Periodista.
35 femicidios en lo que va del año 2019 en Chile cuenta la institucionalidad, sin embargo las organizaciones feministas informan de 52 -a la fecha del femicidio en Cañete de Constanza Chandía Rivera el 3 de octubre pasado-, diferencia que se explica porque el Estado chileno considera sólo aquellos casos en que el agresor es o ha sido el esposo o conviviente de la víctima, conocido como femicidio íntimo; mientras que desde la sociedad civil se hace el esfuerzo de registrar los crímenes de odio contra las mujeres que se dan también fuera de las relaciones familiares.
A diferencia de las instituciones de gobierno, la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres, considera todos los crímenes contra mujeres cuyo móvil no es instrumental -como en el caso de robo, riña, conflicto por drogas, entre otros-, y cuando el agresor es un hombre que actúa en el marco de una relación de pareja o sexual, con motivo del rechazo de una mujer o mediante agresión sexual, sin importar la relación entre agresor y víctima.
Para la Red Chilena, la Ley de Femicidio 20.480, promulgada en 2010, es parcial y “no recoge el sentido real del femicidio, debido a que lo reduce a las relaciones de familia, desconociendo aquellos asesinatos de mujeres que se cometen en otros ámbitos y que obedecen a las mismas causas: misoginia, sometimiento, opresión, desprecio por la vida de las mujeres, búsqueda de control de su sexualidad y capacidad reproductiva. Es así como quedan fuera de la ley las mujeres y niñas violadas y asesinadas por conocidos, amigos, desconocidos, clientes y los crímenes de odio a lesbianas”.
De esta manera lo explica la organización en el registro de los femicidios ocurridos desde 2010 -año en que se tipifica el delito- que publica en su página web. Desde entonces, la Red Chilena registra los casos de 556 mujeres asesinadas por violencia machista en Chile. Para el Estado son 402.
Frente a la brutal magnitud de la violencia contra las mujeres, con cifras que indican que una de cada tres ha vivido violencia, y con su máxima expresión -los femicidios- que se multiplican, el gobierno, a través de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá, presentó a comienzos de año el 1455, nuevo fono de ayuda para quienes viven violencia por medio del cual especialistas que atienden las 24 horas entregan orientación sobre a quiénes acudir y dónde denunciar. Además ha reiterado el llamado a denunciar y exigió sentido de urgencia a las instituciones a cargo de proteger a las víctimas, pero la respuesta del gobierno ha sido criticada por organizaciones feministas y de defensa de los derechos de las mujeres que no comparten el abordaje que éste hace de la violencia.
Las acciones del movimiento feminista han permitido avanzar en desnaturalizar las diversas formas de expresión de la violencia, como la psicológica, verbal, económica, sexual, simbólica, además de la física, gracias a que históricamente ha visibilizado la violencia patriarcal como una violación a los derechos humanos de las mujeres que las afecta a lo largo de todas las etapas de la vida. En su Dossier Informativo 2019, la Red Chilena indica que los femicidios afectan a niñas, mujeres y ancianas. Ejemplo de esto, es que durante 2018 se registraron al menos cinco casos de femicidios contra niñas, tres de los cuales correspondieron a menores de cinco años asesinadas y agredidas sexualmente y dos a adolescentes asesinadas en el contexto íntimo: por el hermano y el pololo.
Cuando se acerca una nueva conmemoración del 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, fecha en que se denuncian las diversas manifestaciones de la violencia y se exigen políticas públicas para su erradicación, se evidencia con mayor fuerza las diferencias en las miradas por parte del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil y la urgente necesidad de avanzar en la materia.
Presupuesto y vida de las mujeres
En conversación con Página 19, Tatiana Hernández Comandini, investigadora del Observatorio de Género y Equidad, también subraya la necesidad de entender la violencia como un continuo presente de toda la vida de las mujeres. “Las autoridades no asimilan el delito que enfrentan, y me estoy restringiendo solo a la violencia de género que se da en el contexto de una relación de pareja, el Estado de Chile, que es el responsable de proteger y garantizar la vida de las mujeres, todavía no comprende que estamos hablando de una estrategia de sometimiento continuo que comienza con manifestaciones a veces muy naturalizadas por la sociedad, que pueden ir de un maltrato verbal, pasando por maltrato físico, hasta la violencia extrema de un femicidio frustrado o consumado”.
La socióloga aclara que las instituciones que intervienen en el tema deben saber que el agresor está dispuesto a generar múltiples tácticas en su objetivo de someter a la mujer, “pero hay funcionarios que no entienden que la vida de las mujeres corre riesgo, por eso tienen que hacer todo lo que esté en sus manos y gastar todo el presupuesto que tenga que disponer el Estado para garantizar la vida de las mujeres”.
Añade que se requiere evaluar las prioridades del Estado: “siempre dicen, no podemos tener una dotación altísima de carabineros porque no cabe en ningún presupuesto, pero vamos a la provincia de Arauco en La Araucanía, ahí en la dotación para proteger a las forestales no hay ningún cuestionamiento de gasto público, una se pregunta ¿qué vale más, la vida de las mujeres o la propiedad privada de los dueños de las forestales? ¿cuáles son las prioridades que tiene el Estado, y particularmente el gobierno de Chile, cuando presupuesta para garantizar la vida de las mujeres?”.
Las mujeres si denuncian
Luego del femicidio de María Cristina Jiménez Orellana, el 23 de septiembre en Coltauco, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, declaró que la mayoría de las víctimas nunca había hecho una denuncia, lo que a juicio de la experta del Observatorio de Género es responsabilizar a las víctimas. “En general, tienden a decir esto cuando no es tan real, hay un número importante de mujeres que si habían denunciado y uno no menor que tenían cautelares y esas mujeres fueron asesinadas igual, lo que muestra la falencia del Estado en la coordinación que debe existir entre las instituciones una vez que la mujer denuncia, esto da cuenta de que el sistema de protección no funciona, hay que hacerse responsable de que el Estado es negligente frente a la violencia contra las mujeres”, sentencia.
Silvana del Valle, abogada y vocera de la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres, concuerda en que es un error presentar el llamado a denunciar como la principal herramienta de prevención, “sabemos que en realidad, aun cuando las mujeres denuncian, en algunos casos las denuncias no son tomadas de forma apropiada y en otros se dictan medidas cautelares que después no son cumplidas, tenemos un 48 por ciento de femicidios donde las mujeres habían pedido algún tipo de medidas, sin embargo éstas no se cumplieron porque las medidas están mal diseñadas también”, dijo a Página 19.
Del Valle menciona que para mejorar el sistema, debería existir un mecanismo que permita el control de las medidas cautelares por parte de la comunidad. “Los funcionarios y funcionarias de tribunales intentan dentro de sus escasos recursos otorgar estas medidas pero a sabiendas que se trasforman en un simple papel, que no permite activar otros mecanismos que pudieran controlarla, como podrían ser la municipalidad, las juntas de vecinos, los Cesfam o cualquier otra organización social de base que le permitiera a la mujer tener otra forma de protección, eso no existe”.
Para la abogada de la red Chilena, esto se traduce en que la medida cautelar se limita a su tramitación y registro, “no se pueden hacer rondas porque la policía no tendría los recursos para estar con un carabinero de punto fijo en la casa de la persona. Al final del día, la medida cautelar no tiene ningún efecto, entonces el decir que las mujeres no denuncian es culpabilizar a las mujeres por no haber denunciado, es más, esta culpabilización no solo la ha hecho el gobierno, hemos visto incluso sentencias judiciales donde los jueces dicen si hubieran denunciado antes, esto no habría ocurrido ”.
Tras el femicidio de Helen Barra el 26 de junio en Chimbarongo, la ministra Plá criticó el actuar de las instituciones: «Le estamos exigiendo a las instituciones que comprendan que los delitos de violencia contra las mujeres tienen que tener prioridad y que no podemos seguir poniendo a sus víctimas al final de la fila», indicó, tras detallar que la joven «denunció que era víctima de violencia el 30 de abril ante la Fiscalía; fue derivada al Tribunal de Familia el 8 de mayo y se le fijó una audiencia recién para el 12 de junio, a pesar que habían antecedentes que era víctima de maltrato habitual. Cuando llegó el 12 de junio, se le reprogramó la audiencia para el 16 de julio. En el intertanto, el 30 de abril, Hellen quedó sin medida precautoria, sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de atención».
En respuesta, organizaciones feministas señalaron que es precisamente el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género el que debe cumplir un rol de coordinación en la materia. “¿Cuántas comisiones por femicidio se han hecho? más que una salida comunicacional hay que estar coordinando o haciendo seguimiento de cómo mejorar el sistema, está la Pauta Unificada de Riesgo que requiere de una coordinación entre actores para ver cómo se actúa para proteger la vida de una mujer, no sabemos cómo ha funcionado, cómo se está aplicando”, afirma Tatiana Hernández.
La socióloga añade que este ministerio tendría que tener un Plan Nacional Contra la Violencia Hacia las Mujeres, pero que la sociedad civil no lo conoce, “que yo sepa no existe un plan y si existe no es conocido, y es bien importante saber por qué no lo conocemos si se trata de una política pública tan importante, las organizaciones de mujeres podríamos estar haciendo seguimiento de cómo opera el Estado, no podemos hacerlo hoy día porque no contamos con ese plan”.
Leyes y abordaje parcializado
La Red Chilena Contra la Violencia asegura en el Dossier 2019 que existe negligencia y desidia por parte del Estado chileno a la hora de investigar los crímenes contra mujeres. “La continua fragmentación de la violencia machista a través de leyes parciales que impiden reconocer el continuo de violencia al cual estamos expuestas las mujeres durante la vida y los nulos recursos que se destinan a prevenir crímenes como los femicidios, agresiones sexuales y violencia intrafamiliar, son sólo algunas de las situaciones que lo grafican”.
Esta organización considera fundamental y urgente que el Estado chileno cumpla con las obligaciones establecidas en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belem do Pará, firmada por Chile en 1994 y ratificada en 1996, en donde el Estado se impuso, entre otras responsabilidades, la obligación de establecer políticas públicas efectivas en la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra mujeres, así como proveer las garantías necesarias para el debido acceso a la justicia oportuna y eficaz.
Frente a los múltiples femicidios frustrados y consumados, que no han disminuido desde la promulgación de la ley 20.480, el gobierno declaró que respalda los proyectos de ley que se tramitan en el Senado, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, presentado en el gobierno de Michelle Bachelet, y la denominada «Ley Gabriela», moción de las diputadas Karol Cariola y Camila Vallejo que amplía la categoría de femicidio y busca incluir al noviazgo y pololeo al delito, que se inspiró en el caso de Gabriela Alcaíno y de su madre, asesinadas por el ex pololo de la joven.
Pese a valorar posibles avances legislativos, las organizaciones de mujeres apuntan al abordaje integral de la violencia como desafío central. “La Ley Gabriela es un aporte, pero lamento que a pesar que tendríamos por primera vez una ley de violencia contra las mujeres, porque la ley VIF es de violencia intrafamiliar, siento que seguir legislando en torno a manifestaciones de la violencia de modos tan separados, como islas, no permite comprender que es un problema estructural que obedece a un sistema de dominación y por eso nosotras vivimos violencia en la calle, en la universidad, en la casa, en el trabajo, entonces necesitamos una ley integral de violencia que además tenga un componente de trasformación cultural muy potente”, opina Hernández.
Esta debilidad la ve también en el proyecto de ley por el derecho a una vida libre de violencia. “Le faltó dar un mayor valor al componente cultural, promover las transformaciones en las relaciones de género entre mujeres y hombres”.
Silvana del Valle, en tanto, reitera que el problema está en la parcialidad para abordar la violencia, dado que no existe una respuesta integral en lo legislativo, tampoco del Ejecutivo, ni del Poder Judicial. “Todas las respuestas están fragmentadas, aisladas, coaptadas por la protección de la familia como institución, en lugar de la protección de la vida de las mujeres y de las niñas como tal”.
La abogada ve a la Ley Gabriela como un esfuerzo legislativo importante, pero que sigue centrándose en un tema específico, el femicidio y su sanción, y no en la prevención de toda forma de violencia contra las mujeres. “Entonces, es una respuesta positiva, pero en definitiva demuestra que el Estado sigue sin pensar el problema de la violencia contra las mujeres como una cuestión integral, ni siquiera ha sido capaz de comprender que esta violencia es un problema estructural, en ese sentido no vemos de parte del Estado de Chile una respuesta seria para erradicar la violencia contra las mujeres”.
Educación y prevención
La principal recomendación internacional sobre la erradicación de la violencia contra las mujeres es su prevención y es ahí donde, para las organizaciones de mujeres, está la mayor falencia del Estado chileno. “Desde hace muchísimos años las políticas públicas a este respecto, que emanan principalmente del ejecutivo, pero también del Legislativo y del Poder Judicial no están orientadas a que no ocurran los hechos, sino que simplemente se limitan a sancionarlos, e incluso en estas respuestas sancionatorias existe un alto grado de impunidad hacia las familias de las mujeres asesinadas, por lo tanto en esa respuesta tampoco hay un compromiso por parte del Estado de cumplir con las normas internacionales que nos obligan”, expresa la vocera de la Red Chilena.
Por su parte, Tatiana Hernández, apunta a que el trabajo en prevención del Ministerio de la Mujer, que encabeza una campaña anual en el marco del 25 de Noviembre, no es suficiente, y habría que apostar por una campaña permanente, en medios de comunicación, y que contemple distintas bajadas territoriales. “Un mismo mensaje puesto de distintas formas y que esté durante todo el año, yo creo que de alguna manera el trabajo comunitario que había en torno a prevención en el gobierno anterior, de formar a agentes comunitarios y que estos tuvieran que hacer acciones públicas para visibilizar el problema y para promover la trasformación de las relaciones desiguales entre mujeres y hombres, un poco cumplía con eso, sumaba, pero cuando tú como gobierno tomas la decisión, además, de quitarle el componente comunitario a tu programa de prevención y decides hacer una sola campaña al año, ya es, vuelvo a decir, no entender el problema que nos afecta”.
La socióloga del Observatorio de Género cuestiona además que no hay un trabajo como Estado para transversalizar políticas de igualdad en la educación, “para generar un currículo que esté en la lógica de lo que mandatan los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres”, apunta, haciendo un llamado a avanzar en una educación no sexista, demanda del movimiento feminista para educar sin estereotipos y aportar al cambio cultural para erradicar la violencia.
