¿Bolivia en la mira?

Cyntia Otey

Editora Internacional Página 19

Lo que comenzó como un reclamo por la escasez de alimentos, medicinas y combustibles -en medio de la peor crisis económica que Bolivia ha sufrido en cuatro décadas- se transformó rápidamente en una exigencia política que hasta hoy no ha logrado ser superada ni aplacada: la renuncia del presidente, Rodrigo Paz.

Estados Unidos no ha desaprovechado esta oportunidad. Primero, enviando ayuda humanitaria; luego, apoyando al presidente “democráticamente electo” Rodrigo Paz y señalando al “narco del Chapare” como culpable de desestabilizar el país para hacerse con el poder. Mientras Donald Trump, desde Washington, respaldaba al candidato de extrema derecha en las elecciones presidenciales colombianas, Abelardo de la Espriella, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el de Defensa, Pete Hegseth, se enfocaban en Bolivia.

“El Departamento de Guerra y la Coalición contra Carteles de las Américas (A3C) rechazan cualquier intento de derrocar al gobierno legítimo del presidente Paz en Bolivia”, manifestó el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, en un mensaje publicado en redes sociales. Aseguró que EE. UU. “está atento” y reivindicó la importancia de que La Paz no permita que “se repita el antiguo ‘statu quo’ de dominio narcoterrorista en la región”. Además, afirmó que Washington seguirá apoyando a socios de Shield of the Americas y de la A3C, como Bolivia, con el objetivo de “garantizar” la disuasión de los “narcoterroristas” que buscan “lucrarse con la muerte y destrucción” del hemisferio.

Por su parte, Marco Rubio conversó por teléfono con el jefe del Ejecutivo boliviano para “reafirmar el compromiso inquebrantable” -propio y de la Casa Blanca- de “apoyar la democracia” del país andino y “al gobierno de Paz en su labor de reconstrucción del país tras veinte años de políticas socialistas fallidas”. Rubio agregó que Washington está “intensificando la ayuda de emergencia” y el “apoyo a las operaciones logísticas” a Bolivia, con el fin de “ayudar a quienes se enfrentan a una grave escasez de alimentos y medicamentos debido a los bloqueos ilegales de carreteras” que, consideró, están “destinados a desestabilizar la sociedad boliviana”.

Tras el respaldo explícito del Pentágono y de la Coalición Anticarteles de las Américas, el sietemesino presidente boliviano pronunció las palabras mágicas: “No permitiré intereses narcoterroristas en Bolivia (…) igual que ocurrió con Marset, tienen sus días contados”. ¿Qué quiso decir el presidente Paz? ¿Intervendrá acaso EE. UU. en el Chapare? ¿Eso solucionaría realmente este quiebre social?

Detrás de esta convulsión, que se encamina a los 40 días sin visos de solución negociada ni política, cabe preguntarse: ¿se esconderá detrás de este súbito apoyo de Washington un interés geopolítico vinculado, por ejemplo, a la riqueza mineral estratégica que supone el llamado «oro blanco»?  Y no hablo de coca. Nuestra vecina Bolivia posee las mayores reservas de litio identificadas a nivel mundial; sin embargo, a pesar de concentrar cerca del 22.7% de los recursos globales, enfrentan grandes problemas para escalar su producción industrial debido tanto a limitaciones tecnológicas, como demoras burocráticas y el monopolio estatal. O sea, en corto: Bolivia concentra un elemento vital para la industria tecnológica de chips y semiconductores, de grandes potencias y empresas a nivel global.

USA is back

La relación bilateral entre Bolivia y Estados Unidos está experimentando un cambio histórico. Aquello que durante casi veinte años representó un punto de fricción diplomática bajo las administraciones del Movimiento al Socialismo (MAS), lideradas por Evo Morales, se ha convertido, en apenas medio año de gestión de Rodrigo Paz, en una apertura sin antecedentes en los terrenos militar, comercial y de lucha contra el narcotráfico.

Morales, quien hoy permanece refugiado en el Chapare tras una orden de aprehensión, fue en su momento un firme aliado de Venezuela e Irán y un opositor constante a las políticas de Washington. En 2008, expulsó a la DEA y al embajador estadounidense Philip Goldberg -a quien señaló de tramar contra su gobierno-, rompiendo vínculos diplomáticos con Estados Unidos. En los años posteriores, Bolivia sostuvo una estrategia «alternativa» de cooperación antidrogas, pero sin la presencia de la agencia estadounidense en su territorio.

Luego de la dimisión de Morales en 2019, en medio de protestas por supuesto fraude electoral, la mandataria interina Jeanine Áñez reanudó los lazos bilaterales, lo que motivó a Washington a declarar su propósito de volver a enviar un embajador a La Paz. No obstante, lo acotado de su gestión y la resistencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional frustraron la concreción de políticas bilaterales estables.

Un interesante paréntesis. En 2024, en sus últimos meses como jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson causó polémica en la región tras afirmar ante el Comité del Congreso de EE. UU. en marzo de 2024, Richardson que el control del «Triángulo del Litio» (Argentina, Bolivia y Chile) es vital para la seguridad nacional. Su postura se centraba en la preocupación por la influencia de China y Rusia en la región, y destacó la importancia geoestratégica de este mineral para la transición energética y la defensa. Richardson hizo reiteradas referencias al Triángulo del Litio como un área donde Estados Unidos tiene «mucho por hacer». 

Estas declaraciones y la posterior gira latinoamericana de la general Richardson causaron gran malestar en el gobierno boliviano. Varios ex presidentes, incluídos Evo Morales y el presidente de ese momento, Luis Arce, rechazaron la «injerencia estadounidense», argumentando además que «las políticas del Pentágono sólo buscan saquear los recursos naturales sudamericanos en lugar de fomentar la cooperación».

Lo cierto es que desde la asunción del gobierno de Rodrigo Paz, quien fue elegido en representación del PDC, pero apoyado por sectores del MAS críticos de Evo y de la gestión de Arce, representantes de pueblos originarios, campesinos, profesores, y seguidores de su compañero de fórmula, Edmand «Capi» Lara. Sin embargo, y a pesar del apoyo popular que lo llevó al poder, el viraje hacia EEUU comenzó a gestarse rápidamente, mucho antes de las protestas que hoy paralizan a La Paz. 

El 9 de enero, agentes de la DEA realizaron un sobrevuelo por la región cocalera del Chapare para evaluar posibles formas de asistir a Bolivia en su combate al narcotráfico. La aeronave también pasó sobre Lauca Eñe, lugar donde permanece escondido Evo Morales. El entonces viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, afirmó: «Nos encontramos en condiciones paupérrimas, miserables», tras explicar que, de 31 aeronaves disponibles, apenas dos están en condiciones de volar.

A inicios de febrero, en la Cancillería boliviana se llevó a cabo un encuentro de alto nivel entre delegados de la Oficina Comercial de Estados Unidos (USTR) y autoridades económicas de Bolivia. El viceministro de Comercio Exterior, Rodrigo Arce Ballivián, sostuvo: «Después de un largo periodo de enfriamiento en las relaciones diplomáticas, Bolivia está desarrollando una nueva visión estatal basada en el principio del pragmatismo: acercar el mundo a Bolivia y llevar a Bolivia al mundo, bajo el enfoque económico del capitalismo para todos». Las partes acordaron reanudar las negociaciones comerciales y reactivar el Consejo de Comercio e Inversión entre ambos países.

El 24 de febrero, Bolivia retomó la coordinación con la DEA para el intercambio de información investigativa, luego de 17 años sin colaboración directa. Días después, el 8 de marzo, Washington y sus aliados lanzaron la iniciativa «Escudo de las Américas» (Shield of the Americas), orientada a reforzar la articulación en extradiciones, el intercambio de inteligencia y los planes de seguridad. Bolivia se sumó como miembro activo. Cinco días después, tras varios años, se logró la detención en el Chapare de Sebastián Marset, cabecilla del Primer Cártel Uruguayo, quien fue extraditado a Estados Unidos.

El ministro de Defensa, Marcelo Salinas, se reunió el 30 de marzo en La Paz con el mayor general Jim Ryan, comandante del Ejército del Comando Sur de Estados Unidos. Fue la primera visita de una alta autoridad militar estadounidense en dos décadas, según destacó la Embajada de ese país. «Este es un encuentro para intercambiar visiones sobre la situación mundial y también para abrir canales de cooperación que nos permitan en el futuro compartir tecnología y capacitación militar para nuestras Fuerzas Armadas, y que nuestros uniformados puedan acceder a becas en Estados Unidos», expresó Salinas.

Sin embargo, tras un mes de prolongadas manifestaciones opositoras que mantienen bloqueadas las principales rutas del país, y en medio del debate sobre la implementación de un estado de excepción para contener los cortes de caminos, se concretó la renuncia del funcionario de mayor jerarquía en el gabinete de Rodrigo Paz desde el estallido de la crisis social a principios de mayo. Ernesto Justiniano, quien se desempeñaba como viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, asumió como nuevo ministro de Defensa. Justiniano fue una pieza clave para la restauración de la cooperación antinarcóticos con Estados Unidos.

La crisis de gobernabilidad -agravada por la fractura entre Paz y Lara- ofrece una oportunidad dorada para Washington. Un gobierno débil y dividido es más propenso a aceptar condiciones desfavorables a cambio de apoyo externo. La ayuda de emergencia, la cooperación en inteligencia y el respaldo diplomático de Estados Unidos pueden ser la salvación de Paz, pero ¿a qué costo?

La narrativa de la lucha contra el “narcoterrorismo” -utilizada tanto por Paz como por el secretario de Defensa Hegseth- permite criminalizar la protesta social, vincular a la oposición con el crimen organizado y justificar el despliegue de agencias de inteligencia extranjeras. El vicepresidente Lara, irónicamente, puede estar contribuyendo sin saberlo a este objetivo. Al airear las divisiones internas y debilitar aún más la ya frágil autoridad de Paz, Lara profundiza la crisis de gobernabilidad y hace que el presidente sea más dependiente del apoyo externo. Un gobierno boliviano más fuerte y unificado podría negociar con mayor autonomía; un gobierno dividido y acosado desde dentro y desde fuera es más vulnerable a las presiones de Washington.

El paro laboral de mayo se transformó rápidamente en bloqueos de carreteras que aislaron a La Paz y El Alto, afectando a cerca de 2 millones de personas. Esta interrupción en la cadena de suministro generó desabastecimiento de insumos médicos esenciales -incluido oxígeno para hospitales- y un incremento generalizado de los precios. Hasta finales de mayo, las autoridades reportaron al menos 7 fallecidos y 120 detenidos.

La militarización interna y el costo social

El presidente Paz presentó una propuesta de ley para facilitar que los militares levanten los bloqueos de vías, y el Congreso eliminó las trabas para decretar estados de excepción. La oposición denunció que se pretende legalizar la represión y criminalizar la protesta. Pero desde la perspectiva de Washington, esta militarización es bienvenida: un gobierno que controla las calles por la fuerza puede garantizar la seguridad de las inversiones extranjeras en el litio.

Mientras tanto, los sectores movilizados -campesinos, indígenas, mineros, transportistas, maestros- no solo reclaman alimentos y medicinas. También defienden un modelo de desarrollo soberano. Su exigencia de que el litio sea explotado con beneficio para las comunidades y respeto al medioambiente choca con los intereses de las transnacionales. La reacción de los sindicatos campesinos del Chapare contra el sobrevuelo de la DEA -“este gobierno es títere de Estados Unidos”- es el grito de alerta de quienes saben que la presencia extranjera rara vez trae beneficios para todos.