Guillermo Williamson Castro, Doctor en Educación y Académico Universidad de La Frontera.
En estas mismas columnas de Página19 hemos venido demostrando que, desde hace décadas, poco ha cambiado en la distribución social de los aprendizajes formales, asociados al mejoramiento de condiciones de vida, acceso al poder y construcción de la hegemonía cultural e ideológica de la sociedad. Los colegios privados continúan en los primeros puntos de rankings de puntajes (cuantitativos y medibles) de pruebas de acceso a la educación superior (PAES) y de otros rankings de datos para el mercado. Del sector subvencionado (Servicio Local de Educación, municipal, particular) se asoman un par de establecimientos cuando se enfilan los “100 mejores colegios”. 19 de los 20 mejores colegios son privados y sólo 3 son de regiones, cobran un promedio de 500.000 pesos mensuales. Se arma un escándalo mediático durante días sobre lo mal que está la educación. Opinan iglesias y fundaciones empresariales (A. Luksic fue uno de sus voceros este año), algunas de las cuales publican caros anuncios mostrando sus éxitos (en apenas 3.000 estudiantes) con importantes recursos per cápita. A escala local fundaciones, corporaciones privadas y municipales, servicios locales de educación, tratan de mostrar que estuvieron bien entre los iguales. Académicos del centro del país, de universidades privadas y estatales, intentan explicar los resultados según la formación docente, problemas pedagógicos, desigualdad educativa, educación pública… que los municipales emblemáticos, bicentenarios. Aparecen estudiantes exitosos individualmente que refuerzan la ideología meritocrática. Se defienden los responsables del diseño y gestión de las pruebas (DEMRE) señalando que, estadísticamente, con los datos de la PAES, no se puede listar los colegios de mejor a peor puntaje. Todos los años la misma cueca.
¡Pero no se dice con la suficiente fuerza que tenemos un sistema que, después de 40 años, sólo muestra su fracaso! El modelo de educación, como el de las AFPs e ISAPRES, que se impusieron al mismo tiempo, muestra su rotundo fracaso desde las perspectivas de igualdad entre las personas, justicia social, acceso a derechos establecidos legalmente y también desde los aprendizajes del curriculum oficial, intercultural o real… pese a logros reales resultado de esfuerzos realizados por el estado y los gobiernos de la Concertación.
En mis cursos de Pedagogía en la universidad, cada año hay estudiantes que son los primeros de sus familias en ingresar al sistema universitario, acreditado, de calidad, con gratuidad, con becas si necesita, políticas de género e interculturalidad, alta proporción de docentes con posgrado e investigación. Ya no provienen sólo de las dos o tres ciudades capitales de la región y provincias, muchos vienen de comunas distantes.
Hoy hay un tercio de jóvenes mapuche. Pienso, cuando los veo, que hemos hecho todo lo posible dentro de un sistema educacional, que si no ha sido más se debe a la correlación de fuerzas parlamentarias y hegemonías culturales de la sociedad, entre los que defienden el status quo y la ideología privatizadora, liberal o neoconservadora, de educación de mercado, y los que defendemos la responsabilidad del estado con la justicia social y ciudadana a través de la educación de calidad, pública y privada, con regulación estatal. Hemos buscado resquicios legales, salidas posibles en escenarios casi imposibles, caminos largos y enredados para avanzar en justicia educacional, errando procesos producto de negociaciones para alcanzar un bien mayor, apuntando de modo rocambolesco al bien común de la sociedad, sus familias, al derecho a una buena educación para todos/as sin discriminaciones. Pero esta estrategia de ir ocupando espacios, uno a uno, no da más.
Los parches a problemas emergentes en vez de pensar, junto a ello, cambios estratégicos y estructurales, sólo postergan dolorosamente el fracaso del sistema y las desesperanzas de los hijos e hijas del pueblo trabajador. El responder al lobby y exigencias de quienes defienden intereses de grupos ideológicos, de poder, económicos particulares, es asumir que no se puede levantar la cabeza. Es negar la opción de apoyarse en los profesores, los asistentes de la educación, las comunidades educativas y sus organizaciones, para construir las bases de un nuevo sistema educativo. Acción-reacción es una ley física que no tiene por que aplicarse a las políticas públicas: debe aplicarse a la decisión de respuesta inmediata a hechos no previstos, política, social o educativamente riesgosos, pero no debe obnubilar la ruta transformadora de las bases ilegítimas, ineficaces e ineficientes, del sistema actual de educación de mercado, subvencionado, municipalizado y privatizado.
Hoy es el tiempo de empezar a cambiar el sistema de financiamiento de la educación, de reconceptualizar lo que se entiende por calidad de la educación, de reglamentar para todo el sistema subvencionado (público y privado) la participación vinculante de las organizaciones de las comunidades locales y educativas, de asegurar la sindicalización por rama o por empresas para el sector privado, de discutir la noción de “Educación Pública” y el modo en que el sector particular sin fines de lucro se suma a colaborar en el sistema global, a pensar un nuevo proyecto y concepto de escuela comunitaria e intercultural en los territorios, a debatir y construir un renovado proceso de formación inicial y desarrollo profesional docente. Hay que pensar como la sociedad civil organizada (que no es equivalente a sector privado sin fines de lucro) en organizaciones territoriales, sectoriales, comunitarias, sociales, sindicales, culturales, indígenas, de praxis transformadora, las universidades estatales regionales, se suman participativa y vinculantemente a este debate conceptual y metodológico y a la construcción de un sistema nuevo de educación. Hoy es el tiempo, mañana será tarde… esta decisión se empuja siempre “para adelante”.
Es ahora o nunca cuando el Gobierno y Ministerio de Educación debe decidir si colocará sus fichas políticas en lo coyuntural -por muy importante que sea- o en la oportunidad histórica para generar cambios estructurales, que es lo que esperamos los docentes, asistentes de la educación, familias, comunidades, académicos, que creemos en la transformación educacional para la transformación social democrática real.
