Hemos visto repetido hasta el cansancio el reclamo de la gente contra los saqueos, robos y vandalismo en general que azota el país, generalmente al término de las multitudinarias marchas y movilizaciones pacíficas registradas en las últimas semanas en todo Chile.

La derecha acusa que detrás de estos delitos hay grupos organizados, dirigidos, armados y financiados por partidos de izquierda. Pero esta imputación, en general, es falsa. Y es falsa porque, contrariamente a lo que cree la derecha, nuestro partido hoy no está inserto en las poblaciones populares de Chile.

Durante la dictadura, desde las primeras protestas en 1983, los partidos que formamos parte del Movimiento Democrático Popular (MDP) ayudamos a encauzar el descontento social contra Pinochet, coordinando las protestas y paros en los diversos territorios de Santiago.

Al mismo tiempo, fuimos capaces de crear «grupos de control» integrados por militantes, especialmente de las juventudes, que tenían como misión acompañar las marchas populares y evitar los saqueos y robos durante ellas. Estos compañeros trabajaban coordinados y en las protestas marchaban armados con un palo (en general, un listón de 50 a 70 centímetros) y un pañuelo rojo al cuello. Estos grupos de «control» hacían sus ejercicio de coordinación en los cerros de Santiago (Renca, La Pincoya, Peñalolén).

Solo en la zona norte de Santiago el MDP llegó a tener entre 200 a 300 de estos compañeros «controladores».

En dictadura hubo un grupo político que se dedicó a saquear locales comerciales y ese fue el Mapu Lautaro, el cual robaba farmacias (bajo la consigna «el pueblo tiene derecho a la salud»), botillerías («el pueblo tiene derecho a tomar»), camiones con pollos («el pueblo tiene derecho a comer») y después repartía las mercaderías en las poblaciones. Claro que en esos robos y asaltos protagonizaron chascos que ya son mito urbano, como por ejemplo, que en el saqueo a un local de Bata solo pudieron robar los zapatos derechos, ya que el local los tenía de muestra y los otros pares izquierdos estaban guardados en la bodega.

A combo limpio

Sobre ellos, el MDP no tenía control. Incluso, rivalizó en algunos casos a combo limpio en las calles, cuando el primero organizaba una barricada y los Lautaro llegaban 15 minutos antes al lugar y hacía la suya, dejando a los del MDP con todo el material y con la represión encima.

Entonces, durante las protesta contra Pinochet no se registraron saqueos masivos ni generalizados, ya que la organización y control de las protestas y marchas estaban encabezadas por los partidos de izquierda, que en esos tiempos sí estaban profundamente insertos en los sectores populares.

El MDP desapareció en 1987, cuando se creó la Izquierda Unida. Se incorporaron el PR, el Mapu y la IC. Es decir, se amplió alcanzando nuevos sectores, pero perdió profundidad ideológica.

Después, nació la Concertación y con el regreso de la «democracia», el PS llamó a sus dirigente sociales a «no hacerle olitas» al Gobierno de Aylwin, por temor a los militares.

Entonces, se produjo un reflujo del movimiento social y los territorios quedaron vacíos de conducción política. Este vacío en las poblaciones lo llenaron dos actores: la UDI «popular» y los narcotraficantes. Eso ocurrió entre 1990 y 1996. Esta nefasta alianza permitió que el partido de Jaime Guzmán ganara alcaldías donde antes campeaba la izquierda.

Desde 1998 surgió una voz crítica dentro del PS en el Congreso de Concepción, llamando a «volver a los territorios», una letanía que se mantiene hasta hoy. ¿A qué va a volver el PS a las poblaciones, después que las dejó abandonadas durante casi 30 años? Salvo comunales que son honrosas excepciones, los pobladores recibirán a los socialistas a patadas. Lo mismo en los sindicatos y las organizaciones sociales.

Por eso es que hoy vemos cómo encapuchados saquean a destajo supermercados, locales comerciales, etc. Ningún militante del PS puede pararse frente a ellos para impedirles su actuar. Ya no tenemos la estatura moral para ello. Antes, teníamos detrás nuestros muertos, desaparecidos, nuestros mártires caídos en las protestas. Los pobladores y trabajadores nos veían junto a ellos en las protestas en las calles, arriesgando el pellejo igual que ellos. Entonces, nos respetaban, nos escuchaban y nos hacían caso. Hoy no. Hoy solo damos vergüenza. Nos acusan como partido de corruptos, «vendidos al neoliberalismo», traidores, etc, etc. Nos acusan que cuando estuvimos en el Gobierno como Concertación, en vez de defenderlos frente al azote del modelo neoliberal, de llamarlos de nuevo a las calles para derribar el modelo pinochetista, los dejamos botados y profundizamos y usufructuamos de ese modelo. En suma, que les dimos la espalda y que olvidamos a Allende.

Saqueos a sedes partidarias

Ese abandono de ayer es el que hoy tiene al PS y a otros partidos de izquierda como meros espectadores y totalmente inmovilizados frente a los saqueos, en particular, y también frente al gigantesco movimiento social que se levantó en Chile por fuera de los partidos, en general.

Por algo atacaron la sede central del partido y otras sedes regionales.

El saqueo es un acto material, pero también es el símbolo más violento de la rabia y el descontento popular. Los necesitados roban comida, ropa, pañales, para ellos o para vender en la feria. También es cierto que dentro de los saqueadores hay delincuentes y grupos organizados. Pero si ellos campean hoy en las poblaciones, es por nuestras culpas de ayer. Abandonamos como partido a la gente a vivir en medio de las balas y las drogas. Nos hicimos los huevones y nos acomodamos en nuestras zonas de confort, en vez de dar la lucha por ellos, defenderlos y representarlos. No lloremos si nos escupen en la calle. Es posible que lo tengamos merecido.

Lo impensable, lo inimaginable sucedió. La derecha, que durante decenas de años defendió con dientes y muelas la Constitución con que su líder dejó amarrada y cautiva la democracia, presionada por la gente que por más de tres semanas no cedía y seguía en las calles reclamando más justicia y más dignidad, finalmente debió dejar de lado sus temores y aprobar un plebiscito para cambiar la Constitución de su venerado Jaime Guzmán.

Contra esto se estaba luchando en los pasillos del Congreso en frenéticas horas de negociación, a vista y paciencia de los medios que seguían atentamente los conciliábulos. Muy lejos de parecerse a la “cocina” del 2014, cuando entre las cuatro paredes de su casa,Andrés Zaldívar, en base a negociaciones muy criticadas posteriormente, logró acuerdos con la derecha respecto a la reforma tributaria.

Esta vez no ocurrió así, aunque los detractores del acuerdo intentaron débilmente instalar tal idea. Es que el potente diálogo que se instauró en esos pasillos fue transversal, desde la UDI al Frente Amplio, a excepción del Partido Comunista. Fueron horas de nerviosismo y ansiedad que finalmente se sellaron con un histórico “Acuerdo por la paz y la nueva Constitución”.

Así, comenzó a morir lento, pero seguro, la Constitución de Pinochet. Esa que tantas veces se quiso matar y que nunca se pudo, hasta ahora. Los rostros de los principales dirigentes, particularmente de la UDI, lo decían todo. De hecho, la presidenta gremialista se había referido a las protestas que ya acumulan más de 3 semanas de esta manera: «Lo que detonó en la calle fueron nuevas pensiones, fue una demanda social, real, que me parece absolutamente legítima. Hoy ¿quiénes están sosteniendo una nueva Constitución?, los grupos violentistas que están en la calle y que yo creo que son de extrema izquierda».

Pero, la realidad es dura y debieron rendirse a la evidencia que las multitudes, contrariamente a lo que anhelaban, no se iban a rendir y que el cambio debía ser de verdad. Se abrieron entonces a un plebiscito de entrada para consultarle a chilenos y chilenas si deseaban una nueva Constitución y, tan importante como aquello, bajo qué mecanismo. En abril de 2020 los ciudadanos del país, hombres y mujeres decidirán sí o no, y si prefieren una Convención Constitucional , con el 100 por ciento de delegados electos, es decir una Asamblea Constituyente; o una Asamblea o Convención Mixta Constitucional, compuesta por el 50por ciento de parlamentarios en ejercicio y 50 por ciento de delegados electos. Eso, además de un plebiscito de salida o ratificatorio.

Las elecciones para elegir a los integrantes de la asamblea encargada de redactar la nueva Carta Fundamental se realizarán junto con las elecciones municipales y de gobernadores de octubre del próximo año. Rigen las mismas reglas de la elección de diputados.

La larga marcha

La Asamblea, sea cual fuere la que gane, tendrá como misión redactar la nueva Constitución, pero con acuerdos que requerirán un quorum de 2/3. Esto fue justamente la muralla que durante horas no pudieron traspasar los negociadores. Iban y venían. De repente, sonrisas, De repente, caras adustas.

Para la oposición fue un portazo la propuesta deloficialismo, que planteó que, si la asamblea encargada de la Nueva Constitución no alcanzaba los 2/3 en cualquier capítulo, entonces prevalecería la versión consignada en la actual Carta Magna, vale decir, la Constitución de 1980. Así, los 2/3 se habían transformado en un verdadero veto, tal como la mente privilegiada de Jaime Guzmán lo había planificado por allá por la década del 70.

“En vez de gobernar para hacer, en mayor o menor medida lo que los adversarios quieren, resulta preferible contribuir a crear una realidad que reclame de todo el que gobierne una sujeción a las exigencias propias de esta. Es decir, que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque al margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido como para hacer extremadamente difícil lo contrario”… (Jaime Guzmán, concepción de su democracia protegida, autoritaria, Revista de Ley y Política)

Para la oposición fue una exigencia inaceptable. Surgió la idea, entonces, de la hoja en blanco, es decir, si no se llegaba a acuerdo en algún punto, estarían obligados a agotar las negociaciones, de lo contrario, de no acercar las posiciones, se dejaría de lado, pero sin que apareciera la sombra de la Constitución Pinochetista. Ahí es donde aparece la llamada “hoja en blanco”. Finalmente, una frase zanjó el punto: “la nueva Constitución regirá en el momento de su promulgación y publicación, derogándose orgánicamente la Constitución actual”.

¿Cómo se llegó hasta ahí? Fue un camino rudo. Probablemente sin prever las consecuencias y, sin que la derecha aún no lograra en ese momento dimensionar la crisis social, política y a estas alturas económica en que está subsumido el país,  las negociaciones de los partidos respecto a la salida al conflicto habían llegado a un punto muerto. Durante horas se mantuvo la incertidumbre. Hasta que, cerca de las 2.30 de la madrugada del viernes 15 de noviembre, se firmó el histórico acuerdo que permitirá terminar con la Constitución de Pinochet y Jaime Guzmán si el pueblo así lo decide.

No fue fácil el último tramo. Cuando se supo el miércoles pasado que la oposición primero y luego todo el espectro político había comenzado a negociar para destrabar la crisis y llegar a un acuerdo, ya en las redes sociales y entre muchos comentaristas de la realidad nacional se hablaba de “la cocina”. Es justamente lo que ha reclamado el pueblo en las calles: no tener acceso a opinión ni a decisiones que siempre quedan en manos de los “iluminados”.

La sola mención de “la cocina” era y es aún toda una señal para los partidos. Difícilmente se aquietarán las aguas tan convulsionadas en el país, si en la solución no están considerados los protagonistas principales que al parecer son liderados por la Mesa de Unidad Social, integrada por más de 115 organizaciones sociales, entre ellas, la Coordinadora no + AFP; Confech; Anef; Cut; Colegio de Profesores; Modatima; Vendedores Ambulantes de Santiago, Sindicato Starbucks Chile; Coordinadora Feminista 8M; Fenats; Confusam; Fenpruss y representantes de organizaciones regionales.

La situación era de gravedad, tomando en cuenta el descontrol en que se vio envuelto el país el pasado martes, cuando saqueos, incendios y vandalismo opacaron las multitudinarias y pacíficas marchas que se sucedieron a lo largo y ancho de Chile.

Fue el día en que durante una hora y media la televisión mostraba un solitario pódium en La Moneda, a la espera de la palabra del Presidente. La demora había dado paso a todo tipo de especulaciones, fundamentalmente porque el Mandatario no dijo nada nuevo, salvo el llamado a reservistas de Carabineros e Investigaciones a incorporarse y llamar a tres acuerdos: por la paz; por la justicia y por la Constitución. De hecho, el presidente de RN confirmó que se evaluó decretar estado de emergencia, pero que finalmente se descartó.

Flanqueado por los ministros del Interior y la Segegob y sin el de Defensa que también llegó ese día a La Moneda, por lo que muchos supusieron que se decretaría estado de emergencia, el Mandatario señaló que “la grave situación que vive nuestro país exige, y con urgencia, dejar de lado todas las pequeñeces y las miserias». Luego, hizo un llamado a concretar tres acuerdos nacionales para superar la crisis. Un acuerdo por la paz, “que nos permita condenar en forma categórica y sin ninguna duda” la violencia ocurrida en las manifestaciones; un acuerdopor la justicia, “para impulsar una robusta agenda social” y “un Chile con mayor igualdad y menos privilegios”. Y como tercer acuerdo, el mandatario mencionó la Nueva Constitución, con un plebiscito ratificatorio.

No cambios, sino nueva Constitución

Poco antes, el ministro del Interior había explicado la propuesta gubernamental, cambiando incluso lo que Piñera había dicho el día anterior en entrevista con El Mercurio, anunciando que “el gobierno está preparando un proyecto con cambios a la Carta Magna”. Luego de una larga reunión en la casa del Presidente, de la cual la presidenta de la UDI salió con cara de pocos amigos, el ministro señaló: “tenemos que crear un mecanismo que permita introducir cambios profundos que puedan incluso derivar en una nueva Constitución”.

Anunció que “vamos a sumarnos activamente al debate constitucional (…) como Gobierno tomamos la decisión de impulsar el debate constitucional, vamos a impulsar un mecanismo de cambio constitucional (…) Y explicó que “tiene que ser un mecanismo institucional, democrático y deliberativo. Nosotros creemos que un Congreso constituyente es una muy buena opción, también está la opción de una convención constituyente (que se va a evaluar). El segundo criterio es que tiene que ser un proceso participativo, a lo menos un plebiscito ratificatorio (…) que el texto que surja del Congreso constituyente sea validado por todos (…) Un tercer criterio es que debe tener plazos, un cronograma establecido. De aquí a (el término de) este periodo presidencial”, detalló el ministro Blumel.

La respuesta llegó rápido. Por primera vez en varios años, la oposición se unió para plantear su posición: plebiscito y Asamblea Constituyente, única alternativa para responder a las demandas de participación ciudadana que se ha expresado en la calle. “La propuesta de un Congreso Constituyente por parte del Gobierno, se aleja de la demanda popular por participación y deliberación en la importante tarea a la que nos enfrentamos. Tanto para la opinión pública, como para expertos y organizaciones de la sociedad civil la Asamblea Constituyente es el mecanismo más democrático para garantizar una amplia participación ciudadana que otorgue plena legitimidad al proceso”, indica la declaración. Luego, los partidos de oposición subrayan que la AC es un “órgano deliberativo e institucional, con delegados y delegadas electas democráticamente, con inhabilidades para asumir cargos futuros, debe ser convocado única y exclusivamente para redactar un nuevo texto constitucional que deberá ser sometido a referéndum”.

Incredulidad en lado y lado

No todos creyeron en lo que planteaba el Ejecutivo. Tras el anuncio de un congreso constituyente realizado por el Ejecutivo, el senador Manuel José Ossandón (RN) planteó en Cooperativa que el Parlamento no tiene la credibilidad ante la ciudadanía para liderar el proceso de una nueva Constitución. Asegurando que sus dichos representan la postura de varios parlamentarios RN, Ossandón dijo que “lo que más me preocupa es que no se han dado cuenta de la gravedad de esta crisis. Aquí no está en juego el futuro del gobierno, aquí nos estamos jugando la democracia”, afirma. Y añadió: “me sigue pareciendo insuficiente, ya que, la nueva Constitución no se puede construir entre cuatro paredes, hoy no tenemos el piso para eso, además el contexto de sus dichos apunta mucho más a desconocer la razón de fondo de esta catástrofe social. O a no entenderla. Si el Ejecutivo no logra descifrar y aceptar esa variable, siempre va a condicionar el mecanismo para definir la nueva relación entre el Estado y los ciudadanos”.

En la misma línea se había pronunciado en esos días el presidente de Renovación nacional, Mario Desbordes, convertido en el favorito de la oposición para las negociaciones. Hasta ahora. «Estamos sobregirados en el tiempo. Creo que esto tiene que ser hoy o mañana a más tardar y espero que los violentistas, que van a seguir intentando derribar la democracia no lo logren, lleguemos a acuerdo rápido», aseveró el diputado.

Fue el momento también en que el presidente de la DC aprovechó para plantarse como interlocutor, luego de haber quedado herido por el acuerdo de sus senadores con el gobierno donde no tuvo participación ninguna, para destrabar la reforma tributaria. «Vamos a cobrar la palabra al Presidente en el sentido de alcanzar los acuerdos nacionales para alcanzar la paz y hacer los cambios que nuestro país necesita. Vamos a intensificar todas las conversaciones con Chile Vamos y el Gobierno. Todos tenemos que poner de nuestra parte y ceder en nuestras posturas «, aseguró Fuad Chahin.

El presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, destacó que el Gobierno se abriera a una nueva Carta Fundamental , pero insistió en que “nosotros seguimos sosteniendo con fuerza nuestra propuesta y nuestra exigencia en que el primer paso sea un plebiscito vinculante en que la ciudadanía se pronuncie sobre la necesidad de una nueva Constitución y sobre el mecanismo más representativo y democrático a través del cual me parezca que debe llevarse adelante este proceso de construcción de la nueva Carta Fundamental”.

También se había pronunciado el Frente Amplio, que en su mayoría participó en las negociaciones. “El Frente Amplio no participa ni participará de ninguna “cocina”. Respetaremos las exigencias de las mayorías ciudadanas. Reconocemos en la Mesa de Unidad Social, en los movimientos sociales que ahí participan y en el impresionante desarrollo de los cabildos y asambleas ciudadanas, a las fuerzas legítimas que impulsan las transformaciones que Chile requiere”.

El presidente del Partido Socialista, senador Álvaro Elizalde había manifestado en varias oportunidades que «lo importante» es que el Gobierno exprese su disposición a un proceso constituyente «con una real participación ciudadana». «Un acuerdo entre cuatro paredes que implique modificaciones cosméticas a la Constitución no va a ser una respuesta adecuada para la crisis que está afectando a nuestra sociedad», agregó. Además, mencionó el proceso de elaboración de la nueva Constitución «debe ser de cara a la ciudadanía con participación de la gente a través de un plebiscito». «Lamentablemente el Presidente se acostumbró a llegar tarde y a realizar propuestas que son tardías e insuficientes».

El presidente del Partido por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, expresó que “el Ejecutivo hasta ahora ha llegado tarde a todo, pues no es capaz de admitir que la realidad cambió y, en este caso, podría recuperar la iniciativa al convocar un plebiscito para una nueva Constitución».

¿Y el PC?

“Se ha logrado el plebiscito, se ha logrado que este plebiscito pregunte por el mecanismo que se va a usar para construir la nueva Constitución, eso es un paso adelante innegable”, dijo el presidente del partido Comunista, Guillermo Teillier en El Siglo. El parlamentario agregó que “nosotros vamos a participar de todo el proceso, indudablemente, en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Constitución, y después en todo el proceso que venga para adelante.

“No deslegitimamos ningún acuerdo. Reitero, es un avance grande que valoramos que vamos a poder reemplazar la Constitución. El acuerdo es muy parecido a la indicación que presentamos en la Comisión de Constitución para establecer un cambio”, añadió. El diputado aseguró que “estamos analizando el acuerdo” y aclaró que no fueron parte de las reuniones porque “a la hora que nos invitaron, ya están tomadas las decisiones y cuando preguntamos si podíamos incidir en algo, nos dijeron que no”. Teillier señaló que uno de los puntos con el que difieren del acuerdo es que “cuando nos dicen que el quórum para producir los cambios es de 2/3, dijimos que nos parecía muy alto porque le estábamos dando poder de veto a la minoría, a un tercio sobre dos tercios”.

Distinto es lo que piensa otro comunista, el abogado constitucionalista Jaime Gajardo.  “Es un gran paso para nuestro país”, dice. “Que se haya logrado un plebiscito para ver si los chilenos quieren nueva Constitución o no es muy relevante. Y también lo es que exista la opción de que se defina a través de una asamblea constituyente. Lo mismo se hace desde una hoja en blanco y se desmonta la Constitución del 80 desde el día uno”, remarca.

Respecto al quorum, Gajardo señala: “Creo que el quórum es alto, pero no exageradamente”, sostiene. Añade que “hubiera sido mejor 3/5, pero es más relevante partir de una hoja en blanco. Eso es más sano y democrático y me imagino que obligará a acuerdos en muchos aspectos. Eso permite que la Constitución sea una casa de todos”. Y asegura que “la lectura de que (el quórum de 2/3) es poder de veto es errada”.

Y, al menos uno de los dirigentes de la Mesa Social, Luis Mesina, de No + AFP destacó el acuerdo.“Cualquier paso en la dirección de acabar con la Constitución del dictador es un avance”. “El que anoche se abriera la posibilidad de acabar con la Constitución de Pinochet/Guzmán/Lagos demuestra que sólo movilizados podemos derribar candados jurídicos y políticos y, avanzar en la conquista de derechos”, planteó el líder social.

Recién a las 2.30 de la madrugada, la mayoría de los presidentes de los partidos con representación parlamentaria se sentaron en el escritorio de  Salvador Allende en el ex Congreso, para dar a conocer el acuerdo al que se había llegado y que, en lo fundamental, aprueba lo impensado hace dos semanas: un plebiscito de entrada para que la ciudadanía decida si quiere una nueva Constitución, y cuál mecanismo prefiere: Convención mixta constitucional o Convención Constitucional. Esta última, con integrantes elegidos íntegramente por la ciudadanía. En otras palabras, una asamblea constituyente.

El por qué del título pareciera ser una concesión para que la derecha no siguiera con el terror que le produce la sola mención de Asamblea Constituyente, que les recuerda -según han dicho- las asambleas de Venezuela, Nicaragua o la Bolivia de Evo.

La piedra de tope y que significó horas de negociaciones fue el quorum de 2/3 para aprobar los artículos de la nueva Constitución. Este es un quorum que significa 50 más uno. La derecha trató que si en uno de esos artículos no se conseguía los 2/3, entonces regía el antiguo artículo de la Constitución de Guzmán o de Pinochet. Ahí se paralizó todo. Lo que la oposición logró finalmente es que si no hay acuerdo, se abre una hoja en blanco, se vuelve a discutir o  simplemente no se pone, y luego la materia quedará regulada por leyes. Pero, lo fundamental es que no se vuelve al articulado de la Constitución del 80.

Este es el histórico Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución:

Un grupo de diputados, encabezados por Raúl Soto, presentó una reforma constitucional incorporando al General Director de Carabineros y al Director General de la Policía de Investigaciones (PDI), como autoridades susceptibles de acusación constitucional.

«Hemos visto innumerables denuncias y querellas por violaciones de derechos humanos a manos de agentes del Estado, y muchas de ellas involucran a carabineros o carabineras. Creemos que hay que resguardar adecuadamente y garantizar el Estado de Derecho que tiene nuestro país, y establecer como piso mínimo que los DDHH de las personas que se manifiestan se van a respetar siempre», señaló el diputado Soto, agregando que «los estándares protocolares y legales del actuar de los fuerzas policiales se rijan también por los estándares internacionales y que también tengan responsabilidad política».

El parlamentario agregó que «esta situación ha sido agravada tras conocerse el audio del general Rozas donde expresa que no dará de baja a carabineros por procedimiento policial, aunque lo obliguen. Y pese a que la Institución sacó una declaración pública, creemos que las explicaciones son absolutamente insuficientes. Acá hay sumarios y procesos judiciales en curso y no se puede tomar esa decisión adelantadamente porque significa insurrección y deliberación, en este caso, de las policías del poder civil y político».

El diputado señala que “no hay ninguna razón jurídica legal de peso para que un General Director de carabineros no sea acusable constitucionalmente, y quiero recordar además, que quien es ministro de Segpres hoy, es patrocinante de un proyecto que pide acusar constitucionalmente a un director general de carabineros, por eso emplazamos al Gobierno a sumarse a esta iniciativa», indicó Raúl Soto.

Por su parte, la diputada del PPD, Andrea Parra, sostuvo que «es necesario mantener un mayor control respecto al mando. Las explicaciones del General Mario Rozas han sido reprochables e insuficientes, pero más allá de ello lo que queremos es fortalecer el mando institucional y que hay responsabilidad frente a violaciones a derechos humanos».Finalmente, el diputado de RD, Jorge Brito, señaló que «queremos que las personas que se comporten como el General Rozas puedan enfrentar sus responsabilidades políticas, mediante un mecanismo para acabar con este abuso y con la impunidad que algunos gozan. Instamos a aprobar cuanto antes este proyecto».

La iniciativa también fue suscrita por los diputados y diputadas del PPD Tucapel Jiménez, Carolina Marzán, Cristina Girardi y Loreto Carvajal; además de las RD Maite Orsini y Natalia Castillo.

Hoy, el país enfrenta la posibilidad histórica de cambiar la Constitución y al respecto, la ONG Greenpeace, recuerda a la ciudadanía la importancia de que los temas medioambientales se ubiquen como una de las prioridades en el contenido de la nueva Carta Fundamental.  

“Es el momento que desde las comunidades y de manera vinculante se puedan corregir los problemas medioambientales que han afectado a los chilenos por décadas, influyendo en su salud, economía y calidad de vida”, señalan.

Además de la crisis hídrica y la realidad de las zonas de sacrificio, Greenpeace resaltó la necesidad de revisar en la nueva Carta Fundamental la protección de los océanos, la contaminación ambiental que afecta a millones de chilenos, la industria forestal, la protección de los glaciares y la necesidad de que se garantice la participación ciudadana al momento de definir proyectos de inversión que pueden afectar medioambientalmente a la población.

“Es necesario confirmar un itinerario claro y que la ciudadanía tenga un rol protagónico y vinculante en la definición de los grandes temas medioambientales que hoy afectan al país y que también han sido causal de injusticia y desigualdad durante ya demasiado tiempo”, dijo Matías Asun, director nacional de Greenpeace.

De acuerdo con la ONG, la discusión de las fórmulas para llegar a una nueva Carta Fundamental, no pueden esconder el verdadero cimiento sobre el cual debe ser elaborada: con una ciudadanía protagonista, con un rol vinculante y que resguarde los derechos medioambientales que han sido vulnerados durante décadas.

“La actual Constitución establece el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, pero para todos es claro que se ha tratado de letra muerta. De hecho, buena parte de las injusticias y desigualdades que vive nuestro país tiene un componente medioambiental. Solo es cosa de ver la realidad de miles de personas que han debido vivir por décadas en zonas de sacrificio, los millones que respiran un aire contaminado, una pesca que ha arrasado nuestros mares o los miles y miles de compatriotas que hoy no tienen acceso al agua”, dijo Matías Asun, director nacional de Greenpeace.