Con el objetivo de incorporar la obligación de protocolos normativos que prevengan y sancionen el acoso sexual al interior de las municipalidades, la diputada Gael Yeomans (CS) presentó el proyecto de ley “Municipio Cero Acoso”.
La diputada indicó que actualmente, los municipios no tienen la obligación de contar con protocolos de prevención contra el acoso ni de hacerse cargo de los procedimientos que sean necesarios para dar con las sanciones, “es por eso que queremos legislar al respecto, para entregar esa obligación a las alcaldesas y alcaldes. Este año tenemos un peak histórico respecto a las denuncias en materia de acoso sexual, por eso, debemos avanzar decididamente en el Congreso y legislar rápidamente este proyecto, para crear los protocolos de prevención y sanción en cada municipio del país”.
En tanto, la presidenta de Convergencia Social (CS), Alondra Arellano, señaló que “la gente confió en las candidaturas a la alcaldía del Frente Amplio y de Convergencia Social, porque justamente proponemos una forma diferente de administrar y hacer política desde los barrios. Esto significa proyectar una política feminista hacia todos los barrios y a las vecinas y vecinos, pero también hacia los municipios”.
Una deuda en el ámbito municipal
Desde CS explicaron que el Servicio Civil es el organismo encargado de sistematizar el número de denuncias anuales por acoso sexual, para lo cual dispuso una plataforma en la que los organismos ingresan las cifras que tramitan internamente. Pero los datos del Servicio Público no incluyen a las municipalidades, puesto que para estas no es obligatorio el Manual de Buenas Prácticas Laborales que rige para la administración central del Estado y que define cómo abordar las denuncias por acoso sexual. Así, siguiendo las directrices de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, se requiere crear normativa para prevenir y sancionar el acoso, al mismo tiempo de transparentar y sistematizar la magnitud de casos que puedan existir al interior de los municipios, lo que permitiría tomar mejores decisiones en materia de política pública.
A propósito de esto, las alcaldesas de Convergencia Social recién asumidas destacaron la importancia de esta iniciativa. La edil de San Miguel, Erika Martínez, manifestó que “San Miguel viene saliendo de un proceso interno duro que terminó con la destitución del ex administrador municipal por asedio sexual. Por eso, nosotros como municipio de izquierda feminista, impulsamos esta ley, no queremos más mujeres acosadas ni sexual ni laboralmente. Necesitamos espacios libres de acoso, donde nuestras funcionarias y funcionarios puedan trabajar tranquilos, no podemos ser parte de ninguna impunidad ante ningún acoso ni sexual ni laboral”.
Por su parte, la alcaldesa de Melipilla, Lorena Olavarría, dijo que como municipio y alcaldía ciudadana “es necesario contar con un protocolo que no solamente prevenga o sancione en el ámbito municipal sino que también transparente y sistematice la magnitud de los casos que se puedan dar al interior del mundo municipal”.
La alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, recalcó que esperan la urgente tramitación del proyecto “pues sabemos que la obligatoriedad de dictar estos protocolos es muy positiva toda vez que formaliza una situación no reconocida en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Hoy sólo se considera el acoso sexual como infracción sin detallar el procedimiento a seguir en estas condenables situaciones de violencia que se producen en las instituciones públicas”.
