Profesor y escritor.
Con las primeras declaraciones del gobierno del Presidente Boric respecto del conflicto entre el pueblo mapuche y el estado chileno, y tras el intento, improvisado y fallido, de acercamiento de la primera ministra del Interior de su gobierno -que fuera recibida con disparos al aire en una comunidad mapuche de La Araucanía-, se develó la inexistente estrategia de diálogo del gobierno con los grupos más radicalizados del pueblo mapuche. Posteriormente, la renuncia de uno de los principales asesores de asuntos indígenas del mismo Ministerio –Salvador Millaleo- no hizo más que refrendar esa idea. El mencionado asesor habría dejado su cargo a raíz de diferencias con la entonces ministra, a propósito de los estados de excepción implementados en parte de la zona sur de nuestro país. En cuanto a la frustrada visita de la autoridad de interior a la comunidad Temucuicui, según indican los informes de prensa el exasesor no habría estado de acuerdo, considerando prematura dicha visita. Lo que vino después es historia conocida. La renuncia –incomprensible- de la ministra de Desarrollo Social y Familia, Jeannette Vega, a raíz de su intento de contactar al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), en un período en que el propio gobierno afirmaba que dialogaría con todos los sectores del pueblo mapuche; la detención de Héctor Llaitul en la ciudad de Cañete; y, claro, el rechazo del nuevo texto constitucional que incluía gran parte de las demandas de los pueblos originarios del país, particularmente las reivindicaciones del mundo mapuche, referidas a demandas de tierra, autonomía y representación ante las instituciones del Estado, entre otras materias. Con todo, y pese a los resultados del plebiscito, están pendientes las demandas que el propio Presidente Boric se comprometió a materializar. Veamos.
Una de las propuestas del programa señala que se generará un diálogo “con todos los pueblos originarios para acordar los términos de una restitución territorial que incluya la cuestión de las tierras antiguas y el acceso a los bienes naturales, de manera de permitirles el ejercicio de su derecho a la autonomía, evitando y reparando la fragmentación de los territorios”. Más adelante agrega: “Los mecanismos para hacer efectiva esta restitución seguirán los lineamientos establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo en su caso la expropiación y la respectiva indemnización, tal como lo recomendó la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato”, el año 2003.
Otro aspecto importante del programa de Boric en materia indígena, establece la necesidad de implementar en su totalidad –“y de buena fe”,- el Convenio 169 de la OIT, “a la luz del estándar de la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas”. Esto significa, entre otras cosas, materializar un convenio que fuera aprobado –con las dificultades y polémicas conocidas- por el Estado de Chile en 2008 –hace 14 años-, y respecto del cual no se observan avances. Materializar esta propuesta permitiría implementar espacios de autonomía, demandados por comunidades, particularmente mapuches.
Otro compromiso consignado en el programa en comento, dice relación con la creación, en conjunto con los pueblos indígenas, de “una nueva institucionalidad de participación y consulta”. Respecto del particular, debemos recordar que dicho proyecto de ley de creación de Consejos Indígenas, fue ingresado al Parlamento a comienzos del año 2016 –hace 6 años- y se encuentra sin movimiento desde 2020.
Otro compromiso programático dice relación con eliminar la Ley Antiterrorista, reemplazándola por otra normativa “que resguarde la vida democrática”. Como sabemos la mencionada ley se ha aplicado exclusivamente a personas y agrupaciones mapuches.
Otra iniciativa es la creación de una Comisión de Verdad y Esclarecimiento Histórico Intercultural, cuyo objetivo sería calificar a eventuales víctimas indígenas y no indígenas, producto de las situaciones de violencia que se han dado en el contexto del conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche, a partir de 1990.
Una medida particularmente importante –consignada, también, en el programa de gobierno del Presidente Boric- es la derogación del decreto Ley N° 701, del año 1974, que bajo el argumento del desarrollo del área forestal, ha producido la degradación de los suelos e imposibilitado el acceso al agua de parte de muchas comunidades mapuches. En este sentido son conocidos los efectos que dichas plantaciones producen en el fenómeno de extinción de las napas subterráneas de agua.
El programa, además, contiene otras medidas que comprometen al Estado de Chile en torno a ajustar el reglamento de Ley que crea los espacios costeros marítimos, la adecuación de la legislación sectorial (Código de aguas y Minería), con el objeto de garantizar el acceso al agua de parte de comunidades indígenas cercanas a faenas mineras y geotérmicas, la cogestión de los pueblos indígenas de las áreas naturales protegidas, adecuación de los programas de CORFO e INDAP, permitiendo el acceso a beneficios de parte de personas y comunidades indígenas del país.
Pese a los compromisos programáticos en materia indígena, a seis meses de iniciado el actual Gobierno, no se observan iniciativas que rompan el actual estado de cosas. Se podría argumentar que los resultados del 4 de septiembre pasado habrían restado fuerza para que el gobierno avanzara en los compromisos descritos. Sin embargo, este argumento resulta falaz si consideramos que los compromisos en materia indígena del actual gobierno son, en su casi totalidad, los mismos que hicieron otros gobiernos –y que no materializaron-, a partir del informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, hace 19 años atrás.
Hoy, con la renovación permanente del estado de excepción en un sector del Wall Mapu, la renuncia –obligada, en estricto rigor- de la ministra de Desarrollo Social y Familia –cuya capacidad de diálogo pareció ser un defecto más que una virtud-, y la detención del líder de la CAM, no se observan acciones que permitan avanzar en la ejecución del programa comprometido, única forma de salir del actual punto muerto.
