Periodista.
Aunque existen ciertos avances, las mujeres periodistas viven acoso, violencia y discriminación en sus espacios de trabajo y fuera de ellos, señala el informe «Mujeres periodistas y salas de redacción: avances, desafíos y recomendaciones para prevenir la violencia y luchar contra la discriminación”, presentado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El documento analiza la situación que enfrentan las periodistas y trabajadoras de los medios de comunicación al interior de sus redacciones y en el ejercicio de su profesión en las Américas, y presenta entre sus principales conclusiones el que un número significativo de mujeres siguen enfrentando barreras basadas en sesgos de género para acceder a los medios de comunicación, lo que mantiene una marcada subrepresentación (alrededor de un 43% de quienes presentan o reportan noticias en América Latina son mujeres), asociada, en gran medida, a los estereotipos de género que permean las decisiones de contratación de numerosos medios.
Cuando logran vencer esas barreras e ingresar a los medios, las periodistas y comunicadoras encuentran que muchas redacciones son un espacio hostil en el que no pueden ejercer el periodismo en condiciones de igualdad con sus pares varones, en virtud de patrones generalizados de segregación vertical y horizontal, brechas salariales, un alto nivel de precarización laboral y discriminación hacia las mujeres que desempeñan roles de cuidado, entre otras formas de discriminación interseccional, detallan las conclusiones.
En gran parte de los países de la región, las periodistas y trabajadoras de los medios son responsables de temas considerados “menos relevantes” para la agenda mediática y de aquellos vinculados a lo que se consideran “temáticas femeninas”. Según la RELE, estos patrones de distribución del trabajo al interior de los medios de comunicación pueden contribuir a que la labor de las mujeres periodistas sea menos visible y valorada, y traducirse en una brecha salarial con respecto a sus colegas varones y a menores protecciones contractuales.
En el caso de Chile, el informe sostiene que las periodistas reportan que las mujeres ganan “un 30% menos que los hombres, situación que se reproduce en los medios de comunicación donde los salarios se negocian personalmente”. En base a una declaración de periodistas feministas de Chile, emitida en 2019 en el marco de la huelga del 8 de Marzo, se añade que las profesionales han denunciado que muchas mujeres trabajan durante años con contratos a honorarios, sin posibilidad de tener derechos previsionales ni salud.
En tanto, la presencia de mujeres en los cargos jerárquicos al interior de las redacciones como en los puestos de gobierno y alta gerencia de las empresas periodísticas es escasa. Según datos de la Federación Internacional de Periodistas, su representación en la dirección de las empresas de medios de América Latina sería inferior al 25%.
Como respuesta a este techo de cristal en los medios de comunicación tradicionales, el informe de la RELE menciona que recientes investigaciones han identificado que las mujeres periodistas de la región han desarrollado sus propios medios digitales, aprovechando las bajas barreras de entrada que presentan.
Múltiples discriminaciones
Respecto a la discriminación por motivos de género hacia las periodistas que ejercen roles de cuidado. La Relatoría Especial reitera lo mencionado en su informe de 2019 “Mujeres periodistas y libertad de expresión”; las mujeres periodistas y las trabajadoras de los medios de comunicación de la región se ven afectadas por “la falta de flexibilidad de los horarios de trabajo, el acceso limitado o nulo a servicios de cuidado infantil asequibles y de calidad, las deficientes políticas en materia de licencia de maternidad y paternidad y las actitudes sociales [en virtud de las cuales se asigna a las mujeres tareas de cuidado no remunerado], entre otros muchos factores”, a lo que se suma la cultura de largas horas de trabajo propia de la organización de muchos medios de comunicación.
Esto lleva a que a las periodistas les resulta muy difícil conseguir un equilibrio entre hogar y trabajo, lo que tiene un impacto significativo en su trayectoria profesional. Todo ello, agravado por la ausencia de marcos normativos y políticas públicas adecuadas en materia de cuidados y otras formas de trabajo doméstico no remunerado, que contribuye a perpetuar esta situación.
La Relatoría Especial observa que los eventos de discriminación por motivos de género en los medios pueden verse agravados con la intersección de otros factores como la edad, el origen étnico-racial, la orientación sexual, expresión de género, el origen nacional, la discapacidad, o cualquier otra pertenencia o identidad a un grupo poblacional históricamente discriminado.
Es así como en virtud de la prevalencia de patrones de discriminación interseccional, las periodistas afrodescendientes suelen estar desproporcionadamente subrepresentadas en los medios de comunicación tradicionales y en los puestos de decisión de estos medios, situación expuesta por organizaciones de periodistas de Colombia, Brasil y Ecuador. Así también, el Proyecto de Monitoreo Global de Medios desarrollado en 2020 arroja que “en América Latina, las personas indígenas constituyen solo el 1% de los sujetos y fuentes (personas vistas, escuchadas o de la que se habla) en las noticias televisivas a pesar de ser el 8% de la población de la región”. De esta escasa proporción, solo 3 de cada diez son mujeres.
El mismo Monitoreo identificó que entre las mujeres que se desempeñan como presentadoras en televisión o reporteras en América Latina, un 85% y 59% respectivamente se encuentran en el rango de edad entre los 19 y 49 años, situación que “podría dar cuenta de una invisibilización de las mujeres en rangos de edad mayor, y más aún en rangos de personas mayores de 65 años en donde las mujeres en las noticias comienzan a desaparecer. Este hecho puede reflejar incidencias en ausencia de políticas públicas de género para mujeres adultas mayores, así́ como presión del estereotipo occidental de belleza relacionado con la eterna juventud como referente para las mujeres”.
La RELE hace referencia a las falencias en la producción y difusión de información precisa y actualizada sobre patrones de discriminación interseccional hacia las mujeres en razón de su orientación sexual e identidad de género al interior de los medios, así como en la generación de estadísticas en relación con las prácticas discriminatorias que afectan a otros grupos de mujeres.
Violencia y acoso naturalizada en los medios
Otras de las conclusiones de «Mujeres periodistas y salas de redacción” es que en muchas redacciones también se registra una alta prevalencia de situaciones de violencia, acoso sexual y otras formas de violencia de género que son frecuentemente naturalizadas y no están siendo abordadas con perspectiva de género, dando lugar a una cultura organizacional que desalienta la denuncia y fomenta la repetición de estos hechos.
Más grave aún, la Relatoría Especial para la Libertad Expresión concluye que el que muchos medios de comunicación no hayan avanzado sustantivamente en el desarrollo de políticas y estrategias para abordar estos patrones de violencia y discriminación contribuye a su perpetuación e impide su correcto abordaje.
El organismo destaca que la violencia contra las mujeres periodistas y trabajadoras de los medios de comunicación “se manifiesta de distintas formas, desde el asesinato, la violencia sexual, incluido el acoso sexual hasta la intimidación, abuso de poder y amenazas basadas en el género”. Esta forma de violencia que representa, además, una forma discriminación por motivos de género y una violación a los derechos humanos de las mujeres -añade la RELE- “no sólo es ejercida por funcionarios del Estado y fuentes de información en el espacio público, sino que, en numerosas oportunidades, es perpetrada por colegas y superiores jerárquicos en el lugar de trabajo”, esto es, en las propias redacciones o al interior de los medios de comunicación, como lo muestran un conjunto de investigaciones desarrolladas en los últimos años.
Rescata la denuncia de periodistas chilenas, para quienes el acoso sexual “es una práctica normalizada e invisible”, ejercida en diversos ámbitos, incluidas las redacciones, por sus propios colegas, editores y jefes. También visibilizan que la violencia basada en género se manifiesta en ocasiones a través de prácticas como la anulación, el mansplaning y las descalificaciones de hombres hacia el trabajo de sus colegas mujeres.
Añade que, en los diversos países, como consecuencia de la alta prevalencia de actos de violencia basada en género al interior de los medios de comunicación – y, en particular, de actos que configuran violencia y/o acoso sexual-, muchas mujeres periodistas deciden abandonar su lugar de trabajo o se ven forzadas a tomar decisiones que se traducen en una transformación involuntaria de su trayectoria profesional.
Ante esta realidad, la Relatoría recuerda que la violencia de género en el lugar de trabajo no sólo impacta en el derecho de las mujeres periodistas y las trabajadoras de los medios de comunicación a desempeñar su labor libre de toda forma de violencia y discriminación, sino que también es un atentado al ejercicio de su libertad de expresión.
La RELE enfatiza en los riesgos específicos y particulares debido a una doble vulnerabilidad por ejercer la labor periodística y por su género, que viven las trabajadoras de las comunicaciones, y reconoce el rol protagónico que tienen las empresas de medios de comunicación para la erradicación y el abordaje de estas prácticas. Por ello, desarrolla un conjunto de lineamientos que recopilan muchas de las recomendaciones planteadas por las propias periodistas y trabajadoras de los medios de comunicación, y que aspiran a profundizar los avances logrados y abordar en forma efectiva los desafíos que aún persisten para garantizar que puedan ejercer sus labores en redacciones libres de toda forma de violencia y discriminación.
Es así como alienta a los medios de comunicación a establecer políticas internas con disposiciones específicas en materia de violencia y discriminación basada en género, con énfasis en el acoso laboral y sexual, políticas que deben ser diseñadas con la participación de las mujeres que se desempeñan en cada una de las empresas.
En relación con las prácticas de discriminación, recomienda considerar la adopción voluntaria de códigos de conducta profesionales orientados a garantizar el pleno respeto de los derechos de las mujeres y a que cuenten con una política de contratación de personal que evite sesgos de género; entre otras medidas propuestas por organizaciones de mujeres periodistas como cuotas y políticas en torno a los cuidados como lactarios, guarderías, licencias extendidas por mater/paternidad, metodologías de trabajo part-time, flexibilidad horaria y teletrabajo.
Ante situaciones de violencia propone que se adopten procedimientos internos y mecanismos independientes de denuncia y rendición de cuentas, en particular, frente a casos de violencia y/o acoso sexual, junto con una política de “cero tolerancia al acoso laboral y sexual por parte de compañeros, jefes y fuentes”.
Asimismo, para la Relatoría es necesario que los medios de comunicación adopten una perspectiva de género en su labor, ya que estos desempeñan un rol importante en visibilizar y erradicar estereotipos, prejuicios y actitudes sesgadas hacia las mujeres.
Ley de protección a la prensa
Consultada por el informe, Rocío Alorda Zelada, vicepresidenta del Colegio de Periodistas de Chile, manifestó que este “viene a reafirmar lo que nosotros desde el Colegio venimos planteando, no necesariamente con datos, sino a propósito de las experiencias que escuchamos constantemente de parte de las periodistas de las distintas regiones del país, y es muy bueno tener los datos a nivel latinoamericano de la situación de las mujeres periodistas, ya que hace muchos años venimos diciendo que las mujeres efectivamente viven mayor precariedad laboral, brechas salariales, techos de cristal, elementos que vemos cotidianamente en las redacciones”.
La dirigenta enfatiza en la necesidad de abordar la violencia que viven las trabajadoras de las comunicaciones cuando realizan su labor. “Nos preocupa de manera muy focalizada la violencia de la cual son víctimas las mujeres periodistas y comunicadoras, no solo a propósito de las situaciones de acoso sexual, laboral o machismo directamente que viven con sus pares y jefaturas, sino también la violencia que enfrentan cada vez que son investigadoras o productoras de contenidos sobre derechos humanos y género. Sabemos que las mujeres periodistas que reportean esos temas son mucho más agredidas que sus pares y eso es algo que nos preocupa”.
Por este motivo, el Colegio de Periodistas patrocina un proyecto de ley de protección a la prensa, que fue ingresado por la diputada y periodista Nathalie Castillo y contiene un capítulo focalizado en la protección de mujeres periodistas. “Nos parece relevante que Chile tenga una ley de protección a la prensa con un foco importante en las mujeres periodistas y comunicadoras; esto es clave para sostener, por una parte, la libertad de prensa, la libertad de expresión, pero sobre todo para fortalecer el periodismo y mejorar su calidad, porque contar con un marco legal que permita el desarrollo del periodismo con seguridad y bajo condiciones dignas y de no vulneración de derechos humanos, es la única forma de avanzar también hacia un periodismo de mejor calidad”, sentencia Rocío Alorda.
En tanto, la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas de Chile, con el apoyo técnico del Observatorio de Datos y Estadísticas de Género e Interseccionalidades, se encuentra realizando una encuesta referida a las condiciones de trabajo de periodistas y comunicadoras, que ejerzan su profesión en medios de comunicación o en áreas de las comunicaciones en Chile, con el objetivo de conocer y evidenciar la violencia que viven mujeres y diversidades sexo-genéricas en diferentes espacios laborales.
Se puede acceder al informe completo «Mujeres periodistas y salas de redacción: avances, desafíos y recomendaciones para prevenir la violencia y luchar contra la discriminación” en https://www.oas.org/es/cidh/expresion/informes/Mujeres22-es.pdf
