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Federación de Medios Pone en Tela de Juicio Cobertura de Protesta social

90 denuncias relacionadas con posibles infracciones a la ética periodística a raíz  de la cobertura hecha por los medios de comunicación a través de sus plataformas televisivas, impresas, digitales y radiales, en relación a la crisis que enfrenta el país con ocasión de las movilizaciones sociales ha recibido, hasta ahora, el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación. Dicha Federación agrupa a los medios de comunicación tradicionales de todo el país.

Las denuncias se refieren a que en la cobertura de realidades complejas y sensibles -como la comisión de delitos, incitación a la violencia y casos de fuerza policial desproporcionada-, se habrían difundido noticias sin confirmar, incurrido en generalidades, un uso de lenguaje que implica sesgo y discriminación, denigración de personas y tergiversación de la realidad. Se alude asimismo a errores en el uso de la imagen, música, interrupción de la programación, entre otros.

El Consejo señala que “en situaciones como ésta, parece necesario maximizar el cumplimiento de los estándares éticos por el impacto que causan los hechos difundidos en la audiencia como en los involucrados, como también por la mayor demanda de noticias veraces y oportunas”.

Al respecto, la entidad enfatiza que es necesario seleccionar y jerarquizar los hechos que han de ser informados, así como dar continuidad a los temas tratados con la debida contextualización. Asimismo, hace notar la participación de personas asociadas al mundo del espectáculo comentando situaciones complejas y destaca los riesgos desinformativos de las extensas y reiteradas trasmisiones en vivo y en directo, tanto desde el estudio como desde el lugar de los hechos. Ellas exponen al medio a entregar “información errónea, usar lenguaje ambiguo o inadecuado, publicar reacciones espontáneas en las que prima la sensibilidad por sobre la racionalidad, hacer uso errado del humor y banalizar el tratamiento de una noticia”.

Lejos del sensacionalismo

Pide lograr una cobertura que se aleje del sensacionalismo, el enfoque superficial, la dramatización “y, en cambio, entregue una información rigurosa, basada en hechos y descripción objetiva de situaciones, con el adecuado contexto, chequeo de fuentes y conocimiento experto por parte de quien informa, excluyendo la adjetivación innecesaria”.

Respecto de la cobertura de acciones de violencia, el Consejo reitera los criterios de prudencia, lenguaje adecuado que describa los delitos como tales condicionando la responsabilidad que pueda caber a los que se presumen culpables, siendo conscientes que al informar de este tipo de acciones se puede, sin querer, incentivarlas, impedir la labor de la policía o producir excesivo miedo o sensación de caos en la audiencia. “La selección y manejo de ella deben ser cuidadas, evitando que se atente contra la dignidad de las personas y asegurándose que se trate siempre con respeto las situaciones de dolor y muerte”.

Sugiere evitar la individualización innecesaria, la musicalización, el peligro de una reiteración y el uso de blanco y negro que aumentan desproporcionadamente las sensaciones en la audiencia. Dice que el Consejo “tiene conciencia de que los medios han debido trabajar una situación inesperada e imprevisible en su desarrollo posterior, con fuentes que no siempre lograban dar contexto y opiniones que iluminaran la crisis, compitiendo con las redes sociales, en un escenario geográficamente difícil de controlar, con actores diversos y acciones de distinta índole”..

El dictamen del consejo fue pronunciado por los consejeros María José Lecaros Menéndez (Presidenta), Francisca Alessandri Cohn, Jaime Bellolio Rodríguez, Lamberto Cisternas Rocha, Mercedes Ducci Budge, Bernardo Donoso Riveros, María Elena Gronemeyer Forni, Ricardo Hepp Kuschel y Joaquín Villarino Goldsmith. Actuó como secretario el Fiscal Rodrigo Núñez Arenas.

INDH a Comisión Interamericana de DDHH: “Una Reforma a las Policías es Esencial para Superar bien esta Crisis”.

El director del INDH, Sergio Micco, se reunió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que permanecerá en el país hasta el 21 de noviembre para conocer la situación de los Derechos Humanos en el contexto de las movilizaciones sociales.

“Para el Instituto se requiere una profunda reforma a las policías de Chile, tarea que se está asumiendo en el congreso, y que es algo esencial para superar bien esta crisis”, señaló Micco, y enfatizó que como institución “hemos dicho una y mil veces que se deben aplicar los protocolos de uso de la fuerza para la mantención del orden público, y que se debe, más aún, reformar las leyes que rigen a las policías, empezamos ya a trabajar en ello”, dijo en referencia al proyecto de ley que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad en la Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, que se encuentra en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados.

El director del INDH informó que en la reunión, junto con agradecer la visita de la CIDH dada su importancia “para que el mundo vea lo que está pasando, porque eso aumenta la fiscalización en materia de respeto derechos humanos– le entregó las cifras de detenidos, heridos y de personas respecto de quienes se han presentado querellas.

No a la Impunidad

Sobre reparación y justicia, Micco indicó que manifestaronla necesidad de que se sepa qué ocurrió con las lesiones oculares, que se haga justicia lo más rápido posible de manera de que la Fiscalía actúe y que los tribunales de justicia resuelvan; y lo tercero son medidas de reparación, por ejemplo de atención a través de los servicios de salud. No hay por qué esperar a que los tribunales de justicia resuelvan para que el Estado inicie una política activa”.

En este mismo ámbito, a inicio de esta semana y a un mes del comienzo de las manifestaciones, el INDH planteó al ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel, en un encuentro en La Moneda, que el Estado debe implementar cinco ejes en materia de Derechos Humanos: no impunidad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición: “hemos reiterado que nuestro mandato es no a la impunidad en materia de violaciones a los Derechos Humanos”, declaró Micco.

El director enfatizó que el INDH seguirá presente en los recintos policiales y continuarán con la presentación de acciones judiciales, las que a su juicio tienen un efecto disuasivo.

No Hay Duda de Violaciones a DDHH

Paulo Abrão, encabeza la visita técnica que prepara la llegada del equipo que investigará las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Chile.

El secretario ejecutivo de la CIDH ya declaró públicamente que “no hay duda” que existieron violaciones a los derechos humanos durante el estadillo social.

La CIDH no visitaba Chile para vigilar violaciones a los derechos humanos desde la dictadura de Augusto Pinochet, el año 1974. Además del INDH, el organismo se ha reunido con los poderes del Estado, organizaciones sociales y de derechos humanos, entre ellos, la Corte Suprema, Fiscalía, la Defensoría Penal Pública, Defensoría de la Niñez, diversos ministerios, pobladores y pobladoras de Lo Hermida, y con representantes de unas 50 organizaciones de la sociedad civil en un encuentro en la Casa Central de la Universidad de Chile.

La Paz no ha Llegado, pero ya se ve una Luz

Al cumplirse un mes del levantamiento de un pueblo furioso por años de soportar abusos, se consiguió la más importante de nuestras demandas: despedir a la antigua y redactar una Nueva Constitución.

Cuatro décadas después, con sangre, sudor y lágrimas de las víctimas del valiente desafío popular, se logró romper la cadena que nos ataba a un pasado vergonzoso, de años de crear una falsa riqueza chorreante.

Chile despertó, dijeron algunos sorprendidos y otros satisfechos. Pero despertó indignado por años de hambre, años de deuda para alcanzar los vidrios de colores que le mostraba la televisión, para recibir atención de salud al alcance del bolsillo y para dar a sus hijos la educación requerida para ser mejores personas y salir de la pobreza

Decenas de vidas humanas, cientos de jóvenes ojos perdidos, de mujeres abusadas en comisarías o cuarteles improvisados, de balines de plomo envueltos en caucho disparados a la cabeza, de gases tóxicos aspirados, nos costó que al fin el presidente Piñera soltara el sí a una nueva Constitución. La derecha gobernante ha debido ceder por fin, asustada, acorralada por un pueblo furioso que la enfrentó por sus abusos de años, de siglos…

Pero la paz no ha llegado aún. Porque mientras nos preparamos para gestar una Nueva Constitución, sigue habiendo chilenos que sufren hambre, enfermedad, cesantía, acogotados por las deudas con que los embrujó la economía de la tarjeta de plástico.

Y seguirá costando nuevos sudores lograr que la promesa se cumpla siguiendo un camino democrático, donde todos y todas tengamos la oportunidad de decir un sí o un no.

Preparémonos para seguir viviendo un entorno de marchas, caceroleos y represión. Violencia de lado y lado que no parará hasta que el proceso constituyente se ponga en marcha y la “agenda corta” del gobierno se ajuste a la realidad de esos ciudadanos y dé frutos concretos ya, para mejorar sus vidas. Y, principalmente, hasta que se haga justicia buscando y encontrando verdad, castigando a los victimarios y reparando a las víctimas de los delitos contra los derechos humanos de valientes compatriotas que sólo exigían en las calles bienestar para todos.

¿Más Violencia?

Tengámoslo presente: sin el estallido social no estaríamos donde estamos.  No es el primero en Chile ni en el mundo. Recordemos los indígenas de Ecuador, los chalecos amarillos en Francia y mucho antes, tras la crisis de 2008, los indignados en España y en Wall Street… En Chile, ha ocurrido, con mayor o menor violencia, cada cuarenta años, desde la guerra por la Independencia. Son producto de la maduración de las nuevas generaciones y con ellas, el cierre de un ciclo en la vida de una nación y el surgimiento de uno nuevo.

Aquí se dio con la salida espontánea y masiva de la gente a la calle porque la rabia acumulada estalló. Según el grado de indignidad a que se ha visto sometido el pueblo, hubo, hay aún reacciones más o menos violentas. Aquí, junto a los manifestantes pacíficos, caceroleando o caminando con pitos, bombos y tambores, otros recurrieron a la violencia, a la altura de su rabia, y aún nos preguntamos quiénes usaron, usan, la violencia.

No busquemos más: sean anarquistas, delincuentes juveniles o incluso miembros de las fuerzas policiales disfrazadas (como se ha visto en muchos videos), los responsables de esta rebelión no son provocadores profesionales, según el sabio español que nos visitaba, Manuel Castells: simplemente fue una explosión social espontánea porque el pueblo ya no aguantó más. Los jóvenes quieren otras formas de relacionarse, nuevas formas culturales de vida y de valores. No busquemos ahora los líderes, nos dice el sociólogo español, porque no los hay. En lo que vimos en las calles, todos eran protagonistas.

Nueva Constitución

Pero al mismo tiempo que esperamos el fin al uso de balines de goma truchos y la renuncia del Director de Carabineros, tenemos que seguir con la agenda de paz que es el proceso constituyente.

El plebiscito de entrada de abril es básico: ahí cada ciudadano dirá si quiere o no una Nueva Constitución. Y la respuesta ya se sabe: ¡sí queremos! Hace 40 años que lo exigimos. Y eso será en un plazo breve, pero suficiente para informarnos, para estudiar los elementos básicos de una Carta Magna, los marcos mínimos para que todos los chilenos nos desenvolvamos en nuestra sociedad con las mismas garantías y los mismos derechos de modo de construir entre todos la riqueza del país que luego se deberá repartir equitativamente.

Por ejemplo, salvaguardar el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo y a la pensión dignas para todos. ¿Cómo se hace esto en una Constitución, sin entrar en detalles? Tal vez comenzando por eliminar aquello del Estado subsidiario que concede derechos prioritarios al emprendimiento privado que siempre favorece a unos pocos,en detrimento de la acción estatal que debe velar por todos. En fin, de esto y más deberemos ilustrarnos y aprender…

Aboquémonos a prepararnos para participar en este largo proceso que nos llevará a tener una nueva Constitución, a diseñar una nueva sociedad, y que comienza en abril, con el plebiscito de entrada.

Nuestra primera tarea será estar alerta a las reglas que se dicten para el funcionamiento del proceso constituyente. Comencemos por prepararnos para el plebiscito de abril, donde se nos requerirá pronunciarnos si queremos una Convención Constituyente (igual a Asamblea Constituyente) o una Convención Mixta con componentes de parlamentarios actuales. Dado el rechazo que hoy existe por estos últimos, tenemos que jugarnos por la Convención Constituyente y diseñar quiénes, de los distintos sectores de la sociedad, nos deben representar de entre estas y otras categorías: mujeres, ecologistas, indígenas, artistas, periodistas, economistas, pobladores, sindicalistas, en fin, toda clase de organización social con un papel importantísimo en las manifestaciones a través de la Mesa de Unidad Social. Pero también abramos paso a los políticos,pues los hay buenos, honrados, bien intencionados, cuya experiencia en diseñar normas para la convivencia será valiosa.

Miremos con optimismo lo que tenemos por delante. Si no logramos mejorar antes lo de los 2/3 de quorum para aprobar cada capítulo de la Nueva Constitución, aquellos temas que no lo alcancen podremos presentarlos al nuevo Parlamento que elegiremos en 2021 donde los defenderemos otra vez. Y aquí, en esta otra etapa del camino que estamos iniciando, también nos espera una gran tarea: ir a votar y elegir bien a quiénes serán nuestros próximos diputados y senadores, aquellos que representen mejor el nuevo ciclo de la sociedad chilena.

Hay mucho que hacer. Pongámonos ya a trabajar.

Acusación Constitucional contra Presidente Piñera por Violaciones a los DD.HH.

Once diputados, entre ellos dos del PS, dos del PC, una del PPD y cinco del Frente Amplio presentaron una acusación constitucional contra el Presidente de la República, Sebastián Piñera a raíz de “las graves, reiteradas, generalizadas y sistemáticas violaciones a los derechos fundamentales de las personas ejecutadas por agentes del Estado en el último mes”, señaló la diputada Carmen Hertz, una de las firmantes. A ella se suman, Daniel Núñez, Jaime Naranjo, Emilia Nuyado, Jorge Brito, Claudia Mix, Tomas Hirsch, Gael Yeomans, Vlado Mirosevic, Carolina Marzan y el regionalista verde Esteban Velásquez.

Carmen Hertz señaló que la situación denunciada “ha infringido claramente la Constitución y las leyes y así lo señalamos en un argumento sólido y responsable en esta acusación”.

El diputado Jaime Naranjo (PS) manifestó que “algunos han señalado que esta Acusación Constitucional no tiene sentido, porque lo más probable es que esté perdida”. “Puede ser cierto, pero lo importante de esta Acusación Constitucional es que estamos notificando al actual presidente Sebastián Piñera, y a los futuros presidentes de Chile, que nunca más (habrán) graves violaciones a los derechos humanos”, señaló.

Tomás Hirsch (PH) mencionó que “esta acusación es histórica (…) porque también lo que hemos vivido en el país es dramático”. “Acá hay un imperativo ético para esta Acusación Constitucional y cada diputada y cada diputado tendrá que tomar una decisión. Si va a estar del lado de la protección y garantía de los derechos humanos en nuestro país, o si va a estar protegiendo a quien los ha violado de manera brutal y sistemática”.

No todos en la oposición estuvieron de acuerdo con esta acusación. Lo probable es que se desestime por cuanto la actual Constitución exige quórums muy elevados para destituir a un Presidente y los números -dicen- no dan para eso. En la Cámara Baja la acusación necesita el voto favorable de la mayoría de los 155 diputados en ejercicio, es decir 78; y actualmente son 83 los que se definen como deoposición. Y, en el Senado -que actúa como jurado- la acusación se aprueba con dos tercios de los 43 parlamentarios en ejercicio, es decir 29; pero actualmente sólo 23 se ubican en la oposición.

En Rancagua: INDH se Querella contra Carabineros por Tortura Sexual a Mujer

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), sede O’Higgins, presentó una querella por torturas sexuales perpetradas por Carabineros de la 1ª Comisaría de Rancagua, en contra de una joven de 27 años la madrugada del viernes 15 de noviembre.

La víctimaquien fue entrevistada por el INDH regional y se encuentra en libertad- acusa que fue detenida cuando tocaba su trompeta tras una manifestación y que los vejámenes se iniciaron al ser ingresada al vehículo policial y continuaron al interior de la comisaría.

La acción judicial permitirá iniciar la investigación y determinar las responsabilidades que le cabría al personal policial.

66 Querellas por Tortura Sexual

En su último reporte, del lunes 18 de Noviembre, el INDH informa que desde el inicio de las movilizaciones en Chile, suman 365 querellas interpuestas contra agentes del Estado,seis por homicidio calificado y siete por homicidio frustrado.

Mientras que un total de 273 querellas corresponden a hechos de torturas y tratos crueles, 66 de las cuales son querellas por torturas sexuales, que incluyen casos de desnudamientos, amenazas, tocaciones y cuatro violaciones. 59 de ellas fueron presentadas contra carabineros, 6 contra militares y una contra personal de la Policía de Investigaciones.

Formación Ciudadana con Poder: ¡AHORA SI!

En varias columnas que hemos publicado en Página 19, antes del movimiento social que irrumpió en Chile el 18 de octubre, habíamos señalado la urgencia de fortalecer con energía la Ley 20.911 (2016) de Formación Ciudadana (FC). Como “Programa de Formación Ciudadana” de la Universidad de La Frontera/MINEDUC, hemos impulsado desde el 2016, en La Araucanía, una serie de acciones orientadas a establecer Planes de Formación Ciudadana (PFC) en escuelas, liceos y centros de educación de jóvenes y adultos, promover la participación de organizaciones escolares de estudiantes y familias, difundir la Ley en instancias sociales locales, actuar en la formación inicial de profesores.

La Ley 20.911 aprobada en el marco de las reformas educacionales impulsadas por el gobierno anterior, tenía como propósito recuperar la formación ciudadana desde el sistema escolar y la primera infancia a lo largo de toda la vida, considerando:

  1. Una definición de ciudadanía asociada a la responsabilidad del sujeto consigo mismo, de modo integral y con la construcción de una sociedad libre (lo que reúne una serie de otros atributos: diversidad, ética, sostenibilidad, diálogo, libertad y otros).
  2. Una distinción entre educación cívica (asociada a la institucionalidad política) y educación ciudadana (asociada a la responsabilidad consigo mismo y la sociedad). La primera debería tratarse en la asignatura de Historia (hay universidades de las que egresan docentes con un título que incluye educación cívica); la segunda debe ser tratada de modo transversal en todas las asignaturas del curriculum y acciones de la comunidad.
  3. La Ley indica tres acciones básicas de formación ciudadana:

a.1. La obligatoriedad de que los establecimientos cuenten con un Plan de Formación Ciudadana elaborado participativamente e instalado en el Plan de Mejoramiento Educativo-PME (debe contar con un programa financiado): no debe ser sólo un discurso sino una acción efectiva que debe contar con recursos entregados por el estado.

c.2. El apoyo y acompañamiento del Ministerio de Educación a esos planes y acciones. Se ha realizado desde el año 2016 a través de universidades que han acompañado con diversas estrategias a los establecimientos, coordinados con las Seremis regionales.

c.3. Una asignatura de Formación Ciudadana, con dos horas semanales, integradas al currículum de 3º y 4º medio, que debe iniciar su implementación el año 2020, contando ya con las bases curriculares y programa de estudio.

d. Otra Ley (la Nº 19.979 en sus arts 7º, 8º y 9º) dispuso que en cada establecimiento subvencionado exista un Consejo Escolar, regulado por el Decreto 24 (2005) del MINEDUC.

Sin embargo, la práctica demuestra que estas leyes no se aplican con efectividad. Hemos visto esfuerzos docentes por elaborar programas de FC muy interesantes con sus alumnos, pero en los PMEs se financia otra actividad; como los recursos de control del estado son casi inexistentes: la Superintendencia de Educación sólo constata que exista el PFC y no califica su calidad o concordancia en el PME con el proceso de participación comunitaria en su elaboración, se termina generando frustración en la participación

Hay directores y sostenedores, municipales, particulares subvencionados, laicos y religiosos, que no han impulsado con energía, seriedad, recursos, participación y en algunos casos ética, la formación ciudadana en sus establecimientos. Cuando se señala que lo que sucede en el país en parte es responsabilidad de la falta de formación ciudadana, es correcta la afirmación, pero a medias. Existe una institucionalidad que la obliga, pero que no regula el proceso, no fiscaliza, no califica, lo deja a la libertad y decisión de gestión de los sostenedores y directores: entonces, no son todos igualmente responsables. El estado hizo la ley en 2016 (tarde, pero ya existe), los docentes se forman y comprometen, las universidades coordinadas con el MINEDUC acompañan, forman, sistematizan, difunden conocimiento, pero hay muchos líderes escolares que fallan.

El problema es que nada es vinculante, tampoco el quehacer de los Consejos Escolares. Por ello la FC no se hace efectiva generando desaliento en el ánimo de participar, desconfianza en la representatividad de los dirigentes, sensación de inoperancia de las instituciones, observancia del abuso e indolencia de las autoridades y liderazgos escolares al no cumplir lo que la comunidad decide, descontextualización del curriculum. Y así.

A ello se agrega que, a partir de las nuevas bases curriculares, la distinción entre educación cívica y educación ciudadana, se complica y mezcla, ganando terreno en el contexto actual el contenido cívico de la formación (Plebiscito, Congreso, Convención, Asamblea Constituyente, soberanía del pueblo, política) en relación al ciudadano asociado a la responsabilidad cotidiana con el territorio y consigo mismo, con las relaciones sociales y ambientales, con la transversalidad del curriculum. El debate educacional debe abrirse, asumiéndolo los propios educadores: que la formación ciudadana, incluya lo cívico, pero no se agote en esto. Hoy la democracia representativa debe ampliarse a la participativa y ello exige una noción de ciudadanía acorde a esta nueva demanda social por participar con conciencia en el campo político, pero también en el territorial local y regional, social, ambiental y comunitario. No habrá nueva constitución soberana sin una formación ciudadana: la Ley existe, falta que todos los actores de las comunidades educativas cuenten con el derecho al poder real y vinculante para orientar sentidos y decidir.

Sin Autorización: Red Chilena Convoca a Marchar este 25 de Noviembre

Como desde hace casi dos décadas, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres convoca a una marcha pacífica a nivel nacional con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre.

En una acción pública en la intersección del Paseo Ahumadacon Moneda, la entidad declaró que no pedirán que la marcha sea autorizada, debido a que el nuevo intendente metropolitano, designado por Sebastián Piñera en el contexto del estallido social, cuenta con una denuncia previa por violencia intrafamiliar, y por el accionar del gobierno respecto a la vulneración de derechos humanos en el marco de las movilizaciones

Lorena Astudillo, abogada y vocera de la Red, señaló que “no vamos a validar un gobierno que tortura, viola, esconde, secuestra y mata mujeres; no vamos a validar a un intendente que es un agresor y que fue denunciado el año  2006”, por este motivo –explicó– se entregó una carta a la intendencia, no para pedir permiso, sino “para hacerlos responsables de cualquier tipo de violencia que vivamos nosotras este 25 por parte de Carabineros”.

Entregamos una carta a la Intendencia Metropolitana para informar que como todos los 25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres,saldremos a las calles. Esta vez sin autorización porque no es posible pedir permiso a un agresor de mujeres ni a un gobierno que vulnera los derechos humanos”, indicó la organización.

Violación a Derechos Humanos

La carta detalla que, a diferencia de años anteriores, en esta oportunidad no solicitaremos autorización al Intendente de Santiago, Felipe Guevara, pues desconocemos su autoridad al tratarse de un agresor” y agrega que éste fue designado en el cargo por un gobierno que se ha negado a escuchar las demandas feministas y de los pueblos y que ha persistido en el negacionismo sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidos desde la dictadura hasta hoy, exacerbadas durante el contexto de movilización social”.

De la misma forma -continúa la declaración-  “insistimos en que las autoridades políticas, y en especial el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, tal como su antecesor, Andrés Chadwick, la ministra de la Mujer, Isabel Plá y el presidente de la República, Sebastián Piñera, deben hacerse responsables por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos a partir de las movilizaciones sociales en curso. Sin reconocer las violaciones a los derechos humanos y de espalda al pueblo movilizado no hay pacto social posible”.

El 29 de octubre pasado, se conoció que la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres era una de las organizaciones sociales y sindicales vigiladas por los servicios de inteligencia de Carabineros de Chile, situación que quedó al descubierto tras el hackeo masivo de archivos que sufrió la institución uniformada.

Cabe preguntarse si el actual gobierno considera la lucha por la erradicación de la violencia hacia las mujeres una amenaza a la seguridad del Estado”, cuestionó la organización feminista.

En un comunicado público indicó que hace años trabajan por denunciar la falta de recursos destinados a campañas preventivas contra la violencia hacia las mujeres y programas que promuevan vidas libres de violencia, además de insistir en que las medidas cautelares que otorga el sistema a mujeres que están sufriendo violencia son insuficientes, entre otras falencias, “La respuesta estatal ha sido que no hay recursos humanos ni económicos suficientes para abordar la violencia contra mujeres. Sin embargo, constatamos con indignación que sí existen recursos humanos y económicos para vigilar a organizaciones sociales que contribuyen al mejoramiento de la vida y cuyas actividades son absolutamente públicas”, subrayó.

Plaza de la Dignidad

Bajo el hashtag #NoHayAcuerdoSinNosotras, “por una vida justa y libre de violencia, niñas y mujeres marcharemos este 25 de noviembre en todo Chile”, dice el llamado de la Red Chilena, que convoca ese día en Santiago a las 17:00 horasen la Plaza de la Dignidad (ex Plaza Italia).

La convocatoria es de carácter nacional, por lo que durante los próximos días se informarán los distintos puntos de encuentro en cada una de las regiones del país.

Hasta la fecha, 18 de noviembre de 2019, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha presentado 66 querellas por torturas sexuales. 59 contra Carabineros de Chile; 6 en contra de miliares y una contra personal de la Policía de Investigaciones.

Heroínas y Héroes del SAMU: Salvando Vidas

Antes de que ocurriera el fatal deceso del joven de 29 años, Abel Acuña, en la Plaza de la Dignidad (Ex Plaza Italia), Página 19 reporteó la labor abnegada y gratuita de una veintena de voluntarios y voluntarias del SAMU. Y cuando mañana se cumple el primer mes de la protesta social, que parece no acabar, ellos y ellas siguen evacuando a heridos y heridas a escasos metros donde se produce el descontento popular.

Su centro de operaciones es, nada menos, el Centro de Arte Alameda por donde ingresan en camillas o en andas jóvenes que evidencian traumas por perdigones de goma, balines o por bombas lacrimógenas. El compromiso para esta crónica es no fotografiar los rostros de las personas afectadas para resguardar su seguridad. Allí les prestan los primeros auxilios y determinan si deben o no llamar una ambulancia para trasladarlos a la ex posta centra. En las casi 3 horas que Página 19 los acompañó en tan dura faena llegaron, por lo menos, 3 ambulancias para recoger a los heridos. Hay que señalar que los manifestantes entregan todas las garantías para abrir el paso de la asistencia de la salud, colaborando con su tarea.

Las varias semanas que llevan prestando servicio los voluntarios y voluntarias del SAMU -algunos de ellos y ellas fuera de su horario laboral-, solo se explica por su decisión de salvar la vida de jóvenes que no tienen miedo a enfrentarse a la represión policial.

La calurosa tarde del viernes  15 de noviembre de 2019, a eso de las 17:00 horas de la tarde, Carabineros determinó que harían todo lo posible para que no hubiese posibilidad alguna de una concentración masiva en la zona cero de Santiago de Chile. Pero, con el paso de las horas, la fuerza policial no pudo contener la avalancha de personas que llegaban de distintos puntos de la capital, y tuvo que retroceder.

A eso de las 21.20 horas, llegó un mensaje de alerta a la brigada del SAMU: un joven se había desvanecido a pocos pasos del monumento del General Baquedano. Lo que vino después fue del terror. Los funcionarios del SAMU intentaron aplicarle las primeras medidas de contención. Todo indicaba que presentaba problemas cardíacos, mientras a su alrededor Carabineros se desbocó y lanzó varias bombas lacrimógenas, lo que hizo más difícil el accionar de los profesionales de la salud.

Abel Acuña

Minutos más tarde, cuando llegó la ambulancia para que el joven fuese trasladado al centro asistencial más cercano, un “guanaco” (vehículo lanza aguas) lanzó un fuerte chorro de agua contra la ambulancia, impidiendo el traslado de la persona que presentaba débiles signos vitales. Al mismo tiempo, llegaba una voluntaria del SAMU herida por balines en una de sus piernas.

Por todo lo anterior, la dirección del SAMU y el Colegio Médico condenaron fuertemente el accionar de Carabineros de Chile y acusaron agresiones de parte de la fuerza policial.  Y lo peor de todo, es que señalaron que si se les hubiesenrespetado y dado garantías suficientes para realizar su labor, Abel Acuña no hubiese fallecido. Así, los “famosos” protocolos siguen siendo cuestionados por la sociedad civil y los organismos de Derechos Humanos.

Paralelamente, el Partido Por la Democracia (PPD) y el Partido Socialista de Chile (PS) por este y otros hechos han pedido la renuncia del Director General de Carabineros, Mario Rozas. Y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) anunció una querella criminal en contra de Carabineros por impedir la labor de los profesionales de la salud en el rescate de Abel Acuña.

“Tenemos que estar, no podríamos cumplir nuestro juramento ético y profesional sino no estamos auxiliando a las personas que llegan heridas. Estamos salvando vidas, esa es nuestra primera y única misión”, dice un voluntario del SAMU que minutos después corre hacia la zona cero para rescatar, en medio de balines y bombas lacrimógenas, a unherido.

Otra voluntaria señala que “no nos importa si son blanco, rojo o negro: son personas y tenemos que brindarles los primeros auxilios que necesitan”.

El SAMU y otras organizaciones de salud han estado desempeñando su labor en defensa de la vida y contra la cultura de la muerte.

Acuerdo para Nueva Constitución: Se Avecina una Guerra Fría

Han sido demolidos los últimos cerrojos que Jaime Guzmán instalara para defender su “democracia protegida autoritaria”. Aquella que jamás podría ser modificada en beneficio de sus enemigos. La fuerza de la muchedumbre obligó a romper las voluntades y obligarse a un acuerdo.

Hay ganadores y perdedores.

Las normas que han hecho posible un modelo de acumulación capitalista grotesco a costa de la muchedumbre, se modificarán. Eso genera, necesariamente, beneficiados y perjudicados, por lo tanto, satisfacción y rabia, complacencia,  deseos de venganza y ganas de revertir lo ocurrido.

Los perjudicados -la derecha dura- son los que lucharán por revertir los resultados del acuerdo y, obviamente, ignoran a la muchedumbre que los obligó a replegarse. No se rendirán. Es mucho lo que se pierde, nada menos que el rayado de cancha que está a la base de la desigualdad y de sus privilegios irritantes.

Harán uso de un catálogo extenso de modalidades, desinformaciones y engaños, apoyándose en sus recursos que estarán, más que dispuestos, para defender lo perdido. ¿Estará preparada la oposición para esta guerra fría que se avecina?

Disponen de dinero, medios de comunicación, control de algunas instituciones claves tales como el Tribunal Constitucional, las Fuerzas Armadas, los recursos del mundo empresarial, también apoyos externos comunicacionales, soporte político, quiero decir estructuras orgánicas, centros decisionales, centros de estudio para la elaboración de análisis, inteligencia interna y externa, en la extrema derecha fanática tienen grupos de jóvenes listos para la intimidación y el sabotaje. Control del aparato administrativo del Estado lo que no es menor, centros gremiales y grupos económicos que pueden ejercer fuerte presión en el mundo de las finanzas además, obviamente, una gran pléyade de expertos en casi todo, listos para aplastar a cualquiera con sus sesudas opiniones.

¿Qué se hará?

La derecha avanzará igual como retrocedió: paso a paso. Retrocedió combatiendo, aceptando y negando fórmulas para destrabar la crisis. Congresos constituyentes, cuotas de participación, jamás Asamblea Constituyente, formas de consultar a la gente, maniobras dilatorias. Fue retrocediendo acorralada por la ofensiva en las calles que no cesaba pese a las arremetidas de la represión policial. Aflojando de a poco lo menos posible.

Eso hará.

Tendrán que enfrentar a la muchedumbre que desprecian, lo cual no deja de ser una tarea compleja, pero lo harán en sentido inverso. De menor a mayor.

La muchedumbre informada es lo que más temen. Los jóvenes milenials con experiencia en movilizaciones desde el año 2011, conscientes de lo que quieren, que miran todos los días los problemas de sus padres que luchan por darles educación y bienestar y no están dispuestos a tolerar que esto se prolongue. Funcionarios y empleados informados, educados, conocedores de cómo funcionan las cosas, profesores, gente conectada, trabajadores engañados hasta la saciedad que han dicho suficiente. La enorme masa de dueñas de casa, gente de la tercera edad, vecinos, pequeños empresarios, vendedores ambulantes y tantos otros. La muchedumbre.

Comenzarán buscando apoyo en los medios de comunicación. Los métodos son viejos y conocidos. Dos son los hitos claves, los tramos en los cuales emplearán estos métodos que describiremos. Mes de abril del año 2020 fecha en que se realizará el plebiscito. En él, por ningún motivo aceptarán que se apruebe la Asamblea Constituyente. Es un fenómeno de masas, de gente que mira la televisión y lee algunos diarios de papel y otros digitales. Allí se jugarán la primera batalla.

Que no se entienda de qué se trata este plebiscito, crear la máxima confusión, asustar con las consecuencias, vincular personas indeseables a las opciones de asamblea constituyente para desprestigiarla, inundar los medios con informaciones falsas, mostrar figuras de la farándula y del deporte tomando posición a favor de sus opciones. Todo esto antes de abril 2020.

Después, el manejo será como una campaña eleccionaria política. Antes de octubre 2020 cuando se elegirán, junto con los candidatos municipales, los integrantes de la Asamblea Constituyente. El arsenal de modalidades ya lo conocemos. Tratar de que postule la mayor cantidad de gente adicta a la derecha y tratar de copar con participantes que desvirtúen al máximo el contenido concreto del texto constitucional y busquen restaurar lo perdido. Ellos recibirán orientaciones, información, capacitación y muchos otros estímulos. Vincular a sus expertos para crear líneas de conflictividad que permitan desestimar lo obrado. Inducir la mayor confusión posible, levantar demandas que no han sido negociadas o explícitas y tratar de desnaturalizar el proceso.

Habrá que luchar y defender. Porque los dirigentes de la derecha más recalcitrante ya lo han dicho y lo anoto tal cual:

La senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, adelantó que votará por mantener la actual carta magna en el plebiscito de entrada que contempla el pacto constitucional -firmado de madrugada por gran parte de los partidos políticos-, ya que sólo quiere «modificar aquellas cosas que sean necesarias».

«Voy a votar que no. Por eso nos pareció tan importante poner la opción de votar sí o no. Voy a votar que no porque yo quiero modificar aquellas cosas que sean necesarias«, dijo.

«Estoy absolutamente convencida  que este cuerpo legal, más allá de las críticas que se le puedan hacer, es un cuerpo legal que le ha permitido crecer al país en los últimos 30 años. Ha permitido que mucha gente que estaba en la extrema pobreza hoy sea de clase media. Decidimos hacer esa pregunta porque creemos que es legítimo que las distintas opciones se transparenten», agregó en conversación con Radio Duna.

En esta misma línea se manifestó el Partido Republicano, grupo en formación del ex UDI José Antonio Kast, que a través de un comunicado aseguró estar convencido de que «el problema no es el instrumento constitucional, sino que el funcionamiento y dirección de las instituciones».

«Asumiremos con valentía el desafío histórico de liderar la campaña del No, en defensa de un sistema constitucional que ha permitido que Chile tenga paz y prosperidad», agrega el movimiento, que cuenta con 1 diputado: Ignacio Urrutia, electo como UDI, pero que luego renunció al gremialismo.

El esfuerzo ha sido muy grande, extenso, doloroso y agotador. Se logró romper la fórmula que nos mantenía separados, enfrentados entre nosotros para abusarnos mejor. Nos encontramos en las calles. Los estrategas derechistas fallaron: no se puede mantener separada a la gente si los estás martirizando a todos por igual. Apareció la muchedumbre que volcó el tablero. Se modificará la forma en que nos organizaremos para vivir en sociedad nada menos.

Hay mucho que defender y ello exige estar atentos, no dejarse engañar, mirar bien quién nos informa, qué se nos dice, verificar las dudas, mirar quién nos ofrece y qué nos ofrecen.

Sugiero ver la manera de crear un centro o varios centros que procesen toda esta información para poder desmantelar, denunciar, desactivar, destruir las maniobras con las que tratarán de quitarnos lo que hemos ganado.

PS Reitera Petición de Renuncia de General Director de Carabineros

A raíz de la muerte del joven manifestante Abel Acuña y del “total descontrol de las Fuerzas Especiales” de Carabineros en  las últimas manifestaciones masivas de ciudadanos, la Mesa Ejecutiva del Partido Socialista reiteró la petición de renuncia -formulada hace una semana- del Director General de Carabineros, Mario Rozas.

En su declaración, el PS señala que el fallecimiento del joven se habría debido -de acuerdo  a lo informado por el Colegio Médico- a que “mientras Acuña era atendido por personal del SAMU, Carabineros impidió que se le otorgaran los cuidados necesarios, debiendo retrasarse la reanimación y forzando su evacuación”, agregan que, además, una funcionaria del SAMU resultó herida por balines.

Señalan que esta situación no es un caso aislado y constituye un hecho en extremo grave. “El general Rozas ha perdido el control de la institución que dirige y pareciera que los efectivos de Fuerzas Especiales carecen de un mando que enmarque su actuar dentro de los límites del Estado de Derecho. El general Rozas debe renunciar o ser removido de inmediato, para permitir que asuma en su reemplazo un oficial verdaderamente capacitado para dirigir a Carabineros”.

Asimismo, el Partido Socialista condena “la indolencia del gobierno, principal responsable por la violación de los derechos humanos” e insiste en exigir que “se instruya la prohibición inmediata de uso de balines”.

Expresa también que “resulta paradójico que el mismo día en que se firmó un acuerdo amplio de gran parte de las fuerzas políticas del país, con el objetivo de iniciar un procedimiento democrático hacia una nueva Constitución, el Gobierno no adopte decisiones y no realice acción alguna para restablecer y garantizar el pleno respeto a los derechos humanos. No hay más tiempo ni espacio. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, debe asumir su responsabilidad y actuar de forma inmediata para evitar nuevas tragedias”.

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