El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Belém do Pará (MESECVI), llamó al Estado de Chile a “realizar todas las acciones necesarias y a utilizar todos los medios apropiados para evitar violaciones a los derechos de las mujeres y las niñas/os, así como investigarlas de manera oportuna y con perspectiva de género”.

“La Corte Interamericana ha sido enfática al establecer que cuando exista razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura o malos tratos en el ámbito de la jurisdicción del Estado, la decisión de iniciar y adelantar una investigación no es una facultad discrecional, sino que el deber de investigar constituye una obligación estatal imperativa que deriva del derecho internacional y no puede desecharse o condicionarse por actos o disposiciones normativas internas de ninguna índole”, señala la declaración oficial.

El Comité de Expertas -órgano técnico del MESECVI responsable del análisis y evaluación del proceso de implementación de la Convención de Belém do Pará, integrado por expertas independientes designadas por cada uno de los Estados Partes-, expresa en el comunicado su preocupación “por los presuntos actos de violencia contra las mujeres que se habrían suscitado por parte de agentes estatales en Chile”, en el marco del Estado de Excepción y posterior toque de queda.

Al respecto, el Comité recuerda que en este tipo de contextos, las mujeres suelen enfrentar afectaciones diferenciadas y desproporcionadas a partir de actos o amenazas de violencia física, psicológica, sexual e institucional por parte de las fuerzas de seguridad y de la administración de justicia. “Estas situaciones implicarían violaciones a los derechos humanos de las mujeres, a su dignidad, y a su vez, provocan daños irreparables con el objetivo de reprimir, intimidar, humillar, castigar o enviar un mensaje a la sociedad que debilita al Estado Democrático de Derecho”.

El Comité de Expertas agrega que estos hechos deben investigarse considerando el patrón de violencia contra las mujeres y no como sucesos aislados, tal como lo señala la Convención de Belém do Pará, suscrita y ratificada por el Estado de Chile, para ello instan a 1) investigar con perspectiva de género a través de funcionarios capacitados; 2) emprender líneas de investigación específicas; 3) recuperar y preservar el material probatorio; 4) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones; 5) informar y considerar a las víctimas en todo el procedimiento; 6) realizar las declaraciones de las víctimas en un ambiente cómodo y seguro, de forma de evitar su repetición; 7) brindar atención médica y psicológica a las víctimas; 8) realizar, si son necesarios, exámenes médicos y psicológicos idóneos, respetando la dignidad de las víctimas; 9) brindarles asistencia jurídica gratuita; 10) evitar su culpabilización, así como la existencia de estereotipos y prejuicios de género.

Violaciones a derechos humanos de las mujeres

 El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha reportado hechos de violencia sexual contra mujeres en comisarías, tras ser detenidas durante las jornadas de protestas, las que incluyen desnudamiento, amenazas, vejaciones y tocaciones, por las que ha presentado querellas.

Entre otros casos, en Arica, el INDH se querelló por el caso de una niña de 13 años herida en su frente por perdigón y por el de 3 periodistas que fueron obligadas a desnudarse en una comisaría de esa ciudad.

Por su parte, la Fiscalía de Chile informó que entre el viernes 18 y el domingo 27 de octubre se abrieron 840 investigaciones penales en todo el país por denuncias de violencia institucional, las que involucran a igual número de víctimas, en el contexto de los desmanes ocurridos esos días. De éstas, 533 corresponden a investigaciones por apremios ilegítimos; 206 a eventuales abusos contra particulares; 18 a presuntas torturas realizadas por funcionarios del Estado; mientras que 83 se enmarcan en otros delitos, como lesiones graves, cuasidelito de homicidio, homicidio y otros. Un total de 669 víctimas son hombres, 164 son mujeres y en 7 casos no ha sido identificado el sexo.

Entre los delitos investigados, sobre la base de la información proporcionada por las víctimas al momento de presentar la denuncia o querella, 8 son presuntos hechos constitutivos de abuso sexual o violación; 4 corresponderían a amenazas de cometer delitos sexuales y 29 a desnudamientos. 597 de estas denuncias se han presentado contra Carabineros; 45 contra el Ejército; 16 contra la Policía de Investigaciones y 8 contra la Armada; en tanto que en 174 casos no se ha identificado a un organismo en particular.

Fuera de las cifras oficiales, agrupaciones feministas han denunciado abuso policial desde que partieron las movilizaciones, en particular durante el estado de excepción, como golpizas, violencia sexual y psicológica y hasta desapariciones forzadas.

Además, Asociaciones Nacionales de funcionarias de la institucionalidad de las mujeres: Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y Fundación PRODEMU; pidieron esclarecer las muertes de mujeres “como Valeska Fernanda Carmona López quién fallece de un Traumatismo Torácico por Proyectil, el día 20 octubre a las 01:37 horas (según consta en certificado de defunción que circula), no obstante, se registró como incinerada en un saqueo y posterior incendio. La muerte de Daniela Carrasco, conocida como la ´Mimo´, quien fuera encontrada ahorcada en sitio eriazo de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, y que de acuerdo con redes sociales se trataría de un secuestro de fuerzas militares en protesta del pasado 19 de octubre. La muerte de Mariana Díaz Ricaurte, ciudadana colombiana que en contexto de protestas recibió un impacto de bala en la comuna de Lo Prado, su familia en Colombia pide justicia y apoyo para los gastos fúnebres, entre otros casos a esclarecer”.