Periodista.
Luego de diversas reuniones con dirigentes de la pequeña y mediana empresa, el Partido Socialista junto al Instituto Igualdad elaboró un primer informe sobre medidas que el gobierno ha lanzado para enfrentar la crisis social y económica producto de la pandemia que ya tiene como triste resultado la muerte de 10 mil chilenos y chilenas.
La colectividad y su centro de estudios conformó un equipo de expertos en diversas áreas relacionadas con la economía y el trabajo para hacer un seguimiento al Marco del Acuerdo por la Emergencia, entre el Gobierno y la Oposición. ¿El objetivo? Fiscalizar el cumplimiento de dichos acuerdos y, además, proponer soluciones frente a las debilidades y obstáculos detectados. Entre los participantes están el senador Carlos Montes, la presidenta de Igualdad, Clarisa Hardy, el alcalde de San Joaquín Sergio Echeverría, la ex Directora del Trabajo y ex Subsecretaria General de la Presidencia, Patricia Silva, el ex Tesorero de la República, Hernán Frigolett, el médico, presidente de la Comisión de Salud del PS, Sergio Sánchez, Gabriel De La Fuente, ex Ministro SEGPRES y María José Becerra, economista, entre otros destacados profesionales.
Este equipo se reunió con más de 50 dirigentes de organizaciones de pequeñas y medianas empresaspara conocer por sus protagonistas sus observaciones y los problemas que están enfrentando para acceder a las ayudas demás de posibles soluciones.
Puras promesas
La conclusión del estudio es que el Crédito FOGAPE no está llegando con la cobertura suficiente, con la rapidez requerida, ni con el volumen de recursos comprometidos por el gobierno. Detectaron fuertes deficiencias en materia de accesibilidad, cobertura y transparencia en relación con el acceso al Fogape y la ayuda efectiva para las micro y pequeñas empresas. En síntesis, un grueso importante de las MIPYMES no ha podido acceder al crédito; la cobertura ha sido insuficiente; promesas como una Tasa de Interés efectiva 0% ha resultado falsa; y la accesibilidad a los créditos ha sido tardía y reducida.
Este primer informe se concentró en el Fondo de Garantía para pequeños empresarios (FOGAPE) y la realidad que aqueja a las pymes. Señalan que “lo primero que se aprecia es una distancia ostensible entre lo prometido por el Gobierno y la realidad, lo cual lleva a concluir que es más lo adeudado que la ayuda concreta”.
Recuerda que entre las principales promesas se encuentra la capitalización del FOGAPE en US$ 3.000 millones, de los cuales se han adjudicado aproximadamente US$1.000 millones en líneas de garantías a 11 instituciones financieras (a abril 2020), alcanzando apenas a un tercio del total prometido. “No suficiente con esto, recordemos que el Ejecutivo proyectó garantía para nuevos créditos hasta por US$ 24.000 millones. De este total, entre US$ 12.000 y 13.000 deberían destinarse a MIPYMES. Pues bien, hasta el momento se han otorgado créditos por US$ 7.850 millones, de los cuales solo unos US$ 4.280 millones se han destinado a las MIPYMES.”
Otra promesa fue el otorgar facilidades bancarias (suspensión de otros créditos) para acceder al FOGAPE. “Sin embargo, en la práctica existen problemas en la suspensión de otros créditos vigentes concedidos por los bancos debido a las condiciones exigidas, traduciéndose en barreras de entrada bancaria para las empresas más pequeñas, lo cual impide o ralentiza el proceso, en un momento en que la agilidad es vital para la sobrevivencia de las pequeñas empresas”.
Se destaca la promesa realizada por el Presidente de la República en el sentido de que se financiaría un millón de pequeñas empresas, entregando capital de trabajo hasta un potencial del 99,8% de compañías. “Pero las cifras son mucho menores: las postulaciones al FOGAPE han sido 263 mil, de las cuales 253 mil son MIPYMES. Y los créditos cursados llegan a 134 mil, de las cuales 128 mil son MIPYMES. Esto es apenas un 13% de la meta”.
El grupo de fiscalización también recalca la necesidad de revisar el compromiso que implicaba la entrega de créditos por parte de los bancos de manera masiva, expedita y estandarizada. A juicio de los autores del informe, dicha entrega ha sido tardía y reducida. En esencia, porque los bancos han sido reticentes a otorgar créditos que puedan implicar riesgos, produciéndose un avance más rápido para empresas grandes que para las pequeñas en el procedimiento.
Finalmente, el documento elaborado establece propuestas de mejora, entre las cuales destacan aquellas en relación con la necesaria -y urgente- revisión de la normativa del FOGAPE para hacerlo más accesible a MYPES y, sobre todo, para darle mayor agilidad a su operación.
