periodista.
Jaime Parada (43) es un reconocido activista por los derechos de las personas LGTBIQ+, sin embargo, también tiene un pie dentro de la política, según afirma. Se apronta a enfrentar su tercera elección popular, ya que antes compitió dos veces por un cupo en el Concejo Municipal de Providencia, resultando electo en ambas ocasiones.
A pesar de que su intención era ser candidato a alcalde -incluso estuvo reuniendo firmas para inscribir su candidatura como independiente- el destino le tenía preparado otro desafío: competir por un escaño en la Convención Constitucional por el distrito 10.
El cargo electoral a disputar no es lo único que cambió en los planes del historiador, puesto que su candidatura a constituyente será como independiente, pero en un cupo del PPD, situación que le ahorró la recolección de firmas.
Esta vez tendrá que buscar apoyo más allá de las calles de Providencia, ya que el distrito incluye además a las comunas de La Granja, Macul, Santiago, San Joaquín, Ñuñoa y Providencia. “Si algo me enseñaron mis dos periodos como concejales es que hay que escuchar a la gente. Por eso, estoy dispuesto a conversar mucho y con todos y todas”, señala el candidato.
Parada espera defender los derechos de las disidencias, como lo ha venido haciendo hace casi diez años. Fue vocero del Movilh en el periodo del asesinato de Daniel Zamudio, por lo que se convirtió en uno de los voceros en la lucha por una ley antidiscriminación, la que hoy, a su juicio, requiere de modificaciones, como crear una institucionalidad adecuada.
También espera ser un aporte en la disputa contra la desigualdad, uno de los problemas que más le preocupa del Chile actual y que, según considera, tiene múltiples aristas: la económica, de género, territorial. Está convencido que si no se aborda, seguirán existiendo chilenos y chilenas de primera y segunda categoría.
¿Por qué decide bajar su candidatura a la alcaldía de Providencia?
Creo que uno puede aportar desde muchos lugares. Mi objetivo inicial era ser candidato a alcalde por Providencia porque después de ocho años pude formarme una visión bastante orgánica y profunda de cómo funcionan los gobiernos locales, pese a que se trata de un gobierno local privilegiado, que tiene uno de los tres o cuatro presupuestos más abultados de Chile. Pero decidí bajar la candidatura porque hubo una primaria de partidos, en la que los partidos decidieron involucrar a una candidata mujer e independiente, Verónica Pardo, que contra todo pronóstico triunfó en representación de los cabildos. Entonces, no quise disputar el mismo nicho electoral que una destacada líder feminista, independiente y progresista, pero sí lo hubiera hecho frente a candidaturas de partidos políticos, donde ellos representan algo distinto a mi liderazgo.
Decide ser candidato a la Convención Constitucional. ¿Cómo surge esa posibilidad?
Decidí aportar desde otro lugar. Me parece perfectamente legítimo, porque finalmente estos temas, los gobiernos locales, los del territorio, pero también los temas de la diversidad en su expresión más amplia, son temáticas que deben ser llevadas a la Convención Constitucional. Entonces, en ese contexto, Lucía López, mi compañera de lista, me propuso la idea de acompañarla en este desafío.
A pesar de la distancia con la que habla de los partidos políticos. ¿Por qué aceptó competir en el cupo otorgado por el PPD?
Por varias cosas, primero no soy anti partidos, si bien la recolección de firmas como precandidato a la alcaldía la hice desde la más plena independencia, entiendo perfectamente que es lo que significan los partidos en el funcionamiento institucional, y sé que contribuyen a darle gobernanza al país. Sin embargo, ya era tarde para comenzar a buscar firmas para una candidatura a la Convención, y justo llegó la invitación de Lucía López, la que decidí tomar, porque tengo buena relación con gente de ese partido, y también con personas de otras colectividades, pero además la acepté porque en esa fecha ya era difícil que pudiera conseguir las firmas como independiente.
¿Qué cualidades puede aportar al órgano constituyente?
Creo que tengo un perfil atípico: un pie en el mundo del activismo, que es de donde vengo, y otro en la política. Eso me parece que puede ser un aporte porque si algo me define como activista es mi convicción antidiscriminación y si algo me define como político es mi lucha contra la desigualdad. En ese sentido, hay una convergencia entre ambas, porque la desigualdad finalmente es una forma de discriminación.
¿Cómo se podría manifestar ese principio de no discriminación en una próxima Constitución?
Me siento inspirado para trabajar por una constitución que consagre el principio de no discriminación en sus articulados, por ejemplo, la Constitución mexicana tiene consagrado en su primer artículo el principio de igualdad y no discriminación para grupos de la población, no obstante, creo que debería ser no solo para ciertos grupos, sino que lo más amplio y efectivo posible.
¿Qué rol le gustaría que tuviera el Estado en una próxima Carta Fundamental?
Creo que todos los que votamos Apruebo, lo hicimos pensando en que tenemos que transformarnos en un Estado garante de derechos, y por de pronto que el principio de subsidiariedad quede erradicado de la vida política en Chile. La pandemia nos demostró que es el Estado el que mejor puede asegurar condiciones de salud, educación, previsión, de vivienda, para personas que hoy no son sujetas de cobertura precisamente porque el Estado renunció a hacer eso en la Constitución del 80. Nuestra tarea es construir un Estado garante, protector, que sea un impulsor de derechos.
¿Qué le parece la postura de quienes aseguran que el acuerdo de noviembre de 2019 fue para salvar la institucionalidad política del país?
Es bien paradójico lo que pasa con los sectores más radicalizados, por un lado atacaron el acuerdo y por otro llamaron a viva voz a votar por el Apruebo. Entonces, me pregunto en qué lado de la historia están, si es que están en el lado de la retórica, de está todo mal o en el lado de un país que se hace cargo y de una historia que avanza hacia un lugar y vota Apruebo. Parece que hay una dislocación importante en esas mismas personas. Yo al revés, creo que la institucionalidad como nunca en Chile tuvo que ponerse de acuerdo, pero debo dejar en claro que no lo hizo por voluntad propia, ese es el elemento más interesante, pero que también representa un componente bien preocupante.
¿Por qué es preocupante?
Es preocupante porque lo que quedó demostrado post 18 de octubre es que los actores políticos solo actúan cuando hay miedo, eso es preocupante. Cuando digo que no hubo voluntad propia, es porque tuvo que generarse una situación de caos y de crisis total para que reaccionaran los sectores políticos, y ese es el problema, que debieron haber reaccionado hace décadas porque las desigualdades de Chile se estaban denunciando y viendo hace muchos años. Tuvimos que llegar a una situación donde la clase política tuvo miedo para que se produjera una reacción.
A pesar de la desconfianza en la política, nos vamos a someter a un proceso constituyente. ¿Cree que esta instancia dará respuesta a las demandas de la gente?
Creo que la crisis de las expectativas es uno de los grandes temas que debemos cuidar. Me parece que hay que enfrentarse a este proceso constitucional con una mirada muy realista de las cosas, pero también con una mirada muy proactiva y optimista. Será bien difícil que cambiemos ciertas superestructuras que son parte de la fase civilizatoria en la que vivimos. Por ejemplo, una democracia dividida en tres poderes, será algo difícil de cambiar, tampoco creo que sea necesario cambiarlo. Sin embargo, hay otras que tenemos que cambiar de raíz y que significan giros importantes. Uno importante es la discusión en torno al presidencialismo, no vamos a dejar de tener una figura de presidente, pero si tenemos que avanzar hacia un parlamentarismo o un presidencialismo atenuado. Tenemos que avanzar hacia modificaciones que son importantes y que de alguna forma tiendan a redistribuir el poder.
¿Cree que el Estado tiene una deuda con las disidencias?
El Estado tiene una deuda con todos quienes no somos heterosexuales cisgénero masculino. El Estado tiene una deuda con las mujeres al no reconocer su derecho al aborto, por ejemplo. Tiene una deuda con las personas trans al no reconocerlas como sujetas de derechos completos. En Chile no se habla que las expectativas de vida de una persona trans llega a la mitad que la de una persona heterosexual. En Chile hay una deuda permanente con las familias que no tienen una composición como la del pesebre, por ejemplo una pareja de mujeres con una hija, siempre una de ellas no tiene ningún derecho en relación a su rol de madre.
¿Cree que las iglesias sigue siendo influyente en este tipo de discusiones?
Yo no creo que Chile sea un Estado laico. Las iglesias tienen una fuerte presencia como agente interventor en las políticas públicas, a lo sumo lo que tenemos es un Estado aconfesional. Creo que las iglesias no merecen ningún tratamiento privilegiado en el país, la fe de todo el mundo hay que respetarla, pero han demostrado actitudes corruptas, canallas, encubridoras, no solamente la Católica. Sin embargo, tienen tratamiento preferente en temas tributarios, educativos, tácitamente tienen ciertos fueros.
¿Cuál es su evaluación de la Ley Zamudio?
Esta ley ejerce un rol más simbólico que práctico, porque la cantidad de acciones y los fallos de las acciones interpuestas son muy pocos y muy pobres. Sin embargo, esta ley tuvo un elemento simbólico importante, y es que contribuyó a instalar el concepto de discriminación, el que a mi juicio no estaba instalado en nuestra sociedad. Si hoy una persona se siente discriminada es porque hizo un trabajo sostenido para decirle que aquello que estaba viviendo era una vulneración mayor que tiene un nombre: discriminación.
¿Y qué le parecen las reformas que se están impulsando en el Congreso a esta ley?
Positivas, porque esta ley no ha sido capaz de dar respuesta a lo que se necesita, que es la creación de estructuras por parte del Estado que permitan atenuar la discriminación. Por ejemplo, en México junto con introducir un artículo antidiscriminación en su Constitución, crearon una estructura, la Conapred, que es un organismo público dotado de facultades y recursos para prevenir la discriminación. Si no hay institucionalidad es muy difícil que una ley pueda hacer algo para cambiarle la vida a las personas que se sienten discriminadas.
¿Cómo evalúa el rol de la justicia en los casos de agresiones homo y lesbofóbicas?
La justicia es profundamente conservadora. Creo que se deben hacer reformas que tangan un impacto desde lo institucional hasta la forma en cómo se forman jueces, fiscales y todos quienes cumplen un rol en el Poder Judicial. Cuando no hay presión social y comunicacional, los fallos terminan yendo para cualquier lado, lamentablemente.
