Periodista.
No le ha ido bien al gobierno y a la derecha en su estrategia para aminorar, infructuosamente, los desastrosos efectos de los “Pandora Papers”. Un caso revelado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación donde participaron dos medios chilenos: Ciper y LaBot y que involucran al Presidente Piñera, cuya caída libre iniciada no ahora, sino hace un rato, no se detiene. Más bien se acelera.
En una semana, el Mandatario ha debido enfrentar dos veces a los medios de comunicación, explicando lo que hasta ahora parece inexplicable. Las críticas, sin embargo, no amainan. Y lo peor para el oficialismo es que en esas críticas se hacen parte algunos parlamentarios de su sector que deberán votar una acusación constitucional en su contra entre este mes y el próximo.
Se trata, sin duda, de una situación inédita en el país. Y según afirma el senador Guido Girardi, “es la primera vez que un presidente elegido es investigado por fraudes tributarios, cohecho y negociación incompatible”. Y dice que esto pone en cuestión la imagen de Chile. Situación absolutamente cierta, dado que los principales medios de comunicación del mundo amanecieron al día siguiente de la denuncia, con la imagen de Piñera en portada.
Situación terminal
A pocos días -faltan seis domingos- de que chilenos y chilenas acudan a las urnas para elegir a su nuevo Presidente y los parlamentarios que corresponden, el Mandatario enfrenta lo que parece ser una situación terminal para su administración. Y dicha situación no puede encontrarlo en el peor pie: para empezar, esta semana la Fiscalía inicia las primeras investigaciones en contra del Presidente por el caso Dominga; el miércoles se presentará en la Cámara de Diputados, la acusación Constitucional en su contra; la violencia en la macrozona sur está desatada; el cuarto retiro ronda en el edificio del Congreso y divide a los parlamentarios entre quienes lo aprueban, tomando en cuenta situación de insolvencia de capas medias empobrecidas y quienes están alarmados por el alza inflacionaria; los estertores de la crisis migratoria que ahora suma dos mujeres venezolanas encontradas muertas en territorio nacional; y la desgraciada muerte de una joven estudiante de Leyes, defensora de DDHH, durante una manifestación en las cercanías de la Plaza Dignidad, sin que hasta ahora haya una explicación valedera.
Todo ello, sin mencionar los movimientos telúricos devenidos en crisis política en los partidos, de un lado y otro. En la izquierda, que aspira a convertirse en gobierno y que evidencian que la campaña está tomando un tono ajizado que pone más nubarrones negros en el horizonte. Y en la derecha, con el desplome de su candidato Sichel, el alza del ultraderechista José Antonio Kast y la irrelevancia del gobierno enfrentado a un escándalo que golpea a toda la derecha política y económica.
No de otra manera se pueden leer, por una parte, las desafortunadas palabras del alcalde comunista de Recoleta, Daniel Jadue, que deslizó una amenaza directa al candidato Boric, quien le ganó en las primarias de ese sector. Fue justo después de reunirse a tomar un café con el candidato de Apruebo Dignidad. Aparte de repetir su consabida crítica a los 30 años de gobierno de la centroizquierda, Jadue señaló: “yo me comprometo ante ustedes, que el día en que Gabriel se tuerza un milímetro de la línea del programa, me van a tener a mí primero en la línea de denuncia y cobrándosela para defender los compromisos que estamos honrando”. Fue más allá. Aseguró que “cuando uno vota por ladrones después no se puede quejar cuando te asaltan y cuando uno vota por mentirosos no podis (sic) quejarte de sentirte engañado”. No hay espacio para amenazas, se limitó a responder Boric.
En la otra vereda, en tanto, se debaten entre cómo reflotar la campaña de Sichel que baja y baja en las encuestas y de paso, detener la sangría de sus adherentes a José Antonio Kast; y el cómo enfrentar el escándalo “Pandora Papers”. Todo indica que hasta ahora no han podido resolver ni lo uno ni lo otro. Porque este problema del Presidente Piñera salpica a Sichel, al dejar en evidencia la enorme desigualdad entre los ciudadanos que se esfuerzan para llegar a fin de mes con comida para sus hogares y el privilegio de los más ricos del país que poseen todo tipo de herramientas para proteger o esconder sus patrimonios, y hacer negocios en paraísos fiscales caribeños donde pueden pagar menos o ningún impuesto. De ahí que -dicen- en el comando de la derecha habrían decidido alejarse lo más posible de la figura del Presidente. Y alejarse también de la sensación de impunidad que este asunto profundiza.
Sumando y restando, esta fue una semana de aquellas pocas veces vista en la historia reciente del país. Y todo indica que los encontrones continuarán hasta el mismo diciembre.
Cosa no juzgada
Cuando hace una semana se supo del millonario negocio para evadir impuestos de los hijos del Presidente Piñera en un paraíso fiscal, provocó tal reacción que el Presidente se vio obligado a salir ante los medios de comunicación, desmintiendo la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ en sus siglas en inglés). ¿Qué informaba la investigación? Nada menos que la venta, en 2010, del proyecto minero Dominga del Presidente a su mejor amigo, sabiendo que con ello se ponía en peligro el ecosistema de la zona admirado mundialmente. La operación, por 152 millones de dólares, se realizó mediante una empresa offshore abierta en las Islas Vírgenes Británicas. Piñera aseguró que los Papeles de Pandora no revelan información nueva, negó cualquier conflicto de intereses entre sus negocios privados y su vida pública. En esa oportunidad sólo aceptó tres preguntas. Las reacciones no se hicieron esperar y la indignación por haber dejado en el peor de los mundos la marca Chile creció como la espuma.
Hasta que tal indignación se desbordó al conocerse que seguía habiendo trampas en la defensa del gobierno. Y ello obligó al Presidente, por segunda vez en la semana, a dar nuevas explicaciones ante la decisión del Fiscal Nacional de dar luz verde a una nueva investigación. Así lo anunció la Directora Anticorrupción de la Fiscalía, Marta Herrera.
Porque no era cierto que la decisión de sobreseimiento de los hechos relacionados con la compraventa de Dominga era cosa juzgada, como aduce el Presidente y sus ministros. Lo que investigó el ex fiscal Manuel Guerra en su momento fue el caso Exalmar, no la arista Dominga. Un ex fiscal que está muy silencioso y que en algún momento tendrá que dar explicaciones al país. En definitiva, hay antecedentes nuevos, como por ejemplo que el fiscal Guerra, no investigó el contrato en inglés del 10 de diciembre del 2017, que materializaba un acuerdo previo, que era de octubre de ese año, sobre la compraventa, suscrito en Islas Vírgenes Británicas.
Aunque la Fiscalía reconoce que el acuerdo de octubre estaba incorporado en términos “efectivamente muy similares” a la redacción del contrato en inglés, tenía algunas diferencias. La más grave dice relación con el pago. Este estaba condicionado a que, si el Mandatario decretaba la zona cercana al proyecto de Dominga como parque natural, inviabilizaría el proyecto. Y no habría pago. Nunca lo hizo. Y, por lo tanto, según el Ministerio Público, podría constituir un delito de cohecho.
Las reacciones
Fueron días de soledad para el Mandatario. Era impactante la ausencia de respaldo de su conglomerado político. Más aún cuando la oposición se puso de acuerdo para acusarlo constitucionalmente y se supo que había parlamentarios de su sector en reflexión profunda. De ahí que se armó una reunión en La Moneda para demostrar que no estaba solo y que los partidos de su coalición lo apoyan incondicionalmente.
El diputado y presidente de la UDI, Javier Macaya, opinó que la acusación que preparan los opositores, que además tiene el apoyo de algunos parlamentarios de Chile Vamos, “me parece lo más cercano a un golpe blanco y un atentado flagrante contra la democracia a tan pocas semanas de configurarse la primera vuelta presidencial. Me parece que quienes lo están haciendo están mirando también su propia elección, generando una tensión política absolutamente innecesaria”.
La candidata de la centroizquierda, Yasna Provoste señaló en cambio que los hechos conocidos “ son nuevamente un duro golpe en materia de transparencia y compromiso con nuestro país. Particularmente a las comunidades del norte, que van a sufrir las consecuencias de un proyecto minero y creo que la pregunta es bien sencilla, si el presidente recibió o no recursos para no declarar zona marina protegida a la localidad desde Isla Pájaro hasta la Caleta Chañaral de Aceituno, desde Coquimbo hasta Atacama, que forma parte de nuestras preocupaciones. Creo que esto daña severamente a nuestras autoridades”, dijo la senadora por Atacama.
El candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, señaló que “acá lo que ha quedado en evidencia es que hay información nueva que fue ocultada, que hubo una compraventa en un paraíso fiscal y los paraísos fiscales son, evidentemente, para evadir impuestos. Entonces, además con una condición suspensiva que establecía que la tercera cuota del pago se iba a realizar sólo si no había cambios en la legislación medioambiental que inhibieran o dificultaran el avance del proyecto”.
El candidato de la derecha, Sebastián Sichel, cumpliendo con la estrategia trazada, no apoyó al Presidente y dijo que “como toda situación, siempre presumo la inocencia de las personas, pero somos todos iguales ante la ley, y espero que los tribunales y la fiscalía actúe de lo más rápido posible para que terminemos este espacio de incertidumbre”. El candidato calificó como éticamente reprochable la parte del acuerdo relacionado con el pago condicionado, revelado en la investigación periodística internacional, asegurando que “lo que se mina es la credibilidad del sistema político…”.
Marco Enríquez Ominami opinó que “hoy se vuelve a confirmar que el Presidente de Chile es presidente de sus negocios. Sebastián Piñera nuevamente ha fallado. Le ha fallado a su pueblo, no ha sido transparente. Hoy se confirman transacciones por decenas de millones de dólares, por negocios que tenían y dependían de la decisión del Presidente de la República, Presidente Piñera. Ese conflicto de interés, esa falta de transparencia obliga a la oposición a unirnos para exigir su renuncia”.
El candidato de la Ultraderecha, José Antonio Kast declaró que “el tema de Dominga viene generando discusión hace bastante tiempo”. Luego de pedir que el tema no sea usado electoralmente, dijo que ““aquí hay una institucionalidad que tiene que funcionar, están los tribunales, los tribunales civiles, los tribunales medioambientales, la Fiscalía tiene que tener un rol, y si el Parlamento quiere investigar también está en su justo derecho a hacerlo, pero que se haga por etapas”.
