Periodista.
La pandemia nos ha tenido, según un dicho clásico, como “loros en el alambre” todos los días. Gran parte del país en cuarentena, con un toque de queda adelantado, realizando un esfuerzo que raya casi en lo inhumano, con efectos bastante predecibles en la salud mental y, evidentemente, impactos tremendos en el plano social. Todo eso soportado estoicamente por los chilenos y chilenas, hasta el momento, y sin que se visualice aún una luz clara al final del túnel.
Sin embargo, cuando se conoce que las familias más ricas del país, entre quienes se cuenta- por cierto- nuestro actual Presidente de la República, Sebastián Piñera, han aumentado sus ganancias en un 73%, según la prestigiosa Revista Forbes, un dolor de estómago- y de impotencia, diríamos- recorre a la gran mayoría de los chilenos. Que la viuda de Andrónico Luksic Abaroa, Iris Fontbona, sea la décima mujer más rica del mundo, con una fortuna que llegó a US$ 23.300 millones, (lo que representa un aumento de US$ 12.500 millones, es decir casi el doble), seguramente es algo que perturba a la señora que está “parando la olla” a la vuelta de la esquina.
Para desgracia del Gobierno, y de esas pocas familias, estos antecedentes se conocen cuando en Chile se discute, por ejemplo, sobre el impuesto a los súper ricos, para no nombrar otros debates de peso como el bajo aporte del royalty minero al desarrollo social y económico chileno.
Si se ha dicho que la pandemia había colocado a ojos de todos, las diferencias sociales en todo el orbe, ya nadie pudo quedarse callado frente al tema. Naciones Unidas y hasta la compuesta OCDE, que siempre aplaudió las políticas liberales de Chile, empezaron a bregar por una mejor distribución del crecimiento, desigualdad ahora agudizada por la pandemia. Y ha comenzado a generarse un consenso del cual nadie pudo escapar…al menos de pronunciarse.
“Los últimos informes indican que ha habido un aumento de US$5 billones en la riqueza de los más ricos del mundo en el pasado año”, señaló el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien llamó a los gobiernos a “considerar un impuesto de solidaridad o sobre la riqueza para aquellos que se han beneficiado durante la pandemia, para reducir las desigualdades extremas”. Es bastante inédito un pronunciamiento tan directo del principal organismo multilateral en tal sentido.
A los llamados que ya había hecho la administración de Joe Biden en EEUU, planteando incluso fórmulas de mayor equidad tributaria a nivel global, ya varios países en América Latina, como Argentina y Bolivia, ya avanzaron al respecto y la otrora compuesta OCDE ahora señalaba que «un sistema de impuestos y transferencias más eficaz (en Chile) puede ser un fuerte catalizador para reducir la desigualdad y potenciar una recuperación inclusiva».
Los matinales de TV comenzaron a reportar el tema y los actores políticos, en especial la derecha y el Gobierno, comenzaron a mirarse entre sí. Algo había que hacer o decir, cuando además los efectos sociales de la pandemia son más que evidentes.
El diente a las exenciones
Los liberales de derecha de Evópoli, partiendo por el ex Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ya habían propuesto enfrentar las millonarias exenciones tributarias que existen en el país, que aportarían cuantiosos recursos. Briones incluso dejó formado un grupo “transversal” de 18 economistas (desde Rodrigo Valdés a Rodrigo Vergara) que fueron partidarios nada menos que de revisar los beneficios asociados a las Zonas Francas; eliminar los beneficios al crédito a la construcción, los asociados a las viviendas DFL2 ; y gravar con IVA todos los servicios. También se planteó eliminar los beneficios asociados al crédito del impuesto específico al diésel para empresas de transporte de carga, al crédito del impuesto específico al diésel para industrias e incorporar el impuesto al diésel en la base del IVA, entre otras medidas. Solo los beneficios a la construcción y gravar con IVA a todos los servicios, ya implicaría cerca de US$900 millones.
En el tema de las exenciones ya parece haber un consenso de hecho entre todas las posiciones y ha marcado un “desde” en esta materia. Analistas como el ex subsecretario Alejandro Micco, matizó que él no descartaba un impuesto al patrimonio, pero ello después de dotar al Servicios de Impuestos Internos, por lo menos de la facultad de acceder a los saldos de las cuentas corrientes, algo considerado básico para tener mayor control de los impuestos que realmente pagan las mayores rentas. Más bien postulaba un impuesto a las herencias. Hernán Frigolett, por su parte, reparó que las iniciativas en el Congreso tendrían la característica de ser transitorias, demandando medidas más estructurales y el prestigioso ex presidente del Banco Central, Roberto Zahler, calificó de “inevitable” que Chile debiera generar una mayor carga tributaria si quiere dar cuenta de los desafíos sociales del país, ahora agravados por la pandemia.
Como suele ocurrir, los especialistas tributarios, esos que muchas veces trabajan precisamente para que sus mandantes no paguen impuestos, no tardaron en cuestionar la discusión tributaria, destacando que los impuestos al patrimonio recaudaban poco porque al final los dueños de los capitales se las arreglaban para moverlos esquivando los respectivos pagos. Y mostraban la experiencia negativa de algunos países.
Pero estas voces cuestionadoras empezaron a quedar bastante aisladas después de que los principales organismos internacionales y hasta el FMI, comenzaron a bregar por transformaciones impositivas importantes, no necesariamente para gravar el patrimonio, pero si para- de alguna forma- repartir mejor los resultados del crecimiento, en particular frente a la actual crisis sanitaria.
Campeones en desigualdad
La propia OCDE recordó una verdad incómoda: En el promedio de las naciones que integran el organismo, el sistema tributario hace disminuir un 10% el Índice de Gini, que mide la desigualdad de los países, mientras que en Chile sólo se reduce un 2,5%. Es decir, no contribuye para nada o muy poco a mejorar la situación social de la mayoría de los chilenos. Como se sabe, Chile es de los alumnos aplicados en materia de renta per cápita en la región, pero al mismo tiempo tiene una de las desigualdades sociales más altas del mundo con un índice de Gini de 0,44 (2017, antes de la pandemia) donde 0 es la perfecta equidad y 1 la máxima desigualdad. Finlandia tiene la mitad, con 0,24 y la Unión Europea 0,30; siendo los países africanos los que superan el 0,60.
Una reciente columna del profesional Sergio Arancibia señalaba que, según datos recogidos por López y Sturla, académicos de la Universidad de Chile, en un trabajo recientemente publicado, “en Estados Unidos el 0.1 % de la población adulta concentra en sus manos el 20% del patrimonio del país, mientras que en Chile el 0.07% de la población adulta concentra en sus manos el 34% de la riqueza”. Dicho estudio agregaba los siguientes datos sobre la concentración de la riqueza o del patrimonio en Chile, en 2019: “hay 8.900 ciudadanos que tienen cada uno entre 5 y 100 millones de dólares de patrimonio, siendo el promedio entre ellos 13,9 millones de dólares per cápita. Al mismo tiempo, existen 263 súper ricos, que tienen un patrimonio superior a los 100 millones de dólares, con un promedio entre ellos de 621 millones de dólares”.
El asunto tiene muchas maneras de mirarse, pero todas muestran lo mismo. Por ejemplo, según los datos disponibles al respecto, los hogares del quintil (20%) más rico del país concentran el 51,03% del ingreso total- es decir la mitad de la torta de ingresos-, mientras que el más pobre llega a sólo el 5,38%. En nuestro país el 20% más rico de la población recibe en promedio, 17 veces más ingresos que el 20% más pobre. Por contraste, en los Estados Unidos esta misma relación alcanza a 8,9 veces; y en Perú y Corea del Sur a 10,5 y 5,7 veces, respectivamente, como citó en algunos estudios el economista Dante Contreras.
Aterrizaje en Chile
El tema aterrizó en Chile sin dar un respiro al Ejecutivo, que ya estaba entre la espada y la pared por un tercer retiro de las AFP y que, a última hora, propone gastar nada menos que el seguro de cesantía de los chilenos. Es decir, que los atribulados ciudadanos sigan autofinanciándose con sus propios recursos, pero que ahora lo hagan, no con sus futuras pensiones, sino con los recursos guardados para casos de cesantía. ¿Qué se hará cuando el desempleo siga subiendo como lo está haciendo? Insólita propuesta y guiño evidente del Ejecutivo a la candidatura de Joaquín Lavín.
La iniciativa del impuesto a los más ricos ya fue aprobada en la Comisión de Constitución, por 7 votos a 6, a modo de indicación, producto de una fusión entre las propuesta del PC y la de la DC. La del PC busca establecer un tributo por una vez del 2,5% al patrimonio de los grandes ricos del país, sobre un patrimonio neto que exceda los US$22 millones y la DC que busca subir la tasa del impuesto a las empresas del 27 al 30%, para aquellas empresas con ventas superiores a los US$41 millones. Asimismo, esta última apuntaba a donde ya existe cuasi consenso de todo el mundo: las exenciones tributarias a la compra y venta de acciones y otras que benefician a los fondos privados de inversión.
El diputado DC Matías Walker, solo por el fin de ciertas exenciones, dijo que ello implicaba una mayor recaudación de US$5.000 millones y que si se sumaba el aumento a las grandes empresas podían agregarse por lo menos US$350 millones.
Hasta Renovación Nacional, tuvo que sacar un as bajo la manga proponiendo cambios al famoso FUT, al que nunca se ha podido echar mano apropiadamente, y otras medidas tributarias a la repatriación de capitales. Buscan que quienes tiene hoy día utilidades guardadas en un Fondo de Utilidades Tributarias- mecanismo que nació para incentivar el ahorro y la reinversión, donde éstas no serían gravadas de impuestos si no eran retiradas de los capitales de las empresas- puedan retirarlas bajo una tasa de impuesto preferencial y así el Estado allegue una suma que ellos estimarían en hasta US$20.000 millones. Dicen que incluso algo de esto propuso la ex Presidenta Bachelet.
Por su lado, el Gobierno no tuvo más reacción que hacer reserva de constitucionalidad, es decir, una vez más se atrincheró en una Constitución que cerca del 80% de los chilenos dijo que quería cambiar. “Esperamos que el Gobierno que en vez de dedicarse solo a amenazar con recurrir al TC se allane a un acuerdo”, dijo al respecto Matías Walker. Y todo apunta que el asunto va para allá, si la derecha no quiere quedar en el mostrador de los acusados.
Otras regalías a la minería
Lo cierto es que si se va a hablar de exenciones tributarias, otro tanto corresponde a un país altamente minero como Chile. “Como regla general cada vez que los precios internacionales del cobre se incrementan, automáticamente suben los costos. La contabilidad virtual así creada no tiene relación alguna con las rentabilidades registradas”, sostuvo el abogado y economista Hector Vega en un reciente artículo.
El profesional nombró una serie de prácticas para eludir pagar los impuestos correspondientes: constituirse como sociedad de personas; manipular los precios de transferencias para minimizar las utilidades o transformarlas en deudas (un compromiso suscrito por Chile para entrar a la OCDE); la práctica de las matrices de las mineras de depositar altos recursos en bancos de paraísos fiscales donde éste aparece como otorgando un crédito a la filial chilena de aquella matriz extranjera; especular en los mercados futuros del cobre generando pérdidas contables para la filial minera chilena, pero que se transforma en una utilidad para la empresa extranjera que efectúa la compraventa de opciones de futuro, y otras vinculadas a la forma en que se recauda el royalty a la minería.
En definitiva, el sistema tributario chileno es un coladero del cual se escabullen muchos recursos que deberían ir a salud (especialmente ahora), educación y vivienda y, lo que sí recauda mucho, siendo la mitad de la recaudación tributaria de Chile, es el IVA que paga la sra. Juanita cada vez que va a comprar el pan. Un tema definitivamente a abordar.
