Guillermo Williamson Castro, Doctor en Educación y Académico Universidad de La Frontera.
En varias columnas que hemos publicado en Página 19, antes del movimiento social que irrumpió en Chile el 18 de octubre, habíamos señalado la urgencia de fortalecer con energía la Ley 20.911 (2016) de Formación Ciudadana (FC). Como “Programa de Formación Ciudadana” de la Universidad de La Frontera/MINEDUC, hemos impulsado desde el 2016, en La Araucanía, una serie de acciones orientadas a establecer Planes de Formación Ciudadana (PFC) en escuelas, liceos y centros de educación de jóvenes y adultos, promover la participación de organizaciones escolares de estudiantes y familias, difundir la Ley en instancias sociales locales, actuar en la formación inicial de profesores.
La Ley 20.911 aprobada en el marco de las reformas educacionales impulsadas por el gobierno anterior, tenía como propósito recuperar la formación ciudadana desde el sistema escolar y la primera infancia a lo largo de toda la vida, considerando:
- Una definición de ciudadanía asociada a la responsabilidad del sujeto consigo mismo, de modo integral y con la construcción de una sociedad libre (lo que reúne una serie de otros atributos: diversidad, ética, sostenibilidad, diálogo, libertad y otros).
- Una distinción entre educación cívica (asociada a la institucionalidad política) y educación ciudadana (asociada a la responsabilidad consigo mismo y la sociedad). La primera debería tratarse en la asignatura de Historia (hay universidades de las que egresan docentes con un título que incluye educación cívica); la segunda debe ser tratada de modo transversal en todas las asignaturas del curriculum y acciones de la comunidad.
- La Ley indica tres acciones básicas de formación ciudadana:
a.1. La obligatoriedad de que los establecimientos cuenten con un Plan de Formación Ciudadana elaborado participativamente e instalado en el Plan de Mejoramiento Educativo-PME (debe contar con un programa financiado): no debe ser sólo un discurso sino una acción efectiva que debe contar con recursos entregados por el estado.
c.2. El apoyo y acompañamiento del Ministerio de Educación a esos planes y acciones. Se ha realizado desde el año 2016 a través de universidades que han acompañado con diversas estrategias a los establecimientos, coordinados con las Seremis regionales.
c.3. Una asignatura de Formación Ciudadana, con dos horas semanales, integradas al currículum de 3º y 4º medio, que debe iniciar su implementación el año 2020, contando ya con las bases curriculares y programa de estudio.
d. Otra Ley (la Nº 19.979 en sus arts 7º, 8º y 9º) dispuso que en cada establecimiento subvencionado exista un Consejo Escolar, regulado por el Decreto 24 (2005) del MINEDUC.
Sin embargo, la práctica demuestra que estas leyes no se aplican con efectividad. Hemos visto esfuerzos docentes por elaborar programas de FC muy interesantes con sus alumnos, pero en los PMEs se financia otra actividad; como los recursos de control del estado son casi inexistentes: la Superintendencia de Educación sólo constata que exista el PFC y no califica su calidad o concordancia en el PME con el proceso de participación comunitaria en su elaboración, se termina generando frustración en la participación
Hay directores y sostenedores, municipales, particulares subvencionados, laicos y religiosos, que no han impulsado con energía, seriedad, recursos, participación y en algunos casos ética, la formación ciudadana en sus establecimientos. Cuando se señala que lo que sucede en el país en parte es responsabilidad de la falta de formación ciudadana, es correcta la afirmación, pero a medias. Existe una institucionalidad que la obliga, pero que no regula el proceso, no fiscaliza, no califica, lo deja a la libertad y decisión de gestión de los sostenedores y directores: entonces, no son todos igualmente responsables. El estado hizo la ley en 2016 (tarde, pero ya existe), los docentes se forman y comprometen, las universidades coordinadas con el MINEDUC acompañan, forman, sistematizan, difunden conocimiento, pero hay muchos líderes escolares que fallan.
El problema es que nada es vinculante, tampoco el quehacer de los Consejos Escolares. Por ello la FC no se hace efectiva generando desaliento en el ánimo de participar, desconfianza en la representatividad de los dirigentes, sensación de inoperancia de las instituciones, observancia del abuso e indolencia de las autoridades y liderazgos escolares al no cumplir lo que la comunidad decide, descontextualización del curriculum. Y así.
A ello se agrega que, a partir de las nuevas bases curriculares, la distinción entre educación cívica y educación ciudadana, se complica y mezcla, ganando terreno en el contexto actual el contenido cívico de la formación (Plebiscito, Congreso, Convención, Asamblea Constituyente, soberanía del pueblo, política) en relación al ciudadano asociado a la responsabilidad cotidiana con el territorio y consigo mismo, con las relaciones sociales y ambientales, con la transversalidad del curriculum. El debate educacional debe abrirse, asumiéndolo los propios educadores: que la formación ciudadana, incluya lo cívico, pero no se agote en esto. Hoy la democracia representativa debe ampliarse a la participativa y ello exige una noción de ciudadanía acorde a esta nueva demanda social por participar con conciencia en el campo político, pero también en el territorial local y regional, social, ambiental y comunitario. No habrá nueva constitución soberana sin una formación ciudadana: la Ley existe, falta que todos los actores de las comunidades educativas cuenten con el derecho al poder real y vinculante para orientar sentidos y decidir.
