Periodista.
Una tras otra se suceden las malas nuevas para el gobierno de José Antonio Kast. Atrás quedaron las voluntariosas, soberbias e insistentes declaraciones del ministro de Hacienda Jorge Quiroz asegurando que la economía del país cruzó en junio un «punto de inflexión» hacia “una nueva etapa de crecimiento económico” que permitiría a Chile “abandonar su actual decadencia». El pronóstico quedó en eso: pronóstico. Porque cuando se acercan a pasos agigantados las fiestas de fin de año, el balance económico al día de hoy muestra un deterioro importante y sorpresivo para el gobierno en crecimiento, empleo, inversión y confianza.
Las cifras más preocupantes y que tiene al mundo político buscando soluciones y paliativos para el millón de desempleados, con todo lo que ello significa para las empobrecidas familias chilenas, están en el 9,6% de desempleo para el trimestre Junio-agosto de 2026, aumentando un punto porcentual en 12 meses. Una cifra que muestra que no se trata simplemente de un aumento de personas que buscan empleo: también se ha reducido la cantidad de personas ocupadas. Se suma el Imacec que cayó un 1,5% anual en julio y otro 1% en agosto. Son dos meses consecutivos de contracción.
En tanto, el crecimiento previsto para 2026 está entre el 0,25 y el 0,75 por ciento, según proyecciones del Banco Central. El Imacec se acerca peligrosamente al estancamiento. El informe de septiembre del Banco Central revela un dato especialmente significativo: el crecimiento anual del gasto interno disminuyó desde el 2,3% en el primer trimestre hasta apenas el 0,1% en el segundo. La inversión y el consumo privado también redujeron su ritmo de crecimiento, revelando que los problemas económicos no se limitan a la minería. La demanda interna también ha perdido dinamismo.
Si se suma que la inflación anual ha oscilado alrededor del 4%, por encima de la meta del 3% del Banco Central, entonces queda en evidencia el complejo escenario económico en el que se discutirá el Presupuesto 2027 en el Congreso y las principales dudas respecto a las áreas que se verán afectadas por los recortes del Ejecutivo.
A estas alturas, no son pocos los economistas y expertos que auguran que, salvo un milagro en el cuarto trimestre, será difícil evitar que el año cierre con crecimiento negativo. O sea, Estanflación, en otras palabras, crecimiento estancado e inflación al alza.
Con ese escenario, el Mandatario anunció un incremento de 1,5 % del gasto en el Presupuesto 2027 y aseguró que cumple la meta de déficit, sin precisar su cifra ni el monto total. Explicó que la propuesta destina 9,5 billones de pesos a crecimiento, empleo y reconstrucción, y siete billones a seguridad. Salud tendrá un incremento de 4,7 %; se comprometió a mantener los beneficios sociales garantizados por ley, anunció que 241 obras públicas comenzarán en enero, además de los 166 mil subsidios para el plan habitacional.
Dos promesas incumplidas
La dificultad central para el Gobierno es que llegó a La Moneda el 11 de marzo de 2026 con dos promesas especialmente atractivas para el momento que estaba viviendo el país y que son las que le hicieron triunfar en las elecciones presidencial y parlamentarias: recuperar el crecimiento y restablecer el orden y la seguridad. A seis meses, la primera está seriamente cuestionada por los datos; la segunda paralizada entre dificultades provocadas por el propio gobierno.
Parece inexplicable el enredo en que está el Ejecutivo y los partidos que lo sostienen. Lo que todos daban por descontado que sería de fácil despacho en el Parlamento -todo lo relacionado con el tema que preocupa a los chilenos de todos los colores: seguridad, se ha transformado en un fierro caliente, difícil de asir. Tanto que incluso ha debido intervenir el propio presidente Kast, sin resultados positivos hasta ahora.
De ahí que la pregunta que ronda en oficinas y pasillos del Congreso y los partidos oficialistas y de oposición es a quién o a quiénes se les ocurrió la “brillante” idea de incorporar -entre otras perlas- una increíble cantidad de atribuciones presidenciales que erizaron a todos los verdaderos demócratas y prendieron luces rojas por todos lados.
El diseño original permitía que el presidente declarara el estado de excepción en barrios y sectores por 120 días prorrogable por otros 120 sin autorización previa del Congreso. Eso significaba que podían restringirse prácticamente todas las libertades de los habitantes del lugar: desplazamiento, reunión y asociación, requisarse bienes e intervenirse comunicaciones. Aparte de esto, también decía que “podrá interceptar, abrir o registrar documentos y comunicaciones, además de disponer requisiciones de bienes”. Aquello de permitir “cercar un barrio”, como denunció de inmediato la oposición, no era simplemente una metáfora, como más de una vez el Mandatario ha explicado de esa manera algún yerro propio o de su gabinete. El gobierno hablaba de intervenir “barrios, o territorios”, con las Fuerzas Armadas apoyando a las policías en vigilancia, logística y control perimetral.
Había otro elemento especialmente delicado: crear un registro oficial de organizaciones criminales o terroristas. ¿Quién hacía la calificación? El presidente, que podía declarar que una agrupación pertenecía a esas categorías.
Las ideas peregrinas parecen huérfanas de padre y madre. Porque el gran misterio de quién quiso aprovechar la situación para ganar la batalla cultural que comenzaron desde el 11 de marzo pasado, sigue en las sombras, Aunque más o menos se tiene claro el origen.
Cuando aparecieron las críticas jurídicas, parlamentarios comenzaron a preguntar quién había redactado realmente la reforma. El senador Pedro Araya llegó a ironizar diciendo que parecía que algún asesor había utilizado un chatbot y mezclado legislaciones extranjeras. Andrés Longton, desde RN —es decir, desde el propio sector oficialista— atribuyó las falencias a falta de rigurosidad técnica y experiencia de algunos equipos.
El ministro Arrau terminó asumiendo personalmente la responsabilidad: “Yo firmé y me hago responsable”. Quedó más o menos claro que detrás de la idea está el ultraderechista Partido Republicano. El gobierno de Kast participa en redes políticas internacionales de ultra derecha, y su agenda de seguridad incorpora herramientas que el propio Gobierno dice haber estudiado en otros países. De hecho, Kast tiene vínculos políticos con Vox, Disenso y Foro Madrid; su Gobierno estudió modelos internacionales de seguridad; Arrau reconoció expresamente la influencia de experiencias extranjeras.
Y Kast hizo algo semejante cuando le preguntaron de quién había surgido la fórmula de los 120 días: evitó identificar al autor y señaló que lo importante era quién firmaba el proyecto. Analistas opinan que el Gobierno intentó trasladar al orden constitucional chileno herramientas extraordinarias de seguridad inspiradas parcialmente en experiencias extranjeras, pero encontró límites políticos, jurídicos e institucionales incluso dentro de las propias derechas.
Un “espanto jurídico”
El proyecto creó tal batahola en el escenario político que incluso no pocos de sus propios partidarios abierta o soterradamente, mostraron su disconformidad. La oposición en masa reclamó en todos los tonos, salvo un diputado del PPD, Araya, que junto al Senador Longton y al diputado Squella comenzaron a reescribir la propuesta de seguridad criticada cuyo destino aun es incierto.
De paso, los tiras y aflojas dentro del oficialismo están a la orden del día, a tal extremo que el presidente y sus ministros políticos han debido intervenir.
Y en la oposición, no hay voces divergentes para rechazar el proyecto. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, ha sido especialmente crítica de la reforma de seguridad de Kast. La calificó como «un espanto jurídico». Sostuvo que había generado rechazo entre sectores políticos muy diferentes y cuestionó que el Ejecutivo no reconociera las deficiencias de su propuesta. Ella plantea una distinción entre aprobar nuevas facultades extraordinarias y utilizar las atribuciones que ya posee el Ejecutivo. Su argumento es que el Gobierno ha concentrado el debate en una reforma constitucional que considera jurídicamente defectuosa, en lugar de priorizar medidas operativas contra el crimen organizado.
Además, la presidenta del PS ha cuestionado directamente al ministro Martín Arrau, atribuyéndole obstinación y criticando la elaboración del proyecto sin suficiente consulta política.
Cuando Kast invitó a los jefes de las comisiones de Seguridad y Defensa para supuestamente conversar y llegar a algún acuerdo, hubo quienes pensaron que podría abrirse a una solución. Craso error. El senador independiente, Karim Bianchi, si bien confirmó que el Ejecutivo había anunciado su disposición a retirar la reforma original para dar paso a una nueva iniciativa de origen parlamentario, no se mostró conforme con la conversación. Calificó la alternativa que se estaba preparando como “una modificación bien forzada y bien poco práctica”.
Bianchi distinguió entre la actitud personal del presidente y los resultados de la reunión, reconociendo que Kast se mostró dispuesto a dialogar, escuchar y recibir propuestas. Sin embargo, consideró que esa disposición no se traducía todavía en una fórmula concreta para resolver los problemas de seguridad.
Uno de los cuestionamientos centrales de Bianchi es que no veía plazos ni una estrategia clara, sino una acumulación de proyectos legislativos, porque a su juicio, el problema de la delincuencia no se resuelve necesariamente modificando la Constitución, sino mediante medidas concretas de seguridad pública.
Pero no se quedó ahí. Al referirse a la decisión del Gobierno de abandonar su propuesta original y depender de una nueva iniciativa parlamentaria, dijo que “no solo renunciaron, sino que se entregaron”. Y como corolario, dijo que el Gobierno buscaba principalmente obtener una fotografía política del encuentro y que no se había alcanzado ningún acuerdo.
Aprovechó de cuestionar el aumento presupuestario en seguridad anunciado por el presidente Kast. Dijo que parte del incremento respondía al traspaso de Gendarmería al Ministerio de Seguridad y manifestó dudas sobre si los recursos serían suficientes para enfrentar el crimen organizado y financiar adecuadamente a las policías y Gendarmería.
¿Resultado hasta ahora? el Gobierno terminó aceptando retirar o reemplazar la reforma constitucional que había defendido durante semanas.
Kast dijo el 31 de agosto que el nuevo estado de excepción era “no renunciable”. Menos de un mes después, su Gobierno aceptó retirar la reforma original y negociar otro texto.
