Una rama de la organización delictual se dedicaba a ingresar mujeres y las llevaba al sur de Chile donde les cambiaba sus condiciones de trabajo. El INDH actúa como querellante en esta causa.
La Fiscalía de Puerto Montt pedirá la reformalización de Y.A.S.L., H.J.A.R., H.J.A.O., J.C.U.M. y M.J.P.J., todos ciudadanos extranjeros involucrados en una red de trata de personas con fines de explotación sexual. Actualmente se encuentran en prisión preventiva, luego de ser formalizados a fines de marzo, como parte de un grupo que pertenecería al Tren de Aragua y que se dedicaba a ingresar a mujeres por pasos no habilitados al país, trasladarlas al sur y ahí obligarlas a ejercer la prostitución.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) actúa como querellante en esta causa y pedirá al Juzgado de Garantía de Puerto Montt la ampliación de su querella para incluir a las nuevas víctimas que incorporará la Fiscalía en su reformalización.
Las nuevas víctimas —entre seis y ocho mujeres— se sumarán así a las ya consideradas en la querella del INDH, que menciona a seis personas (de 18 a 25 años de edad), que entre septiembre y noviembre de 2021 fueron obligadas a prostituirse bajo las condiciones impuestas por la red.
El jefe regional de Los Lagos del INDH, Mauricio Maya, señaló que “consideramos que la trata de personas es un delito muy grave que atenta contra la integridad física y síquica, y la dignidad de las personas. Es lo más cercano a una forma de esclavitud moderna y debe ser erradicada, para eso actuamos como Instituto”, dijo.
De acuerdo con la indagación del Ministerio Público, desde agosto del 2021 hasta marzo pasado, cuando se registraron las detenciones, los integrantes de la red cumplían roles para perpetrar el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Así obtuvieron importantes ganancias desde su centro de operaciones ubicado en Puerto Montt.
El modus operandi de la organización consiste en captar jóvenes venezolanas dentro de Chile, Colombia y/o Venezuela, ofreciéndoles acogida en el país, para luego cobrarles por ingresarlas clandestinamente y explotarlas sexualmente, restringiendo su libertad de diversas formas.
