Director del Magister Gobierno y Sociedad, FACSO UAH.
Como era esperable, la Cuenta Pública del presidente Gabriel Boric ante el Congreso se tomó la agenda pública (al menos por unos días). Según CADEM, la cuenta pública de este año tuvo un 70% de visibilidad (dentro de los encuestados), con 12pts más que la anterior, considerando por “visibilidad”, si las personas vieron, escucharon o se informaron en alguna medida de la cuenta pública realizada.
Mucho se ha comentado sobre los alcances e implicancias político-estrategias de lo que dijo y anunció el presidente, su efecto en la discusión de otros proyectos emblemáticos en curso (pensiones y reforma tributaria), así como de cuáles serían los principales ejes para lo que queda de su mandato y por lo que espera ser recordado. Menos se ha dicho sobre lo que quedo fuera del discurso y que podría ser relevante, considerando los documentados y probados déficits institucionales de nuestro Estado, así como explícitos compromisos pendientes de la coalición de gobierno.
Nos referimos específicamente a anuncios en materia de descentralización, ámbito que no apareció como eje central del discurso, ni tuvo anuncios específicos importantes.
Mas allá de los avances en los últimos años, nuestro país sigue siendo altamente centralizado. Lo anterior se expresa entre otras cosas, en que solo el 14,5% del gasto público es ejecutado por gobiernos subnacionales versus el 27,4% promedio en la OCDE. Otro reflejo del centralismo, se refieren a como los organismos subnacionales en nuestro país (Gobierno Regionales y Municipios), en la realidad, son básicamente implementadores de políticas públicas diseñadas por el gobierno central, bajo una lógica homogeneizadora que responde a objetivos fundamentalmente de carácter nacional, que no miran necesariamente la realidad local .Esta situación impide aprovechar la denominada “promesa descentralizadora” de mayor eficiencia económica, servicios y políticas con mayor pertinencia territorial, contribución a la rendición de cuentas, entre otros elementos que permitiría un estado descentralizado.
La descentralización y la idea que este Gobierno, al final de su mandato, como lo expresó el presidente hace un tiempo, “terminaría con menos poder que cuando empezó” había sido un pilar fundamental de su discurso, habiéndose comprometido explícitamente en el programa de gobierno y en foros con los gobernadores regionales en el periodo de campaña, a eliminar la figura del “delegado presidencial”.
Si bien podemos observar ciertos esfuerzos en materia de descentralización, como es la implementación del Royalty minero, destacado a su vez el propio presidente en la cuenta pública; el proyecto de ley “Regiones más Fuertes” -conocido como Ley de Rentas Regionales; la intención de reimpulsar el lento y resistido proceso de traspaso de competencias en el marco de una “Política Nacional de Descentralización”; así como la instalación de la primera y única área metropolitana en Iquique-Alto Hospicio; no es mucho más lo que el gobierno puede mostrar, en un ámbito que partió siendo uno de los cinco ejes estratégicos de su programa.
La eliminación de la figura del delegado presidencial se justifica no solo por razones políticas, asociadas al cumplimiento del programa de gobierno y a una promesa de campaña, cuestiones por supuesto no menores en términos de credibilidad ciudadana con la figura del presidente y la coalición que representa, sino se funda también, en razones teóricas y especialmente prácticas.
Como sabemos, el delegado presidencial es una autoridad de confianza y designada por el presidente de la república, encargado de las tareas de gobierno interior (orden público, extranjería, emergencias y catástrofes socio naturales entre otras), así como responsable de la coordinación de los servicios públicos desconcentrados en la región y de los secretarios regionales ministeriales (SEREMIS). Era del todo esperable entonces (como ha ocurrido en la realidad) que dicha figura genere una tensión con el gobernador regional electo democráticamente, al no tener este último, potestad sobre las instituciones públicas y quienes las dirigen en la región. Todo lo anterior hace muy difícil que la autoridad regional electa, cumpla con el mandato de impulsar verdaderamente un desarrollo territorial.
Esperemos que tal como anunció el presidente Boric- no en la cuenta pública, sino en enero de este año- la profundización en materia de descentralización política, a través de la eliminación de la figura del delegado presidencial y transferencia de esas competencias a los gobernadores regionales, no ocurra en el último día de su gobierno, sino antes.
