ex concejal y ex director laboral Banco del Estado.
Uno de los aspectos centrales que inevitablemente seguirá estando presente en el actual debate público y, desde luego, si efectivamente se abre un nuevo proceso constitucional – que a primera vista se está empezando a volver incompatible con un verdadero proceso democrático – será respecto al Estado y al rol que se le asigne a este en la sociedad, lo que también, y de paso, refiere a la concepción de democracia y de país que cada sector político postule. Qué tipo de Estado, qué proyecto país y cuál democracia, son las grandes tareas nacionales pendientes, que entendemos debiera seguir acometiendo el nuevo proceso constituyente y sin atisbo alguno de duda, el horizonte a seguir por quienes nos reconocemos del mundo socialista, progresista y de izquierda.
Hoy, en un contexto país más incierto al del día anterior al referéndum, continúa siendo central considerar el tipo de Estado a propiciar para el futuro de Chile: si uno en el que el Estado le reconoce a su población ciertos derechos civiles y políticos – también conocido en la jerga jurídica como derechos de primera generación- pero que, en el caso de los derechos sociales, esta visión (Estado subsidiario)le limita su realización a la capacidad de compra que tengan los ciudadanos en el mercado en cuyo contexto, además, en su condición de consumidores, con derechos prácticamente inexistentes. Adaptado al curso actual de la discusión de los bordes, esta nueva versión del Estado subsidiario, es el Estado social democrático y libertades, para graficarlo en buen chileno, un Jurel disfrazado de Salmón.
Al respecto, cabe recordar que pocos meses antes del Plebiscito de salida, el sector de derecha agrupado en Chile Vamos, sin haber ido más allá del titular, adhería al concepto de Estado Social Democrático de Derecho. Y es que, durante gran parte del anterior proceso constitucional, este concepto resultó ser el más popular y apreciado por amplios sectores ciudadanos, lo que llevó primero a la derecha a prenderse a él, ganar el tiempo necesario para rearmarse políticamente, pero en simultáneo votarlo en contra en la Convención. Luego, hicieron lo propio los Amarillos por Chile, que también lo adoptaron, pero entregándole su realización a la derecha al votar junto con ella rechazo. El punto, en un inicio sin contenido público conocido y reiterado hace solo algunas semanas, ha quedado hoy enteramente despejado: subsidiariedad 2.0.
La otra visión, es aquella forma de Estado que se plantea como propósito deliberado asegurar la provisión de derechos sociales universales – derechos de segunda generación – garantizados para la sociedad toda, también conocido como Estado Social Democrático de Derecho o Estado de Bienestar, adoptado por la mayoría de los países capitalistas con democracias liberales avanzadas.
La anterior forma de organización de la sociedad se funda en la solidaridad y le otorga al Estado un rol preponderante en la economía, dirección y sentido que Chile necesita emprender desde hace un buen tiempo, ya que sabido es que el mercado por sí solo no resuelve las desigualdades ni es capaz de disminuir la hiperconcentración de la riqueza.
Pero en su habitual ceguera, la derecha chilena, hiperideologizada y apegada a las expresiones más extremas del neoliberalismo, boicoteó la propuesta de la Convención, la que, en su definición de Estado Social Democrático de Derecho, dejaba suficiente espacio al desarrollo de los mercados y la iniciativa privada: (artículo 78, derecho de propiedad; artículo 80, libertad de emprendimiento; artículo 182, mercados; artículo 264.a tributos) e incluso, a diferencia de otros países que llegaron a esta forma de organización de la sociedad, por problemas peores o parecidos a los nuestros, la Convención no planteó la expropiación de empresas y otros activos privados.
Siendo esa la realidad de los hechos, aceptar en las actuales negociaciones un principio constitucional subsidiario – que luego será reclamado para rayarle la cancha al nuevo eventual órgano constituyente – solo tendrá el efecto de reproducir un veto antidemocrático de carácter permanente hacia el futuro por venir. Ello pues, tal como ya ocurrió, las políticas públicas estarán determinadas por el ya conocido y cuestionado poder de veto a favor de los intereses de un sector reducido de la sociedad. Esa es la historia de los últimos 32 años, solo que ahora existe evidencia extraordinariamente concreta en cuanto a saber en qué podría desembocar.
En efecto, las causas que llevaron a sectores ciudadanos a la revuelta aquellos días de octubre de 2018, siguen estando presentes en amplios sectores de la sociedad chilena. Pero obnubilada por el aplastante 62% obtenido por el rechazo en el plebiscito de salida, la derecha está dando por descontado que aquello significa, también, un cheque en blanco para proseguir en el mismo sentido al hegemónico hasta el 18-O de 2019, por lo que solo bastaría un ligero maquillaje al marco institucional actualmente vigente.
Es nuestra interpretación que el universo de votantes que se pronunció a favor del rechazo, lo hizo en desaprobación a ciertas conductas al interior de la Convención,- no muy diferentes en todo caso a las que ocurren hoy y antes incluso que se cierren los acuerdos para un nuevo proceso- y no así a una nueva Constitución nacida en democracia. Por lo demás, al haberse tratado de un referéndum binario, jamás podremos saber si el rechazo a la propuesta de la Convención, también incluía rechazar el cuerpo de derechos que ésta proponía. Si bien algunos lo querrían, nadie con un cierto sentido de realidad podría afirmar que, tal si en un estado de ensoñación (o de oasis, según lo hubiera dicho el ex Presidente Piñera) los sectores sociales que marcharon por mejor salud, mejor educación y mejores pensiones, al votar rechazo habrían también renunciado a sus demandas.
En el contexto actual, caracterizado por mayor incertidumbre, un clima de hostigamiento permanente a la labor del Gobierno, clave resulta garantizar que, de haber un nuevo proceso constituyente, su órgano sea íntegramente elegido por la ciudadanía, debe ser paritario e incluir escaños para representantes de los pueblos originarios. Y no menos.
