El estallido social de octubre de 2019 pareció confirmar el triunfo cultural de las ideas progresistas en Chile. Millones de personas salieron a las calles cuestionando no solo decisiones políticas específicas, sino las bases mismas del modelo económico y social construido durante las décadas posteriores a la dictadura. Conceptos como dignidad, abuso y desigualdad comenzaron a dominar el debate público. Amplios sectores sociales parecían converger en la convicción de que el país había llegado a un límite estructural.
En ese momento, muchos interpretaron el escenario como el inicio de un nuevo ciclo político. La crítica al modelo de desarrollo chileno —durante años presentado como un ejemplo de éxito en América Latina— parecía haberse transformado en sentido común. La promesa de una nueva Constitución y la masividad de las movilizaciones alimentaron la percepción de que el país se encontraba ante una oportunidad histórica de transformación.
Sin embargo, pocos años después, el panorama sería muy distinto. El ciclo político que culmina en 2025 terminó con una derrota significativa de la izquierda frente a discursos centrados en el orden, la seguridad y la autoridad. La paradoja es evidente: ¿cómo pudo un campo político que parecía haber ganado la batalla cultural del diagnóstico social perder el arraigo electoral en amplios sectores de la ciudadanía?
Responder a esta pregunta exige mirar más allá de los resultados electorales inmediatos. La derrota reciente del progresismo chileno no puede explicarse únicamente por errores tácticos, por campañas más eficaces de la derecha o por cambios repentinos en las preferencias ideológicas del electorado. Más bien refleja un proceso histórico más profundo: la transformación gradual de una izquierda de masas en una izquierda institucional que perdió progresivamente su arraigo territorial.
Durante gran parte del siglo XX, la izquierda chilena fue una izquierda profundamente enraizada en la vida social de los sectores populares. Su fuerza no provenía únicamente de su representación electoral ni de su presencia en el aparato estatal, sino de una extensa red de organizaciones que estructuraban la vida colectiva en barrios, lugares de trabajo y espacios culturales. Sindicatos mineros e industriales, federaciones estudiantiles, juntas de vecinos, cooperativas y organizaciones culturales constituían ámbitos donde las experiencias cotidianas de amplios sectores sociales se transformaban en identidad política colectiva.
El historiador Gabriel Salazar ha insistido en que el poder popular en Chile se construyó históricamente más desde las formas autónomas de sociabilidad que desde las instituciones del Estado. En ese contexto, los partidos de izquierda no eran simplemente maquinarias electorales, sino expresiones políticas de una vida social organizada. La militancia no era una actividad profesionalizada, sino una práctica integrada en la vida cotidiana de barrios, sindicatos y organizaciones sociales.
Este entramado social sufrió una ruptura violenta tras el golpe de Estado de 1973. La dictadura militar no solo intervino el sistema político institucional: también destruyó sistemáticamente las organizaciones sociales que habían sostenido históricamente la capacidad de movilización popular en Chile. Miles de dirigentes sindicales, militantes políticos, estudiantes y activistas sociales fueron perseguidos, encarcelados, torturados o forzados al exilio. Muchos otros fueron desaparecidos por agentes represores del Estado.
La represión no fue un efecto colateral del régimen, sino un componente central de su estrategia política: desarticular las redes sociales capaces de disputar el orden existente. Como resultado, una generación completa de cuadros militantes fue eliminada o dispersada. Sindicatos, federaciones estudiantiles y organizaciones vecinales fueron intervenidos o desmantelados.
Sin embargo, incluso bajo condiciones de represión, la sociedad chilena desarrolló formas de reorganización social. Durante los años ochenta comenzaron a surgir iniciativas de reconstrucción del tejido comunitario: ollas comunes, parroquias, talleres laborales, organizaciones de derechos humanos y agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos. Estas experiencias no fueron simples mecanismos de supervivencia. En muchos casos funcionaron como verdaderas escuelas de reorganización política.
Las jornadas nacionales de protesta iniciadas en 1983 marcaron el retorno de la acción colectiva al espacio público. Aunque estas movilizaciones no derribaron directamente al régimen, contribuyeron a erosionar su legitimidad y a reactivar redes sociales que más tarde jugarían un papel decisivo en el proceso de transición.
Sin embargo, el retorno a la democracia en 1990 abrió un escenario político distinto. Tras casi dos décadas de dictadura, la prioridad de las fuerzas opositoras pasó a ser la consolidación institucional de la democracia y la estabilidad del sistema político. En ese contexto, la acción política comenzó a desplazarse progresivamente desde los territorios hacia las instituciones del Estado.
La militancia que durante los años ochenta había organizado protestas, redes comunitarias y espacios de solidaridad comenzó a integrarse en ministerios, asesorías parlamentarias, centros de estudios y estructuras partidarias profesionalizadas. Este proceso fue en parte inevitable: la apertura institucional ofrecía nuevas posibilidades de acción política dentro del aparato estatal.
Pero ese desplazamiento tuvo consecuencias de largo plazo. Gradualmente, la política progresista comenzó a desarrollarse cada vez más dentro del Estado, mientras que la reconstrucción del tejido social en los territorios dejó de ocupar un lugar central.
Los datos empíricos permiten observar los efectos de este proceso. El Informe de Desarrollo Humano del PNUD publicado en 2024 muestra que la participación en organizaciones sociales alcanza apenas el 22 % de la población, mientras que la confianza interpersonal se sitúa en torno al 15 %. Estos indicadores reflejan una sociedad con baja densidad asociativa, donde las estructuras de organización colectiva han perdido capacidad de articulación.
Al mismo tiempo, cerca del 63 % de las personas considera que “la gente como uno” puede hacer poco o nada para cambiar la situación del país. Esta percepción de impotencia colectiva indica una transformación importante en la cultura política: la política deja de percibirse como una herramienta de acción colectiva y comienza a experimentarse como una esfera distante, dominada por élites profesionales.
En este contexto, el ciudadano deja de verse como parte de un proyecto colectivo y pasa a concebirse principalmente como un usuario individual de servicios públicos.
Este cambio cultural se desarrolla, además, en un escenario económico marcado por tensiones estructurales. Según la encuesta CASEN, la pobreza monetaria en Chile cayó desde cerca del 38 % en 1990 a alrededor del 6,5 % en 2022. Sin embargo, esta reducción significativa de la pobreza no eliminó la sensación de vulnerabilidad social. El coeficiente de Gini sigue situándose en torno a 0,47, uno de los niveles más altos entre países de ingresos similares.
Muchos hogares lograron salir de la pobreza, pero permanecieron en condiciones de fragilidad económica. En ese contexto, la vida cotidiana se organiza en torno a una sensación permanente de inseguridad frente al futuro.
Este malestar acumulado estalló en octubre de 2019. El PNUD ya había advertido en su informe de 2020 que el malestar social en Chile no se explicaba únicamente por indicadores económicos, sino por experiencias cotidianas de injusticia y falta de reconocimiento.
El estallido fue, en ese sentido, un momento de lo que podría llamarse un malestar expansivo: una energía colectiva orientada hacia la transformación estructural del sistema.
Sin embargo, esa movilización masiva no estuvo acompañada por una recomposición equivalente de las organizaciones sociales capaces de sostener el proceso político en el tiempo. La sociedad chilena se politizó, pero no necesariamente se reorganizó.
Los años posteriores al estallido estuvieron marcados por un cambio significativo en el clima emocional del país. El Informe de Desarrollo Humano de 2024 muestra que las emociones predominantes en la sociedad chilena son la preocupación, el miedo y la decepción. Las emociones negativas representan aproximadamente el 66 % de las respuestas registradas por el estudio.
Este cambio emocional tiene consecuencias políticas profundas. Cuando predomina la esperanza, la ciudadanía suele apoyar proyectos de transformación estructural. Cuando predominan el miedo y la inseguridad, la prioridad se desplaza hacia la búsqueda de orden y protección.
En ese nuevo clima emocional, las derechas radicales han logrado capitalizar el malestar social mediante discursos que prometen restaurar la autoridad frente al caos.
Al mismo tiempo, el debilitamiento del tejido social permitió que otros actores ocuparan espacios que anteriormente habían sido articulados por organizaciones políticas o sindicales. En muchos territorios populares, las iglesias evangélicas han desarrollado redes comunitarias que ofrecen contención emocional y apoyo material. En otros contextos, economías delictuales han construido formas de regulación territorial que, aunque violentas, ofrecen ingresos y estructuras de pertenencia a jóvenes excluidos del mercado laboral formal.
Cuando las mediaciones sociales tradicionales desaparecen, el vacío no permanece vacío. Es ocupado por nuevas formas de organización.
A este proceso se suma otro factor clave: la estructura del sistema mediático. En Chile, el ecosistema de medios se encuentra altamente concentrado en manos de conglomerados empresariales que influyen de manera decisiva en la agenda pública.
Los medios no solo informan; también jerarquizan la realidad. Determinan qué problemas se vuelven visibles y cuáles quedan relegados a un segundo plano. En los años posteriores al estallido social, la agenda mediática comenzó a privilegiar cada vez más los temas vinculados a la seguridad y el orden público, mientras que las discusiones sobre desigualdad estructural perdieron centralidad.
Desde la perspectiva de la teoría política, esto puede interpretarse como una transformación en la estructura de la esfera pública. Como señaló Jürgen Habermas, la democracia depende de un espacio público donde las distintas visiones de la sociedad puedan confrontarse en condiciones relativamente equilibradas.
Cuando ese espacio se encuentra mediado por estructuras altamente concentradas de producción informativa, la capacidad de ciertos actores para instalar temas y marcos interpretativos se vuelve desproporcionada.
A este escenario debe añadirse un elemento característico de la política contemporánea que ha transformado profundamente la forma en que se construye la opinión pública: el funcionamiento de los algoritmos que estructuran la circulación de información en las plataformas digitales. A diferencia de los medios tradicionales, cuya agenda editorial respondía a decisiones humanas relativamente identificables, las plataformas operan mediante sistemas algorítmicos diseñados para maximizar el tiempo de permanencia de los usuarios. En ese contexto, los contenidos que despiertan emociones intensas —especialmente rabia, indignación o miedo— tienden a amplificarse con mayor rapidez que aquellos que apelan a deliberaciones más complejas. Diversos estudios han mostrado que la indignación moral y el conflicto político generan mayores niveles de interacción que los mensajes moderados o analíticos. Este diseño técnico produce un efecto político evidente: los discursos polarizantes encuentran un terreno particularmente fértil para expandirse.
En ese ecosistema digital, las derechas radicales han demostrado una notable capacidad de adaptación. Su narrativa política —basada en oposiciones claras entre orden y caos, seguridad y amenaza, pueblo y élite— se ajusta con facilidad a los formatos breves, emocionales y altamente conflictivos que privilegian los algoritmos de las plataformas. En ese contexto, la política deja de desarrollarse únicamente en el terreno programático y se traslada crecientemente a una economía de la atención donde la visibilidad depende de la capacidad de activar emociones intensas. El resultado es una esfera pública crecientemente fragmentada, donde las percepciones de inseguridad y amenaza pueden amplificarse mucho más rápido que los diagnósticos estructurales sobre desigualdad o exclusión social.
De esta forma, la debilidad territorial de la izquierda, la concentración mediática del sistema informativo y la arquitectura algorítmica de las plataformas digitales convergen para producir un entorno particularmente adverso para proyectos políticos que requieren explicaciones complejas sobre las causas estructurales de los problemas sociales. En un espacio público dominado por la velocidad, la emoción y la polarización, las narrativas simples que prometen orden inmediato frente al miedo cotidiano adquieren una ventaja comunicativa evidente.
Antonio Gramsci advertía que la hegemonía política no se sostiene únicamente en la fuerza institucional. Requiere también una red de instituciones culturales y sociales capaces de convertir ciertas ideas en sentido común. Cuando esa infraestructura se debilita, la hegemonía se vuelve frágil.
El resultado electoral fue, en ese sentido, solo la expresión visible de un proceso mucho más profundo acumulado durante décadas.
La derrota de la izquierda en el ciclo político reciente no puede entenderse únicamente como un cambio ideológico en el electorado. Expresa la erosión progresiva de las mediaciones sociales que durante décadas sostuvieron la relación entre política y sociedad.
La verdadera derrota había comenzado mucho antes: cuando la política dejó de habitar los territorios donde alguna vez se había construido el poder social de la izquierda chilena.
El resultado electoral fue, en ese sentido, solo la expresión visible de un proceso mucho más profundo acumulado durante décadas.
