Administrador público, MBA y consultor en gestión institucional y modernización del Estado. Cuenta con 25 años de experiencia en el sector público, trayectoria desarrollada en ministerios, municipios y servicios nacionales, donde ha ejercido funciones directivas, técnicas y de asesoría. Es fundador de TSD Consulting y columnista de opinión sobre Estado, política, gestión pública e innovación, materias que aborda desde la experiencia práctica y una mirada crítica sobre los desafíos del país.
En abril de 2025 advertimos que los aranceles unilaterales impulsados por Donald Trump no constituían solamente un problema de comercio exterior. Representaban un quiebre de confianza y dejaban expuesta la fragilidad de una economía que confió su desarrollo a la apertura de mercados sin construir suficientes capacidades productivas propias.
Lo que entonces parecía el inicio de un giro proteccionista hoy adquiere una dimensión mayor. Estados Unidos no solo está modificando las condiciones de acceso a su mercado: pretende utilizar ese acceso para influir en las decisiones económicas, estratégicas y de defensa de sus socios.
Desde julio, el 40,3% del valor de las exportaciones chilenas hacia Estados Unidos enfrenta una sobretasa de 12,5%. Entre los productos afectados se encuentran el salmón, el vino, las uvas, los arándanos, las frutas congeladas y la harina de pescado. El 53,6% de nuestros envíos permanece con arancel cero, pero la medida golpea actividades relevantes para el empleo y las economías regionales.
La justificación invocada por Washington ha sido que Chile carecería de mecanismos suficientes para impedir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso. Chile debe responder técnicamente a cualquier observación fundada. Sin embargo, resulta difícil explicar que un país con un Tratado de Libre Comercio vigente desde 2004 sea sancionado mediante una decisión unilateral, mientras la restitución de las condiciones pactadas queda sujeta a nuevas exigencias.
Como salida al problema que su propia decisión creó, Estados Unidos ha propuesto a Chile suscribir un Acuerdo de Comercio Recíproco, ART. Mediante este instrumento, Washington pretende ofrecer como concesión aquello que ya se obligó a respetar en el TLC: el acceso preferente de los productos chilenos a su mercado. A cambio de reducir aranceles impuestos unilateralmente, exige compromisos regulatorios, control sobre inversiones y acceso estratégico al cobre y al litio, junto con mecanismos destinados a limitar la presencia china. El ART no complementaría el tratado vigente; lo vaciaría de contenido, sustituyendo reglas recíprocas por un sistema en que Estados Unidos decide qué productos ingresan, bajo qué condiciones y por cuánto tiempo. En términos políticos, significa utilizar su mercado como instrumento de presión para intervenir en decisiones soberanas de Chile.
La dimensión de esa exigencia se comprende mejor al observar nuestra estructura comercial. China recibió durante el primer semestre de 2026 el 35,3% de las exportaciones chilenas, mientras Estados Unidos concentró el 16,4%. Estas cifras no obligan a Chile a escoger entre dos bloques, pero sí muestran el costo que tendría aceptar una política de exclusiones dictada desde el exterior. Nuestra relación con China debe responder al interés nacional, del mismo modo que nuestra relación con Estados Unidos. Reemplazar una dependencia por otra tampoco constituye autonomía.
La presión comercial coincide con una agenda estadounidense que promueve mayor gasto en defensa, participación en operaciones regionales y alineamientos políticos dentro de Escudo de las Américas. La respuesta del ministro Fernando Barros, al recordar que Chile no es el patio trasero de ningún país, estableció un principio que debe extenderse también a nuestra política comercial: cooperar no significa subordinarse.
La próxima visita presidencial a China, prevista para noviembre, será una prueba especialmente compleja para el presidente Kast. Su cercanía ideológica con Donald Trump no evitó los aranceles ni las presiones sobre las decisiones soberanas de Chile, mientras Beijing continúa siendo nuestro principal socio comercial. La realidad lo ha situado ante una contradicción que su sector no anticipó: deberá decidir si actúa desde sus afinidades políticas o desde las responsabilidades permanentes de un jefe de Estado. Su trayectoria no permite anticipar con certeza cuál será la respuesta, pero el interés nacional exige que el viaje no se transforme en un simple cambio de lealtades. Debe servir para profundizar la cooperación tecnológica y productiva con China y, al mismo tiempo, fortalecer los vínculos con la Unión Europea, India, Japón, Vietnam y otras economías del Asia-Pacífico. La política exterior de Chile no puede quedar subordinada a los automatismos ideológicos de ningún gobierno.
Ante esta incertidumbre, Chile no debe apresurar la firma de un ART. La estrategia más prudente es mantener la defensa del TLC, exigir que cualquier condición estadounidense sea conocida antes de asumir compromisos y utilizar la apertura hacia China y otros mercados como respaldo negociador. Si el Gobierno opta por privilegiar afinidades ideológicas, deberá explicar al país qué está dispuesto a ceder y a cambio de qué.
La lección iniciada en 2025 sigue vigente. Diversificar no consiste únicamente en encontrar otro comprador para los mismos productos. Significa agregar valor, desarrollar tecnología, fortalecer capacidades nacionales y evitar que una potencia pueda condicionar nuestro desarrollo cerrando un mercado.
La política del emperador consiste en convertir las reglas en concesiones personales y la cooperación en una prueba de obediencia. Chile no necesita responder con estridencia, pero tampoco con sumisión. Necesita una estrategia nacional que entienda que la dignidad diplomática no es una expresión retórica: es la capacidad concreta de decidir con quién comerciamos, quién invierte en nuestros recursos y qué intereses estamos dispuestos a defender.
