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Este jueves 21 de enero de 2021 se despachó desde la Comisión Especial de la Mujer del Senado el proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que ingresó al Congreso hace cuatro años, por iniciativa del segundo gobierno de Michelle Bachelet.
A lo largo de diez sesiones de la Comisión, se revisaron alrededor de 500 indicaciones presentadas a la iniciativa. Uno de los puntos más aplaudidos por las senadoras que forman parte de la instancia es la ampliación y clarificación de la figura de violencia intrafamiliar, la cual quedó establecida como “todo maltrato en contra de la vida, la integridad física o psíquica, la liberta o indemnidad sexual o la subsistencia o autonomía económica de la persona que tenga o haya tenido la calidad de cónyuge, conviviente civil o de hecho de quien agrede, tenga un hijo con quien la agrede, o tenga o haya tenido una relación de pareja sin convivencia con el agresor, sean agresor y víctima del mismo sexo o de diferente sexo si el agredido es un hombre”.
Otro aspecto que se ha considerado un avance es la integración al Código Penal de figuras como el acoso sexual sin contacto corporal, el que será considerado una falta. Dentro de esta categoría se incluye la captación de imágenes audiovisuales del cuerpo de otra persona, sin su consentimiento, y con fines principalmente sexuales.
También se sancionará la difusión de registros corporales de otra persona, aun cuando se haya contado con la autorización de la víctima para obtener las imágenes. Además, se castigará el hostigamiento mediante actos o expresiones verbales de carácter sexual.
El paso siguiente es la Comisión de Constitución, donde se examinará las normas de su competencia. Con la finalidad de no retrasar más la tramitación de la iniciativa, los Comités del Senado acordaron un plazo de dos semanas para realizar el proceso antes mencionado. Posteriormente, pasará a la Comisión de Hacienda, para revisar los gastos y el financiamiento del proyecto.
Dudas desde el movimiento feminista
Camila Maturana, abogada del equipo jurídico de la Corporación Humanas, valoró la aprobación del proyecto de ley en la Comisión del Senado. Sin embargo, a juicio de la organización, aún quedan aspectos relevantes que no se encuentran debidamente resguardados y esperan que en la revisión de la Comisión de Constitución esos puntos sean corregidos.
“En primer lugar en cuanto a la definición de las obligaciones de los órganos del Estado, consideramos que una ley integral sobre violencia contra las mujeres y las niñas debe definir con claridad y precisión las obligaciones que le corresponden al conjunto de órganos públicos para enfrentar la violencia de género. Definiendo mandatos concretos y vinculantes para el Estado”, señaló Maturana.
Desde la Corporación que trabaja en defensa de los derechos de las mujeres, también consideran que se debe corregir la redacción de algunos puntos del proyecto. “Expresiones como procurarán, promoverán, velarán, entre otras, deben ser reemplazadas por obligaciones directas y exigibles para los órganos públicos. Del mismo modo se deben revisar los mandatos definidos, por ejemplo, al Ministerio de Educación, de Salud, de Interior, Justicia, para asegurar políticas públicas fuertes y eficaces en materia de prevención, protección y atención integral a las víctimas”, comentó Camila Maturana.
La abogada de la Corporación Humanas cree, además, que es preocupante que después de un año de tramitación del proyecto en el Senado, aún no se haya abordado el debate sobre el presupuesto asignado para la implementación de la ley.
