Hernán García Moresco, Magister©️ Ingeniería Informática USACH. Diplomado en Big Data. Universidad Católica. Diplomado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Universidad de Chile. Licenciado en Educación en Matemática y Computación USACH
José Orellana Yáñez, Doctor en Estudios Americanos Instituto IDEA-USACH, Magister en Ciencia Política de la Universidad de Chile, Geógrafo y Licenciado en Geografía por la PUC de Chile. Integrante del Centro para el Desarrollo Comunal Padre Hurtado.
La discusión por la exención del impuesto territorial para las personas mayores de 65 años, creemos, dejó de ser una controversia exclusivamente tributaria. Mientras el Congreso y Ejecutivo buscan fórmulas que permitan compensar la disminución de recursos del Fondo Común Municipal (FCM), el verdadero debate se instala en otro plano: la fragilidad del municipalismo chileno y las limitaciones del proceso de descentralización.
Más allá de las distintas alternativas de compensación, resulta evidente que una medida concebida desde el nivel central impacta directamente en lo financiero a estas entidades sin que hayan logrado constituirse en un contrapeso político efectivo. Ello demuestra que la autonomía local continúa siendo más un deseo que una realidad y que el sistema político mantiene una lógica centralista, donde las decisiones estratégicas siguen dependiendo del poder nacional.
En este contexto, las declaraciones y el liderazgo político de Quiroz terminan por subsumir incluso el liderazgo presidencial de José Antonio Kast. La conducción del debate, la desestimación de los reparos formulados por alcaldes y municipalidades (aunque fragmentados) y la confianza en una favorable correlación de fuerzas congresales reflejan una forma de ejercer el poder que privilegia el cumplimiento de una promesa de campaña populista por sobre la evaluación de sus efectos territoriales. El resultado es la ‘casi’ instalación de una política pública cuyos costos recaen precisamente sobre quienes deberán responder cotidianamente a las demandas de la ciudadanía.
Lo preocupante no es únicamente el impacto financiero sobre el Fondo Común Municipal, sino la señal política que transmite este proceso. Si una decisión de esta magnitud puede modificar las bases del financiamiento municipal sin una incidencia efectiva del mundo local, queda en evidencia que la descentralización chilena continúa siendo institucionalmente débil. Esto es, principios como la justicia territorial, la autonomía municipal y el fortalecimiento democrático de los “mal llamados gobiernos locales” quedan subordinados a decisiones adoptadas desde el centro político (hay que conceder que en el artículo N° 1 de la ley municipal, se consigna que son administraciones locales y no gobiernos, los municipios).
Paradójicamente, mientras parte importante del debate político local y congresal se concentra en perfeccionar mecanismos compensatorios, el país enfrenta desafíos de urgencia en los territorios: los efectos acumulativos de los sistemas frontales, la vulnerabilidad de la infraestructura local, la conectividad y las crecientes desigualdades que afectan a miles de familias. La discusión debiese estar orientada a fortalecer las capacidades municipales para enfrentar estas contingencias y no exclusivamente a reparar los efectos de una decisión cuya implementación pudo haberse previsto con mayor responsabilidad (y menos populismo).
No obstante, la responsabilidad tampoco recae únicamente en el gobierno. El municipalismo chileno y el sistema de partidos han evidenciado una escasa capacidad para defender institucionalmente la descentralización que, discursivamente, dicen promover. La ausencia de una posición común y la incapacidad para instalar un debate nacional sobre las implicancias territoriales de esta reforma reflejan que la descentralización aún carece de actores políticos capaces de sostenerla cuando enfrenta decisiones provenientes del nivel central.
La experiencia reciente demuestra que los municipios sí poseen capacidad de liderazgo cuando actúan desde el territorio. Lo hicieron durante el estallido social o geografía de la multitud en su máxima expresión, canalizando demandas ciudadanas e instalando temas en la agenda nacional. Recuperar esa vocación territorial constituye hoy una necesidad política. De lo contrario, el municipalismo seguirá reaccionando frente a decisiones ya adoptadas y no participando en su definición.
En definitiva, la controversia sobre el Fondo Común Municipal trasciende la discusión presupuestaria. Constituye una prueba para la descentralización chilena y para la capacidad del municipalismo de defender su autonomía política e institucional (sin perjuicio de artículo N° 1 de la ley consignada). Si esta oportunidad vuelve a desaprovecharse, no será únicamente Quiroz quien imponga el rumbo del debate; será el propio centralismo y presidencialismo el que, una vez más, demostrará que los territorios continúan ocupando un lugar secundario en la toma de decisiones del Estado.
