ex concejal y ex director laboral Banco del Estado.
Llama la atención, más no sorprende, la lectura de los resultados que ha comenzado a hacer la derecha tras su aplastante derrota en el Plebiscito.
El primer síntoma de ello es el mensaje oportunista del Presidente Piñera la noche del domingo. Si antes, en ocasión de las movilizaciones masivas, Piñera quiso colocarse como un manifestante más, claro, luego de haber criminalizado la protesta social y sacar los militares a la calle para aplastarla, esta vez reaparece intentando colocarse como el gestor de la salida política institucional. Pero sabido es que sin presión social, en Chile no habríamos tenido salida política al colapso del modelo neoliberal. Los resultados electorales del domingo pasado no han hecho más que corroborarlo. Y son lapidarios.
Lo más llamativo, sin embargo, es que para “terminar” de sintonizar con la abrumadora mayoría del país que pide cambios, que busca dejar atrás la cultura del abuso, el clasismo y la discriminación sobre la que está construida la convivencia social en nuestro país, el Gobierno de Chile Vamos no encontró nada más representativo que hacer reunión ampliada de Gabinete en Vitacura, símbolo, junto a Lo Barnechea y Las Condes, de todo lo que la mayoría quiere superar.
Si alguien quisiera estudiar el rol de los símbolos en política, queda invitado a contrastar el mensaje de la derecha reunida en pleno, en Vitacura, con los resultados del domingo 25 de octubre.
En términos de contenidos, nada nuevo: preservar los privilegios consagrados en la Constitución pinochetista.
Con eso en mente, el momento es auspicioso en un sentido democrático y transformador, pero a su vez desafiante y complejo. Es auspicioso por la paliza pocas veces vista en un proceso electoral como el que recibieron las derechas, política y empresarial, parapetadas en estas tres comunas. Y es complejo porque toda la energía desplegada desde hace ya poco más de un año por el pueblo chileno, sigue siendo inorgánica y dispersa sobre todo en lo político.
Por ello que, hacer de este proceso de transformación constitucional, uno participativo, que refleje la sociedad inclusiva y justa que la mayoría de Chile demanda a gritos, requiere del bien más escaso y vilipendiado del último tiempo: la política.
El punto es ¿cuál política?
En el poco tiempo disponible, será necesario dar saltos cualitativos para resolver este incordio. Ello significa, en primerísimo lugar, abrirle paso a las fuerzas sociales que han generado el espacio transformador, de modo que se expresen en la Convención, apoyándolos en su elección. Savia nueva y rostros nuevos para un país que anhela cambios.
La política del pasado, practicada por sectores conservadores de la vieja Concertación y por quienes desde fuerzas de izquierda fueron asimilados y domesticados por el neoliberalismo, y cuya última presentación en sociedad fue el boicot declarado y sin mensajeros al programa de reformas del Gobierno Bachelet II; ese tipo de política es parte del problema porque no es regenerativa y suma cero a objetivos de bien común. Es más, esa manera de abordar lo público ha coadyuvado a la fractura evidente entre la sociedad y el así llamado mundo de la política.
El nexo de lo político, en el sentido de lo público, y la sociedad, es vital restablecerlo. Porque es en la política, democrática y plural, el espacio en el que los pueblos construyen su identidad y modelan su futuro. Para ello, el punto de partida, hoy, es fortalecer y respetar la soberanía de las organizaciones sociales y alejarse de todo “impulso” por intentar controlarlas.
Por ahora, lo esencial y gravitante para plasmar en la Nueva Constitución las demandas ciudadanas, y abrir curso a partir de allí a las transformaciones políticas, económicas y sociales con sustento legal, jurídico y normativo sobre cuyo entramado se sustente la convivencia social que emerja de estos procesos, es abrir y no cerrar los espacios a las fuerzas que abrieron el camino al cambio. La reconstrucción entre política y sociedad, entre izquierda-pueblo, solo será posible si se reconoce esta realidad y se le abre espacios vinculantes.
Dicho lo anterior, algo breve respecto a la Unidad opositora. Unidad por unidad, sin contenido o con contenidos que no reflejen las demandas del país, tipo reunión de la derecha en Vitacura, es el ABC de lo que no se debe hacer. Tampoco es moralina, de qué fuerza política tiene más moral que la otra, ni sofisticado purismo paralizante.
Un compromiso básico, sin embargo, de las fuerzas políticas que concurran a la unidad y sellen acuerdos políticos transformadores, es que deben adoptar una postura anticorrupción lo suficientemente clara como para que la opinión pública perciba un cambio drástico a este respecto. Política anticorrupción tanto para quienes ejerzan cargos públicos de representación popular como para quienes busquen corromper la política. Mirar para el techo, hacerse el desentendido respecto a la corrupción, como fenómeno asociado al ejercicio del poder político o económico, es tan nefasta como el acto mismo de la corrupción.
Debe haber compromisos claros y medibles respecto a que la corrupción será perseguida y castigada, lo que debe incluir transformar las bases del sistema judicial del país de ser necesario y por cierto el régimen de partidos políticos. La corrupción es una lacra que erosiona severamente la confianza ciudadana en las instituciones públicas, privadas y de cualquier otra naturaleza en las que ésta ocurra.
Un compromiso ético y estético en contra de la corrupción que no puede dejar de establecerse. Ya hemos pagado como país un precio demasiado alto por este flagelo y debe ser atacado desde todos los flancos, legales y por sobre todo desde el político. La política no es para conseguir movilidad social, aunque tampoco debe serlo para percibir ingresos que ofenden al resto de la población.
En suma, para que la ciudadanía vuelva a recuperar la confianza en las instituciones- en las políticas y de representación en primer lugar-, estas deben sanarse y regenerarse para ponerse a la altura del país que tendrá que emerger de estas crisis.
Es mi opinión, en todo caso, que para salvaguardar la convivencia democrática de la sociedad, garantizar la paz social basada en la justicia, el respeto irrestricto a los derechos humanos, será necesario entregarle a la ciudadanía facultades legales para remover de los cargos a quienes se aparten de los fines para los cuales fueron electos o cometan actos de corrupción u otros incompatibles con la fe pública. Debido proceso a cualquier evento, pero compromiso firme y hasta el final con la transparencia.
¿Acuerdos? Sí, pero en serio.
