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Devuelvan el Moai y descolonicemos los museos

Por
Andrés Kogan Valderrama
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La reciente campaña en redes sociales denominada «Devuelvan el Moai» (1), ha puesto nuevamente en discusión el tema sobre la necesidad de que Inglaterra devuelva a Rapa Nui esta estatua de piedra por su alto valor histórico y simbólico para la isla y para todas aquellas personas que creen en un mundo más justo

De ahí que hasta el mismo presidente Gabriel Boric se haya sumado a una demanda que a primera vista pareciera un mero requerimiento de restitución de una escultura que fuera robada en el siglo XIX por el imperio inglés, pero instala también un debate sobre el carácter colonial de los museos como institución y la necesidad de su descolonización.

Es decir, este reclamo de devolución del Moai a Rapa Nui, puede verse como el resultado de la discusión que tuvimos como país durante el proceso constituyente el 2022, el cual podrá haber tenido un mal término y una verdadera guerra en su contra de parte de los sectores más conservadores, pero pudo instalar en alguna medida el valor de la interculturalidad, plurinacionalidad y la descolonización.

Por lo mismo, pensar la descolonización va mucho más allá del fin de una ocupación territorial o la devolución de ciertos objetos extraídos por la fuerza, como es el caso del Moai en cuestión, sino también pensar el rol que han jugado los museos desde el siglo XVIII para instalar narrativas discriminatorias, excluyentes y de la dominación, las cuales son las que han sostenido asimetrías e injusticias históricas.

Es lo planteado por Walter Mlgnolo, quien nos muestra la función histórica del museo para occidente y la modernidad/colonialidad (2), la cual ha buscado fortalecer su identidad a costa del robo de la memoria de los pueblos del sur global, a partir de una idea de universalidad que pretende hacernos creer en una linealidad de la historia, en donde Europa y Estados Unidos estarían en la cúspide del progreso civilizatorio, mientras que las otras culturas sólo serían parte del pasado.

Asimismo, el museo a lo largo de la historia, al igual que la escuela y la universidad moderna, ha sido principalmente un dispositivo educativo civilizador, al promover ciertos conocimientos y negar otros, presentándose como un espacio neutral, que solo busca realizar conservación, investigación y divulgar patrimonio en el ámbito artístico, arqueológico y antropológico, encubriendo así que es una institución que busca perpetuar el dominio occidental,

Por eso es que si uno revisa las razones de parte del Museo Británico del porqué no quiere devolver el Moai a Rapa Nui, no es solo por un tema legal, sino también porque según ellos, de entregarlo, correría el riesgo de no ser tan bien conservado como en Londres, lo que solo termina reforzando un relato racista y lleno de superioridad cultural por sobre nuestros países.

En otras palabras, Inglaterra se atribuye el monopolio de la conservación del Moai, como si diera lo mismo que haya sido llevado al Museo Británico como resultado de un robo histórico del imperio británico, lo que muestra una vez más que lo que hay detrás de esa negación es la colonialidad imperante, la cual se sigue imponiendo como si fuera algo incuestionable.

Por suerte, el museo como institución colonial viene siendo interpelado por distintos sectores, tanto de parte de movimientos sociales como desde la academia misma, quienes no solo están denunciando las narrativas eurocéntricas imperantes, sino proponiendo formas más igualitarias, horizontales, dialógicas y que rescaten elementos del presente también, en donde el patrimonio de la vida y los buenos vivires estén en el centro.

Es el caso del Comité de Educación y Acción Cultural para América Latina y el Caribe (CECA LAC), quien viene impulsando una museología crítica y participativa, que como bien dice una de sus coordinadoras, la Dra. argentina Silvana Lovay (3), lo que se busca es desfetichizar al museo y transformarlo en un espacio de encuentro, que se nutra de lo que ocurre en la calle, en las plazas, y en la cotidianidad de los pueblos.

Ante todo esto, por supuesto, devuelvan el Moai robado, pero siempre viéndolo como parte de un proceso de descolonización en todo el planeta, que se conecta con otras experiencias negadas hasta el día de hoy, por un dominio de poder que se resiste a dejar un orden que se cree con el derecho de borrar la riqueza del mundo y vendernos una historia única para todas y todos.

1: https://youtu.be/07goC8Z6aaY?feature=shared

2:https://youtu.be/4maQRDg1xzs?si=bTyWLLFNT_Uhdva1

3: https://youtu.be/ep_H1SPxrJg?feature=share

Precandidato PS por Santiago realiza propuestas para un Santiago nuevo

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En un escenario político marcado por la necesidad de cambios profundos y una gestión municipal más efectiva, el precandidato del Partido Socialista (PS) a la alcaldía de Santiago, Ismael Calderón, presentó diferentes propuestas basadas en principios sólidos y concretos para abordar los desafíos más apremiantes que enfrenta la comuna capital.

Calderón, respaldado por una amplia base de apoyo y una trayectoria destacada en el ámbito público, ha valorado la importancia de una gestión municipal transparente, participativa y eficiente. En palabras del precandidato: “Santiago merece un liderazgo comprometido con el bienestar de todos sus habitantes, un liderazgo que promueva la seguridad, la prosperidad económica y el cuidado del medio ambiente”.

En este sentido, ha hecho hincapié en la importancia de la creación de azoteas verdes como una medida para mejorar la calidad del aire, fomentar la biodiversidad y mitigar los efectos del cambio climático en la comuna, que insistirá con el techado de la norte sur por la necesidad de más áreas verdes y ciclovías para la comuna.

Asímismo, propone avanzar hacia un sistema integral de reciclaje, promover la reforestación urbana para mejorar la calidad del aire en la comuna. Con un enfoque en la participación ciudadana y la educación ambiental, su objetivo es crear un entorno más saludable y sostenible para las futuras generaciones.

Seguridad ciudadana

Una de las principales preocupaciones abordadas por Calderón es la seguridad ciudadana. Con propuestas que van desde la creación de nuevas subcomisarías hasta la implementación de tecnología de vanguardia para la vigilancia y la prevención del delito.

Así es como plantea la necesidad de conformar un consejo asesor compuesto por ex alcaldes de Santiago, con el fin de aprovechar la experiencia y el conocimiento acumulado de quienes han liderado la comuna en el pasado. “Este consejo jugará un papel fundamental en la planificación estratégica y la toma de decisiones, contribuyendo a reimpulsar el desarrollo y el progreso y este debería estar presidido por Jaime Ravinet”, dijo al respecto el precandidato PS.

Además, Calderón se ha comprometido a impulsar la recuperación económica de los barrios y el centro cívico, con medidas destinadas a incentivar el retorno de las oficinas y a combatir el comercio ilegal, su plan busca revitalizar el corazón económico de la comuna y promover la generación de empleo y oportunidades para todos y todas.

Ministerio de la Mujer inaugura centro de Atención Especializada en Violencias de Género en la Región del Maule

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El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, a través del SernamEG, inauguró el primer Centro de Atención Especializada en Violencias de Género de la Región del Maule, sexto centro de este tipo a nivel nacional.

Este Centro de Atención Especializada, que será ejecutado por la Municipalidad de Curicó, permitirá a todas las mujeres de la provincia que vivan actos de violencia de género grave o extrema, incluyendo violencia sexual, acceder a una atención oportuna, adecuada y especializada para la reparación psicosocial y restitución de sus derechos.

“Estamos cumpliendo con el mandato del Presidente Gabriel Boric, quien en su primera cuenta pública comprometió que al final de nuestro gobierno todas las regiones del país contarán con un centro de atención especializada para los casos más graves de violencia de género”, señaló la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana.

A través de un equipo de profesionales especializados, entre ellas trabajadores/as sociales, abogados/as y psicólogos/as, el centro se focalizará en la recuperación de las mujeres, mediante intervenciones individuales y grupales.

“El enfoque de nuestra gestión -señaló la ministra Orellana- tiene que ver, en primer lugar, con mejorar la atención para que podamos revertir trayectorias de violencia antes de que lleguen a hechos graves, por eso estamos inaugurando nuevos centros, ampliando la capacidad de atención y es por eso también que llamamos a todos los parlamentarios y parlamentarias a que este mes podamos por fin promulgar la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres, que contiene medidas esenciales para revertir esta situación: mejores medidas cautelares, mejores calificaciones de delitos, un Sistema Integrado de Gestión para que ninguna víctima quede sola; mejoras en el proceso judicial, y muy importante, incorpora a los niños y niñas como víctimas y no solo como testigos. Esto acompañado de todos nuestros planes para ayudar a recuperar la autonomía económica de las mujeres, que es fundamental para prevenir”.

El centro inaugurado en Curicó incluye salas de atención individual, de recepción, con habilitación de espacios para niños, niñas y adolescentes; y accesibilidad universal para mujeres en situación de discapacidad o con movilidad reducida.

“Hoy estamos inaugurando este espacio para las mujeres de la provincia de Curicó, y junto con ello, incorporando una nueva mirada para trabajar con las mujeres que han sufrido violencia grave o extrema, en la recuperación de sus autonomías, fortaleciendo sus herramientas para una vida libre de violencia. El Centro de Atención Especializada en Violencias de Género, el primero de esta región, es parte de la nueva oferta de programas del SernamEG, la cual busca adaptar las atenciones a la realidad de las mujeres, logrando una respuesta mucho más eficiente”, señaló la directora nacional del SernamEG, Priscilla Carrasco.

La ejecución de este nuevo centro estará a cargo de la Municipalidad de Curicó, quien además administra un Centro Inicial en Violencias de Género y una Residencia Transitoria para mujeres que se encuentran en situación de riesgo grave y/o vital, perteneciente al SernamEG.

El alcalde de Curicó, Javier Muñoz, valoró la alianza estratégica entre el municipio y el Ministerio de la Mujer, en beneficio de las mujeres de la provincia de Curicó. «Hoy tenemos este dispositivo especializado que nos va a permitir enfrentar, orientar y acompañar a las mujeres en cada una de las etapas», señaló el edil.

El recinto fue inaugurado este martes 27 de febrero por la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana; la directora nacional del SernamEG, Priscilla Carrasco; el delegado Regional Presidencial, Humberto Aqueveque; la seremi de la Mujer del Maule, Claudia Morales, la directora regional del SernamEG, Ana Cecilia Ratamal; y el alcalde de Curicó, Javier Muñoz, entre otras autoridades presentes.

Llega Marzo: Se prevee un duro año electoral donde están en juego las reformas que Chile necesita

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Marcia Pineda Soto
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Llega marzo y aparecen nubes y nubarrones en el escenario político del país. Será el momento en que los senadores deberán elegir quién dirigirá la Cámara Alta y si bien hubo un acuerdo administrativo que permitió que Álvaro Elizalde (PS) y Juan Antonio Coloma (UDI) llegaran a la testera, ahora se duda de que ese acuerdo se respete. ¿Por qué es importante quien dirija el Senado este año? Porque el primer semestre de este año podría ser la última oportunidad para el oficialismo de aprobar algunas de las iniciativas hasta ahora torpedeadas por la derecha, como la reforma tributaria, la de pensiones y de la salud. En el segundo semestre se avivan las pasiones, los proyectos del Ejecutivo son lanzados a la huesera, a la espera de los resultados de las elecciones del 27 de octubre, cuando se realiza la elección general que abarcará alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales.

La historia cuenta que en época de elecciones, toda la fuerza y la energía de unos y de otros se concentra en sus candidatos. Está claro que el oficialismo no tiene las mayorías que requiere para aprobar cualquier proyecto y ello incluye las elecciones de las mesas de ambas Cámaras y de las Comisiones. Se requieren 25 votos para nominar al futuro presidente del senado por lo que cualquier aspirante de RN debe necesariamente contar con el respaldo de la UDI y Evópoli. Se dice que el candidato de ese partido para la testera es Manuel José Ossandon. El Presidente del Senado es quien coordina la agenda legislativa con el Ejecutivo, maneja los tiempos y la priorización de proyectos de ley que son puestos en tabla para su sucesiva discusión y votación en sala.

La situación interna en las derechas y la presión de la opinión pública podría ser determinante a la hora de aprobar cualquier iniciativa del gobierno. Más aún ahora, cuando se acerca a pasos agigantados otra elección vital para el país: la presidencial. Lo que está claro en las derechas es que la muerte del ex presidente Sebastián Piñera dejó un vacío de liderazgo que nadie niega y muchos quisieran apropiarse de ese papel. No será fácil llenar ese vacío, menos en momentos en que se aprontan para competir en las elecciones futuras. Porque en la derecha dan por hecho que el próximo Presidente será de su sector y estudian cómo les ayudará lo que hagan o dejen de hacer respecto al ex Mandatario fallecido.

Las últimas encuestas sitúan a Evelyn Matthei muy por encima de las preferencias de José Antonio Kast y la aparición de otros candidatos en ese sector, que en pocas palabras significa dividir las votaciones, debe tener con el ceño fruncido –por ahora- a la dirigencia de Chile Vamos y de los Republicanos, incluyendo a pequeños partidos sin mayor significación, como Amarillos y Demócratas, que también aspiran a obtener el sillón de O’Higgins. Se sabe que para eso trabaja la presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, quien –se dice en círculos políticos- aspira a ser “factor de unidad” de la centro derecha. De ahí a la presidencial creen, hay un solo paso.

También en los círculos políticos se habla de la posibilidad de un cambio de gabinete para enfrentar la segunda y última parte del gobierno. Si bien no hay señales en ese sentido, dirigentes socialistas no lo descartan.

Un verano accidentado

Pero, en lo que parece haber consenso es que fue un verano tormentoso para el gobierno del Presidente Boric, quien en dos oportunidades tuvo que interrumpir sus vacaciones. Debió enfrentar no sólo uno de los peores siniestros en la historia con miles de damnificados, decenas de víctimas y pérdidas materiales incalculables en la región de Valparaíso; también las consecuencias políticas de la muerte del ex Presidente Piñera; el secuestro extraño y revelador de falencias en la inteligencia chilena, de un ex militar venezolano y como broche, pero no de oro, salieron a la luz cifras estimadas por Investigaciones de Chile que calculan en veinte mil aproximadamente los niños que fueron adoptados de manera irregular, o más bien “objetos” de tráfico desde Chile hacia el extranjero durante la dictadura. Este grave e imperdonable hecho pasó como un suspiro por algunas páginas de prensa. Muy pocos llamaron a escándalo desde la derecha, centrada en su estrategia de pegarle al gobierno por sí o por no.

El que se les haya arrebatado a sus madres y padres esa cantidad de guaguas no produjo intranquilidad ni vergüenza entre quienes, sin embargo, han pedido a voz en cuello que el Cosena se reúna con urgencia por el secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda Moreno. Individuos vestidos con indumentaria similar a la de la Policía de Investigaciones (PDI), llegaron el miércoles hasta el departamento donde reside llevándolo con paradero hasta ahora desconocido. Distintas teorías se barajan por este hecho inédito en la política chilena. Hay quienes culparon inmediatamente al gobierno venezolano dada la historia del militar, opositor al gobierno de Maduro. Otros han puesto su mirada en el crimen organizado, y hasta se ha hablado de autosecuestro. Lo que está más que claro y así lo reconoció la familia del militar secuestrado, es que el gobierno de Boric está haciendo todo lo que se debe hacer para encontrarlo.

Así las cosas, los parlamentarios retomarán su trabajo en el Congreso Nacional a partir del lunes 4 de marzo. Y entremedio, proliferarán las reuniones para dirimir las distintas candidaturas tanto en un sector como en el otro.

En el oficialismo la tarea aunque problemática en algunas regiones, se ve como de fácil solución. En las derechas reconocen que están contra el tiempo y que si es que deciden hacer primarias, deben resolverlo durante marzo porque el 10 de abril vence el plazo para su inscripción ante el Servicio Electoral (Servel).

Por ahora se ha definido que habrá coordinación o pactos por omisión en algunas comunas, aunque quedan criterios por zanjar. Por ejemplo, si en algunos lugares se elegirá al postulante a través de primarias, para que la militancia escoja entre un candidato u otro, o mediante encuestas. Este mecanismo divide a los partidos. Algunos creen que los sondeos pueden ser cuestionados por su metodología, mientras que unas primarias son más democráticas, aunque suelen tensionar al sector ante el enfrentamiento interno

Preocupación al alza

En todo caso la definición se ve amenazada por las pretensiones republicanas que quieren presentar candidatos sí o sí, ya que ellos creen que en las comunas del sector oriente no está en riesgo perder ante la izquierda. Eso ocurre, por ejemplo, en Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea e, incluso, Providencia, donde no están de acuerdo con que Evelyn Matthei vaya a la reelección, ya que será abanderada de la UDI. En este escenario también hay intereses que se han sincerado. Por ejemplo, RN quiere competir en Puente Alto y La Florida con Karla Rubilar y Cecilia Pérez, respectivamente, mientras que el Partido Republicano tiene interés en Temuco con Ruth Hurtado y en Peñalolén con Ignacio Dulger. A la UDI, por su parte, le interesa Recoleta, con Mauricio Smok. Lo mismo ocurre en Valparaíso y Viña del Mar

La preocupación de RN se ha hecho evidente en el último tiempo. En la última elección parlamentaria de 2021, redujo a 21 el número de diputados electos y los senadores fueron cuatro, si se considera a los que son militantes. En alcaldes, mientras el 2016 obtuvieron 47 jefes comunales, en 2021 se redujo a 31 representantes. Es decir, un 34% menos. Por lo mismo, hay quienes creen que se pudo haber hecho más gestiones durante el funeral de Piñera para remarcar su vínculo con RN. Pero se defienden en la directiva señalando que hubo un crecimiento en redes sociales y en militancia que demostró interés en el partido tras el fallecimiento. Según datos internos de la tienda, desde el deceso de Piñera, en Instagram la cuenta de RN aumentó 6.321 seguidores llegando a 24.729, equivalente a un alza del 34,3%.

Quien había saltado al ruedo como carta segura de RN para la elección de Alcalde en Santiago fue Felipe Alessandri. Pero, para su desgracia se filtró el audio de una conversación entre él y la presidenta de la Fundación “Santiago Se Levanta”, Giselle Dussaubat, en la que reconocen el uso de recursos municipales para financiar la llegada de inmigrantes a la comuna.

“¡Cagaron la comuna capital, con qué cara venimos a webiar a la Irací, cuando la mierda está del lado nuestro!”, es una de las frases más comentadas del audio publicado en una muy anticipada antesala de las próximas elecciones municipales, que se celebrarán en poco más de ocho meses. De ahí para adelante, pueden pasar o decirse cualquier cosa.

Ministra (s) Elgueta tras entrega de 316 viviendas en San Bernardo: “Seguimos trabajando sin descanso en lograr que más familias puedan acceder a su solución habitacional”

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Luego de encabezar la ceremonia de inauguración de la segunda etapa del conjunto habitacional “San Francisco”, la autoridad subrogante del Minvu reiteró que, a enero de 2024, se han terminado 105.261 viviendas a nivel nacional, representando un 40,5% de la meta del Plan de Emergencia Habitacional.

La ministra (s) también abordó el proceso de reconstrucción urbana y habitacional en la región de Valparaíso, indicando que “ahora lo que corresponde es poder plantear cuáles son las alternativas de vivienda que van a tener las familias e iniciar con celeridad este proceso de reconstrucción, que ha sido el encargo que nos ha dado el Presidente”.

Las llaves de sus nuevas casas, de tres dormitorios, baño, cocina y living-comedor, repartidos en una superficie promedio de 59 m2, recibieron hoy 316 familias de menores ingresos, en su mayoría conformadas por mujeres jefas de hogar, de manos de la ministra (s) de Vivienda y Urbanismo, Gabriela Elgueta, quien encabezó la ceremonia de inauguración de la segunda etapa del conjunto habitacional “San Francisco” en la comuna de San Bernardo.

El nuevo proyecto, que se suma a la primera etapa entregada en 2019 para 234 familias, cuenta también con áreas verdes, sede comunitaria, multicancha y máquinas de ejercicio, y está ubicado en un terreno bien localizado de la comuna, cercano a servicios básicos, Cesfam y jardín infantil.

La ministra (s) Gabriela Elgueta valoró la inauguración de este conjunto habitacional, destacando que “se enmarca en el Plan de Emergencia Habitacional del programa del Presidente Gabriel Boric, que ya al mes de enero ha entregado 105.261 viviendas de Arica a Magallanes, por lo que ya llevamos un 40,5% de la meta. Así que parte de la labor del Ministerio ha estado fuertemente en seguir trabajando sin descanso en lograr que más familias puedan acceder a su solución habitacional”.

Por su parte, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, relevó a “las dirigentas, dirigentes y a todos los que han colaborado en esta historia que al fin hoy día se materializa y que sin duda va a traer bienestar a más de 300 familias. Para San Bernardo esta es una muy buena noticia y le damos las gracias al Serviu y al Gobierno por concluir esta obra”.

Por último, el beneficiario Cristian Soto, quien llevaba 19 años arrendando una vivienda y recibió las llaves de su nueva casa de manos de la ministra (s) Gabriela Elgueta, resaltó que “es lo mejor que nos podía pasar. Tenemos living-comedor, baño, cocina, el segundo piso tiene tres dormitorios. También tenemos patio y antejardín. Se acabó por fin el arriendo y ahora tenemos algo nuestro, eso es lo mejor de todo”.

Otros proyectos relevantes que actualmente está desarrollando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la comuna de San Bernardo son el Plan Urbano Habitacional El Mariscal, que proyecta construir 2.587 viviendas, y las intervenciones del programa Quiero Mi Barrio en Andes 1 y 2, además de iniciativas ya terminadas en Pavimentos Participativos y Rutas Peatonales.

Reconstrucción en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana

Consultada por el proceso de reconstrucción urbana y habitacional que le corresponde liderar al Minvu por los incendios en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, la ministra (s) Gabriela Elgueta enfatizó que “desde el día uno que partió la catástrofe en la región de Valparaíso, el ministerio ha estado trabajando incansablemente, levantando los catastros de las familias”.

Asimismo, la autoridad subrogante detalló que “estamos en la transición para iniciar el proceso de reconstrucción. Ya hemos llegado a un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas para hacer las demoliciones en coordinación con las municipalidades. En estos días están nuestros equipos desplegados también para poder efectivamente asociar la estrategia de reconstrucción a cada una de las realidades que tienen las comunas”.

Luego, la autoridad ministerial abordó que “ahora lo que corresponde es poder plantear cuáles son las alternativas de vivienda que van a tener las familias e iniciar con celeridad este proceso de reconstrucción, que ha sido el encargo que nos ha dado el Presidente. Y eso va a ser reconociendo, entonces, las particularidades territoriales y también las necesidades que tienen las familias”.

“Aquí hay distintas tipologías de vivienda y por supuesto, el encargo es reconstruir de mejor manera de como estaban. Entonces, aquí vamos a aprovechar también de poner equipamientos donde no los había. Esto significa no solo recuperar sedes, multicanchas, sino también poner jardines infantiles donde corresponda, poner los parques donde corresponda y también incorporar todas las medidas de mitigación para que una nueva catástrofe que los pueda amenazar no tenga el nivel de desastre que ha tenido esta”, concluyó.

 

 

 

Patrulla juvenil: Juventud Socialista de Chile, militancias, represión, memorias…

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Myriam Carmen Pinto
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En agosto de 2023, a propósito de la instalación de una Placa de Memoria en una de las murallas del sótano del palacio de La Moneda que se extiende hacia el subterráneo de la Plaza de la Constitución, me enteré que en 1973 y 1974 operó allí un centro de detención, tortura y violencia sexual conocido con el nombre – El Hoyo- y  Cuartel N°1, uno de los primeros centros clandestinos de detención y tortura administrado por el Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR). Quedé horrorizada porque entre los años 1990 y 1999, trabajando en la Oficina de Retorno (ONR) dependiente del Ministerio de Justicia y en la Secretaría de Comunicaciones y Cultura (SECC) del Ministerio Secretaría General de Gobierno (presidentes Patricio Aylwin y Eduardo Frei) estuve muchas veces en la oficina del departamento de Fotografía de la Presidencia que funcionaba en dichas dependencias.  Desconozco si aún continúa allí… lo único que  recuerdo es que ahí se encuentra el estacionamiento de los automóviles oficiales de la presidencia y ministerios radicados en el palacio de gobierno. Más grande aún fue mi sorpresa cuando supe que Manuel Carpintero Durán, ingeniero eléctrico y Enrique Norambuena Aguilar, profesor, históricos dirigentes de la Juventud del Partido Socialista (JS), estuvieron secuestrados en ese recinto en junio de 1974, entonces tenían 25 y 28 años,  militaban, junto a Carlos Lorca, médico, Secretario General de la JS en Santiago y Valdivia.

A ambos, los conocí en los años ochenteros, pero no fue hasta la campaña del Plebiscito del No (1988) cuando tuve la oportunidad de apreciar su accionar político en pleno. A Patricia Herrera Escobar, historiadora, militante del partido Socialista (PS), presidenta del Centro de Alumnos del Liceo Darío Salas, a la fecha del golpe de Estado (19 años), la conocí a propósito de este relato. Ella también permaneció secuestrada en este lugar, la primera que interpone una querella por violencia sexual en contexto de violencia política. Víctor Zerega Ponce,26 años, bachiller en Economía, también estuvo preso en estas dependencias, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en una playa de la región de Valparaíso, era uno de los integrantes de la primera dirección clandestina del Partido Socialista,  su detención fue una antesala de la represión y exterminio de esta primera mesa directiva en la clandestinidad presidida por Carlos Lorca, diputado por Valdivia y Secretario General de las Juventud Socialista (JS) y el dirigente portuario Exequiel Ponce, secretario regional y dirigente de la CUT Provincial de Valparaíso. -Patrulla Juvenil- les decían, distinguiendo que estaba compuesta mayoritariamente por dirigentes de la JS, quienes no superaban los 30 años, a excepción de  Exequiel Ponce. Manuel Carpintero, Enrique Norambuena  y Patricia Herrera, sobrevivientes de este centro de horror, decidieron en agosto de 2023 organizar el Colectivo Plaza de la Constitución, proponiéndose incluir este sitio en la Ruta de la Memoria y sumarse a los esfuerzos por el rescate de la memoria histórica y política chilena.  Por esta razón los elegí para este relato, reconociendo su representación de cientos de jóvenes militantes que durante la dictadura asumieron  la responsabilidad de mantener vivo el partido Socialista y servir a la causa del Socialismo, pese a que ello significaba la vida o la muerte, persecución, tortura y  hasta desaparición; una generación de jóvenes que transforman su compromiso político y vida partidaria prácticamente en su sentido de vida, recordándonos lo que dijo el presidente Salvador Allende en la Universidad de Guadalajara, México, (1972): -Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica.

Una nueva sociedad

La victoria electoral de 1970 fue un momento crucial en el proceso de compromiso político y social de muchos jóvenes, un factor esencial en la transformación que esta sociedad injusta reclama para dar paso a una nueva sociedad, decía el presidente Allende. A lo largo de su gobierno, cientos y cientos de jóvenes participaron en las jornadas de trabajos voluntarios, incluso para enseñar a leer y construir casas a personas de localidades rurales muy alejadas y o insertándose en las empresas con el objetivo de aumentar la producción, además de las multitudinarias marchas y movilizaciones de apoyo al gobierno popular. Por entonces más del 60 por ciento de la población chilena tenía menos de 30 años. En esta efervescencia, mientras muchos ingresaban a los partidos políticos de la coalición de gobierno, otros recibían formación ideológica en Escuelas de Cuadros en Chile, Cuba y la Unión Soviética que también contemplaba entrenamiento guerrillero. Influidos fuertemente por el ejemplo de la revolución cubana, la hazaña del Che Guevara y en plena guerra fría el repudio a la intervención de Estados Unidos en Vietnam, la juventud socialista compartía sus discusiones al calor de la consigna –El presente es de lucha, el futuro es nuestro- que pintaban las brigadas muralistas y al mismo tiempo, enraizados en las masas enfrentaban cara a cara el boicot, impulsado por los camioneros, procediendo a rescatar alimentos y productos de primera necesidad en los operativos que realizaban en las carreteras. Enrique Norambuena Aguilar, miembro de la Comisión Política del Comité Central de la JS y Subsecretario de Propaganda y Comunicaciones, responsable nacional de la Brigada Elmo Catalán (BEC), organismo juvenil de organización especializada en propaganda muralista callejera en todo el país, recuerda el protagonismo de la juventud inserto en el proceso de cambios en la sociedad y dice que esta actitud se reflejaba en todos los ámbitos, incluso en el musical con el surgimiento de la canción protesta. «La Brigada Ramona Parra y más adelante la Elmo Catalán que lleva el nombre de un joven socialista chileno que murió luchando por la revolución cubana fueron las pioneras del muralismo como una nueva forma de propaganda política que acerca además el arte a quienes no tenían acceso. La  BEC pintaba en las murallas las Equis de la campaña presidencial de Allende«.

Con ocasión de las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, la Comisión Política de la Juventud Socialista acordó postular al cargo de diputado a dos de sus más importantes líderes: Carlos Lorca Tobar por Valdivia y Manuel Rodríguez, trabajador social, por Concepción, quienes salen electos con las más altas mayorías, destacando su línea de apoyo irrestricto al presidente Salvador Allende y su programa vía al socialismo en democracia. El MIR tenía una expresión muy fuerte en Concepción, sin embargo, el pueblo eligió un candidato que defendía las banderas de la Unidad Popular y de Salvador Allende. En Valdivia se produjo lo mismo, comenta, Manuel Carpintero, contrarrestando el diagnóstico de las posiciones ultraizquierdistas dentro del PS y de otros sectores que propiciaban una organización de brigadas armadas bajo la consigna –Avanzar sin tranzar. –La JS estaba convencida de que era la política la que resolvía los problemas y los aspectos militares dependían de la política, precisamente esta fue la diferencia con el partido. A mediados de 1972, Lorca envió una carta a la Comisión Política del PS en la que sostuvo que nadie podría discutir que estaban muy lejos de ser un partido bolchevique como el que dirigió al pueblo ruso en la Revolución de Octubre y muy lejos de ser una auténtica vanguardia revolucionaria.

El presidente Allende le había advertido sobre el eminente golpe de Estado y por ello en un acto de conmemoración del triunfo de la Unidad Popular que se realizó en Valdivia el 9 de septiembre de1973, Lorca anunció la asonada golpista incontrolable frente a una multitudinaria concentración que reunió a más de cinco mil personas, afirmando que no había ninguna capacidad militar si no se producía un quiebre en las fuerzas armadas y que no había ninguna posibilidad de que la izquierda y el partido enfrente a los militares unidos.  Esta perspectiva de la Comisión Política de la JS fue un factor determinante para enfrentar en una primera instancia los cercos de la represión que  tendría lugar por el simple hecho de ser socialistas y pertenecer al partido del presidente Allende. Sabían lo que tenían que hacer y no hacer, habían adoptado medidas de protección, estableciendo casas de seguridad, puntos de contactos y una red fija en estado de inamovilidad. El 11 de septiembre de 1973, pactando hacer todo lo posible e imposible por mantener vivo y en pie al propio partido y sus ideales de justicia social, cambiaron sus domicilio, eliminaron documentación interna, asumieron nueva identidad, se cortaron el pelo, cambiaron su forma de vestir y hasta la manera de hacer política en medio de la persecución y masacre en cadena a las direcciones centrales y regionales, ejecución de cuatro dirigentes del Comité Central y siete secretarios regionales mientras otros altos dirigentes del Comité Central eran encarcelados, al igual que dirigentes de cuadros medios y de base. Los que podían se asilaban en las embajadas o pasaban a la clandestinidad.

La lucha contra el fascismo

-El experimento fascista lleva en sí mismo los gérmenes de su derrota. La condición de su éxito es la destrucción definitiva del movimiento popular, y éste es indestructible. El pueblo, a las puertas de la conquista del poder, perdió una importante batalla, pero no está vencido. Reconstruye sus organizaciones y enarbola nuevamente las banderas de la lucha, en las difíciles condiciones de la represión más violenta que haya conocido nunca–,  expresa la dirección clandestina en su documento de directrices políticas y estratégicas titulado -Al calor de la lucha contra el fascismo, construir la fuerza dirigente del pueblo para asegurar la victoria- conocido popularmente con el nombre -Documento de Marzo de 1974- y en donde se afirma  -el golpe de Estado fue la respuesta a la Unidad Popular que había afectado los intereses del capitalismo dependiente y que  su brutalidad represiva se asociaba a la instalación de una dictadura militar fascista destinada a favorecer intereses de los capitales extranjeros y grandes monopolios. Circular y difundir este documento ya sea impreso y o de manera oral fue una tarea clandestina prioritaria. Muchos militantes lo estudiaban y memorizaban párrafos. Después lo rompían y quemaban, evitando cualquier rastro. Otra tarea fue acceder a información para organizar listados y registros de camaradas encarcelados, ejecutados y exiliados. Carlos Lorca, tomó contacto y se reunió varias veces con diplomáticos y funcionarios de organismos internacionales que tramitaban la documentación destinada a sacar a los presos políticos del país. La ofensiva represiva puesta en el foco de esta mesa clandestina culminó en julio de 1975 con el secuestro de los dirigentes Lorca, Ponce, Ricardo Lagos Salinas y sus principales colaboradores; un total de once personas; todos detenidos desaparecidos, perdiéndose su rastro en Villa Grimaldi y en Colonia Dignidad -una cacería humana con inconfundibles características de genocidio– se expresa en una de las causas judiciales. La redada partió en junio de 1974 con la detención de Víctor Zerega Ponce. Un mes después,  su cuerpo sin vida fue encontrado en una playa cercana a Con-Con. En esa oportunidad  también detienen a Alberto Zerega, Ana María Campillo y Patricia Herrera, militante de la JS. Más adelante secuestran a  Norambuena y a Manuel Carpintero, subsecretario regional de Valdivia y miembro del Comité Central (JS) permaneciendo todos ellos entre diez a quince días en el Cuartel N° 1, subterráneo de la plaza de la Constitución, entre otros centros al margen de la ley.

Reunión de jóvenes socialistas

Hasta su secuestro, los dirigentes de las juventudes socialistas cumplieron diversas tareas orgánicas. La mañana del  golpe de Estado, Norambuena, concurrió a la sede partidaria de la juventud donde se reúne con los dirigentes Carlos Lorca, Camilo Escalona, presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios, entre otros jóvenes dirigentes y militantes socialistas. De acuerdo a un plan de resistencia que tenían organizado se trasladan a la Escuela de Artes Gráficas, comuna de San Miguel, donde cerca del mediodía logran comunicarse con Erick Schnnake, director de la radio Corporación, quien les entregó la información del bombardeo que se anunciaba y luego cortó la comunicación para difundir los mensajes que emitía el presidente desde La Moneda. Entonces, este grupo, junto a más de un centenar de estudiantes, sintonizan la radio, escuchan el último discurso y luego observan el bombardeo de los aviones de la FACH sobre el palacio de gobierno, se informan de la ocupación militar de las fábricas y poblaciones y a continuación deciden sumergirse bajo las sombras de la clandestinidad. En Valdivia, Manuel Carpintero, logró sortear un operativo de control en momentos que viajaba en un tren, pasó inadvertido, gracias a  un importante dirigente gremial y empresarial que les dijo a los militares que viajaba con él.  Más adelante, se instaló en Santiago, huyendo de la persecución y dictamen de un Consejo de Guerra de Valdivia que lo condenó en ausencia a cadena perpetua. Uldaricio Figueroa, secretario Regional PS por Valdivia, fue condenado también en este mismo juicio; los acusaron de formar parte del Plan Z que según los militares se proponía eliminar a los líderes opositores al gobierno popular, un mito que permitió justificar el golpe de Estado y su sangrienta represión. Expulsados del país en 1976, después de pasar por varios centros de prisión y tortura, Norambuena partió a Suecia y luego se radica en Alemania (RDA) y Carpintero a Rumania, donde asumen importantes cargos y tareas. La Secretaría General de la JS en el exterior quedó a cargo de Enrique Norambuena y a su regreso a Chile, a mediados de los años ochenta, se suma de lleno a la lucha por la rearticulación orgánica partidaria, recuperación de la democracia y junto a Gabriela Miranda, su compañera y esposa, con el apoyo de la cooperación sueca, fundan el Centro de Adiestramiento Personal y Social (CAPYS) destinado a promover y defender los derechos y la inclusión social de las personas en situación de discapacidad, desde donde proponen políticas de inclusión, capacitación laboral, adaptación e integración y hasta el voto asistido. Claudia, su hija, fallecida el 2020, fue precisamente una de las figuras principales de esta campaña.  Carpintero regresó a Chile en 1983, luego que su nombre figurara en la primera lista de retorno autorizado. A su llegada, la policía internacional lo retuvo, pero después de un revuelo público y mediático finalmente autorizan su ingreso bajo el compromiso de presentarse ante la Fiscalía por su caso de condena a prisión perpetua en ausencia. Al día siguiente, los abogados de la Vicaría de la Solidaridad lo acompañaron, logrando levantar dicha condena, fundamentando una resolución de libertad incondicional emitida por la Corte Suprema, a raíz de su prisión, entre los años 1974 y 1975. Una vez inserto en la capital,  trabaja en la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) se integra al Movimiento Democrático Popular (MDP) y a los esfuerzos por la unidad partidaria,  fraccionada en ocho vertientes.

Testimonios

Durante el golpe militar, Patricia Herrera Escobar, 18 años, presidenta del Centro de Alumnos del Liceo Darío Salas, se trasladó con un grupo de dirigentes a una casa de seguridad asignada frente a una contingencia de conflicto donde permanecen hasta el toque de queda y luego, sin saber dónde ir, camina casi en estado de shock hacia el sector de la Estación Central, donde una señora de avanzada edad la protege en su casa hasta el día siguiente. En 1974 ingresa a estudiar Ingeniería Comercial en la Universidad Católica, carrera que queda trunca, tras su secuestro en las afueras de su casa y al cabo de un año su expulsión del país sin la autorización de su padre; un exilio forzado que se prolongó por 15 años en Francia y en Cuba. – Tengo 20 años, es verano y hay flores en todas partes. Yo estoy aquí, viva, así es que ¡Adelante!- gritó a su llegada a París. Nunca ha cesado su compromiso y lucha política, su militancia por la memoria, según afirma desde una condición de sobreviviente y no de víctima. A su regreso, se integró a militar en comunal Cerrillos, donde siempre ha residido y en 2010 con el patrocinio de la Corporación Humanas presentó la primera querella basada en la violencia sexual como método de tortura aplicada en el centro de detención ubicado en el subterráneo de la plaza de la Constitución, a un costado del sótano del palacio presidencial. El histórico fallo de la Corte Suprema (29 de agosto de 2023) que  incluye el caso de Ana María Campillo Bastidas, cuñada de Zerega, condena a siete agentes de la SICAR con penas que van entre diez y cinco años y un día y a uno de ellos presidio perpetuo, sumando las múltiples condenas, entre otras, degollamiento de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Natino (1985). –Estuve varios años en el exilio y mi vida está dedicada a la denuncia y a gritar ni perdón ni olvido por todas esas mujeres que ya no están, dice en su condición de presidenta del Colectivo Plaza de la Constitución. La violencia política sexual en los campos de secuestro y tortura fue una práctica permanente en los campos de secuestro y tortura. De este delito dan cuenta un total de siete querellas interpuestas en los tribunales de justicia. Al cumplirse casi medio siglo, en 2020, la justicia condenó a tres oficiales de la DINA a quince años de cárcel por secuestro y aplicación de tortura sexual a seis prisioneras políticas de la Venda Sexy; el primer caso que reconoce la aplicación de tormentos con violencia sexual. De hecho, hay casos de hijos productos de estas violaciones y embarazos con resultados de abortos. Este instrumento represivo se puso nuevamente en práctica hacia las mujeres y las disidencias durante el período de la revuelta social (2019-2020).

  • El Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR)  se convirtió en la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR) más conocido como Comando Conjunto. Una buena parte de sus integrantes se habían instruido en la primera Escuela de Inteligencia que funcionó en el regimiento de Tejas Verdes de San Antonio, cuna de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) dirigida por el general Manuel Contreras Sepúlveda.  El programa oficial de la conmemoración de los 50 años del quiebre democrático incluyó la instalación de una Placa Memorial en una de las murallas del subsuelo de la plaza de la Constitución donde funcionó un centro de secuestro y tortura hasta entonces muy poco conocido. Enrique Norambuena, Manuel Carpintero, Patricia Herrera, Ana María Campillo y Eliana Medina, entre otros ex prisioneros, acordaron en abril de 2023 organizar el Colectivo Plaza de la Constitución con objetivos de sumarse al movimiento por el rescate de la memoria histórica y política.  Desde entonces han participado en innumerables actividades, destacando en su agenda de trabajo instalar una segunda placa memorial en el sector de la entrada por la calle Agustinas. La existencia de este centro de detención y torturas está reconocido oficialmente en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y en el Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, pero a nivel público se visibilizó a partir de la querella referida a la violencia sexual. Alrededor de 30 personas pasaron por este lugar sin derecho y sometidas a condiciones de extrema indefensión. Según informes de derechos humanos, muchos no recuerdan la cantidad de días de prisión en dicho lugar ya que estaban esposados y vendados en una pieza oscura, sin agua ni comida y sometidos a sucesivos interrogatorios, sesiones constantes de tortura y simulacros de fusilamientos. Este recinto que se caracteriza por centrar su foco represivo en la militancia del Partido Socialista y por practicar torturas y violencia sexual a las mujeres en contexto de prisión fue declarado Monumento Nacional y Sitio de Memoria en 2018, enmarcado en las medidas de reparación simbólica en el ámbito de la cultura y el patrimonio como materialización de las garantías efectivas de no repetición.

Con ocasión del 10º aniversario del golpe de Estado en Ucrania

Por
Sergei N. Koshkin
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Hace exactamente diez años, los días 21-22 de febrero de 2014, en Ucrania se produjo un golpe de Estado anticonstitucional que marcó punto de inflexión en la historia contemporánea de ese país.

¿Por qué Rusia lo califica como “golpe de Estado anticonstitucional”? Pues, recordemos como fueron los hechos. El 21 de febrero de 2014, el legítimo presidente ucraniano Víktor Yanukóvich presionado por el “Euromaidán” – prolongadas protestas violentas y mortíferas, iniciadas en noviembre de 2013 – aceptó firmar, en presencia de emisarios de Alemania, Francia y Polonia, el acuerdo con los líderes de la oposición. El documento estipulaba, entre otras cosas, la convocación de elecciones presidenciales anticipadas a más tardar en diciembre de 2014, el renuncio recíproco al uso de la fuerza, y el desalojo de los edificios administrativos ocupados por los manifestantes.

No obstante, la oposición jamás cumplió con su parte del acuerdo – horas después de su firma los radicales neonazis de “Euromaidán” se apoderaron de los edificios gubernamentales en Kiev. Al día siguiente, el 22 de febrero de 2014, el parlamento ucraniano violando la Constitución adoptó la resolución sobre la “autodestitución” de Yanukóvich, aunque el mandatario en ningún momento anunció su renuncia y permanecía en el territorio de Ucrania.

Como resultado del golpe de Estado de 2014 llegaron al poder los radicales nacionalistas quienes, contando con el “visto bueno” de los países del Occidente, comenzaron a reformatear a Ucrania – un país neutral por aquel entonces poblado en su mayoría abrumadora de ciudadanos quienes hablaban y pensaban en ruso, tenían creencias ortodoxas como los rusos, mantenían estrechos lazos familiares, culturales y económicos con Rusia, así como preservaban la memoria histórica de la victoria común del pueblo soviético en la Segunda Guerra Mundial y los desmanes de los colaboracionistas ucranianos durante la ocupación nazi. Y a pesar de todo ello los “nuevos gobernantes” de Ucrania se dieron la tarea de convertir al país en “anti-Rusia”.

Las autoridades de la Ucrania post-Euromaidán optaron por la política de Estado basada en la discriminación total de todo lo ruso y la supremacía absoluta de lo ucraniano, o sea, en la ideología del nazismo. Ya el 23 de febrero de 2014, se derogó la ley “Sobre los fundamentos de la política lingüística del Estado”, que auspiciaba el estatus de la lengua rusa como “idioma regional” en Ucrania. Acto seguido – oficialmente etiquetaron de “terroristas” y “personas inferiores” a los rusos y rusoparlantes del sureste de Ucrania (Donbás). En abril de 2014 Kiev lanzó contra Donbás la “Operación Antiterrorista” del ejército regular y batallones punitivos neonazis, como el infame “Azov”. Luego, se legisló la eliminación del idioma ruso de las esferas de educación y cultura. Los colaboracionistas nazis ucranianos fueron glorificados a nivel de Estado, mientras que se inició la revisión de la historia acompañada por la “guerra” contra los monumentos a los Soldados Libertadores Soviéticos. Además, fueron prohibidos 17 partidos de oposición por su presunta posición “prorrusa”. Últimamente, el régimen estaba tomando medidas para prohibir la Iglesia Ortodoxa Ucraniana.

Resulta que fue el propio régimen de Kiev, controlado por sus mentores occidentales, quien iba socavando sistemáticamente y a paso acelerado todos los pilares de unidad de Ucrania, y así causó un daño irreversible a la integridad territorial del país. Como consecuencia, en 2014 los pobladores de Crimea seguidos en 2022 por los habitantes de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie ejercieron su legítimo derecho a autodeterminación mediante plebiscitos, se pronunciaron en contra de vivir bajo el régimen racista, antirruso, antidemocrático e intolerable a cualquier disidencia, optando por reunificarse con Rusia – su histórica Patria.

Respalda la visión rusa de los hechos arriba mencionados el veredicto de la Corte Internacional de Justicia de la ONU (CIJ) emitido el 31 de enero de 2024 sobre la disputa iniciada por Ucrania en enero de 2017 contra Rusia (disponible en https://www.icj-cij.org/case/166). Efectivamente el documento – como era de esperar, los principales medios chilenos lo hicieron caso omiso – no deja piedra sin remover en la propaganda rusófoba cultivada en los últimos años por el régimen de Kiev y sus patrocinadores occidentales.

En primer lugar, la CIJ declinó reconocer a Rusia como “Estado patrocinador del terrorismo” y “Estado agresor”. La CIJ declaró que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk (RPD y RPL, Donbás en conjunto) no son “organizaciones terroristas”. De tal manera fue deslegitimizada la razón misma del lanzamiento en 2014 de la “Operación antiterrorista” por parte de Kiev, por lo cual muchas personas condenadas en Ucrania por “financiar el terrorismo” ahora pueden considerarse presos políticos.

Además, la CIJ no reconoció la participación de Rusia, la RPD o la RPL en ninguno de los episodios del conflicto en Donbás en los que Kiev había basado sus acusaciones. Quedaron al descubierto las mentiras de Ucrania sobre la presunta participación de Rusia en los “atendados terroristas” especificados en la demanda. Por ejemplo, se reveló que en uno de los casos el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) obtuvo el testimonio del acusado bajo tortura. Fue revelado también que una serie de otros incidentes fueron completamente falsificados por el régimen de Kiev o hasta fueron escenificados. Vale la pena recordar acá el notorio caso de así llamada “masacre en Bucha”.

Otra decisión importante de la CIJ confirmó la total falta de fundamento de las acusaciones sobre la supuesta discriminación contra los tártaros de Crimea y los ucranianos en Rusia. El máximo tribunal de la ONU reconoció que en Crimea se los ofrece libremente a todos la educación en el idioma ucraniano y no hay ninguna presión de las autoridades rusas al respecto. ¡Noten la diferencia con la política discriminatoria del régimen de Kiev!

Y por último, en lo que se refiere a las perspectivas del arreglo de la crisis entorno a Ucrania. Originalmente, el propio régimen de Kiev no quiso implementar los Acuerdos de Minsk, aprobados en 2015 por el Consejo de Seguridad de la ONU. Su idea era engañar a la comunidad internacional, aprovechar el tiempo y fortalecer sus capacidades militares con la ayuda de la OTAN para apoderarse de Donbás. Lo reconocieron públicamente – repito, públicamente – Petr Poroshenko, presidente de Ucrania en aquel entonces (2014-2019), la excanciller alemana Ángela Merkel y el expresidente francés François Hollande.

En 2022, el propio régimen de Kiev, presionado por Londres (personalmente, como se hizo público hace poco, el entonces primer ministro británico Boris Johnson) y otras capitales “amigas” echó por la borda lo logrado en las negociaciones de paz con Rusia que tuvieron lugar en Estambul (Turquía) en abril de 2022. Es más, el decreto de Zelenski prohibió negociar con Rusia y lanzó su utópica y absurda “fórmula de paz” que es nada menos de un conjunto de “ultimátums a Moscú” y bajo ningunas circunstancias será aceptada o siquiera sometida a discusión por Rusia.

Al mismo tiempo, la postura de las autoridades rusas sigue siendo intacta – con tal de alcanzar nuestros objetivos reafirmamos el compromiso por diálogo siempre y cuando éste sea serio.

 

Mineduc, Superintendencia de Educación y Junaeb entregan orientaciones para la compra de útiles, textos y uniformes escolares

Por
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Esta mañana, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, junto a la superintendenta de Educación (s), Marggie Muñoz, y la directora nacional de Junaeb, Camila Rubio, dieron a conocer una serie de orientaciones dirigidas a padres, madres y apoderados/as para la compra de útiles, textos y uniformes escolares.

Las autoridades enfatizaron en que los establecimientos deben resguardar el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes, y garantizar que ningún estudiante quede fuera de la sala de clases por falta de alguno de estos insumos.

“Hacemos un llamado a apoderados y cuidadores a informarse sobre la normativa y saber que el Estado determina y fiscaliza las exigencias que puedan hacer los establecimientos educacionales en esta materia”, señaló el ministro Cataldo quien, además, pidió a los sostenedores de establecimientos “solicitar sólo los materiales estrictamente necesarios para las actividades pedagógicas, especialmente en las zonas afectadas por los incendios forestales”.

“En cuanto a los útiles escolares, no se deben exigir marcas específicas, esto es un tema central. Acá lo importante es que las familias puedan acceder a garantizar el derecho a la educación, que es lo que a nosotros más nos importa. Un estudiante no puede ser privado de su derecho a ser educado por no tener el texto escolar o por no tener las herramientas de una determinada marca, o por no contar con el uniforme escolar de la forma en que se pide o exige”, sostuvo el secretario de Estado.

Respecto a este último tema, el ministro Cataldo planteó que “en cualquier caso, el uso de uniforme escolar obligatorio debe tener una debida proporcionalidad, considerando obviamente la situación socioeconómica y los ingresos de las familias que pertenecen a esa comunidad educativa”.

Por otro lado, actualmente el Mineduc está en la etapa de distribución masiva y gratuita de más de 17 millones de textos escolares, que llegarán directamente a los establecimientos públicos y particulares subvencionados que los hayan solicitado, que son cerca de 10 mil, beneficiando a 3,1 millones de estudiantes.

En este sentido, si bien un establecimiento puede rechazar los textos de Mineduc, si se solicita un texto adicional o complementario, la adquisición de este es voluntaria. En el caso de las instituciones particulares pagadas, la recomendación es transparentar la elección de los materiales pedagógicos, a fin de entregar tranquilidad a las familias.

Caída de denuncias

Desde la Superintendencia de Educación informaron que las cifras de denuncias relacionadas a textos, útiles y uniformes escolares han ido disminuyendo durante los últimos años, lo que, a juicio de Marggie Muñoz “demuestra que tanto los establecimientos como las comunidades educativas conocen y respetan cada vez más la normativa educacional”.

La superintendenta (s) detalló que, entre 2015 y 2023 este tipo denuncias bajaron en un 39% en Chile y que representan un 0,4% de las denuncias que la institución recibió durante el año 2023.

“Hace algún tiempo estábamos acostumbrados a que cuando faltaba el uniforme, faltaba un texto o un material educativo, los establecimientos devolvían a los estudiantes a la casa. Hoy eso no sucede y no solo porque se pone en riesgo la integridad física de niñas, niños y adolescentes, sino porque la ciudadanía ha comprendido la importancia del derecho a la educación, que debe prevalecer por sobre todas las cosas y que no se puede ver interrumpido porque no tiene un texto, un material o porque no viste el uniforme”, planteó la superintendenta (s) de Educación.

A lo anterior, la superintendenta (s) agregó un llamado “para que en este inicio del año escolar las comunidades conversen y dialoguen respecto a sus reglamentos internos, que puedan adecuar esos reglamentos a la realidad socioeconómica de las familias y que generen canales de comunicación fluidos para que cualquier divergencia se pueda conversar y solucionar”.

Marggie Muñoz recalcó que, si las familias detectan incumplimientos a la normativa educacional respecto a estos temas, pueden acercarse a los establecimientos educacionales para resolverlo y si se mantiene la controversia pueden solicitar una mediación ante la Superintendencia, pedir orientación en el fono 600 3600 390 o realizar una denuncia en sus oficinas regionales o a través del sitio www.supereduc.cl.

Entrega de útiles en zona afectada por incendios

La directora nacional de Junaeb, Camila Rubio, detalló que el Programa de Útiles Escolares (PUE) entrega sets de artículos adaptados al nivel educativo de los estudiantes en escuelas públicas y muchos establecimientos particulares, según criterio de focalización.

«Este año, entregaremos más de 2 millones de set de útiles escolares a las y los estudiantes desde prekínder hasta cuarto medio. Estos elementos son de gran calidad y son un gran apoyo para las familias», señaló Camila Rubio. Agregó que considera “lápices grafitos, lápices de pasta, gomas, sacapuntas, cuadernos, entre otros productos esenciales para sus tareas académicas”, dijo Rubio

«Como Junaeb, hemos estado presentes desde el primer día de la emergencia causada por los incendios en Valparaíso. Por esta razón, la entrega del Programa de Útiles Escolares partirá el 1 de marzo en las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, para aquellos estudiantes que fueron afectados por los incendios. Asimismo, pronto anunciaremos nuevos beneficios para estudiantes de educación superior», enfatizó la autoridad de Junaeb.

Finalmente, las autoridades reforzaron el llamado a incrementar los esfuerzos para mejorar la convivencia en las comunidades educativas afectadas por incendios forestales, especialmente para aquellas y aquellos estudiantes de establecimientos afectados por la emergencia.

En esa línea, desde la Superintendencia de Educación recomendaron actualizar los Plan de Gestión de Convivencia Escolar de los establecimientos, con estrategias para fomentar actividades que promuevan el autocuidado de estudiantes, docentes y apoderados y utilizar los recursos de apoyo socioemocional puestos a disposición por el Ministerio de Educación.

Apuntes para un mejor país

Por
Carlos Cerpa Miranda
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Las reformas son las instancias a partir de las cuales las sociedades modernas buscan evitarse desgarramientos sociales, disolver o aminorar los focos de conflicto cuando éstos ya se han producido y dejado tras de sí heridas difíciles de subsanar.

Ejemplos en el mundo hay muchos en ambos sentidos. La Alemania nazi, seguida del fascismo italiano, encabezan la lista de países que lograron encontrar un camino de solución que les permitiría salir de la deriva destructiva vivida bajo regímenes totalitarios en los que se encontraban.

Una segunda categoría de países la encontramos en Escandinavia, países que desde la política consiguieron avanzar en derechos sociales y económicos, sin necesidad de vivir la misma experiencia traumática de sus países vecinos.

Otra categoría de países la encontramos en Latinoamérica, región muy esquiva a este tipo de soluciones. Cuando, por el contrario, han estado cerca de alcanzar reformas profundas, significativas para la vida de las personas, han terminado en feroces dictaduras como ocurrió con Chile, Argentina, Uruguay y antes Brasil, antecedidos todos por una larga lista de graves retrocesos similares.

Y es que, parafraseando a Bobbio, así como nacen nuevos derechos, también pueden perderse los existentes.

Específicamente en el caso de nuestro país, la lucha concreta por ampliar y/o consolidar derechos tiene un hondo sentido histórico. Los derechos básicos conquistados estas últimas décadas, que el movimiento popular y democrático le fue arrebatando a la dictadura cívico-militar (derecho a la vida; derecho a vivir en nuestro propio país; derecho a elegir a nuestros gobernantes; libertad de pensamiento; libertad de reunión) como el derecho a tener elecciones libres e informadas, que hoy se dan por hecho, son conquistas del pueblo de Chile y sus organizaciones politicas.

La derecha que hoy no quiere reformas, tampoco en ese entonces quería democracia. En este tiempo que transcurre, este sector ha adoptado e incluso profundizado, una postura implacable para allanarse a las reformas necesarias en materias tan sensibles como son las pensiones, la salud, la vivienda y su financiamiento acorde, de modo que las reformas demandadas por la población todos estos años, sean sostenibles en el tiempo.

Pero lo que la derecha quiere, en el fondo, es que su contraparte, es decir, el gobierno, se doblegue a sus valores y se haga cargo de convencer a la sociedad que sus intereses particulares, los de las AFPs y las Isapres, y los derechos como bienes de mercado, son del interés de todos.

Esa disposición negativa, en armonía con el ideologismo del gran empresariado, se puede sintetizar en el espectáculo de la política Institucional alrededor de la reforma de pensiones, cuya dilación está arrastrando a todo el sistema político a mayor descrédito, aumentando la ya honda brecha que separa a la política Institucional de la sociedad y atizando de paso el malestar social.

“Siembra vientos y cosecharás tempestades”

No cabe absolutamente ninguna duda, que en el Gobierno y el mundo del progresismo y la izquierda, pesa sobremanera la compleja situación que plantea el empate y fragmentación de fuerzas politicas en el Congreso, hecho resultante del anterior proceso electoral y que le impide al gobierno avanzar con las reformas comprometidas en su programa.

Es un problema que va mucho más allá del actual gobierno, sin embargo. Porque el bloqueo permanente y sistemático a los proyectos de ley que el Ejecutivo envía al Congreso, la pelea chica y el sinsentido para el resto del país, y en algunos casos el cahuineo, lo único que hace es seguir sentando las bases para que esa forma de hacer oposición, se reproduzca en un futuro próximo para quienes lleguen a gobernar, pero de paso acumulando más problemas y contradicciones que el país está hoy en condiciones de acordar y resolver.

El empate y la fragmentación de fuerzas politicas en la conformación del actual Congreso Nacional, como se ha dicho, se dificulta mucho más cuando se reduce la gestión política a un ir venir entre el Congreso y el Ejecutivo, como si se tratara de los dos únicos actores del quehacer nacional.

Ello, sumado a errores propios no forzados del propio gobierno, está generando o quizás más bien aumentando la confusión y el descontento hacia el gobierno del presidente Boric y sus dos coaliciones. Este cuello de botella, ¿cómo se puede superar, si además amplios sectores sociales continuan anhelando cambios que les mejore la vida?

Lo que sabemos, es que, sin lucha política que marque las diferencias entre las distintas miradas de país existentes, imposibilita que la población las pueda distinguir y finalmente opte entre ellas.

De este lado del arco político, existen insumos en abundancia para la lucha política. Por lo demás, si existe un consenso amplio, profundo, democrático y transformador en amplios sectores sociales, políticos y en el mundo de la cultura y las letras, es la necesidad de avanzar en función de los derechos sociales y económicos, cuya mejor sintesis la constituye el Estado social democrático de derecho.

Estado social como objetivo político

El objetivo del Estado Social es, pues, primero y antes que nada, un objetivo social y político. Posee una narrativa y una concepción determinada de la democracia. Al ser un objetivo político -tal cual lo fue la lucha por la reconquista de la democracia en el caso de quienes nos tocó vivir ese periodo histórico- podrán haber avances y retrocesos, pero el objetivo sigue su curso en el relato ya que forma parte indisoluble de la lucha por avanzar hacia formas más civilizadas de convivencia. No existe acá ruptura entre objetivos políticos de corto plazo, con aquellos más estratégicos y de largo plazo.

Si el gobierno, por los motivos que sea, no puede liderar ese relato, entonces es deber de las fuerzas politicas que lo sustentan – y de todas y todos quienes tenemos el convencimiento que es cualitativamente superior al estado subsidiario- el asumir la defensa, ampliación y fortalecimiento teórico, político y conceptual del Estado social.

Mucho mejor y auspicioso es si, a estas alturas del partido, con todas las herramientas a su alcance, el gobierno avanza en un diseño político para el tiempo que resta, porque las señales, hoy, son confusas, al no enfatizar una dirección y sentido que exprese una mejor conexión con su base social y politica de apoyo y sus aspiraciones que, entendemos, van en el sentido antes descrito.

No vaya a ser cosa que cambie la disposición de sectores de la población hacia la politica, en un sentido transformador y que sea coincidente con las ideas y conceptos del Estado Social, y la derecha se apodere para sí de él y mercantilice su contenido y alcance. Ya lo hizo en el último proceso constitucional y no existe razón alguna que indique que vaya a actuar en sentido contrario.

En lo fundamental, el Estado social democrático de derecho, como se ha dicho tantas veces, le otorga centralidad al Estado en la provisión y garantiza los derechos sociales que el Estado subsidiario anula; descentraliza poder hacia las regiones; asume un justo equilibrio en la economía entre el papel industrializador del Estado, sin ahogar la iniciativa privada.

En materia de derechos, distingue adecuadamente el derecho político y cívil de cada cual ha ejercerlos libremente, incorpora nuevas realidades tales como las demandas de los movimientos feministas y ecologistas; se hace cargo de la exclusión histórica de nuestros pueblos originarios; pero asume que el derecho político se queda huero si no está en interrelación positiva, como dicen los juristas, con los derechos sociales y económicos.

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Ministerios de Educación de América Latina se comprometen a aumentar los esfuerzos para reactivar, recuperar y transformar los sistemas educativos

Por
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 Las autoridades, reunidas en Chile en la Ministerial de Educación Santiago 2024 a fines de enero, acordaron trabajar para recuperar lo perdido durante la pandemia y transformar los sistemas educativos. Subrayaron la importancia de un financiamiento sostenible, políticas innovadoras y estrategias inclusivas y resilientes para pasar del compromiso a la acción.

 En una convergencia de visiones, ministras, ministros y altas autoridades educativas de América Latina y el Caribe acordaron la Declaración de Santiago 2024. El documento reafirma el compromiso de los Estados con los acuerdos previos en instancias ministeriales, renueva el compromiso con el derecho a la educación y las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4) y marca el rumbo para políticas regionales educativas con ejes prioritarios en la reactivación, recuperación y transformación.

El texto fue oficializado tras la Reunión Extraordinaria de Ministras y Ministros de Educación América Latina y el Caribe «Del compromiso a la acción» (Santiago, 25 y 26 de enero de 2024), un encuentro que reunió en la sede de la CEPAL a autoridades de educación y finanzas de 30 países con el fin de acelerar el logro de las metas del ODS4 y la Agenda 2030. La cita ocurrió a 60 años de la Conferencia sobre Educación y Desarrollo Económico y Social en América Latina, coincidiendo ambos eventos en temas como la influencia de la educación en el desarrollo y el planteamiento de nuevos retos de política pública y de trabajo colaborativo.

La Declaración de Santiago 2024 hace eco de las declaraciones anteriores, destacando que la educación es un derecho humano fundamental y que su ejercicio contribuye a asegurar otros derechos, reducir desigualdades y fortalecer a las comunidades. Claudia Uribe, directora de la Oficina Regional Multisectorial de la UNESCO en Santiago, enfatizó: “Este encuentro marca un nuevo hito en nuestra historia de cooperación regional en materia de educación y trae un compromiso renovado hacia la acción colectiva a favor de la recuperación, la reactivación y la transformación educativa, sin perder el norte, que es el derecho a la educación”.

El texto subraya el compromiso de trabajar para asegurar la sostenibilidad financiera de las políticas educativas como un elemento catalizador para avanzar hacia las metas del ODS4, y para establecer políticas innovadoras que enfrenten tanto los efectos de la pandemia que exacerbaron las desigualdades educativas y restringieron el acceso a la educación, principalmente a grupos en situación de vulnerabilidad, como los desafíos que estaban antes de ella. En particular, la declaración llama a fortalecer la respuesta a emergencias y crisis prolongadas y a prestar atención a la asistencia y revinculación de quienes se han quedado fuera o han abandonado prematuramente el sistema educativo.

El ministro de Educación de Chile, Nicolás Cataldo, puntualizó: “Pasar del compromiso a la acción fue el lema que se impulsó durante la Ministerial. Entonces, materializar las definiciones en términos de políticas públicas vinculadas a la materia educativa, requiere de los esfuerzos conjuntos de nuestros países respecto a cómo se van a financiar estas políticas para lograr avanzar en las estrategias innovadoras que necesitamos para cumplir estos objetivos”.

José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se enfocó en los aprendizajes e innovaciones de los sistemas educativos de la región durante la crisis pandémica: “Como lo planteamos en el reporte anual de la CEPAL Panorama Social de América Latina y el Caribe de 2022, la experiencia de interrupción de clases presenciales y la crisis silenciosa generada en estos años también abren una oportunidad para transformar los sistemas educativos”, dijo.

La reunión no solo orientó sus discusiones en un foro central, el evento tuvo espacios de innovación: un encuentro con los jóvenes, con la sociedad civil y los docentes; una exhibición sobre las experiencias de los países en recuperación y transformación; y diversos eventos paralelos y otros preparatorios.

Prioridades para avanzar

Entre otros temas y acuerdos, ministras, ministros y otras autoridades reafirmaron en la Declaración la importancia de abordar las brechas en el acceso y calidad de la educación y subrayaron el papel fundamental del personal docente. Enfatizaron que se debe priorizar la formación y el desarrollo profesional de las y los educadores y adoptar enfoques pedagógicos basados en evidencia.

El texto resalta también la centralidad del fomento de competencias socioemocionales y ciudadanas en las y los estudiantes, para enfrentar el futuro con seguridad y confianza. Para ello, indican, se deben asegurar entornos escolares saludables, seguros y libres de violencia, donde se promueva una cultura educativa que valore y se construya sobre la diversidad.

Los países firmantes reconocen que los retos educativos requieren un enfoque integral que incluya la transformación digital, el desarrollo de habilidades digitales y la educación para el desarrollo sostenible. Las autoridades reiteraron el compromiso de asegurar el derecho a la educación de las personas en situación de movilidad a través de acciones colectivas, innovadoras e intergubernamentales, como el Marco Regional de Monitoreo de Estudiantes en Situación de Desplazamiento creado por la UNESCO y el Grupo Regional de Educación.

La Declaración de Santiago 2024 hace hincapié en que la evaluación y el monitoreo son fundamentales para garantizar la calidad y eficacia de los sistemas educativos en la región. Subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos nacionales y regionales de evaluación y monitoreo de la Agenda de Educación 2030, así como la producción de datos e información, con especial atención en los datos desagregados que visibilicen la situación educativa de toda la población.

El acuerdo insta a analizar opciones para establecer la “Conferencia de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe” como instancia de carácter intergubernamental que fortalezca la cooperación entre países en el marco de prioridades y agendas regionales. Asimismo, hace un llamado a los organismos internacionales y bancos multilaterales a apoyar la consolidación de la agenda educativa regional, ayudando en líneas de trabajo priorizadas por los países y facilitando su financiamiento.

La Declaración concluye con un enfoque proactivo, estableciendo un grupo de trabajo que desarrollará un Marco de Referencia Regional sobre políticas públicas educacionales de reactivación, recuperación y transformación educativa. Quienes firman este compromiso solicitan que este grupo tenga el apoyo técnico de la UNESCO y de las entidades coorganizadoras y colaboradoras del evento, para materializar los compromisos adquiridos y profundizar el diálogo sobre el financiamiento educativo.

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