Periodista.
Podría haber callado; podría haber controlado sus impulsos por aparecer en los medios a costa de lo que sea, incluso de su privacidad; podría haber mostrado humildad y arrepentimiento por haber malgastado miles de millones de pesos en tonteras innecesarias y haber arreglado aunque sea en parte los problemas que aquejan a los vecinos de Maipú. Pero no.
La ex alcaldesa UDI Cathy Barriga, más que estar afectada por su situación, que por el momento le significa reclusión domiciliaria total y arraigo nacional como castigos por la acusación de fraude al fisco y falsificación de instrumento público en el ejercicio de sus funciones, aparece disfrutando su “reclusión“ y montando un verdadero reality en sus redes sociales.
Tal parece que no ha aquilatado en su real magnitud lo que está significando su caso. Porque si bien consiguió aparecer en todo los medios de comunicación, que es lo que siempre ha buscado según sus cercanos, amigos y detractores, la forma en que es tratada no es precisamente amigable. Hay indignación en muchos sectores por la desigualdad de trato a la hora de enfrentar la justicia.
Porque la decisión del juez del 9º Juzgado de Garantía de Santiago, Hugo Salgado, quien rechazó la solicitud de la fiscal Constanza Encina de decretar prisión preventiva a la exalcaldesa UDI de Maipú, generó una ola de cuestionamientos sobre –una vez más- la actuación de la justicia en el país. Lo menos que se ha dicho es que existe una justicia para ricos y otra para pobres.
La imagen que Barriga compartió en sus redes sociales, por cierto que debidamente planificada, de ella siendo despertada por un hijo o aparentemente feliz realizando ejercicios en la casa que finalmente está ocupando como lugar de reclusión está causando enojos e incluso indignación. Es que Cathy Barriga se ha mantenido particularmente activa en redes sociales, publicando punto menos que cada paso que ha dado en su arresto domiciliario en Peñaflor. Siguiendo con su estudiada estrategia para llamar la atención, la primera noche la cumplió en un departamento en Maipú y tuvo a algunos medios de comunicación de cabeza buscándola. Después, solicitó al 9° Juzgado de Garantía de Santiago un cambio de residencia para poder cumplir con el arresto en su parcela de 2000 metros cuadrados que cuenta con una casa de varios dormitorios, piscina y un bar de piedras.
Académicos, políticos y para qué hablar de dirigentes sociales han comparado el trato hacia la ex alcaldesa con el que la justicia le otorga a cualquier mujer, madre y cuidadora de sus hijos, detenida por casos bastante menores que el de Cathy Barriga. Están tras las rejas, muchas veces en prisión preventiva y esperando el lento accionar de los tribunales. Hay quienes opinan que el juez cometió un grave error, porque su decisión podría significar otro peldaño en la desconfianza de la ciudadanía hacia el sistema de justicia penal y mantener a firme la sensación de impunidad para la elite que se instaló a partir de las tristemente famosas “clases de etica” con las que un tribunal castigó a conocidos empresarios de la plaza.
Es más. Hasta el Fiscal Nacional se refirió al tema. Destacó que no es primera vez que autoridades que deberían estar privadas de libertad son beneficiadas con medidas cautelares menos gravosas, y que este tipo de decisiones “llevan de manera inevitable a una reflexión”. Y mencionó piscinas y uso de redes sociales.
Otra vergüenza de los políticos
Y quien también ha seguido cumpliendo escrupulosamente su estrategia de evitar a toda cosa contactos con la prensa o asistir a eventos públicos, es el otrora poderoso abogado de la elite derechista, Luis Hermosilla, acusado de sobornar funcionarios públicos para obtener información privilegiada y así ganar sus casos. El escándalo fue apoteósico. El silencio de hoy sobre ese caso también lo es.
Nada se había conocido de su actual situación, si no es porque –una vez más- la comisión investigadora que se formó en la Cámara para analizar el llamado Caso Hermosilla y que debía comenzar su trabajo en estos días, fracaso por falta de quorum. La derecha completa decidió no asistir, sin explicaciones y poniendo otro signo de interrogación frente a su accionar.
Hay que recordar que en una grabación de cerca de dos horas del 22 de junio del año pasado y publicada por Ciper varios meses después, aparece Hermosilla en una reunión en su oficina, conversando con el empresario Daniel Sauer, uno de los controladores del factoring Factop y la corredora de Bolsa STF Capital, y la abogada María Leonarda Villalobos. Los tres hablan de sobornos, coimas y “aprietes” a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). ¿El objetivo? “Intervenir información” sobre facturas que involucran a una serie de firmas ligadas a STF y Factop. Ni más ni menos. Allí empezó a caer el abogado de la elite.
Tal fue el escándalo y las magnitudes involucradas que en el Parlamento decidieron investigar lo ocurrido. Hubo tres solicitudes distintas, que se fusionaron en una sola comisión investigadora que se focalizará respecto de las acciones de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Al parecer, el entusiasmo inicial por investigar lo ocurrido se fue atenuando hasta casi desaparecer. El caso Hermosilla salió de los medios. Y de la Comisión Investigadora sólo se supo hasta ahora, cuando no pudo funcionar por falta de quorum.
La situación se supo por el periodista Nicolás Sepúlveda de Ciper Chile, quien fue invitado a aportar antecedentes a la mencionada sesión. “Nos invitaron a la Comisión Investigadora de la Cámara por el Caso Hermosilla, pero solo llegaron 3 de 13 diputados que la integran. Se suspendió por falta de quorum”, acusó en sus redes sociales. A la cita estaban convocados: Daniel Manouchehri (PS); Boris Barrera (PC); Juan Carlos Beltrán (RN); Marta González (Ind-PPD); Diego Ibáñez (CS); Luis Maya (PL); Karen Medina (PDG); Miguel Mellado (RN); Francesca Muñoz (PSC): Ericka Ñanco (RD); Guillermo Ramírez (UDI); Agustín Romero (Rep); Flor Weisse (UDI).
De ellos llegaron sólo los diputados Manoucheri y Barrera. Un tercero sí cumplió, pero no ha aparecido su nombre aún.
