mendigar para salvar la vida de un ser querido”.

El senador dijo que “tal vez muchas familias no lograron conseguir el dinero y el paciente falleció. Por eso solicito a todos quienes han tenido problemas similares con esta clínica, que nos hagan llegar los antecedentes para actuar por el bien de la sociedad chilena y terminar con este tipo de abusos que indignan y que son intolerables”.

El Despertar del León Herido

Por

Alfredo Barahona Zuleta

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noviembre 30, 2019

Comenzaba octubre último. Violentos estallidos sociales sacudían a Ecuador y Haití; Venezuela y Nicaragua continuaban en profundas crisis; resistencias contra el presidente Jair Bolsonaro se alzaban en Brasil; por Bolivia y Argentina se entrecruzaban duros ataques, a las puertas de sendas elecciones presidenciales. En Chile, un ufano presidente Sebastián Piñera exclamaba alborozado: “¡en comparación, aquí estamos en un oasis!”. Católico observante, tal vez pudo parafrasear la parábola del fariseo en el templo: “gracias, Señor, porque no somos como esos publicanos”:

Tras cuatro años de un gobierno neoliberal a ultranza que culminó en 2014 y al que regresó el año pasado, ni en pesadillas soñó Piñera estar sentado sobre una caldera a punto de estallar. De ella se había levantado sólo para exhibir en varios foros las supuestas bondades del “milagro chileno”, y tratar de ubicarse entre los líderes de un continente que suele ver en el Chile engreído al “vecino indeseable”.

Pero el viernes 18 de octubre la caldera le explosionó con energía devastadora. No en el rostro, sino en la retaguardia. Porque mientras la capital chilena comenzaba literalmente a arder por varios flancos, el Presidente celebraba un cumpleaños familiar en un restaurante.

No fue la mayor de sus torpezas. Días después, tras decretar en estado de emergencia a la metrópoli de Santiago y otras ciudades porque la situación se agravaba peligrosamente, afirmó que frente a un enemigo poderoso y dispuesto a todo, “¡estamos en guerra!”: la misma consigna fatídica que el dictador Augusto Pinochet había esgrimido tratando de justificar los peores crímenes, en los 17 años (1973-’90) de su régimen sangriento.

El tremendismo con que el mandatario pintó ahora la situación, aterrorizó a muchos. Incluida su esposa, quien, en una conversación privada que se “viralizó” por las redes sociales, confidenció a unas amigas: “estamos sobrepasados… Vendrán cosas mucho peores… Es como una invasión extranjera, alienígena, no sé qué decir… Vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás”. Propósito destacable, este último, en una familia que posee la tercera mayor fortuna del país.

Con el estado de emergencia el gobierno sacó los militares a la calle; situación no vista en treinta años, que revivió entre los chilenos pesadillas atroces de la dictadura pinochetista.

Pero luego de dar marcha atrás a su visión tremendista, Piñera puso término al estado de emergencia una semana después, y afirmó haber escuchado la voz del pueblo. De carrera buscó acuerdos para proponer un conjunto de medidas en beneficio popular, mientras el Congreso desempolvaba proyectos que durmieron por años.

Crónica de una violencia anunciada

Como suele suceder, la chispa de la explosión tuvo un motivo minúsculo: el alza de 30 pesos -menos de 5 centavos de dólar- en las tarifas del Metro, orgullo de los santiaguinos. De grupos de jóvenes saltando por sobre los torniquetes de control para evadir el pago, se pasó a la destrucción o quema de estaciones, autobuses, supermercados, tiendas, oficinas, farmacias, algunos hoteles, y por último iglesias. Se ha atacado a algunos cuarteles policiales e instalaciones militares.

El destrozo de bienes públicos y privados, pillajes y saqueos múltiples se han extendido por buena parte del país. Plazas emblemáticas, avenidas y parques semejan devastados por una guerra. Las imágenes han seguido repitiéndose por más de tres semanas.

El estallido parece confirmar una antigua profecía o sino histórico. Suele compararse al pueblo chileno con un león de paciencia increíble que dormita arrinconado por largo tiempo, sin reaccionar a provocaciones, ataques, heridas ni laceraciones. Pero al final despierta y lo arrasa todo con furia irracional incontenible. Ocurre alrededor de cada 40 años. Tras la independencia nacional en 1810, conmociones sangrientas marcaron al país en 1850, 1891, 1931 y 1973. Heridas profundas propinadas en este último, aún siguen abiertas. Ahora el león ha vuelto a despertar. Y las consecuencias son todavía incalculables.

Pero no todo ha sido vandalismo. Las manifestaciones pacíficas de gente de todas las edades y condiciones fueron creciendo a partir del 18 de octubre, hasta congregar una semana después la mayor marcha vista en la historia de Chile. En Santiago el propio gobierno la calculó en 1.200.000 personas, las que sumadas a las de otras ciudades y pueblos superaron los 2.000.000.

Un paro nacional convocado el 12 de noviembre volvió a lograr manifestaciones masivas a lo largo del país. Pero provocó también nuevos incendios, pillajes y saqueos.

Un cartel muy repetido en las concentraciones ha aclarado sobre las motivaciones: “no son 30 pesos; son 30 años”. Bien puede decir 50 años. Porque la causa más remota de la indignación colectiva se remonta a los años ´70, cuando la dictadura implantó el sistema neoliberal extremo que ha regido hasta ahora. Para imponerlo eligió a un grupo de jóvenes economistas que fueron motejados como “Chicago boys”, por su graduación en esa universidad. Su gurú, Milton Friedman, acuñó el término “milagro chileno”, pero terminó criticando la aplicación extrema de sus enseñanzas.

Caldera de medio siglo

Moros y cristianos reconocen motivos más que suficientes para la indignación popular que cincuenta años después ha sacudido al país en los peores días vividos desde la vuelta a la democracia. Tras el derrocamiento y muerte del presidente socialista Salvador Allende en 1973, el país se convirtió en conejillo de indias del neoliberalismo que extendería sus tentáculos por el mundo cuando a fines de los ’80 se derrumbaron los “socialismos reales”. Vigas centrales del sistema fueron: la mayor privatización posible de los recursos naturales y servicios en manos del Estado; impedir a éste la función empresarial y liberarla a privados nacionales y extranjeros, para explotar las áreas que aquél había manejado; destruir la fuerza sindical de los trabajadores; dejar los salarios y los precios de los productos al arbitrio de un mercado voraz e inmisericorde.

Allende había nacionalizado en 1971 el cobre, riqueza primordial del país a la que llamó “el sueldo de Chile”. Empresas norteamericanas lo habían explotado por décadas, pagando bajos montos y llevándose subproductos de alto valor.

Se sabe, incluso por documentos norteamericanos desclasificados, que recuperar el cobre le costó la vida a Allende. Pero la dictadura inició una “desnacionalización” que en democracia se ha completado con grave perjuicio nacional. Lo propio ocurre ahora con el litio, preciado metal que en Chile tiene el 52% de las reservas mundiales. Su explotación mayoritaria está siendo entregada a manos chinas.

El sistema neoliberal fue aherrojado al país en 1980 con cadenas muy difíciles de romper, por una nueva Constitución Política sometida a plebiscito sin posibilidad de discusión previa. Las consecuencias han sido nefastas para gran parte de los chilenos.

En 30 años se ha logrado efectuarle algunas reformas importantes y otras cosméticas. Pero intentos de generar una nueva carta magna han sido bloqueados en forma sistemática por la derecha política, bajo pretexto de que eso no interesa a la gente. Sin embargo, durante el estallido actual ha resurgido con fuerza el clamor público por otra Constitución; al punto que el propio Piñera ha declarado el 12 de noviembre que el gobierno abre el proceso de una nueva carta fundamental, aunque dejó en nebulosa la participación ciudadana en su gestación.

La presión que fue creciendo

Tras el retorno de la democracia en 1990, muchos pensaron que llegarían la justicia, las reformas del sistema dictatorial y un nuevo orden político, social y económico. Pero en tres décadas ello no ha ocurrido. “Justicia en la medida de lo posible” anticipó Patricio Aylwin, primer presidente tras la dictadura. Pero aún centenares de familias siguen preguntando por sus detenidos desaparecidos. Antes de dejar el poder, el dictador exigió una lista de garantías. Los nuevos gobernantes tuvieron que firmarlas, a espaldas de la ciudadanía, ante el peligro de que el ruido de sables que comenzaba a escucharse tras bambalinas terminara en destrucción de la naciente nueva democracia.

Así Pinochet, seguro de no ser juzgado, salió del país en 1998, pero fue detenido en Londres, gracias a una orden del juez español Baltazar Garzón. Exigidos por las garantías suscritas y la presión militar, los timoneles del gobierno, antes perseguidos con saña por el dictador, lucharon hasta traerlo de vuelta a Chile prometiendo juzgarlo. No ocurrió así; tras su regreso fue declarado en demencia senil y terminó muriendo impune.

Su jefe de la policía secreta, el siniestro Manuel Contreras, fue preso de por vida; pero en una cárcel “de oro” construida con todo tipo de comodidades para él, numerosos secuaces, torturadores y criminales que aún gozan de tal privilegio. En contraposición, más de 40.000 presos comunes abarrotan cárceles en gran parte hacinadas e inmundas, denunciadas numerosas veces como atentatorias contra la dignidad humana.

El sistema neoliberal levantado en acero por la dictadura siguió en pie, se consolidó en democracia y fue alimentando la caldera que terminaría por estallar como bomba nuclear. En vez de tratar de reformarlo, muchos se aprovecharon rentablemente de él. Veinticuatro años de gobiernos de centroizquierda y seis de derecha son señalados hoy culpables por igual. Es efectivo que entre tanto el país logró altos índices macroeconómicos y un desarrollo que llevó al torpe envanecimiento de mostrarlo como el “milagro chileno”.

El índice de pobreza, que al final de la dictadura bordeaba el 40%, marca hoy menos del 10%. Aunque la pobreza multidimensional –que considera acceso a la salud, educación, trabajo, seguridad social, vivienda y otros factores-, lo eleva al 20%. Chile es uno de los países más inequitativos del mundo. El 1% de la población acumula casi el 30% del ingreso, mientras el 50% más pobre percibe sólo el 2,1%. Los estratos superiores disfrutan ingresos mensuales equivalentes a 10.000, 30.000, 50.000 o más dólares, mientras el salario mínimo fijado por ley llega apenas a los 450. La atomización del sindicalismo y un plan laboral leonino impuesto por la dictadura y que aún persiste, han llevado a una gran precarización del trabajo y magros sueldos.

Pero el sistema ofreció créditos a destajo para fomentar el consumismo y mover la economía. Sectores populares y medios emergentes se endeudaron para comprar bienes suntuarios. Emulando a los pudientes, que adquieren 400.000 autos nuevos al año, ellos compraron autos usados. Hoy no pocos los mantienen aparcados, incapaces de financiar el combustible. Muchos más están sobreendeudados sin poder pagar. 4.500.000 deudores engrosan el registro nacional de morosos, una especie de muerte cívica. El modelo imperante privatizó el agua, la energía, las comunicaciones, las carreteras, los puertos… Tarifas de servicios públicos en alza frecuente golpean a los grupos más pobres.

Mientras se promovía la salud y la educación privadas, las públicas fueron reducidas a niveles críticos. Los estratos de mejores ingresos disponen de un costoso sistema privado de salud y clínicas de vanguardia, en tanto el sistema público sufre una precariedad vergonzosa. El enfermo pobre debe lograr de madrugada un número para ser atendido Si necesita un especialista o intervención quirúrgica, puede esperar años o morir en el intento. 26.000 personas fallecieron el año pasado esperando una atención o cirugía. Entre múltiples casos, un hombre llamado para una colonoscopía de diagnóstico había muerto hacía 6 meses. El costo de los medicamentos es de los más caros de América. Los que el sistema estatal debería entregar a los más pobres suelen faltar o ser poco más que placebos. Pacientes de cáncer que necesitarían tratamientos costosos, reciben con frecuencia analgésicos de distribución masiva en espera de la muerte. 3.000.000 de discapacitados tienen apoyo mínimo del Estado.

Indignación pública suscitan las pensiones de jubilación. Un sistema engañoso de capitalización individual heredado de la dictadura ha redundado en pensiones precarias o miserables. Masivas protestas públicas anteriores al gran estallido social han tenido esta causa.

Numerosas y de creciente violencia han sido también las protestas estudiantiles, por la honda crisis de la educación pública. La universitaria, de un costo altísimo entregado al crédito bancario, tiene endeudadas por décadas a familias modestas empeñadas en hacer surgir a sus hijos.

La situación socioeconómica de las nuevas generaciones es preocupante. Más de 600.000 “nini”, ni estudian ni trabajan. 100.000 menores están fuera del sistema escolar. 1.000 niños y adolescente abandonados o bien en riesgo social o delictual, a los que se suponía protegidos por el Estado, murieron en 10 años, numerosos en circunstancias oscuras.

Más de 100.000 personas -27% inmigrantes- sobreviven en 800 campamentos suburbanos de latas, palos y cartones. 14.000 lo hacen en la calle, y 34.000 en colectivos indignos o hacinadas en casas semiderruidas, pasto de frecuentes incendios.

La peor violencia se ha instalado por años en La Araucanía, la región más pobre del país. Allí el histórico pueblo mapuche, la mayor etnia originaria, lleva siglos luchando por la restitución de tierras ancestrales y el respeto a su dignidad y derechos endémicamente conculcados. Destrucción, incendios, muertes han hecho allí noticia habitual, en tanto sucesivos gobiernos han sido incapaces de dar soluciones reales a las causas de tan explosiva realidad.

Más combustible a la caldera

Los gobiernos de la post dictadura terminaron reservando una explotación minoritaria del cobre a la empresa estatal, y entregaron la mayor parte a consorcios trasnacionales. Estos se han llevado 200.000 millones de dólares, que en manos del Estado habrían permitido importantes mejoras a la salud, educación, vivienda, previsión social y otros ámbitos cuyos graves deterioros fueron insuflando indignación hasta el estallido social de estos días. A los ya señalados se suman factores no menos explosivos como los siguientes:

La corrupción se ha enseñoreado en sectores relevantes de la vida nacional. Ello tras haberse jactado el país de ser uno de los menos corruptos. Tiempo atrás se descubrió que las cadenas dominantes del mercado farmacéutico se habían coludido para controlar los precios. Sucedió otro tanto con los pollos. Después con los pañales, papeles higiénicos y toallas desechables. Se sospecha de otras colusiones por destapar.

Desfalcos enormes se han descubierto en altos niveles militares y de Carabineros, la policía militarizada. Dos excomandantes en jefe del Ejército han sido detenidos -en cómodas instalaciones militares, obviamente- por malversar millones de dólares. Veintiún generales del alto mando fueron por lo mismo a retiro. Otro exjerarca máximo está condenado por encubrir crímenes de la dictadura. De los 7 jefes supremos que se han sucedido desde esta última, 6 han sido requeridos por la justicia. El actual confesó que oficiales y tropas han registrado armas como perdidas para venderlas a narcotraficantes, y sostuvo que la corrupción afecta por igual a las otras ramas de la Defensa. La cúpula de Carabineros fue reorganizada este año tras la salida de 30 generales.

En el poder judicial, dos magistrados de corte fueron expulsados por prevaricación, otro se suicidó durante el juicio, y un fiscal está procesado. La corrupción e inequidad de la justicia son axiomáticas. Las cárceles abundan en mujeres pobres condenadas por “burreras” o microtraficantesde drogas, mientras poderosos “narcos” alardean dominando barrios donde la policía no se atreve a entrar. El pobre que en Chile roba una gallina puede ir por largo tiempo a la cárcel. En tanto, poderosos empresarios que defraudaron al Estado más de 1.000.000 de dólares fueron sentenciados a asistir a un curso de ética. Una ley sanciona severamente al culpable de una muerte por atropello que además huya. Menos al hijo de un renombrado político, que por ello resultó indemne. La delincuencia en escalada es una de las grandes preocupaciones públicas.

La corrupción y abusos en el ámbito político han llevado a este sector al mayor descrédito y repudio público. Piñera fue elegido presidente con más del 50% de abstención electoral. Manejos delictuales escandalosos para financiar campañas electorales han enlodado por igual a casi todo el espectro político. Completan el panorama los sueldos de los 43 senadores y 155 diputados nacionales. Superiores a 13.000 dólares mensuales equivalentes, más asignaciones y prebendas que los elevan sobre el doble, superan hasta en 70 veces el salario mínimo de un trabajador.

Grandes protestas públicas precursoras del estallido actual han provocado sucesivos abusos de consorcios que manejan el agua, la electricidad, el gas… La dictadura entregó a perpetuidad el agua de regadío a privilegiados que la monopolizan o venden hoy, en medio de una sequía inédita que arrasa cultivos extensos, ha secado ríos y está diezmando la pequeña ganadería. Carecen de agua potable y deben ser socorridos por camiones aljibes amplios sectores campesinos y urbanos.

No menores protestas han generado graves contaminaciones del ambiente, las aguas o el suelo en diferentes regiones, debido a gases venenosos o metales pesados que generan empresas altamente tóxicas, con riesgos públicos hasta mortales.

Trágicos resultados, perspectivas inciertas

El balance en más de tres semanas de conmoción pública ha contabilizado oficialmente veinte muertos; sobre 2.000 ciudadanos y más de 1.000 policías heridos; se habla hasta de 5.000 detenidos. En incendios, saqueos, vandalizaciones, destrucción de infraestructuras, bienes públicos y privados, hay costos incalculables. Sólo por la quema o vandalizaciónde 80 de sus 136 estaciones, trenes incendiados y la destrucción de estructuras, el Metro de Santiago estima pérdidas por 350 millones de dólares. Los desmanes contra comercios, empresas, recintos universitarios, iglesias y otras instituciones podrían superar con creces los 5.000 millones.

Organismos de derechos humanos han interpuesto más de 200 querellas por excesos en la acción represiva de las fuerzas de orden, a las que se atribuyen homicidios, torturas, graves abusos sexuales y otros delitos. Hay casi 200 lesionados en ojos por balines o perdigones policiales. Numerosos han perdido globos oculares o quedarán ciegos.

En una coyuntura tan crítica resulta especialmente lamentable la situación de la Iglesia jerárquica. La Conferencia Episcopal emitió un tímido primer comunicado que pasó casi inadvertido. Algunos obispos han reflexionado denunciando la violencia y la quema de recintos sagrados, y la propia Conferencia, tras reunirse de emergencia, emitió el 12 de noviembre un mensaje implorando el término de la violencia y la apertura a un diálogo amplio sin exclusiones. Entretanto la conferencia de religiosos, algunas congregaciones y grupos laicales comprometidos se han pronunciado con decisión frente a las causas y perspectivas de la conmoción social.

¿Cuánto más podría hacer una jerarquía eclesiástica que vive la etapa más oscura de su historia, por los escándalos y el descrédito público que ha provocado la retahíla de abusos sexuales y encubrimientos que destrozaron su imagen? ¿Con qué autoridad moral podría alzar con más fuerza su voz o tener presencia influyente para enderezar soluciones? ¡Qué lejos está la iglesia que fue “voz de los que no tienen voz”, respetada y amada por su pueblo porque arriesgó la vida denunciando los crímenes de la dictadura y defendiendo a las víctimas!

Por su parte, quienes dicen comprender que el gobierno decretara el estado de emergencia y sacara por más de una semana los militares a las calles, argumentan que no tenía alternativa cuando ya seis estaciones del Metro ardían al unísono, se extendían los desmanes, y las fuerzas policiales no daban abasto. Entre los que critican ácidamente los excesos represivos hay quienes piden incluso la renuncia del presidente Piñera.

Horquillado por el mayor estallido social que haya sufrido el país en décadas, el gobernante dispuso en primera instancia la anulación de las últimas alzas en el Metro y las tarifas eléctricas, y ha esbozado medidas como aumentos a las pensiones y salarios más bajos; alza de impuestos a los sueldos altos; rebajas de precios a los medicamentos; reducción de los ingresos y el número de los congresales; mayores fondos municipales en ayuda de las comunas más pobres, y apertura al estudio de una nueva Constitución. El Congreso apura leyes que podrían descomprimir el ambiente.

Que tales medidas en camino u otras posibles logren recuperar la tranquilidad social tan profundamente quebrantada en estos días, está por verse. La continuación de las protestas, exigencias, manifestaciones y violencias, el desquiciamiento de elementos primordiales de la vida diaria que aún persiste, no permiten avizorar el final de las réplicas al estallido social del 18 de octubre.

Pero hay cierto consenso en que se ha llegado a un punto de inflexión, y Chile no será el mismo de antes. El león herido no volverá a dormir como Alicia: en el país de las maravillas.

La Marginalidad Bajo la Alfombra

Por

Antonio Ramos Lecaros

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noviembre 30, 2019

Entre 1976 y 1978 y luego en 1987, se realizaron las “operaciones Confraternidad I y II”. Esta actividad consistió en desplazar a veintinueve mil familias, desde Santiago Centro, (Nueva Matucana y Zanjón de la Aguada) y de poblaciones de Las Condes, Providencia y Vitacura a unos potreros en Santiago Sur y Santiago Poniente para alojarlos en casetas sanitarias de madera, de treinta metros cuadrados.

Fueron trasladadas en camiones militares por una orden ejecutiva del gobierno que se acataba o se acataba. El sarcasmo fue mayor, cuando en la prensa se publicaban consejos acerca de cómo convertir el “living” en dormitorio para agregar felicidad y comodidad a la casa propia.

Fue el principio de la desigualdad en su forma más ruda, más brutal. Así, se comenzaba a instalar ese sentimiento de indignidad tan presente hoy. La marginalidad territorialluego trajo como secuela, la marginalidad social, económica y cultural, impuestas por la fuerza del autoritarismo encubierto como un acto caritativo envuelto en una denominada reforma urbana. Familias arrancadas de cuajo de su hábitat, del territorio donde trabajaba, donde tenía su entorno social, amical y familiar. Lejos de ese entorno que, en alguna medida, matizaba las violencias de la pobreza. Y allí se dejó a muchas familias desmembradas, libradas a su suerte, sintiendo un desarraigo brutal incomprensible para ellos, que empezó a destilar a acumular rabia en sus corazones.

Hace unos días en la Dehesa los vecinos gritaban a los manifestantes en el mall de su barrio «ándate a tu población roto de mierda”. Las imágenes muestran a muchas personas mayores que, asustados y furiosos, veían como estos “indeseables” de antaño regresaban por sus fueros, convertidos en clase media, a disputar su territorio cometiendo bullicio, reclamando restañar aquella injusticia.

Pero el problema y sus efectos son de mucha mayor envergadura. La marginalidad en todas sus expresiones es el resultado de una concepción de la vida social, según la cual, una parte minoritaria del cuerpo social, dueña de los medios de subsistencia, determina cómo debe vivir el otro, la masa, la muchedumbre. Una, parte dueña de una vida plena y la otra, obligado a luchar en una cancha desigual por su destino. Los dueños de la vida plena determinan cómo es la cancha en la deben luchar los otros que no tienen cómo evitarlo.

El modelo socio económico dentro del cual vivimos, es como un disco que gira generando fuerzas centrífugas que expulsan a los que carecen de atributos para permanecer arriba, hacia la periferia, hacia una existencia marginal de segunda categoría. La misma que aquí se la denomina “esforzada clase media”. Esta condición de ser marginal en Chile, es de antigua data. Reiteradamente ha sido expuesta en muchos estudios sociológicos y antropológicos ya que es un fenómeno recurrente en casi todos los países periféricos respecto del nuevo orden mundial globalizado.

Recuperada la democracia y después de algunos ajustes al modelo implantado por la elite dominante por medio de las armas, esta condición de marginalidad comenzó a ser edulcorada, revestida de posibilidades futuras, mostrando algún grado de mejoramiento objetivo de las condiciones de vida, superada la miseria extrema, pero trasladando, a través de múltiples efectos de mostración, principalmente mediáticos, la creencia de que era posible ser como los otros, vía el trabajo duro, el emprendimiento, el sacrificio y el esfuerzo.

Nadie se dio Cuenta. ¡Qué Frase!

El transcurso de este tiempo dulzón, lleno de ilusiones, transcurriendo en un clima de aparente concordia, de acuerdos, de votaciones, de simulacros de desarrollo, de discursos edificantes y de componendas soterradas entre los dueños de la cancha y los otros jugadores representados, ahora en democracia, por otros jugadores dueños de su propio juego, transable en el mercado, era lo que existía.

Pese a todo, crecientemente a través de los avances en las comunicaciones, empezaron a fluir corrientes de información, que neutralizaban los efectos de las cadenas controladas por la elite y se pudo ir conociendo el otro juego, en una especie de dip web negada a la muchedumbre, pero imposible de soterrar debidamente, e incapaz de negar la evidencia de este otro juego, donde se transaba el futuro de los otros, donde se empezó a ver con claridad la condición desmedrada y marginal de la esforzada clase media y de los otros.

“Nadie se daba cuenta” de esta acumulación de frustraciones en los corazones y el entendimiento de estas masas cada vez más ilustradas, informadas y capaces de visualizar su condición. Conscientes de recibir solo una parte de los beneficios mientras, la otra parte, le era negada vía subterfugios para goce y disfrute de los otros. Paciencia, no tenemos dudas que llegaremos al desarrollo, entonces…

Esta marginalidad, escondida bajo la alfombra, fue abruptamente develada. Una muchedumbre hastiada, incrédula, colérica, abusada hasta la saciedad llegó al fondo, asumió conductas disruptivas, desafiantes, sin aceptar que nadie se había dado cuenta porque ellos se habían dado cuenta. Porque no darse cuenta era el subterfugio para aquellos que sujetaban el status quo, aquellos que negaron el apoyo a las reformas propuestas que hubieran descompresionado este clima e instalado algo más de justicia para los abusados, aquellos que trasgredieron casi todas las normas, incluso las propias, para no poner en riesgo sus privilegios.

Y ahora están aquí. Lidiando con la muchedumbre, con el escenario estratégico hecho trizas, los programas de ofertas desfondados, perdido el control del juego, buscando como jibarizar las demandas, como conformar dando lo menos, endulzando, mintiendo, ofertando una vez más, amenazando, eludiendo las culpas.

Pero no. Todos sabían. Se dijo en todos los tonos. Conocían perfectamente qué estaban haciendo y cómo, confiados en que la idea de la sublevación ya estaba obsoleta, que era políticamente incorrecta, los chilenos no somos así, somos sensatos, Chile cambió decían, ahora solo es cuestión de cambiar el rumbo y levantar los corazones.

Pero, ahora ha quedado todo a la vista. Se han cumplido leyes de la historia. Un pensador decía que las clases detentadoras del poder no lo sueltan fácilmente, no entreganparte de sus privilegios si no sienten miedo de perderlo todo. Es lo que está sucediendo

Y ahí están, maniobrando.

Minuto 67 en La Florida y Minuto 92 en Lima: Momentos de Crisis y de Gloria en el Fútbol

Por

Cristián F. Roa

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noviembre 30, 2019

La alusión al tiempo no es casualidad en el título que he propuesto en el presente artículo. En los dos casos señalados, referidos a dos partidos de fútbol, esos minutos fueron determinantes para desenlaces que no sólo tuvieron repercusiones relevantes, sino -lo que es natural- un mar de reacciones, opiniones, análisis y, al menos respecto al hecho más lamentable, más de un dolor de cabeza.

Vamos a la parte desagradable del cuento: faltando sólo 23 minutos para que finalizara el pleito entre Unión La Calera e Iquique, que se disputaba en la semi tarde del viernes 22 en el estadio Bicentenario de la comuna de La Florida (empate a cero) y que reiniciaba la actividad de nuestro balompié rentado luego del estallido social, la llegada de un grupo de integrantes de la Garra Blanca -la barra brava de Colo Colo- motivó la interrupción del duelo y, acto seguido tras minutos que se hicieron casi eternos, de su suspensión.

El ingreso casi sin contrapeso de los barristas, en tono amenazante (al menos quienes se mostraban más, estaban encapuchados), el objetivo de parar la actividad a como dé lugar en abierto apoyo a las demandas sociales (en el caso de estos grupos -hay que decirlo- hay una actitud muy oportunista, que analizo en líneas posteriores) contrastaba en ese momento con la fragilidad de la seguridad para los jugadores y quienes asistieron al espectáculo (como afortunada paradoja: se jugó casi en familia: muy poco público).

Curiosamente el otro partido de la división de honor de nuestro fútbol fijado para esa jornada de reinicio, el duelo entre Cobresal y Unión Española, en El Salvador, jugado rato después (triunfo para los nortinos por 3 a 2), finalmente se transformó en el único duelo realizado en su totalidad de la vigésimo sexta fecha y,a la postre, el único efectuado en su integridad en las competencias mayores del fútbol rentado hasta ahora desde que se produjera el estallido social: 39 días. Por si fuera poco, hechos los análisis de rigor de todoslas instituciones involucradas, incluyendo al Sindicato de Futbolistas (Sifup, encabezado por Gamadiel García), se determinó la suspensión de las competencias vigentes del fútbol nacional profesional.

Este martes 26 se retomaron las negociaciones al respecto, pero sin resultados satisfactorios: por un lado el órgano rector, la ANFP, dejó absolutamente abierta la posibilidad de reanudar a la brevedad las contiendas de la división de honor y de la primera B, sólo por falta de quórum. La mayoría estaba en favor de suspenderlas (entre los equipos grandes, Universidad Católica, el actual puntero e inminente campeón; y Universidad de Chile, casi en zona de descenso, votaron a favor de seguir). La postura de la mayoría de las instituciones coincide también con lo determinado por el Sindicato de Futbolistas a nombre de sus representados: la inmensa mayoría de los capitanes optó por no jugar. No obstante, se «decretó» la ambigüedad: la reunión posterior entre el ente representativo de los deportistas, encabezado por Gamadiel García, y la élite directiva, liderada por Sebastián Moreno, sólo arrojó declaraciones de buenas intenciones. En todo caso, en la suma y resta, todo parece indicar que la inactividad prevalecerá.

Barras bravas: interlocutores no válidos

En otro plano, me apena y asombra el escaso vuelo analítico de los medios en torno a esta materia, que es igualmente sensible: no sólo por las implicancias deportivas, sino que también por las netamente humanas. Da la casualidad que quienes debiesen parar no son precisamente las barras bravas, sino que los auténticos empleados de los clubes: jugadores y cuerpos técnicos (no todos ganan millones), personal administrativo y auxiliar, y en general todas las modestas personas que tienen trabajos asociados con estos espectáculos, pero no un grupito de zánganos (disculpen el extravagante concepto, pero lo considero del todo válido) que se aprovecharon del estallido social para hacer casi una especie de lavado de imagen que, por lo demás, la tienen harto sucia.

Al respecto cabe «resaltar» las «joyitas» de las barras bravas y que bien fueron expuestas por el colega Juan Cristóbal Guarello en recientes columna e intervención radial: relación y protección de quienes son parte del modelo que dicen detestar (dirigentes), relación con el narcotráfico, interrupciones de partidos con escándalo, intimidaciones a la gente en pleno Metro y locomoción colectiva cada vez que hay un partido, amenazas a futbolistas y dirigentes que no son de su simpatía, delitos y homicidios (a veces entre integrantes de facciones de la propia barra), se pasean como «Pedro por su casa» en lugares de entrenamiento y dependencias de cada club, y por si fuera poco, mucha gente ha dejado de ir al estadio por culpa de ellos. Me refiero incluso a familias o grupos de amigos que antes iban completos o en apreciable número al cada recinto deportivo.

En efecto, por culpa de estos pa-rá-si-tos (disculpen ahora la brutalidad del énfasis de la palabra mencionada, pero creo que igualmente vale), los clásicos y los duelos de los equipos grandes en regiones se juegan más temprano que de costumbre (no es sólo una maña del Canal del Fútbol, CDF). Por culpa de ellos, también, los aforos permitidos en los estadios para los partidos de sus equipos han bajado. Más encima, con este indigno prontuario tienen el descaro de hacer una épica defensa al actual y potente movimiento social (que millones apoyamos) en la mismísima Plaza de la Dignidad (ex Plaza Italia). Estos sujetos de las barras son (y perdonen la expresión, aquí si podría haber una mejor…o peor) MUY CARADURAS.

Minuto 92

Al aspecto benevolente me referiré muy poco (lo bueno, a veces, por desgracia, no da para mucho). Un día después de lo ocurrido en La Florida y que condicionó el futuro inmediato de nuestro fútbol, la práctica de este deporte en el plano rentado vivió su oasis: no es que Lima sea necesariamente más pacífico que Santiago y que Perú sea más próspero que Chile, pero en la capital del vecino y nortino país se jugó este sábado 23 la final de la Copa Libertadores entre River Plate de Argentina, el campeón de la versión 2018, y Flamengo de Brasil…La finalísima debió jugarse en Santiago, pero por motivos que a esta altura son archinocidos y parte de nuestra memoria inmediata, fue trasladado a Lima.

Lo cierto es que nos perdimos de ver en vivo y en directo en nuestra capital un lindo partido entre dos tremendos equipos (de los elencos nuestros, quizás Católica se acerque un poco a los dos finalistas, pero aún así queda muy al debe). El escenario fue el estupendo estadio Monumental, propiedad de Universitario de Lima. La escuadra de la banda sangre, dirigida por el «Muñeco» Gallardo fue superior en llegadas y profundidad a la de la enseña carioca, pero ésta dejó atrás a los bonaerenses en tesón, entrega y garra. River sacó ventaja al minuto 14 gracias al gol del colombiano Rafael Santos Borré, hasta el minuto 89 parecía tener el partido controlado, pero el equipo del portugués en tres minutos dio vuelta el pleito: justamente en el mismo minuto 89 Gabriel Barbosa («Gabigol») logró el empate y, tres minutos más tarde, el astro brasileño ya señalado sentenció el 2 a 1. En síntesis, ¡Flamengo, campeón de la Copa Libertadores de América!.

En lo extrafutbolístico, los únicos episodios que pudiesen entrar en la categoría de violencia (si fuese necesario el término) tuvieron lugar fuera del recinto deportivo donde se jugó el decisivo partido: un incidente de tinte racista protagonizado por hinchas argentinos en contra de los seguidores del club brasileño, que no pasó a mayores; y un «enfrentamiento de cánticos» entre las dos barras involucradas, que no fue más …que eso.

En otras palabras, lo que ocurrió en el minuto 92 en la final del 23 de noviembre, en Lima, fue diametralmente opuesto a lo que pasó en el minuto 67 un día antes, en el marco de un duelo jugado casi en familia en La Florida. Dicho de otro modo, momentos de gloria versus la simbolización de una crisis.

Evelyn Villacura: “La Ley de Sala Cuna Universal Tiene Mucha Letra Chica”

Por

Cristián Tapia Álvarez

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noviembre 30, 2019

El collage de los carteles con las demandas sociales de estos últimos días es muy variado, aunque el que ha tomado más fuerza es el de “Nueva Constitución”. Sin embargo, hay otro que se ha ido multiplicando por la gran catidad de funcionarias y funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) que están en la calle haciendo patente su molestia con el Estado subsidiario que existe en nuestro país: “No a la ley de sala cuna universal”.

Y la alerta surgió porque justamente en medio de todas las movilizaciones sociales, el Ejecutivo el 22 de octubre puso “discusión inmediata” a este proyecto que se encuentra en su segundo trámite legislativo en la Comisión de Educación del Senado. Las críticas son variadas, pero las centrales son que es una nueva fórmula para beneficiar al empresariado y financiar también jardines privados, sin asegurar, nuevamente, la calidad.

Por lo mismo, las voces críticas se han multiplicado, y no sólo de las organizaciones de la Junji, sino que también del mundo político han expresado sus preocupaciones y molestias, como la senadora Yasna Provoste, quien aseguró que el gobierno de Sebastián Piñera quiere reinstalar el negocio en la educación, pero ahora a nivel de sala cuna y luego en los niveles medio menor y medio mayor en jardines infantiles.

En esta misma línea, la presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Junji (Ajunji) de la Región Metropolitana, Evelyn Villacura, sostiene que “el mal llamado proyecto de ley de sala cuna universal, es una nueva forma de seguir protegiendo al empresariado por sobre la educación, porque la educación no es bien de consumo, es un derecho que debe dar el Estado, es un derecho para los niños, quienes deben recibir una educación de calidad”.

-Las críticas apuntan, especialmente, a que esto es nuevamente un subsidio a los empresarios, ¿es real o una crítica infundada?

Hasta ahora ley dice que si tú eres empresario y tienes 20 mujeres, existe la obligación de pagar la sala cuna. Con este proyecto eso lo sacan de la ley, y entonces el empresariado no tiene la obligación de pagar sala cuna. Qué hacen, el Estado te pasa la plata, pero además, como está la ley, no se asegura que se ocupe para el pago de la sala cuna. Además, esta ley tiene varias particularidades, como el que si no tengo cotizaciones por seis meses seguidos, la madre no tiene derecho al beneficio. Tiene mucha letra chica.

-Pero el gobierno y los parlamentarios de Chile Vamos aseguran que mejora las posibilidades para que las mujeres puedan trabajar, gracias al acceso a sala cuna.

Es verdad que el Estado subsidia para el aceso a la sala cuna, pero como dije, tiene mucha letra chica. Con esta ley, aunque tenga más de 20 mujeres no estoy obligado ahora a pagar la sala cuna, porque ahora el Estado es el que subsidia, pero con el 0,1 de las cotizaciones de todas y todos. Además para poder implementar este proyecto de sala cuna universal, se sacará plata del fondo del seguro de cesantía, por lo cual no hay una inversión estatal o pública. Por eso es importante leer la letra chica.

–¿Cree que es factible poder detener la aprobación de esta ley, especialmente cuando Chile se está movilizado por verdaderos cambios sociales?

Actualmente está en la Comisión de Educación del Senado y los que no escuchan son los que están mandando, la derecha. Ellos defienden este proyecto, encuentran que es un buen proyecto y que realmente hace universal el acceso a las salas cunas. Pero no dicen a qué costo. Es verdad, se da acceso a sala cuna, pero eso no sigifica, por ejemplo que te déeducación de calidad. Además, en la ley se ocupa la palabra cuidadores y eso da para muchas interpreaciones. Por todo ellos, estamos trabajando para que no se apruebe.

-Llama mucho la atención que hable de “cuidadores”, ¿realmente no exige parvularias?

La ley no exige nada, sólo cuidadores. El concepto es cuidador, es decir, no está exigiendo que tenga preparación o estudios profesionales. La Junji seguirá atendiendo a los niños vulnerabes, y este beneficio que da el Estado es para las madres trabajadoras que no calzan en los parámetros de Junji. Es muy desigual, porque nuevamente el Estado va a subsidiar una educación que no es capaz de entregar. Si yo quiero entregar educación de calidad, como Estado, como garante, debo tener a los trabajadores públicos que entregan educación en buenas condiciones laborales, una buena infraestructura, capacitaciones coherentes al desempeño de grados, no por cumplir.

-Además del “no a la ley de sala cuna universal”, ¿quéotra demanda que apoyan o promueven?

Como asociación, si bien concordamos con todos los puntos que tiene la ciudadanía, queremos hacer el llamado que se mejoren las condiciones laborales de los trabajadores públicos y de la Junji, y que no estemos pensando a fin de año si nos van a contratar o no. Esa es una realidad del Estado, nosotros no tenemos contratos indefinidos. Le hacemos una prestación de servicio al Estado y a veces nos renueva y nos deja un año más. También estamos por un cambio de constitución, porque es del 80 y fue elaborada y redactada para los empresarios, está hecha a la medida de ellos, pero no para el pueblo.

Análisis Político: La Fragilidad Extrema

Por

Marcia Pineda Soto

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noviembre 30, 2019

Incertidumbre. Eso es lo que se respira en todos lados. Particularmente en los pasillos de La Moneda, en los del Congreso, en las sedes empresariales, en las casas de los partidos. Pero también en la calle. Porque, cruzado ya el punto de no retorno y cuando se puede afirmar sin temor a equivocarse que nada volverá a ser como antes del 18 de octubre cuando el país estalló por sus cuatro costados, surge la pregunta que todos se hacen y que aun no tiene respuesta: ¿saldrá Chile de esta situación que ya ha cobrado tantas víctimas y que transita en un área de fragilidad extrema luego de los últimos hechos de violencia?

Cuál más cuál menos tiene una respuesta de acuerdo a su real saber y entender. El gobierno y sus partidos ponen el acento en el orden público a todo evento; los políticos agrupados en la centro izquierda, en la agenda social y en su acuerdo político cuya construcción ha demorado mucho más de lo esperado, sin dejar de lado la necesidad de que el gobierno ordene la casa con las herramientas que ya tiene. Y el movimiento social, en su propia agenda que recién ahora, después de más de 40 días, un sector de esa mesa pudo entregarla personalmente al gobierno.

Pero, aunque es lo que más se desea, nadie está seguro de que la violencia que se ha visto en los últimos días vaya a amainar. Más aún cuando ya hay pruebas concretas sobre algo que se especulaba, pero sin certezas: grupos dominados por el narcotráfico estan detrás de saqueos, robos e incendios. El miércoles pasado, la PDI -que ha trabajado en silencio todo este tiempo-, logró desmantelar una banda ligada a los narcos y recuperó gran cantidad de artículos robados en los saqueos.

De tumbo en tumbo

Y mientras tanto, el Presidente Piñera transita de tumbo en tumbo, sin dar la respuesta que incluso en parte de su sector se espera, y sigue repitiendo las medidas anunciadas hace ya muchas semanas. Con un aditamento esta vez: recupera su lenguaje de guerra para afirmar -durante la ceremonia de graduación de Aspirantes a Detective 2017-2020– que tienen el «derecho y deber» de «defendernos» del poderoso “enemigo» que representan los hechos de violencia que han ocurrido en las últimas semanas en medio de la crisis social que afecta al país.

Fue cuando anunció que “la próxima semana vamos a enviar al Congreso Nacional, un proyecto de ley que va a permitir a nuestras FF.AA., sin necesidad de establecer Estado de Excepción Constitucional, colaborar en la protección de la infraestructura crítica de nuestro país”. El Mandatario añadió que las Fuerzas Armadas podrán proteger el sistema de abastecimiento eléctrico y de agua potable, entre otrosenclaves estratégicos de cualquier país. “De forma tal de garantizar el buen funcionamiento de estos servicios básicos que son vitales para la calidad de vida de las personas”, añadió. “Con esto estamos haciendo lo que muchas democracias desarrolladas hicieron antes que nosotros”.

La respuesta no tardó por parte de la oposición. El presidente del PPD, Heraldo Muñoz lo resumió así: “Me parece desconcertante, y me parece que no es el camino el desplegar a las FF.AA en instalaciones e infraestructura incluso policiales”. Dijo que “el camino es la salida política, el camino es la respuesta a la inmensa mayoría que está protestando pacíficamente para tener mejores pensiones, acceso a remedios, para tener soluciones al endeudamiento… eso no se ha respondido todavía, pese a la agenda parcial acordada entre el Senado y el ministro de Hacienda. Se requiere mucho más”. Y enfatizó en que hay que detener el “espiral de violaciones a los derechos humanos y la violencia anárquica, eso me parece fundamental”.

Otra fue la reacción de la DC. “Creemos que el control del orden público es prioridad, que, si es necesario que personal del Ejército, sin limitar ningún tipo de derecho ni de desplazamiento, puedan resguarda infraestructura crítica, creo que hay que evaluar esa posibilidad de todas maneras para liberar a Carabineros”, se dijo. Sin embargo, precisó que se debe analizar si el mejor instrumento para esto es una ley -como lo dio a conocer el Mandatario- o a través de una reforma constitucional. “Hay que evaluar, pero en principio me parece que no podemos negarnos a la necesidad de fortalecer el resguardo del orden público”.

El diputado DC Matías Walker escribió en su Twitter que “desde ya anuncio todo mi apoyo” a la iniciativa. “Infraestructura crítica entiendo es la que dice relación con servicios esenciales como provisión de agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones, etc. Lo relevante es que, al no generarse nuevo Estado de Excepción, no se restringen derechos y libertades constitucionales”.

El parlamentario Miguel Ángel Calisto opinó que “cuando las fuerzas de orden y seguridad se ven sobrepasadas por el vandalismo y la delincuencia, la autoridad política debe garantizar el Estado de Derecho. Además, garantiza derechos civiles que quieren desarrollar sus actividades en paz”. El diputado Gabriel Silber, en tanto, manifestó que “con la misma fuerza que pedimos al gobierno urgencia para la agenda social, debemos apoyar todas las medidas que den paz y seguridad a nuestros compatriotas. A no perderse”.

En este ir y venir de declaraciones creyendo tener la respuesta al momento crítico que se vive, el Presidente intentó retomar la agenda, pero -de nuevo- con los peores resultados para su deteriorada imagen. “Quiero invitarlo a la firma del acuerdo por la paz, la democracia y contra la violencia mañana lunes 25 de noviembre, a las 12.00, en el Palacio de La Moneda”. Ese mensaje estaba en la invitación que envió Presidencia a los presidentes del Senado, Jaime Quintana; de la Cámara, Iván Flores; de la Corte Suprema, Haroldo Brito, y al fiscal nacional, Jorge Abbott.

No resultó. En la reunión en La Moneda -en la que también estuvieron los ministros Gonzalo Blumel (Interior), Hernán Larraín (Justicia), Alberto Espina (Defensa) y Felipe Ward (Segpres)-, Piñera insistió en la idea de una declaración conjunta. Se buscaba con ello un consenso en la tramitación de seis proyectos: modernización de Carabineros; fortalecimiento del sistema de Inteligencia; las iniciativas antiencapuchados, antisaqueos y antibarricadas, y el estatuto de protección a las policías. Y se ponía énfasis en el proyecto que anunció Piñera el domingo, que busca que las Fuerzas Armadas puedan proteger infraestructura crítica sin recurrir a estado de excepción.

Esas intenciones se golpearon contra una pared unánime debido a que los representantes de los otros poderes del Estado advirtieron que el acuerdo necesitaba de mayor representatividad. El presidente del Senado Jaime Quintana señaló que “concordamos respecto de la preocupación sobre el orden público y la seguridad”, pero recalcó que “le hemos planteado al Ejecutivo que tiene que haber una respuesta eficaz, donde se enfrente con decisión y firmeza el orden público sin que eso signifique afectar garantías constitucionales”. Por su parte, el presidente de la Cámara, Iván Flores, coincidió con su par y expresó que no podía arrogarse la representación de todos los diputados.

Desconfianza profunda

En realidad, son pocos los que están conscientes que la anomia que se está viviendo llegó para quedarse por largo tiempo. Y son pocos también en la clase política que se dan cuenta que los depositarios de la rabia y hasta del odio de la mayoría de los ciudadanos, son precisamente los políticos, llámense gobierno, partidos, parlamentarios. De ahí que lo que ha emanado de ellos esté rodeado de una profunda desconfianza hasta ahora.

De acuerdo a las declaraciones de ambos sectores políticos, oficialismo y oposición, pareciera que en Chile conviven mundos paralelos. Por una parte, la oposición que se une y se desune con una facilidad digna de mejor causa, pero con todo, está trabajando por una solución política a la crisis. Y el oficialismo que da y quita, sin poder ocultar que no quiere los cambios que la gente pide en las calles. Son pocos en la derecha que se dan cuenta que el estallido es serio. Que con pocos caramelos no se va a aquietar el pueblo que marcha. Son más los que piden orden y mano dura.

Por ejemplo, la UDI demanda ya acciones concretas y urgentes por parte del gobierno. Una carta para el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, señala: “ Vemos con preocupación que el orden público y la paz social en nuestro país está debilitándose de manera peligrosa. La sociedad chilena está llegando a niveles de inseguridad prácticamente intolerables. Ciudades como Arica, Antofagasta, Iquique, Coquimbo, Valparaíso, Concepción, Copiapó, Santiago, Valdivia, La Serena, Rancagua, Osorno y Puerto Montt, entre otras, han sido literalmente arrasadas por turbas de narcos, lumpen y antisociales que se sienten en la más absoluta libertad de saquear, robar y destrozar la propiedad pública y privada, con un desparpajo que tiene asombrado a todo un país”.

Luego de señalar que “no podemos permitir que un grupo de desadaptados ponga de rodillas a todo el país”, los diputados UDI expresan que “llegó el momento de que nuestro ministro del Interior asuma su rol fundamental, que es resguardar y mantener el orden público. Si bien tenemos que seguir avanzando en materia constitucional, en acuerdos por la agenda social, no podemos olvidar el rol fundamental, que es tener mano dura con el lumpen que está destruyendo todo” y llaman a Blumel a resguardar el orden “sin miedo”. De paso, le piden al ministro del Interior abocarse a restaurar el orden, y que “no pierda el tiempo reuniéndose con organizaciones que no quieren la paz, quieren que el Presidente Piñera renuncie y el desorden continúe”, refiriéndose al encuentro con la Mesa de Unidad Social que el Secretario de Estado tuvo hace unos días.

El senador Moreira fue más allá. “Yo le pido al Presidente ahora la zona de estado de emergencia. Yo sé lo que estoy diciendo no es muy popular, porque van a decir ‘este facho apoyó el gobierno militar, está con los milicos, etcétera’. Pero lo que digo, creo interpretar a muchos chilenos”.

Tiras y aflojas en la derecha

Ese es un tipo de presión en la derecha. La más brutal. Otro, es la que encabeza el senador Andrés Allamand, que constantemente ha torpedeado las gestiones del presidente de su partido, Mario Desbordes que ha estado llano no sólo a lograr un acuerdo en puntos estratégicos con la oposición, sino en la tarea de convencer a su propio gobierno de la necesidad de responder al clamor de la gente.

Desbordes ha dicho que es urgente avanzar en un paquete de reformas sociales en salud, pensiones, CAE, sueldo mínimo y en una agenda anti abusos. “Lo que menos tenemos es tiempo y no hagamos ahorros donde no corresponde. Con esa agenda en serio, le vamos a ahorrar plata al Fisco y no con la billetera apretada en la mano”. “Es evidente que los 4 millonesde personas movilizadas exigen una respuesta y si alguien es tan cándido o tan patudo para pensar que esa gente se va a desmovilizar sin respuestas concretas, es que no está entendiendo nada”.

Y así advirtió sobre el futuro inmediato: “Puede que el desgaste sirva, Navidad, Año Nuevo, febrero, y es probable que la gente se vaya de la calle. Pero ¿en marzo? Si no tenemos respuestas, si somos capaces de hacer reformas profundas, en serio, no cosméticas, no parches, esto va a explotar mucho más, no van a ser 4 millones, sino 5 o 6 millones. Es muy difícil que un gobierno se sostenga con 4 millones de personas en las calles en un país de 16 millones, estamos hablando de un 25% de la población”. Para el presidente de RN, la situación es clara y “solo respondiendo a las demandas de la ciudadanía se va a aislar a los violentos”.

Pero, para Andrés Allamand, la gente y sus demandas no existen. Dijo que su sector enfrenta cuatro desafíos: «El primero es saltar la valla del plebiscito de abril…en un plebiscito extraordinariamente importante, vamos a votar legítimamente divididos; por lo tanto, habrá que ser particularmente talentosos políticamente para manejar esa diferencia y que ella no resquebraje la coalición». En segundo lugar, tenemos que movilizar a toda nuestra gente para la elección de convencionales, ya sea en el formato de convención íntegramente elegida, o mixta», añadió el senador. En tercer lugar, para Allamand, la centroderecha tiene que ayudar a la recuperación del Gobierno, «que objetivamente pasa por un momento de debilidad».

Y aquí le lanza el zarpazo a su adversario, Desbordes: «Veo este último aspecto con gran preocupación, porque algunos de nuestros dirigentes están abrazando la retórica de la izquierda, comprando la idea de que los últimos 30 años el país fue un desastre, y que nada hay de rescatable en el proyecto país que se impulsó desde el retorno a la democracia. Veo ahí un peligroso margen de confusión».

Y volvió al corazón del neoliberalismo señalando que “creo que con más fuerza que nunca tenemos que insistir —en un momento en el que nadie habla de ello— en la fuerza y en el valor que tienen el progreso y el crecimiento para resolver en forma permanente los problemas de los países. En la valoración del emprendimiento y de la iniciativa individual, en la necesidad de la retribución del mérito, en la permanencia de la libertad de elegir y de que existan siempre oportunidades para las personas. No es el momento de abandonar los principios de la centroderecha, sino por el contrario, es el momento de defenderlos con más fuerza», sentenció.

En el vendaval de declaraciones, apareció otra por parte de un grupo de senadores de diferentes bancadas. «El país enfrenta una crisis de violencia y vandalismo que amenaza nuestra democracia». Así comienza la declaración que durante la noche de este miércoles salió del Senado, sin la firma de los senadores Francisco Huenchumilla y Yasna Provoste, ambos de la DC, y con la firma de José Miguel Insulza, que sería la única del Partido Socialista (PS) en dicho documento.

«Todos los que suscribimos este documento condenamos la violación de los DDHH, concurrimos a un acuerdo Constitucional, y estamos trabajando en la construcción de una agenda de reformas económicas y sociales que la ciudadanía ha demandado de manera contundente», plantea el comunicado. En la declaración, los parlamentarios hacen un mea culpa al reconocer que se ha llegado tarde y que las medidas para paliar la crisis son «insuficientes». «Todos hemos llegado tarde, hemos fallado, no hemos estado a la altura», sostienen.

Ante este panorama, los senadores plantearon una serie de medidas que permitan «recuperar la paz, garantizar el respeto irrestricto a los Derechos Humanos, y terminar con la violencia». Proponen al Gobierno «implementar una agenda social profunda con cambios estructurales para enfrentar las desigualdades de nuestro país». Seguidamente, aseguraron que avanzarán «en la agenda legislativa de seguridad que incluye proyectos que permitan reformar las policías, inteligencia y fortalecer las facultades del Estado para enfrentar los saqueos, barricadas y la acción violenta de los delincuentes».

«Aún es tiempo de hacer lo correcto, debemos asumir con coraje nuestra responsabilidad y evitar que el vandalismo quiebre nuestra democracia y la convivencia entre nosotros». Destacan que «Chile es hoy un país profundamente dividido, fracturado por la conmoción interna. Son momentos únicos en nuestra historia que, por lo mismo, requieren de soluciones excepcionales. Chile requiere encaminarse sin violencia a un proceso de reunificación cívica y social. Ello supone por cierto un esfuerzo económico significativo, un compromiso político y social inequívoco con la democracia, y un inmediato fin a la violencia

Caminos paralelos

Y mientras el dólar volaba y obligaba al Banco Central a intervenir, la Mesa de Unidad Social daba cuenta de su encuentro con el Ministro del Interior y se aprobaba en la Cámara de Diputados, la acusación contra el ex ministro Chadwick, que ahora pasará al Senado, la mesa técnica armada a propósito del Acuerdo sobre la nueva Constitución, continuaba lentamente su trabajo, ahora paralizado por la nueva propuesta de Chile Vamos en torno a escaños para el mundo indígena, a la paridad de género y a la forma de participación de los independientes en el plebiscito de abril.

La propuesta oficialista no fue bien recibida. “En rigor,es un portazo a las propuestas que hemos realizado”, señaló el presidente del PS, Álvaro Elizalde. “Lapropuesta de la derecha es una forma elegante de decir no a todo lo que les propusimos. Porque señalan que tienen disposición a abrirse a estos temas, pero sus propuestas no dan cuenta del mínimo que uno podría considerar razonable respecto de la necesidad de establecer escaños reservados para pueblos indígenas, equidad de género”.

La oposición ha insistido en aplicar escaños reservados para los pueblos originarios algo que fue aceptado en su momento por Evopoli y RN, pero rechazado por la UDI. Dicen en la derecha que esta propuesta, que deja en punto muerto las negociaciones, es lo “máximo” que se pudo acordar al interior del oficialismo.

Y curiosamente, todos quienes han participado de las negociaciones, coinciden en señalar que el grupo liberal de la derecha, Evopoli, volvió a su origen: la UDI, con quienes coinciden en todos los puntos en contra de las propuestas opositoras.

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