Recién habían pasado dos meses desde que asumió y el ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor José Pérez Varela, es ya objeto de una acusación constitucional por haber infringido la Constitución y las leyes y haberlas dejado sin ejecutar.

En parte de la acusación -firmada por todo el arco opositor- se señala que ello ocurre, porque “el respeto irrestricto a los Derechos Humanos y trato igualitario, han quedado en entredicho” con la actuación del Secretario de Estado.

“En el primer caso, por la acción permanente y sistemática de Carabineros y, en el segundo caso, por la acción permisiva ante la toma de carreteras, por parte de dueños de camiones, impidiendo la normal circulación en parte importante del país, dificultando la distribución de alimentos y remedios, en todo el territorio e, incluso, como fuera manifestado por el Ministro de Salud, el paso a ambulancias con enfermos en su interior”.

En el segundo caso, por su responsabilidad político y control jerárquico sobre la institución de Carabineros, destacando en particular al caso del adolescente de 16 años que fue empujado al rio Mapocho por la acción de un carabinero. Al respecto se señala que el ministro del Interior habría infringido “la Constitución y las leyes, porque Carabineros, reiteradamente, ha actuado con violencia innecesaria y desproporcionada”, lo que -según el texto- ha derivado en la vulneración del “derecho a la vida e integridad física”.

Son tres los capítulos de la acusación que deberán estudiar los parlamentarios y que fue entregada el jueves en la oficina de partes de la Cámara. Los 13 parlamentarias firmantes del documento son Jorge Brito (RD), Tomás Hirsch (ind), Pamela Jiles (PH), Luis Rocafful (PS), René Saffirio (ind-PR), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Rodrigo González (PPD), Víctor Torres (DC), Carmen Hertz (PC), Camila Rojas (Comunes), Gabriel Ascencio (DC), Jaime Naranjo (PS), Gabriel Boric (CS).

El martes pasado, el jefe de bancada del PS, Luis Rocafull dijo que éste “no está condicionado” a la salida de Mario Rozas del cargo, al ser consultado si la acusación se mantendría en caso de que el Ejecutivo decida remover al general director de Carabineros.