Periodista.
Objetivos oscuros, mañosos, es lo que existiría en la Consulta Indígena que está tratando de aprobar el gobierno del Presidente Piñera. Y justamente se realiza en un escenario de desconfianza, de agresión, cuando aún no se olvida la farsa de la Operación Huracán y menos aún, el asesinato del joven trabajador mapuche, Camilo Catrillanca.
¿Por qué este rechazo tan masivo por parte del mundo indígena? Sencillamente porque, según la parlamentaria, la consulta busca en realidad desconocer lo que establece el Convenio 169 de la OIT firmado por Chile hace muchos años, modificando la ley 19.253. En las disposiciones del Convenio, “los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Eso, no ha ocurrido.
Peor aún. De acuerdo a los distintos puntos de esta consulta, queda al desnudo la intención del gobierno: aprobar mecanismos que durante siglos se han usado no sólo en Chile, para desactivar política y culturalmente a los pueblos indígenas por medio de la división y enajenación de sus tierras. Y también interviniendo en sus formas de organización.
Una consulta sin respaldo
El error del gobierno con esta consulta es reconocido no solo por la oposición y la mayoría de las comunidades, sino también por críticas en el oficialismo. El senador oficialista David Sandoval (UDI) incluso planteó que “la consulta indígena ha sido un fracaso. Como parlamentario tengo vinculaciones con las comunidades y hay un problema serio de comunicación porque nosotros no tuvimos idea alguna de lo que estaba pasando y cuándo iba a ocurrir y pudiéramos haber colaborado”.
Un paso más en el peldaño de difíciles victorias que la diputada Nuyado ha logrado en beneficio de sus pueblos, está una inédita e histórica reunión en el Congreso entre diputados y 200 representantes del pueblo mapuche esta semana. Allí se solicitó la redacción de un proyecto de acuerdo para poner fin a la consulta indígena.
Es lo que debería ocurrir luego del cambio de gabinete.
¿Por qué este rechazo, del que más bien se conocen las reacciones de irritación y no se explica el fondo?
Porque la consulta que este gobierno lleva a cabose está haciendo sin el consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas. Son ellos los que deben señalar cuáles son sus afectaciones y cuáles debieran ser las medidas que se deben consultar. Un ejemplo: los dirigentes de los pueblos atacameños me señalaban que el estado chileno no les ha traspasado, a través del Fondo de Tierras, 3.000 hectáreas que se encuentran en manos de privados, de empresas mineras. Incorporan una medida preguntándoles ¿“ustedes están de acuerdo en que se subdividan las tierras? en circunstancias que -dicen- no tenemos tierras, porque no nos las han entregado, entonces cómo las vamos a subdividir. Nos va a afectar el día de mañana cuando tengamos tierra, por tanto, nosotros lo estamos rechazando”
Gran parte de las tierras que eran de nuestros pueblos, se encuentran en manos de las grandes empresas mineras. En Calama, por ejemplo, terrenos que eran productivos, que eran parte de nuestra economía sustentable, hoy día no la podemos usar, porque todas esas tierras están disponibles para las mineras y para las inmobiliarias. Nosotros hemos quedado afuera.
Pero ¿qué nos han preguntado respecto al agua?¿En manos de quien están esas aguas? Nos preguntan temas que no tienen que ver en absoluto con nuestras afectaciones. El pueblo mapuche, no ha planteado como una de sus afectacionesla subdivisión de las tierras y lo que exigen a los diversos gobiernos de turno y a los tres poderes del Estado, es adecuar, de manera administrativa, todos sus ministerios y sus políticas públicas, para acompañar y apoyar en los diversos territorios donde se han entregado terrenos, a través del Fondo de Tierras y donde es necesario aplicar en cada una de ellas, el convenio 169.Entonces, es necesario que los diversos ministerios adecuen sus instituciones. Eso es lo que señala el Convenio 169 y eso es lo que no han hecho. Estamos pidiendo al Legislativo que las diversas indicaciones o proyectos que ingresen a este Congreso deben ser consultados con los pueblos.
¿Por qué el gobierno insiste entonces en seguir? ¿Qué busca?
El gobierno lo que quiere es liberar gran parte de esas tierras. Recordemos que hay personeros de gobierno, como el Subsecretario Ubilla y el jefe de gabinete del Ministro de Desarrollo Social, que adquirieron tierras que son indígenas, y se busca que ello sea legal. Ellos quieren que exista, de manera flexible, una cantidad importante de tierras reivindicadas, que pertenecían a particulares, quenuevamente estén disponibles en el mercado y vuelvan entonces a manos de empresarios y de particulares latifundistas en La Araucanía y en el territorio mapuche.
El ex ministro de Desarrollo Social decíaque es una minoría la que se opone a la consulta indígena. ¿Hay comunidades que efectivamente están apoyando la propuesta del gobierno?
Es una minoría. Y son aquellos que dicen ser empresarios, que el gobierno los ha perfilado y los ha convencido que ellos son emprendedores, que son empresarios y los ha vinculado con algunos empresarios de la zona.
Ellos son los que le pidieron al gobierno modificar la ley, son los que quieren negociar. Es absolutamente falso lo que dice el ministro de que es una minoría la que está en desacuerdo con la consulta. Él sabe perfectamente y tiene datos, que es una minoría la que está de acuerdo con su consulta.Pero, necesita publicitar que hay que seguir avanzando con las etapassiguientes,porque el objetivo de ellos el día de mañana es subdividir las tierras indígenas, entregarlas fácilmente al mercado. Quieren que estas tierras, a la vuelta de cinco años las puedan vender y las que son comunitarias estén disponibles en arriendo para los particulares. Ese es el objetivo: la venta de las tierras indígenas.
¿Cómo va a proseguir esto?
Lo que se le está pidiendo al gobierno es que suspenda la consulta. Pero ellos, por su tozudez, van a insistir, porque a costa de lo que sea, la quieren sacar adelante, ya que los grupos económicos están esperando. Por eso, será importante conocer su listado, los nombres de las personas que están validando esa consulta, con sus Ruty así saber si pertenecen a los pueblos indígenas o son instituciones representativas, porque son las organizaciones las únicas que la pueden validar . Son las comunidades indígenas, y las formas de organización que el pueblo tiene, que son muchas, y reconocidas por historias ancestrales.
