Periodista y Psicóloga.
Es difícil creer que haya razones que nos obliguen a entrar en este tema, a estas alturas de los tiempos, en un Chile reconocido internacionalmente -aun- como un país liberal y decente y no como una república bananera. Pero como, cuando no es Juana es Chana, ahí tenemos en los titulares de la prensa a un señor que fue elegido Diputado por el Partido Republicano clamando, urbi et orbe, que un aborto no “desviola” a una mujer ultrajada. Para luego sumarse con otro colega del mismo estilo, para abogar por reponer la penalización del aborto en Chile. Y como si fuera poco, también tenemos que escuchar el escándalo ficticio armado por la derecha contra una ley de aborto libre a la que hizo alusión la Ministra de la Mujer, pero la cual el gobierno ni siquiera ha presentado. A pesar que tiene todo el derecho a hacerlo porque forma parte de su programa de gobierno, elegido por amplia mayoría.
Amnistía Internacional abogó por una ley de este tipo en agosto pasado, al conmemorarse el Día de Acción Global por el derecho al aborto libre, señalando que este “este es un derecho humano, y los países que lo penalizan ponen en riesgo no sólo la salud de las mujeres y las niñas sino también su derecho a la autonomía corporal, a la intimidad, a la no discriminación y a igual protección ante la ley”. Asimismo AI destacó que en los últimos 25 años más de 50 países han modificado su legislación para permitir el acceso al aborto sin trabas.
Lamentablemente, en el país que habitamos tras el plebiscito de salida, la cantidad de basura que ha estado botando la ola del Rechazo es sorprendente y creciente. Y entonces tenemos que ser testigos de una moción tan insólita como la patrocinada por los Diputados Harry Jürgensen y Cristóbal Urruticoechea, para modificar el Código Sanitario y el Código Penal de modo de proscribir el aborto y aumentar la sanción penal aplicable. Los artículos de estos dos códigos, que aludían a las penas que debían sufrir las mujeres que abortaran, o quienes las ayudaran, quedaron sin efecto en septiembre de 2017, tras la promulgación de la Ley 21.030, de Interrupción del Embarazo en Tres Causales.
Aborto en dictadura
La nueva legislación, que costó la sangre, el sudor y las lágrimas de miles de mujeres que lucharon por hacerla realidad –y que tuvo una engorrosa tramitación legislativa de más de tres años contra los antiabortistas de siempre-, terminó con la ignominia que ponía a Chile entre los siete países del mundo que penalizan el aborto en cualquier circunstancia. Sin embargo, no logró despenalizar el aborto en toda circunstancia, a excepción de las tres causales.
Hasta meses antes del retorno a la democracia, el Código Sanitario de Chile permitía a lo menos el aborto terapéutico para salvar la vida de una mujer. En su artículo 119, ese cuerpo legal señalaba que “sólo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo, para lo cual basta la firma de dos médicos cirujanos”. Esa legislación había estado vigente en Chile desde el año 1931. A meses del fin de la Dictadura, la Junta Militar la derogó, modificando el Código Sanitario y el Código Penal. De este modo, desde 1989 y hasta 2017, el aborto estuvo penalizado en todas sus circunstancias. La batalla fue dura y desde el inicio de la democracia y hasta la década del 2000 se presentaron 27 proyectos de ley sobre el tema. Ninguno pasó las barreras puestas por los antiabortistas.
El logro de la ley 21.030 fue, de este modo, significativo. A pesar, como señala una reciente medición de la Universidad de Chile, que el 49% del personal de salud de los recintos estatales y privados del país que debería poder practicarlo, se ha declarado “objetor de conciencia” y, por ende, se ha negado a realizar abortos aun al amparo de la ley. A pesar de ello, cifras del Ministerio de Salud dan cuenta que, a junio de 2022, se habían realizado en Chile 3.333 abortos bajo alguna de las tres causales que autoriza la Ley 21.030. Es decir, peligro para la vida de la madre, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación.
Pero aun esa ventanita que abrió la ley 21.030, que ha permitido salvar vidas de muchas mujeres, es la que antiabortistas como Urruticoechea y Jürgensen quieren clausurar. Sin importarles que en Chile, sin la ley de aborto en tres causales, los abortos realizados bajo malas condiciones sanitarias, han llegado a sumar en algunos periodos entre 150.000 al año. Hay quienes hablan del doble, pero las cifras en este ámbito son, en general, poco claras justamente porque es difícil que una mujer reconozca que se hizo un aborto si al hacerlo arriesga penas de cárcel. Y si ha muerto, su familia tampoco lo dirá por las mismas razones.
Es difícil entender la posición de los antiabortistas porque es difícil entender que haya personas –especialmente hombres- que quieran controlar un ámbito tan íntimo del ser humano como el sexo y sus decisiones respecto del embarazo. ¿Con qué argumento puede alguien inmiscuirse en un recinto tan sagrado como lo es el propio cuerpo y su capacidad reproductiva? ¿Por qué las mujeres deberían rendir cuentas por sus decisiones y pagar con cárcel su autonomía para reproducirse o no hacerlo?
Si ello es incomprensible, lo es aún más el argumento central que dan los antiabortistas: “el respeto a la vida del que está por nacer”. Hablan de asesinato, crimen, destrucción de un ser indefenso, olvidando que las madres que buscan abortar son, en porcentajes infinitamente significativos, mujeres solas y desesperadas, de gran precariedad económica, que no logran imaginar cómo podrán hacerse cargo de cuidar y proteger a ese hijo o hija. Hoy en día, lamentablemente, muchas de ellas están tan presas de las drogas que ni siquiera ven como posibilidad un aborto. Y entonces, nacen niños que son abandonados en hospitales públicos a horas del parto, por madres que no dejan huellas y cuyo destinos es ir a dar a algún local del nuevo Sename –el mismo calvario pero con otro nombre- donde esas guaguas llegan generalmente a vivir por año sin un vínculo familiar, ni siquiera un sucedáneo de maternidad, porque en Chile no hay políticas claras y fluidas para dar a esos niños en adopción o en custodia parental.
Pero todo ese periodo que se inicia para ese niño que fue “salvado” por un antiabortista es ignorado. A aquel solo parece importarle cuando ese feto es invisible en la guata de su madre pero en el minuto que ese sale al mundo real, queda en el más rotundo desamparo, rodeado de cientos y miles de niños que también fueron obligados a vivir, a sobrevivir en realidad.
En su columna “Vigilar y castigar a la infancia pobre”, publicada en Ciper en noviembre de 2021, Juan Carlos Rauld Farías, Trabajador Social de la Universidad Tecnológica Metropolitana y diplomado en psicoanálisis, se refiere a lo poco que le importan a la sociedad esos niños y que el Estado ha intervenido siempre de la misma forma: “a través del encierro y la confinación”, precisando que “esos niños confinados han sufrido una sistemática violación a sus derechos humanos; ha sido así durante los últimos cuarenta años, indistintamente de los gobiernos de turno”. En su opinión “la dimensión de la muerte infantil no se expresa en forma física y necropolítica, sino en la notable posibilidad de hacer morir en vida a la niñez”, señalando que con una infancia institucionalizada de esta forma, “el poder sobre la vida no está centrado en el ‘hacer vivir’, sino que estrictamente en el ‘dejar morir’”.
Todos los saben pero ningún antiabortista es capaz de reconocerlo. Esa protección de la vida de que tanto se ufanan es falsa. No les importa lo que pase con esas guaguas cuando lleguen a la población, cuando tomen presos a su padre y madre por narcotráfico, cuando dejen el colegio y vivan en la calle con malos amigos. Cuando un día les llegue una bala y les hagan un gran funeral con balazos y escolta de carabineros. Ese día, esos antiabortistas estarán vociferando por la tele que una mujer no se desviola con un aborto. Y seguirán repitiendo que están contra el aborto porque lo primero es el derecho a la vida del que está por nacer.
