Carlos Estévez, abogado, Director Escuela de Ingeniería Comercial UDP y Andrés Zahler, doctorado en Políticas Públicas Universidad de Harvard, ex jefe de la División de Innovación del Ministerio de Economía.
Desde hace décadas científicos y expertos nos advierten que los sistemas naturales que sustentan la vida están siendo afectados por los desafíos del cambio global, comprendiendo a los que derivan del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, el crecimiento demográfico y su consecuente urbanización, además de la expansión de los patrones de consumo y una lógica de crecimiento económico que no logra desacoplarse del consumo insostenible de los recursos naturales. Lo anterior ha impactado severamente en los comportamientos hidrológicos y la disponibilidad de agua dulce para el consumo humano, el desarrollo sostenible y su función ecosistémica.
El agua constituye un nexo entre la agricultura, la seguridad alimentaria, la salud humana, el desarrollo económico, la conservación de los ecosistemas, la estabilidad climática y la paz y, ciertamente, es un elemento fundamental en el cumplimiento de la mayoría de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, (ODS), incluida la necesaria prevención, adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático y los riesgos de desastres.
Chile ha comenzado a dar pasos para un nuevo paradigma en la gobernanza del agua. La reforma del Código de Aguas aprobada en el Senado intensifica la noción de que el agua es un bien nacional de uso público que pertenece a la nación toda. Allí se explicita que se entenderán comprendidas bajo el interés público aquellas acciones que ejecute la autoridad para resguardar el consumo humano y el saneamiento, la preservación ecosistémica, la disponibilidad de las aguas, la sustentabilidad acuífera y, en general, aquellas destinadas a promover un equilibrio entre eficiencia y seguridad en los usos productivos de las aguas. Además, esperamos que en la nueva Constitución se releve que el agua pertenece al conjunto de la sociedad, que es multifuncional y que se priorizará tanto el derecho humano de acceso al agua como el resguardo de sus funciones ecosistémicas.
Sin embargo, los cambios regulatorios no se bastan a sí mismos y requieren de coordinación, gestión eficiente, innovación e inversiones en infraestructura, I+D y nuevo conocimiento, de forma de mover nuestros sectores económicos y ciudades hacia una mayor adaptación y resiliencia en el uso de recursos hídricos.
El Programa de Gobierno de Paula Narváez tiene al medioambiente y al conocimiento como un eje central de acción y destaca entre sus pilares, acciones concretas para hacer frente a la crisis hídrica en la que nos encontramos. En efecto, plantea lograr, al año 2030, el acceso de toda nuestra población al agua, considerando los mínimos establecidos por los organismos internacionales pertinentes; al igual que asegurar la disponibilidad para los ecosistemas del país y para un desarrollo productivo sostenible. Esta misión no solo requiere de inversiones, sino también de un compromiso político, desde el más alto nivel, para atacar el problema en forma multisistémica y transformarlo en una oportunidad de desarrollo. Requiere de regulación, coordinación y nuevo conocimiento para medir, monitorear, crear conocimiento e innovar de forma de permitir un crecimiento verde que permita un uso racional del agua, sin sacrificar usos esenciales que preservan el bienestar humano y la biodiversidad.
Para lograrlo, se ha comprometido sentar las bases para una gobernanza y gestión del agua sostenible, inclusiva, participativa, resiliente, transdisciplinaria y basada en el conocimiento y en la generación de capacidades, priorizando infraestructura para el agua potable rural, junto con el desarrollo de infraestructura multipropósito, que genere beneficios múltiples y reconozca costos e impactos en diversos sectores productivos y ecosistemas. No se puede proponer transformaciones profundas sin información y conocimiento y no se puede implementar dichas transformaciones de un modo sostenible sin una política del agua que sea inclusiva, sostenible y resiliente y sin una agencia pública especializada en la gobernanza de los recursos hídricos.
Hemos propuesto contar para el año 2024 con una nueva autoridad nacional del agua, una Política Nacional del Agua, un Centro Nacional de I+D+i para la Gestión de los Recursos Hídricos, un Fondo Concursable descentralizado en materia de innovación y gestión de los recursos hídricos y el establecimiento de un Programa de Sostenibilidad de las aguas que incluya plataformas de información pública interoperables; tecnología remota para la identificación y manejo de requerimientos hídricos en el sector silvoagropecuario; la promoción de procesos secos en la minería y otras industrias; la gestión de aguas lluvias, el reúso de aguas de descarte y la eficiencia y sostenibilidad en la gestión hídrica tanto a nivel doméstico como en las ciudades y sectores productivos.
Sin embargo, poco de esto será posible si no aseguramos simultáneamente que bosques nativos, glaciares y humedales sigan proporcionando valiosos servicios ecosistémicos para el agua, ya que la resguardan, la filtran naturalmente, regulan los caudales y protegen a las comunidades de desastres hídricos, tales como la sequía, inundaciones o aluviones. Es por ello que hemos propuesto implementar un enfoque ecosistémico en la gestión de los recursos hídricos y promoviendo la gestión integrada a nivel de cuencas. Se avanzará en el monitoreo y protección de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas y de glaciares, en su sostenibilidad y conservación, en la recuperación de caudales ecológicos, en la protección de suelos, al menos duplicando el desarrollo de nuevas normas secundarias de calidad ambiental del agua, e invirtiendo en soluciones basadas en la naturaleza para hacer frente a los múltiples desafíos del agua, del clima y de la biodiversidad.
Necesitamos cambiar ahora nuestra forma de desarrollarnos de forma de movernos definitivamente hacia un desarrollo verde, contribuyendo a parar el calentamiento global y la degradacion de nuestra biodiversidad. Un gobierno realmente comprometido con el futuro debe plantear desafios y metas concretos para realizarlo. Creemos que planteamientos como el de Paula Narváez en el ámbito del agua constituyen un gran paso hacia un futuro sostenible.
