miércoles, mayo 8, 2024
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¿La derecha quiere la unidad para enfrentar al crimen organizado? Muchos lo dudan

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“El gobierno no ha hecho nada”, dijo en su dolor el hermano de la sargento de Carabineros asesinada por un delincuente en la ciudad de Quilpué, Rita Olivares. Lo mismo y más -dicen- ha repetido su madre y otros familiares. Tal vez en medio de su angustia no escucharon lo que dijo el jefe de su hija mártir, el Director General de Carabineros, Ricardo Yáñez: “Tenemos absolutamente el respaldo del Gobierno, nunca habíamos tenido tanta compra de equipamiento y de materiales para ejercer nuestra labor policial».

De hecho, el respaldo total a carabineros lo declaró -de nuevo- el Presidente Boric, al llegar de la Región de Valparaíso donde pudo reunirse con el ex marido de la sargento Olivares y sus dos hijos. Al parecer, no era conveniente acudir a la casa de la familia materna, donde los hermanos de la sargento, su madre y pobladores que se identificaron como “patriotas” defensores de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, gritaron consignas e insultos contra el Presidente e incluso contra el general Yáñez. Todo a vista y paciencia de medios de comunicación que se prestaron para un espectáculo lamentable para la democracia.

El asesinato de la carabinera puso como prioridad uno la agenda de seguridad que la derecha se ha negado a apoyar, al retirarse, a principios de enero, de la mesa que buscaba un acuerdo con todas las fuerzas políticas para proteger a la ciudadanía de la delincuencia desatada.

La intención del gobierno era consensuar en febrero de este año cerca de 80 puntos sobre seguridad para chilenos y chilenas para aprobarlos a la vuelta de vacaciones de los honorables parlamentarios. Pero la decisión del Presidente de otorgar indultos a presos del estallido social le entregó en bandeja el pretexto a la derecha para levantarse de esa mesa. El diputado UDI, Henry Leal, lo dijo sin sonrojarse: “esa mesa ya está muerta, enterrada y sepultada, no hay ninguna posibilidad de retomarla”. Tal vez la aguja del destino se hubiera movido en otra dirección si se hubiera aprobado el acuerdo transversal sobre seguridad.

Suspenden semana distrital

La seguridad es lo que hoy está en primer lugar de la agenda. A tal punto que los parlamentarios decidieron no asistir a sus respectivas regiones -en la semana distrital- para dedicarse a aprobar las leyes que darán el respaldo que se requiere no solo para apoyar a Carabineros e Investigaciones, sino además, cercar legalmente a las bandas del crimen organizado que se enseñorean en algunos barrios de la capital y del país.

La pregunta es por qué ahora sí pueden hacerlo y antes no. La respuesta parece estar en la conmoción que provocó el segundo asesinato en pocos días de un servidor público y la reacción de los electores. Cuestión muy importante para algunos legisladores.

De esa conmoción se hizo cargo el Presidente Boric. Y cuando ya algunos en la derecha, como el partido de Chahuán, intentaban sacar réditos de la situación poniendo condiciones para aprobar los proyectos urgentes que el gobierno tiene en su agenda de seguridad, el Jefe de Estado habló. Para el Mandatario “es claro que ninguna palabra que pueda decir yo ahora enmendará el dolor por la pérdida de una nueva mártir para la institución. Es urgente y necesario pasar a la acción y, en este sentido, estoy convencido que nuestros compatriotas estarán de acuerdo que no podemos seguir con la discusión de trincheras. Si continuamos distribuyendo culpas, al gobierno anterior o tal o cual parlamentario, si ese alcalde es bueno o es malo, no servirá para detener a la delincuencia. Las críticas son bienvenidas en democracia, pero hoy necesitamos ponernos todas y todos tras una misma cruzada y sin peleas chicas”.

No sólo eso. El mandatario mando un mensaje directo a los delincuentes: “Quiero que los delincuentes, que de seguro muchos de ellos me escucharán, sepan que nuestros carabineros y carabineras tienen todo el respaldo, y no retórico, sino concreto con recursos y herramientas de nuestro gobierno y, por sobre todo, del país. Por lo tanto, cuando se encuentren con ellos, Carabineros se va a defender. Vimos el procedimiento en Quilpué que terminó desgraciadamente con el asesinato de la sargento Rita Olivares, donde ya hay dos detenidos a quienes se les aplicará todo el peso de la ley… “ “…son los delincuentes los que deben sentir miedo, no las instituciones ni menos la ciudadanía honesta y trabajadora de nuestra patria. A quienes estén pensando hoy en perpetrar delitos, la van a tener muy difícil, porque Carabineros y las policías responderán con toda la fuerza de la ley y el derecho, y cuentan con nuestro respaldo”.

Luego de informar que él personalmente, junto al Subsecretario y la Ministra del Interior, acompañaran a Carabineros en sus procedimientos para que se vea en terreno el respaldo del gobierno, llamó una vez más a la unidad del país porque “lo que la ciudadanía nos exige es que nos pongamos de acuerdo, ni que sigamos peleando o con interpelaciones cruzadas. Este gobierno tiene su corazón y acción puesta en enfrentar a la delincuencia con todas las armas de la ley y espero que todos nos acompañen en esta tarea, dando señales de unidad y saquemos adelante políticas públicas como el Acuerdo Nacional de Seguridad y leyes necesarias para combatir a la delincuencia”.

Un alcalde en problemas

Bien distinto a lo que ha hecho el alcalde de La Florida, que se tomó la agenda un par de días armando un espectáculo planificado para los medios, particularmente para la TV, movilizando policías y personal municipal, aparte de maquinarias ad hoc, para demoler las ampliaciones de unas denominadas “narco-casas”. Hasta ahora, ningún gramo de droga ha sido decomisado. Nadie fue apresado. Pero el alcalde Carter se paseó por todos los canales de TV victimizándose por las amenazas que recibe, las mismas que desde hace mucho tiempo recibe la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, a quien incluso el 2017 se le disparó a su oficina. Ella, en todo caso, se ha dedicado a recuperar los espacios de esparcimiento para niños y adultos de su comuna. Son famosas sus canchas de Voleibol y fútbol. Y pocos las conocen en el país.

Nadie duda que el alcalde está en plan presidencial. Quiere ser el candidato de la derecha para las próximas elecciones. Tal como lo quiere el propio José Antonio Kast, Evelyn Matthei y hasta el expresidente Piñera. Cada uno de ellos está moviendo sus piezas para mantener visibilidad hasta el momento de la campaña presidencial. Carter es el que más pierde. No es una figura nacional como los otros nombrados. Tal vez por eso, para darse a conocer en el país, cometió el desaguisado de asistir al velorio de la sargento en Quilpué, provocando fuertes críticas en redes sociales.

Por ejemplo, @teacherandrex escribió:” Qué miserable es Carter… Aprovechando un hecho lamentable, como la muerte de un funcionario de carabineros para hacer campaña política presidencial. Soy de Quilpué y vivo en Santiago, la distancia es harta señor Carter”. O como Naty Varela, que escribió: “Si @rodolfocarter no es familiar de la carabinera asesinada, lo suyo yendo a Quilpué es del peor tipo de aprovechamiento y diría que hasta abandono de sus deberes como alcalde”. Y así, suma y sigue.

Lo peor para él y que tendrá que dar muchas explicaciones, es la última comunicación de la Contraloría General de la República respecto de su gestión en la municipalidad.  El organismo contralor rechazó los descargos que había hecho el alcalde Carter, y mantuvo sus cuestionamientos frente al control presupuestario y financiero del municipio y de la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación (Comudef).

La Contraloría detectó -entre otras irregularidades- 57 cheques protestados por falta de fondos en Educación por un monto total de $356.735.882; 195 cheques protestados por $701.617.878 en Salud; y otros 102 cheques protestados y rendidos a la Municipalidad de La Florida por $363.504.644.

La auditoría final estableció que existía, entre otras irregularidades, un déficit de caja en el municipio de más de $20 mil millones entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2017. Todas las irregularidades fueron puestas en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado y del Ministerio Público, que está desarrollando una investigación.

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