Sin duda, este 8M tuvo una impronta distinta a otros años: el miércoles 06 de marzo y, tras siete años de espera en el Congreso, se aprobó el esperado Proyecto de Ley Integral -presentado en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y reimpulsado por el Presidente Gabriel Boric-, el cual fue despachado para ser Ley.

Prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, niñas, niños y jóvenes es el foco central de lo que será esta nueva normativa, que además establece acciones que derivarán en la coordinación y participación de las instituciones del Estado, quienes tenemos deberes en la investigación, protección, sanción y reparación de violencia contra las mujeres; una medida que, no sólo contó con la atención y celebración nacional, sino que también de agrupaciones e instituciones internacionales que hicieron seguimiento de este gran hito que, finalmente, se traduce en un gran paso para lograr un “Chile para Todas”.

Y es que, a lo largo de la historia universal y nacional, los avances en temas de género están escritos como el resultado de las infinitas luchas de las mujeres que, de forma organizada y colectiva han abierto caminos que permiten mejores oportunidades y ejercicio de sus derechos. Producto de esto, las instituciones y Estados han asumido el compromiso -algunos más que otros- de generar y apoyar políticas públicas que apunten a terminar con las brechas y con las diversas construcciones socio-culturales que se traduzcan en un desarrollo igualitario entre hombres y mujeres.

Con el retorno a la democracia, el Estado de Chile también adquirió el compromiso de realizar un trabajo relevante en materias de género, con la finalidad de generar políticas que velasen por una mayor equidad e igualdad de las mujeres del país. Así, el 03 de enero de 1991 nace el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) que, posteriormente y tras la creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, se transformó en el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SermamEG), institución encargada de ejecutar las políticas públicas que surgen desde el Ministerio, a través de los programas que se desarrollan en cada rincón del país.

Con todos los procesos transformadores del país, SernamEG se ha posicionado como un organismo que apoya y acompaña a las mujeres del país, en distintos ámbitos, implementando programas que, de forma integral, busca no sólo la autonomía de las mujeres, sino que también promover su derecho a una vida libre de violencias.

Cuando pensamos en algunos elementos que podrían incidir en mayores situaciones de violencia, podemos considerar la falta de autonomía económica, diferencias en su participación laboral en trabajos remunerados. También en las brechas existentes a la hora de evaluar las brechas salariales y en las desigualdades para asumir cargos de responsabilidades, tanto en el mundo de la empresa privada, como también en el área pública; las desigualdades a la hora de evaluar las posibilidades de decisión respecto a sus vidas y a las de quienes son parte de su entorno, como también frente a determinaciones referidas a su propio cuerpo. Si a todo esto agregamos las realidades culturales y sociales del territorio en el que se desenvuelven, podríamos comprender que, junto con iniciativas legales como las que se acaban de aprobar, hay mucho por seguir avanzando.

En todo el contexto expuesto, SernamEG ha velado por estar presente en cada ámbito que requiere el real camino de igualdad y equidad de las mujeres. Con un equipo valioso de trabajo ha estado en cada rincón de Chile instalando programas –en asociación con ejecutores- para promover herramientas que faciliten la autonomía económica, a través del Programa Mujer y Trabajo, el cual tiene a su haber líneas de acciones como los Programas 4 a 7, Mujeres Jefas de Hogar, Mujer Emprende y, Buenas Prácticas Laborales y Equidad de Género.

También ha existido un trabajo creciente en la promoción de derechos políticos y sociales de las mujeres; los cuales no sólo están referidos al mundo político-partidista, sino que también a un ámbito donde las mujeres, como personas con derecho a decisión, de forma autónoma se desarrolla también desde lo personal. Lo mismo en cuanto a promover sus derechos, en materias de sexualidad y reproducción, dejando atrás las historias de nuestras madres y abuelas que declaraban mayoritariamente su imposibilidad de decidir sobre sus propios cuerpos.

Y, por cierto, en los distintos caminos que se suman a la gran tarea de prevenir y terminar con las violencias ejercidas contra toda la diversidad de mujeres que habitan nuestro país; a través de lo que hoy conocemos como “Programas de Violencias de Género”, el cual ha hecho un trabajo fundamental, muchas veces silencioso, pero con la convicción que cada atención entregada ha incidido en el cambio de vida de miles de mujeres, durante décadas.

Hoy, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género sigue en su tarea de acompañar a las mujeres de Chile y de la Región de O’Higgins en los procesos de mejorar su calidad de vida, en ofrecer herramientas que les permitan mayor autonomía y posibilidades de crecimiento; todo esto, de la mano de las transformaciones y cambios sociales que enfrentamos como país y con las propias realidades culturales territoriales.

En este marzo de 2024, donde la mirada mundial se centra en la historia de las mujeres, en las brechas que siguen existiendo y en las inequidades que objetivamente las siguen impactando -y que continúan como factores de riesgo en cuanto a los distintos tipos de violencias a las que podrían verse expuestas-, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género continua al lado de las mujeres que no descansan en sus anhelos de alcanzar el objetivo de transformar, no sólo sus vidas y las de sus familias, sino que también en la de contar con un mejor Chile. Porque lograr un país de mayor igualdad y equidad seguirá siendo un fin que moviliza a quienes son parte de un Servicio que tiene mucho que decir en la trayectoria histórica de las mujeres de Chile, no sólo en cada 8M, sino que todos los días del año.

Llegó marzo y nuevamente en Chile tendremos un año de elecciones, luego del fin del proceso constitucional fallido que tuvimos como país, el cual nos podrá haber debilitado como fuerzas transformadoras, pero nunca quitar la esperanza de construir un país más democrático, que se haga cargo de un malestar generalizado de la población con las instituciones, las cuales necesitan cambios importantes, para que generen confianza y las acerquen a la ciudadanía.

De ahí que las elecciones regionales y municipales a realizar el 27 de octubre del presente año, pueden verse como una nueva oportunidad para instalar ciertos temas que importan a las y los chilenos, los cuales mantienen una enorme desafección por los partidos políticos y con los distintos organismos públicos, que se han visto en muchos casos vinculados a escándalos de corrupción, como ha pasado con el caso convenios con fundaciones y con una larga lista de municipalidades acusadas e investigadas por fraude al fisco.

Por lo mismo, si existe un tema central en esta elección, que debe ser abordado si o si por todas y todos los candidatos que se presenten, es sin lugar a dudas lo que refiere a la Integridad Pública, Probidad y Transparencia, las cuales debieran ser los pilares de cualquier programa que busque devolverle la importancia al servicio público, que se encuentra en entredicho.

No obstante, antes de cualquier propuesta al respecto, se debe primero señalar cuál es la situación actual en Chile en lo que refiere a materia de lucha contra la corrupción, en donde según el índice de percepción de ella (1), se ve cierto estancamiento según las últimas mediciones realizadas, lo que nos muestra que se debe hacer mucho al respecto en el país

Dicho esto, se podrá decir que Chile es de los países mejores ranqueados en ese índice a nivel regional, solo superados por Uruguay, pero si uno revisa los datos de los últimos informes de Latinobarómetro (2), nos muestra un gran problema cuando se les preguntó a las personas si creen que hay una disminución en la corrupción de las instituciones del Estado.

En consecuencia, se ve cada vez peor el rol de los funcionarios y servidores públicos, así como el trabajo realizado a nivel de partidos políticos, congreso y municipalidades, en donde sobre todo en estas últimas se vuelve muy delicado que se le vea poco transparentes y con poco control de los recursos públicos, ya que es la entidad estatal con mayor acceso de la ciudadanía.

Ante esto, se vuelve primordial seguir avanzando y fortaleciendo la agenda anticorrupción, que tuvo su inicio con el retorno a la democracia, con la conformación de la Comisión Nacional de Ética Pública (1994), la Comisión Asesora Presidencial para el Fortalecimiento de los Principios de Transparencia y Probidad (2003), Comisión de Probidad y Transparencia (2006), Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción (2015) y la Comisión de Probidad y Transparencia en Corporaciones y Fundaciones (2023)

En cuanto a la última comisión nombrada, conformada por María Jaraquemada, Ramiro Mendoza, Jeannette Von Wolfersdorff, Ignacio Irarrázaval y Francisco Agüero, todos ellos elaboraron un informe, del cual sentó las bases para la elaboración de la Estrategia Nacional de Integridad Pública, que contiene 210 medidas para enfrentar la corrupción y construir más confianza en las instituciones (3)

Por otro lado, también hay que mencionar el importante rol que han jugado organismos como lo son la Contraloría General de la República, encargada de fiscalizar los servicios y entidades públicas (auditoría, jurídica, contable u jurisdiccional) y el Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado, encargado de aconsejar al Presidente de la República, siendo ambos actores claves.

Sin embargo, a pesar de que toda esta estructura de integridad se vuelve fundamental, no es suficiente si no se hace la relación entre probidad y participación, en donde se avance también en la desconcentración del poder y una mayor democratización en la toma de decisiones, sino seguiremos solo reaccionando y conformando comisiones ante distintos casos de corrupción existentes (Davilazo, Mop Gate, Publicam Chile Deportes, Penta, SQM, Caval, Convenios).

En otras palabras, generar nuevos mecanismos de control ciudadano, que permitan acercar a estos a las instituciones y a lo público, de manera que el Estado sea visto como el resultado de no solo de partidos políticos y de ciertos organismos específicos, sino también de la sociedad civil y de quienes son parte del país, en toda su pluralidad.

Finalmente, retomando la discusión sobre el fallido proceso constituyente y ligándolo con lo anterior, me gustaría agregar que de los distintos factores que influyeron en su fracaso, seguramente también fue fundamental la percepción de corrupción que se tuvo al respecto y la mala experiencia que se vive dia a dia con el Estado, ya que al ver a lo público como algo alejado y bajo sospecha permanente, costó mucho darle credibilidad al relato para aprobar el nuevo texto.

Por eso que aunque la primera carta magna que escribió la Convención Constitucional, si bien consagró distintos derechos (salud, educación, vivienda, seguridad, agua), la retórica neoliberal que señala que todo lo público es malo se reforzó con una desconfianza a las instituciones del Estado tal, que los cambios se vieron como irrealizables y solo en el papel, lo que obviamente nos jugó en contra a todas y todos que creímos en el proceso y en un país más justo.

1: https://www.transparency.org/en/cpi/2023