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El marcador de los recursos del planeta llegó a cero: la humanidad agota sus reservas naturales para 2023

A cuatro meses de que culmine el año, la cuenta regresiva llega a su fin y el marcador de los recursos del planeta llega a cero. Así lo señala una estimación de la organización internacional Global Footprint Network (GFN), la que declara que este 2 de agosto la humanidad habrá agotado todos los recursos naturales que el planeta puede regenerar en un año, conmemorando este hito como el Día
de la Sobrecapacidad de la Tierra.

Este alarmante anuncio se traduce en la acumulación de una deuda ecológica que amenaza la estabilidad de los ecosistemas y la supervivencia de futuras generaciones. Según explica la entidad internacional, el déficit ocurre cuando la huella ecológica de una población excede la biocapacidad de su área disponible, es decir, cuando se emiten más desechos de dióxido de carbono a la atmósfera de los que absorben sus propios ecosistemas.

En este sentido, Chile se posiciona dentro de la lista de países en los que la huella ecológica supera su biocapacidad, ubicándose en el listado de territorios con menor riesgo con un 20% de déficit. En cuanto a su rendimiento en el ranking que evalúa la biocapacidad total según áreas de tierra y océano biológicamente productivas, se ubica en el lugar n° 35, entre 200 países, con 63,700,000 en hectáreas globales con el potencial para proporcionar alimentos, fibra y madera, alojar infraestructuras urbanas y absorber el exceso de CO2.

Respecto a la valoración sobre las dimensiones del cambio climático y la responsabilidad de actores públicos y privados en la mitigación de sus impactos ambientales y sociales, un 73% de los chilenos está de acuerdo con que, más allá de la responsabilidad gubernamental, existe un deber ciudadano por mitigar estos efectos según un sondeo realizado por Ipsos Global Advisor, mientras que un 69% atribuye este deber a las empresas y un 68% a los líderes de estado.

¿Cómo actuamos para desplazar esta fecha límite?

Según expertos, aumentar las fuentes globales de electricidad bajas en carbono de un 39 % a un 75%, permitiría aplazar en 26 días el Día del Sobregiro de la Tierra, lo que se justifica, en gran parte, porque la energía es responsable de más del 80% de las emisiones de carbono del mundo.

«Es hora de replantear nuestra interacción con el medio ambiente. Por ello, creemos que la solución está en un mundo más eléctrico y digital, lo que llamamos Electricidad 4.0, una idea que plantea el potencial de la electricidad como la energía más eficiente, es decir, el mejor vector hacia la descarbonización, de la mano de tecnologías como la Inteligencia Artificial y el Internet de las Cosas (IoT)”, dice Mario Velázquez, Country President de Schneider Electric en Chile.

Entre 2018 y 2022, Schneider Electric ha permitido que sus clientes reduzcan sus emisiones de CO2 en 440 millones de toneladas. Un objetivo que busca ascender a 800 millones de toneladas de CO2 menos para el medio ambiente al 2025.

“En la actualidad, existen numerosas pruebas de que el desarrollo de tecnologías limpias impulsa una ecuación económica positiva a largo plazo, materia en la que Chile tiene un rol fundamental que jugar en este contexto», agrega Velázquez.

Un ejemplo de ello son los edificios inteligentes como los gestionados por Schneider Electric, cuyo control de accesos puede detectar el número de personas en un ambiente y así ofrecer la posibilidad de ahorrar en aire acondicionado o reducir los gastos de energía cuando un espacio no está en uso. En este sentido, la plataforma EcoStruxure desarrollada por la compañía, permite reducir la huella ambiental en hogares, edificios, centros de datos e industrias.

Minvu y agenda de probidad: Ministro Montes insiste en que “hemos sido implacables en buscar sanciones”

“Con los dineros destinados a la construcción de viviendas de los chilenos, de los sectores de más bajos recursos, no se puede enriquecer nadie”, de esta forma, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, presentó, junto a la subsecretaria de la cartera, Gabriela Elgueta, la Agenda de Modernización, Probidad y Transparencia del Minvu, un conjunto de medidas para el mejoramiento de la gestión del programa de Asentamientos Precarios y su relación con las instituciones sin fines de lucro.

El secretario de Estado acotó que la presentación de estas medidas obedece a que “hemos querido dar respuesta a la inquietud ciudadana por el denominado caso Convenios, mirándolo desde la gestión, de la modernización de aspectos centrales del ministerio, como es este nuevo sistema para los asentamientos precarios”.

“Nosotros enfrentamos, de frente y sin miedo, una problemática compleja de irregularidades, de desórdenes, de corrupción, que se inició en la Seremi de Antofagasta. Hemos sido implacables, buscando sanciones ejemplificadoras en este caso, hemos señalado que el sistema es malo y, por ese motivo, hoy anunciamos cómo lo vamos a cambiar”, añadió.

Asimismo, el ministro Montes enfatizó que, junto con las investigaciones y entrega de información que ha realizado la cartera por el caso Convenios, “estamos, simultáneamente, trabajando en el Plan de Emergencia Habitacional, porque el problema de fondo es que aquí tiene que haber respuesta a las familias. Estamos trabajando con la mayor seriedad, con la mayor persistencia, en que haya más viviendas y es por eso que estamos preocupados de tener más recursos, que los bancos presten recursos y que las distintas instituciones operen mejor para poder sacar este plan adelante”.

Agenda de Modernización

Posteriormente, la subsecretaria del Minvu, Gabriela Elgueta, presentó el conjunto de medidas de la Agenda de Modernización, Probidad y Transparencia de la cartera, levantada a partir de los hallazgos del equipo ministerial que investigó los convenios con fundaciones en las 16 regiones del país, detallando que con esto se busca “mejorar la gestión de los programas y las transferencias de recursos que hace el ministerio” en el marco del Programa de Asentamientos Precarios.

La Agenda de Modernización, Probidad y Transparencia está fundada en tres pilares: Rediseño del Programa de Asentamientos Precarios; Sistema de Integridad, Transparencia y Seguridad de la Información del Minvu; y Fortalecimiento Institucional de la cartera.

Dentro de las medidas impulsadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo está la creación de un registro de fundaciones, en el que cada organización sin fines de lucro deberá estar inscrita para participar de las convocatorias del Minvu desde el 2024, permitiendo regular su labor, sancionarlas, poner fin a los contratos o cobrar las boletas de garantías, las cuales serán obligatorias.

Asimismo, se destaca la actualización y estandarización de los convenios de transferencias de recursos que se suscriban con entidades públicas o privadas sin fines de lucro, debiendo estas entregar planes de trabajo, cronogramas, garantías, informes técnicos y financieros. Junto a ello, se exigirá antigüedad y experiencia comprobable en el rubro o campo de intervención de que trate la convocatoria.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo establecerá un modelo de evaluación para las organizaciones, tanto públicas como privadas, que participen en la implementación de los programas. Esta evaluación se realizará de manera constante y estará basada en los resultados obtenidos y el desempeño de las entidades receptoras de recursos y serán un factor, importante a considerar, en futuros procesos de selección y adjudicación de recursos.

El conjunto de medidas de la Agenda de Modernización, Probidad y Transparencia se compone de:

Rediseño del Programa de Asentamientos

Creación Comité Interministerial y Macrozonas

Actualización y estandarización de contenidos de Convenios de transferencia de recursos

Implementación procedimiento de concursabilidad de fundaciones

Nuevo sistema informático para seguimiento físico y financiero del Programa

Definición de criterios y análisis de costos obras

Modelo de evaluación organizaciones ejecutoras del programa

Sistema de Integridad, Transparencia y Seguridad de la Información del MINVU

Transparencia proactiva para Programa Asentamientos Precarios.

Registro de fundaciones

Implementación sistema de rendiciones de Contraloría-SISREC

Canal de consultas y denuncias internas Minvu

Automatización Procesos Transversales de Soporte del MINVU

Implementación Sistema Único de Postulación Programas MINVU

Nueva versión MINVU CONECTA

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Fortalecimiento Institucional MINVU

Profundizar formación en materias de transparencia y probidad

Actualización contenidos en materia de cumplimiento de la función pública.

Sistemas de integridad, prevención de delitos y seguridad de la información.

Promoción en todos los estamentos del Marco Estratégico y los valores institucionales.

Actualización el Código de Ética.

Fortalecer instancias preventivas de auditorías y de fiscalización de convenios.

 

50 años del Golpe: Cámara de Diputados aprueba solicitud de homenaje a Presidente Allende

 “Como Cámara de Diputados debemos entender que tenemos que construir un país democrático y un país que respete los derechos humanos, en donde nunca más se cometan las atrocidades que sucedieron durante la dictadura militar”, indicó Daniel Manouchehri, jefe de la Bancada de Diputadas y Diputados PS.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la solicitud de parlamentarios de oficialismo para la realización de un homenaje al Presidente Salvador Allende, el 11 de septiembre, en el marco de los 50 años del Golpe de Estado.

“Hemos solicitado a la presidencia de la Cámara de Diputados que el día 11 septiembre se pueda realizar un homenaje al Presidente Salvador Allende y a todas las víctimas de la dictadura. Creemos que la Cámara de Diputados tiene que además tener un espacio para poder reflexionar respecto de la importancia de la democracia en nuestro país y del irrestricto respeto a los derechos humanos”, indicó Daniel Manouchehri, jefe de la Bancada PS e impulsor de la sesión especial.

En esa línea, Manouchehri destacó que “esta Corporación tiene aún parlamentarios detenidos desaparecidos. Esta Corporación fue cerrada por 17 años y creemos que en una conmemoración tan importante y tan significativa para nuestro país no podemos quedar ausente de este debate, no en la perspectiva solamente del pasado, sino en la perspectiva de entender que tenemos que construir un país democrático y un país que respete los derechos humanos, en donde nunca más se cometan las atrocidades que sucedieron durante la dictadura militar”.

Sobre el espíritu de esta instancia, el legislador por la Región de Coquimbo manifestó será un espacio de reflexión para todos los sectores políticos, recordando que la izquierda realizó su proceso de autocrítica en su rol durante la dictadura y la Unidad Popular. No obstante, “en Chile no ha habido una autocrítica por parte de la derecha y creemos que también por parte de un sector de la Democracia Cristiana tampoco ha habido una autocrítica al rol que se jugó en ese tiempo. Creemos que esto también puede ser una oportunidad, no para tapar el pasado, sino para poder mirar los errores que se cometieron anteriormente”, agregó.

 Solicitud de todo el oficialismo

Sobre la misiva al presidente de la Cámara, la diputada por Convergencia Social, Emilia Schneider, indicó que “se debe dar una señal clara de reflexión, de compromiso con la democracia, en tiempos en que hay sectores de la ultraderecha que ponen en duda esos supuestos básicos de la convivencia democrática y civilizada en nuestro país.

“Desde el oficialismo, desde las fuerzas de cambio, somos muy claros. No hay ninguna posibilidad de justificar un golpe de Estado o las violaciones de Derechos Humanos y quienes dicen que la Unidad Popular generó el golpe de Estado se equivocan, porque antes de que el Presidente Allende pusiera un pie en La Moneda, ya habían influencias extranjeras, de las grandes fortunas de nuestro país y, por cierto, de la derecha chilena, intentando evitar que gobernara, intentando boicotear un gobierno democráticamente electo”, agregó.

El jefe de Bancada del Partido Comunista, Luis Cuello, precisó que “esta sería la primera vez, después de más de 30 años de postdictadura en que se rinde homenaje a un presidente democrático que además dio su vida por los chilenos, dio su vida por el pueblo chileno y murió en La Moneda en medio de un golpe de Estado”.

En ese sentido, el diputado socialista Jaime Naranjo indicó que, como oficialismo, “esperamos que haya unanimidad de parte de todas las bancadas en el Congreso. Esta instancia lo hacemos para valorar la democracia, para rechazar los golpes de Estado, para reivindicar los nombres de parlamentarios que aún son detenidos desaparecidos. Como el diputado comunista Vicente Atencio, como el diputado socialista Carlos Lorca. En homenaje a ellos y a esta institución que nunca debe desaparecer”.

APROFA pide avanzar en Educación Sexual Integral ante aumento de casos de VIH

El Instituto de Salud Pública (ISP) informó que “durante 2022 hubo 5.401 nuevos diagnósticos de VIH en el país, configurando una tasa de 25 casos cada 100 mil personas, lo que significa un aumento de un 7% en relación al 2021 y un 13% en comparación a 2020, cuando hubo disminución del 50% de las pesquisas”.

Para APROFA, organización que hace 60 años trabaja en materia de Salud Sexual y Salud Reproductiva, “la falta de Educación Sexual Integral existente en nuestro país propicia el desconocimiento de temas relevantes, generando por ejemplo que las personas se enfoquen mayoritariamente en la prevención del embarazo y no sepan los alcances de la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) o VIH”.

Así mismo, para la organización, las estadísticas recientemente conocidas dan cuenta de la falta de un abordaje interdisciplinario. “Son cifras no nos sorprenden, puesto que la salud sexual en Chile es una temática que ha sido descuidada y que, al estar llena de prejuicios, mitos y desconocimiento, ocasiona que las personas no puedan tomar decisiones informadas sobre su cuerpo y sexualidad”, explican desde APROFA.

Derechos sexuales y Derechos Reproductivos en el centro

Débora Solís, Directora Ejecutiva de APROFA, señala que no hay que detenerse en el asombro o la preocupación por estas cifras, “más bien es importante trabajar para que existan más iniciativas que pongan a los Derechos sexuales y Derechos Reproductivos en el centro, y así avanzar hacia la aprobación de una política de Educación Integral de la Sexualidad, para que las personas puedan conocer, informarse y acceder a servicios de salud amigables donde estos temas sean abordados de manera respetuosa, inclusiva, adecuada a la etapa de la vida y libre de estigma”.

La psicóloga enfatiza que Chile necesita con urgencia estrategias desde el Estado, que permitan a las personas reconocerse en sus Derechos Sexuales y Reproductivos, y así tomar decisiones informadas sobre su sexualidad. “Contar con educación, información y acceso es parte de los Derechos Humanos, y como sociedad tenemos que avanzar para que esté garantizado para todas las personas y así mejorar de manera sustantiva temas preocupantes como la violencia sexual, las altas tasas de ITS y VIH, la discriminación, entre otras”, agrega.

En los centros de atención de APROFA se ofrece la prestación Consejería en ITS y VIH, donde las personas, además de realizarse test rápidos, pueden recibir una completa consejería pre y post test, informarse sobre las formas de prevención, conductas de riesgo y cómo enfrentarse a la temática. Este último es un examen que consiste en un inmunoensayo que tiene una precisión superior al 99.8% en comparación con una prueba de muestra venosa, lo que permite acercar el testeo de manera amigable y cercana a las personas.

 

 

 

 

 

 

Comisión Investigadora por el Caso Kayser determina que hubo irregularidades por parte de organismos del Estado

Este lunes, en la Cámara de Diputadas y Diputados, finalizó con aprobación unánime de sus conclusiones, la Comisión Especial Investigadora iniciada en enero de este año y presidida e impulsada por el parlamentario Andrés Giordano, por los hechos ocurridos en Renca el 20 de octubre del 2019 durante el estallido social, donde se encontraron muertos tras un incendio en las bodegas de la empresa Kayser a Manuel Muga, Yoshua Osorio, Andrés Ponce, Julián Pérez y Luis Salas; sus familiares estuvieron presentes en esta última sesión.

El diputado del distrito 9 Andrés Giordano, presidente de la Comisión, afirmó que ésta finalizó “con la constatación de ciertas negligencias, hubo omisiones relevantes por parte de diversos organismos del Estado. No tuvo la calidad de ser una investigación con la debida oficiosidad, oportunidad, competencia, independencia e imparcialidad de los órganos encargados de investigarlo, exhaustividad y la participación de los familiares en el proceso”.

Solange Arias, madre de Yoshua Osorio -el más joven de los fallecidos- sostuvo que “estamos aquí el día de hoy para cerrar una de las instancias más relevantes que se ha llevado en torno a este caso en el cual no solo él murió, sino que también cuatro personas más. Sabemos que esta comisión impulsada por el diputado Andres Giordano no es una sentencia judicial, pero sí nos ha ayudado para agilizar ciertas diligencias que estaban entrampadas y también que dan cuenta de la deficiencia a la hora de abordar casos como este desde el Ministerio Público y el rol del Estado. Sólo agradecer la instancia y la colaboración para poder seguir buscando verdad y justicia para nuestras familias”.

Por su parte, la diputada Marta González (IND-PPD), integrante de la Comisión, indicó que “nos parece de total gravedad lo que pudimos constatar en el informe, y agradecemos la participación de todo el espectro político por haber votado a favor de manera unánime el informe de esta comisión. Aún tenemos un gran vacío con nuestras instituciones, pero por sobre todo en este caso le faltamos el respeto a las víctimas y a sus familias, porque hay una condición que sigue primando nuestro país que es la propiedad privada se pone por encima de las vidas humanas y ninguna propiedad privada puede estar por encima de la vida de las personas”.

Dentro de las principales conclusiones se encuentran eventuales negligencias por parte del Servicio Médico Legal “en la aplicación de procedimientos técnicos relativos a las pericias tanatológicas”; y “el desconocimiento de información relevante por parte del Ministerio Público”, que en respuesta a un oficio del 2021, expresaron que “no hay antecedentes de impactos balísticos”, cuando sí los hubo.

Asimismo, que “tanto Carabineros de Chile como el Ministerio Público, señalaron rápidamente que las víctimas habían muerto saqueando, es decir, cometiendo el delito de robo en lugar no habitado. Tal situación generó, de acuerdo a las familias de las víctimas, un estigma y prejuicio anticipado en la propia investigación”. Además, el mismo carabinero que afirmó esto último, grabó y difundió “en redes sociales un video de las víctimas durante la noche del 20 de octubre del 2019”, un delito por el cual sólo recibió la sanción administrativa más leve por parte de la institución y recién en este año se concretó su formalización.

El informe de la Comisión también indica que “ni en el día del incendio ni los días posteriores, el sitio del suceso fue cercado para el debido levantamiento y realización de diligencias investigativas”, lo que era responsabilidad del Ministerio Público y de Carabineros. (…) “Por el contrario, se mantuvo abierto y vulnerable a la alteración por parte de personas ajenas a la empresa, lo cual podría explicar también el desarrollo de un segundo incendio el día 12 de noviembre de 2019”.

Igualmente, que existe “falta de claridad en responsabilidades y protocolo de levantamiento de los cuerpos, puesto que de acuerdo con las declaraciones de la periodista Paola Dragnic y el camarógrafo Italo Retamal de Telesur, en el acto quedaron presuntos restos de vestimentas y objetos personales de, al menos, una de las víctimas”.

El diputado Giordano anunció que “la constatación de aquellos hechos nos obliga, como Poder Legislativo, a tomar algunas acciones. Una de ellas es que efectivamente podamos legislar para que estos protocolos y estas recomendaciones que hoy día han sido vulneradas y que generaron perjuicios para las familias que actualmente llevan este juicio adelante, sean de carácter obligatorio”, como lo es el protocolo de Minnesota, para casos de eventuales violaciones a los Derechos Humanos.

Así, indicó que se acordó “propender el levantamiento y el reconocimiento de un memorial en el sitio del suceso, que actualmente es de propiedad del Serviu, que ha anunciado que se va a edificar un complejo de viviendas sociales pero se ha abierto la conversación para que efectivamente este sitio de memoria tenga una cabida y es algo que nosotros estamos empujando y la Comisión lo ha ratificado de forma unánime”.

“Además, se sugirió que se avance en mejorar la legislación penal para fortalecer los derechos de las víctimas y propender a la creación de un organismo del Estado que tenga como función dar asesoría jurídica especializada y defensa de las víctimas en procesos penales, que hemos visto que también ha sido parte del gran problema en este caso”, puntualizó.

El informe señala que “en sesiones de la Comisión Investigadora se recibieron a la abogada y abogado querellante, Alejandra Arriaza y Matías Soto, a familiares de las cinco víctimas fallecidas, a autoridades del Concejo Municipal de la comuna de Renca, el ex director y asesor jurídico de la misma Municipalidad, funcionarios de Carabineros, Servicio Médico Legal, periodistas que cubrieron el caso, y organizaciones de derechos humanos”.

“También, en sesión secreta debidamente autorizada para resguardar la investigación en curso, se recibió en dos oportunidades a la Fiscalía y a la Policía de Investigaciones, entre otros invitados, todos hitos que sirvieron para confirmar el objeto de esta Comisión, así como las conclusiones y recomendaciones que se detallan a continuación”, agrega.

La Comisión fue compuesta también por las diputadas y diputados Yovana Ahumada (IND-PSC), Boris Barrera (PC), Ana María Bravo (PS), Jorge Durán (RN), Mauro González (RN), Tomás Hirsch (PAH), Cristian Labbé (UDI), Daniel Lilayu (UDI), José Carlos Meza (Republicano), Clara Sagardia (IND-FA) y Alberto Undurraga (DC).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cámara de Diputados aprueba proyecto que protege a periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones

La iniciativa fue ingresada en mayo del año 2022 por la diputada por la Región de Coquimbo y ex presidenta del Colegio de Periodistas, Nathalie Castillo. Al ser objeto de indicaciones, la moción parlamentaria – patrocinada por el Ejecutivo- vuelve a su votación y discusión en particular en la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones para su posterior informe a Sala.

La tarde de este lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 77 votos a favor, 24 en contra y 25 abstenciones, el proyecto de ley que regula la protección de periodistas y personas trabajadores de las comunicaciones (Boletín N°14. 964-24). La iniciativa fue presentada en mayo del 2022 por la diputada de la Región de Coquimbo, Nathalie Castillo (PC) y recibió el patrocinio del Ejecutivo para su tramitación. Por objeto de indicaciones, tras su aprobación en Sala, el proyecto vuelve a la Comisión de Culturas, Artes y Comunicaciones.

La moción parlamentaria se acoge a las orientaciones que establece la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (UNESCO) en materia de defensa a trabajadores y trabajadoras de las comunicaciones, de forma de aplicar aquellas sugerencias internacionales a la legislación local. Además, el proyecto fue trabajado por distintas organizaciones sociales, tales como el Colegio de Periodistas, el Observatorio por el Derecho a la Comunicación, el periodista Mauricio Weibel, entre otros.

En su intervención la diputada autora de la iniciativa y ex presidenta de la Orden, destacó que “ la idea central del proyecto es consagrar el deber Estatal de promover la seguridad de periodistas y personas que trabajan en las comunicaciones que surgen desde su posición como defensoras de los derechos humanos, cuyas labores están estrechamente relacionadas con la libertad de prensa, el ejercicio libre de la profesión, la libertad de expresión, el acceso a la información y el fortalecimiento de la democracia. Entre más prensa libre, más garantías para los periodistas, es más democracia”.

A su vez, señaló que “esta no es una ley de privilegio, no es una ley que restringe la libertad de expresión, todo lo contrario, ya que la promueve. Es un proyecto que cumple los más altos estándares en materia internacional de comunicación y, además, se discutió con diversas organizaciones, como la ANATEL, Asociación Nacional de Prensa, sindicatos, la Red de Periodistas Feministas, UNESCO, SOCOLAC, ODC, profesionales como Alberto Precht o Francisco Leturia aprobaron el diseño de este proyecto”.

Cabe señalar que, según información pública de UNESCO, el año pasado fueron asesinadas 44 periodistas en América Latina y el Caribe, más de la mitad de todos los homicidios registrados contra comunicadores/as en el mundo. En cuanto a la impunidad en crímenes contra periodistas, la cifra alcanza un 86% de los casos.

De convertirse en ley de la República, Chile sería pionero a nivel internacional al contar con una normativa especial, un estatuto de protección y salvaguarda a periodistas y personas trabajadores de las comunicaciones.

Contenido de la norma

La iniciativa parlamentaria cuenta con 14 artículos en el que se especifica el principio y prolijidad del Estado en la prevención y defensa ante hechos de violencia en la que sean víctimas las y los periodistas y personas trabajadores de las comunicaciones (personal de apoyo, choferes, apoyo técnico e intérpretes, editores, entre otros), independiente del contexto en que se desarrollen su ejercicio comunicacional: en tiempos de paz, conflictos internacionales, tensión interna, conflicto armado no internacional o la declaración (o no) de estados de excepción constitucional.

Además, la norma establece distintos mecanismos para garantizar esta protección, entregando respuestas, medidas de investigación, sanción y reparación ante vulneraciones.

Dentro de las obligaciones asumidas por el Estado, está en obligar que funcionarias y funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan y menoscaben a profesionales de la comunicación. En esa línea, el Instituto Nacional de Derechos Humanos deberá registrar todos aquellos antecedentes sobre hechos denunciados por periodistas y personas trabajadores de las comunicaciones.

La Subsecretaría de Derechos Humanos, por su parte, incluirá dentro del Plan Nacional de Derechos Humanos acciones –junto a otras reparticiones públicas- que promuevan el derecho a la información.

La protección de las fuentes y la de las familias, como un medio para garantizar el acceso a la información de la población, es otra de las obligaciones.

Sobre mujeres y disidencias, la normativa establece que el Estado deberá adoptar medidas concretas, adecuadas, integrales y efectivas para erradicar todo tipo de violencia de género que aseguren el derecho a una vida libre de violencia, de forma de visibilizar las agresiones y amenazas contra mujeres comunicadoras y periodistas, en el contexto de su ejercicio profesional

 

 

 

Crisis Política y Reacomodo de Fuerzas

 

El fondo de los profundos reacomodos de fuerzas politicas que está tomando lugar en las dos alianzas de gobierno, así como en la derecha alrededor de republicanos, los entendemos como parte de la grave crisis política y social que vivimos desde la revuelta social de octubre de 2019 -sin solución hasta ahora – y al encomiable esfuerzo de sectores conservadores por seguir negando sus causas a la vez que buscando todo tipo de reaseguros para mantener el statu quo inalterable e incluso retrotraerlo a épocas hace mucho superadas por la humanidad y parcialmente superadas por el país.

Podrá haber, desde luego, acomodos circunstanciales, como ha sido, por ejemplo, el proceso unitario declarado por el Frente Amplio y detenido bruscamente a raíz del “affaire” Democracia Viva. Ya sea por razones estrictamente electorales o ya sea por la construcción de un proyecto político más de largo alcance, necesario y urgente y sustentado también en valores éticos, el tema de la unidad volverá a reaparecer con fuerza.

Entendemos estos realineamientos necesarios y útiles. Aunque a veces, lo que se supone reacomodo de fuerzas políticas que buscan dar respuesta a hechos de la realidad y presuponen, por tanto, algún tipo de reflexión, se ven empañados por lamentables y penosas actuaciones de corte individualista, cuando no corruptas.

Sabemos, por otra parte, que tras el plebiscito de salida del 4S de 2022 y ahora último con la elección de consejeros constituyentes del 7M a favor de la ultraderecha representada por el Partido Republicano, el eje de la unidad en ese sector ha venido girando en torno a los republicanos y a su defensa cerrada de la dictadura militar y su legado.

Con éxito en ese afán, ha podido seducir rápidamente a la UDI. Sin embargo, el costo primero de esa hegemonía la está pagando la reforma de pensiones, a estas alturas y después de más de 10 años de tramitación parlamentaria, una verdadera burla para Chile entero.

Así y todo, el sentido de la ofensiva de los republicanos en alianza con Chile Vamos al interior del Consejo Constitucional, por su parte, es simple y clara: se proponen elevar a rango constitucional materias tan sensibles como lo son los derechos de los trabajadores a negociar salarios y condiciones laborales dignas y decentes; de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo; el derecho de los pueblos originarios a ser reconocidos; el derecho de las distintas visiones de país a estar representadas en el Congreso Nacional, derecho amenazado por la simple reducción del número de escaños propuesto, además de suprimir la iniciativa popular para derogar leyes, el control preventivo del Tribunal Constitucional y el suprapoder que ese sector pretende otorgarle al poder militar con el solo propósito de independizar a estos institutos del poder civil, entre otros retrocesos.

Planteadas, así las cosas, lo que esas propuestas están consiguiendo es pavimentar el camino para el despliegue del rechazo.

Ello, porque cada uno de estos derechos que se busca taponear en su expresión futura o directamente eliminar y suprimir, y que por contraparte relevan, al decir de Nietzsche, el rol de los “pocos superiores”, o sea las elites, responden a procesos y luchas populares extraordinariamente concretas y de larga data en el curso de estos 50 años. Cuando se abren paso los sectores del retroceso, tenga usted, estimado lector, la más absoluta certeza que retroceso habrá. Y a cualquier precio.

No por el peligro latente a involucionar, sin embargo, la respuesta para impedir que dichas visiones se consoliden y transformen en forma de gobierno, sea lineal y automática. Pero tampoco son definitorias. El proceso político por los cambios democráticos que abrieron las protestas de 2019, sigue siendo un campo de disputa política e ideológica. Esa disputa está presente en menor medida en el Consejo Constitucional, en el que la derecha dura hace contorsiones por la prensa para mostrar un espíritu de dialogo que, a la luz de los hechos y la aplanadora que están pasando, no alcanza a ser disimulado.

Pero mucho más claramente aun, esa disputa se observa en el resignificado que este sector pretende darle al golpe de Estado de 1973, que terminó con la democracia, arrasó con la institucionalidad, destruyó el tejido social de la Nación y abrió una herida lacerante en materia de violaciones a los derechos humanos que sigue abierta hasta nuestros dias.

La salida constructiva a la crisis, más que en tropezones ajenos, pasa en consecuencia, por la capacidad de rearticulación y conducción política del campo democrático, progresista y de izquierda en Chile. Ese proceso lo vemos alrededor de los derechos sociales más sentidos por la población, el ensanchamiento de la democracia mediante la instauración del Estado social democrático de derecho en cuyo centro la defensa de los derechos humanos como principio fundante de las relaciones sociales le otorgue un nuevo significado y revitalice nuestra convivencia.

Ello significa, en primer lugar, superar la idea aquella, a veces declarada y a veces camuflada con retórica, que el hacer política es para quienes ya estamos convencidos, que la política es básicamente entre partidos y/o bloques de partidos y que como consecuencia de esas sesudas deliberaciones en algún momento serán asumidas por sectores sociales determinados.

Si bien en algún momento ello ha sido parcialmente así, y sin duda en los espacios militantes, hoy más reducidos que ayer, en la era digital y las redes sociales, la robótica y la inteligencia artificial, sumado al descredito de la política y de las instituciones, seguir apegado a esa concepción reduccionista de la política solo deparara nuevos sinsabores.

Por eso, recuperar la política en su nexo con la sociedad se juega no solo el éxito del gobierno, porque en el contexto actual de riesgo a involucionar también se juega la posibilidad de mantener los derechos hasta ahora conquistados. Las condiciones limitantes no han variado significativamente, la derecha ha metido a un parlamento ya fragmentado en una lógica política de freno deliberado a las reformas propuestas por el gobierno; la energía de la sociedad civil, por su parte, se agota como la de cualquier organismo vivo y en lo que respecta a las dos alianzas de gobierno no han sido capaces todavía de consolidarse para darle consistencia a la gestión política a toda la diversidad reunida en el gabinete.

Los personalismos, por su parte, al margen de cualquier lógica política, solo contaminan más el ambiente. Lo que es obviamente bien aprovechado por la ultraderecha.

Por otro lado y para terminar, conflictos de poder, que solo incumben a los interesados, son elementos que poco o nada ayudan a vincular la política con la ciudadanía. Si existe una lección categórica del ejercicio del poder político en el pasado reciente, esta es que la autorreferencia en política se vuelve un freno cuando su único propósito es el ejercicio del poder a secas.

Este es un riesgo latente, que puede, incluso, llegar a ser un elemento paralizante de la gestión del gobierno, y una traba para avanzar en unidad en torno a un proyecto país que permita superar la crisis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo woke como problema para las izquierdas

Si existe un término usado hasta el cansancio por los sectores de ultraderecha actuales en el mundo es lo llamado woke (despierto) y la idea de que nos encontraríamos supuestamente en una era de lo identitario, del victimismo, la cancelación y en una dictadura de lo políticamente correcto, dominado por las izquierdas.

De ahí que la cruzada antiwoke, proveniente principalmente de Estados Unidos, desde la llegada de Donald Trump, lo que busca finalmente es impugnar a cualquier tipo de medida que visibilice el racismo, el sexismo, la homofobia, la crisis climática y las diferentes discriminaciones históricas que han sufrido distintos grupos.

No hay que sorprenderse por tanto que la ultraderecha catalogue de woke a gobiernos, actores, músicos, organismos internacionales, empresas y organizaciones de la sociedad civil, por el solo hecho de tener políticas inclusivas y que busquen hacerse cargo de injusticias históricas, sea esta la UNESCO, Disney, Nestlé, Walmart, Coca-Cola o Burger King.

No obstante, la crítica a lo woke también ha provenido de sectores de izquierda anticapitalistas y de algunos intelectuales, que han planteado que la cultura woke es incluso dogmática y reaccionaria, como ha señalado Susan Neiman (1), quien ha planteado que niega ideas modernas como el progreso y la universalidad, para centrarse en particularidades que nos diferencian más que nos unen.

Asimismo, hay una crítica desde las izquierdas a lo woke, en el sentido que al centrarse en diferencias de tipo identitario, deja fuera la crítica al capitalismo y los procesos de concentración económica existentes, lo que termina siendo funcional e inofensivo para las estructuras de poder imperantes.

Ante esto, dejando de lado la crítica conspirativa de la ultraderecha a lo woke, que lo que busca finalmente es usarla para frenar y retroceder en cualquier tipo de avances referidos a derechos, la crítica desde las izquierdas pueda servir para problematizarlo desde un lugar diferente y lejos de caricaturas.

En primer lugar, estoy de acuerdo con que lo woke ha derivado en una posición despolitizada desde la llegada de Barack Obama a Estados Unidos, impulsada principalmente por sectores demócratas, ya que la crítica al racismo y al sexismo se ha vuelto algo individual y moral, más que un cuestionamiento político y estructural.

Sin embargo, como bien plantea Jaime Caro Morente (2), lo woke ha tenido sus logros también en Estados Unidos, en tanto un cuestionamiento masivo al paradigma liberal y su nula capacidad de hacerse cargo de las opresiones de raza, clase y género, aunque sus críticos de izquierda no lo vean y se vuelvan a veces tan antiwoke como la ultraderecha.

Además, me parece profundamente eurocéntrico lo planteado por Neiman a lo woke por las críticas a las ideas de progreso y universalidad, las cuales tienen un trasfondo colonial detrás, como bien ha sido estudiado por distintas corrientes feministas, anticoloniales y desde la ecología política, que han evidenciado cómo tanto las derechas como las izquierdas, han negado la pluralidad de experiencias alternativas en el mundo.

En otras palabras, una cosa es interpelar a lo woke por su falta de densidad política y por hacerle el juego a grandes empresas mundiales para limpiar su imagen y seguir enriqueciéndose como nunca antes, y otra muy distinta es no ver que las grandes ideologías modernas (conservadurismo, liberalismo, socialismo) han colonizado a territorios pueblos enteros, y siguen siendo incapaces de dar respuesta a la crisis climática y ebullición global imperante

Por lo mismo, debemos reconocer que el surgimiento y fortalecimiento de esta nueva derecha negacionista, no es solo responsabilidad de la llamada cultura woke, sino también desde nuestra propia incapacidad como izquierdas (si es que queremos seguir usando una noción de la revolución francesa), en dar una respuesta y alternativa a la humanidad y a un planeta que no resiste más capitalismo.

Pero para eso, hay que estar muy conscientes sobre el fracaso y horrores de los socialismos reales, que mostraron lo peor de las izquierdas, y de una socialdemocracia y de un Estado de Bienestar incapaz de ir más allá de una economía ecocida que sigue creyendo en una idea de crecimiento económico ilimitado, en un planeta con límites finitos.

Dicho todo lo anterior, más que seguir interpelando a lo woke y verlo como un problema, deberíamos estar más preocupados por construir y visibilizar formas de vivir más sustentables y centradas en el cuidado, ya que el tiempo se nos acaba, si seguimos con el sistema de vida existente a nivel global, en donde la pandemia nos mostró lo vulnerables e interdependientes que somos, aunque sigamos creyendo lo contrario.

1:https://www.latercera.com/la-tercera-sabado/noticia/susan-neiman-autora-de-left-is-not-woke-son-emociones-de-izquierda-pero-estan-basadas-en-una-gran-cantidad-de-teoria-reaccionaria/WQZO565NQNEG5KGJXAXMFVHW4E/

2: https://www.nuevarevista.net/los-logros-del-woke/

Libro sobre memoria feminista en la región de Atacama inició su preventa

Era una tarea pendiente. La historia ya existía, pero no había sido contada por sus protagonistas. Haciéndose cargo de esta deuda fue que la trabajadora social y activista feminista Viviana Rodríguez, y la psicóloga feminista Constanza Pradenas, hicieron un llamado abierto para que las mujeres del movimiento de mujeres en Atacama enviaran sus relatos a fin de generar una narrativa a nivel regional. Esta convocatoria estuvo abierta desde noviembre de 2020 a noviembre de 2021; llegaron 23 relatos que abordaban acontecimientos entre 1973 y 2022, ya sea a modo personal o en representación de colectividades.

Es, dicen las autoras, “nuestra historia política como mujeres”, para graficar las líneas de acción en que se han entretejido y repensar la historia oficial. Quedan así plasmadas las principales demandas en diversos periodos, por ejemplo, la búsqueda de justicia y reparación frente violencia política sexual, la desaparición de mujeres o el extractivismo. “La violencia se configura como una experiencia palpable y cotidiana para las mujeres. En este contexto, se presentan relatos estremecedores que permiten demostrar la violencia histórica hacia las mujeres en Atacama, que conducen a situar esta coyuntura como el eje movilizador y columna vertebral de las luchas feministas”, señala Viviana Rodríguez.

Por su parte, Constanza Pradenas explica que “al investigar, identificamos las corrientes en las que se sitúan las luchas de las mujeres Atacama, por ejemplo, la dicotomía autonomía/institucionalidad, que no es propia del territorio sino más bien de la lucha feminista en Chile, dónde por una parte las mujeres buscan organizarse construyendo sus propias formas de pensamiento y acción feminista, y por otra, alcanzar estándares internacionales en materia de los derechos de la mujer. Sin embargo, hay un horizonte común que es el fin a la violencia”.

Además, se desarrolla la idea de los últimos años de que “Atacama no es un territorio seguro para las mujeres” en alusión a femicidios y desapariciones, entre los que han tenido mayor resonancia Catalina Álvarez, Thiare Elgueda y Tanya Aciares, entre las adolescentes desaparecidas, y Marina Cabrera, Sussy Montalván y Marta Bustos entre las mujeres asesinadas.

Si bien las autoras construyen una narración a partir de sus apreciaciones y marco teórico, también se incluyen los textos íntegros enviados por las colectividades e individualidades. Quedan plasmados los relatos colectivos de UDEMA, Programa Radial “Mujeres”, Panteras Lilas, Mujer y Esperanza, Las Morganas, Núcleo de Investigaciones en Género, Gritona Feminista, Kolectiva T-Amarga, La Rebelión del Cuerpo Atacama, Resueltas Del Valle, Red Feminista Chañaral, Colectiva Feminista Ritual Rebelde, Revolución Wiccas Caldera y los relatos individuales de Ana María Aguirre, Lilian Vilches, Andrea Cisternas, Susana Astudillo, Andrea Rojas, Yenifer Carrasco Torres y Fernanda Collado Rojas.

El libro ha sido editado por Amor y Rabia Ediciones, sello que publicó el primer libro de la autora Constanza Pradenas, “Parto Robado”, que aborda su historia personal de violencia obstétrica.

Preventa

La publicación está en sus detalles finales y estará disponible durante el mes de agosto para quienes lo compren en este proceso de preventa. El libro tiene un valor especial para quienes lo adquieran durante su preventa. Será un número limitado de ejemplares a $10.000 cada uno; una vez agotados esos ejemplares, el precio de preventa pasará a $12.000. Ya publicado y disponible en librerías y puntos de venta, tendrá un valor que bordeará los $15.000.

El volumen contará con alrededor de 300 páginas, además de fotografías a color. Para más información o para adquirir un ejemplar escribir a [email protected] o consultar a través del perfil de Instagram de la editorial @amor.y.rabia.ediciones

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio de Periodistas de Chile y organizaciones de las comunicaciones alistan actividades de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado

 

Organizaciones de la sociedad civil vinculadas a al mundo del periodismo, las comunicaciones y los derechos humanos se han constituido en un Comité Ciudadano que realizará acciones de memoria en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado en Chile, “bajo el convencimiento que el periodismo y los medios de comunicación son elementos fundamentales para construir una sociedad democrática y defensora de los derechos humanos”.

Dicho Comité Ciudadano se articula a nivel nacional para generar un programa de actividades que busca contribuir a conmemorar los 50 años del Golpe de Estado, de modo tal de rescatar la memoria y defensa de los derechos humanos desde el periodismo.

La presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, Rocío Alorda Zelada, destacó el compromiso que tuvieron cientos de periodistas en la defensa de la democracia y la libertad de expresión en nuestra historia reciente, profesionales que pusieron en riesgo su vida y la de sus familias en el país.

“La democracia es un valor fundamental y los y las periodistas debemos asumir un compromiso en su resguardo que garantice la sana convivencia en el país. De ahí la importancia del periodismo que resistió los años oscuros de la dictadura para informar a la población de los hechos que realmente ocurrían. Esta es una de las razones por lo que el Colegio de Periodistas asume el compromiso de abordar los temas de memoria y derechos humanos en este contexto para visibilizar el aporte de las y los colegas en la defensa de los derechos humanos como el rol de los medios de comunicación en los procesos históricos”, señaló la presidenta de la orden.

El coordinador de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Periodistas de Chile, Marcel Gaete Parraguez, también instó al desarrollo de iniciativas a lo largo del territorio, de modo de recuperar la historia y memoria de quienes en diversas partes del territorio aportaron a la defensa de la democracia.

En ese contexto, el Comité Ciudadano también abordará el rol de los medios de comunicación en los procesos de desestabilización en Chile y el colaboracionismo con la dictadura a través de montajes informativos que distorsionaron la verdad. En ese sentido el llamado del Comité a los medios de comunicación es a pedir perdón por su participación en la desestabilización del país, así como en los montajes generados por los militares. “Estos elementos nos hacen promover un llamado a los medios de comunicación a reconocer sus responsabilidades en hechos que ofendieron a las víctimas y justificaron durante 17 años informaciones falsas con el fin de ocultar graves casos de violaciones a los derechos humanos”, sostuvo Gaete.

Dentro de las organizaciones que se han sumado a este Comité Ciudadano por la Memoria se encuentran el Observatorio por el Derecho a la Comunicación, Corporación de Defensa del Pueblo, CODEPU, la Red de Periodistas Migrantes, la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas, el Círculo de Periodistas de Santiago, la Fundación Salvador Allende, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, entre otras; sumándose al trabajo de otras organizaciones sociales, culturales y de trabajadores con el propósito de unir fuerzas para el desarrollo de diversos actos de Memoria en este cincuentenario del Golpe de Estado.

Calendario de acciones

Desde el mes de mayo en adelante se iniciaron los actos conmemorativos con acciones concretas en el marco del Día Internacional de la Libertad de Prensa, donde se realizaron dos seminarios: el Coloquio Internacional del Colegio de Periodistas y la Comisión Chilena de Derechos Humanos y el Seminario sobre Libertad de Expresión y de Prensa organizado por Unesco Chile y el Observatorio por el Derecho a la Comunicación. En mayo se realizó el lanzamiento de una nueva versión del Premio Periodismo, Memoria y Derechos Humanos, instancia que se desarrolla desde el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en coordinación con el Colegio de Periodistas de Chile. El plazo para postular es el 20 de agosto y la premiación se efectuará en noviembre.

El sábado 29 de julio, se llevó a cabo la jornada de aniversario de la Red de Periodistas Migrantes denominada “Libertad de expresión y discursos de odio: perspectivas y desafíos en contexto de las migraciones”. Para David Arboleda, fundador de la Red de Periodistas Migrantes, “es sumamente importante comprender las implicaciones de los discursos del odio en términos de discriminación, xenofobia y racismo”. La actividad tuvo como organizaciones invitadas al Colegio de Periodistas de Chile, la OIM, la Red de Periodistas Feministas, la Radio Juan Gómez Millas, y la Coordinadora Nacional de Inmigrantes.

En tanto, el 31 de julio, se realiz{ño el conversatorio “El periodismo que sigue en pie: Especial 50 años del Golpe en Chile”, instancia coordinada con la Fundación Heinrich Böll.

Septiembre vivo

Sin duda que septiembre será el mes más simbólico, y donde se esperan una serie de actos y homenajes focalizados en las y los periodistas y comunicadores detenidos desaparecidos y asesinados por la dictadura. El 8 de septiembre en la comuna de Huechuraba se realizará la actividad en homenaje al periodista José Carrasco, asesinado el año 1986 por agentes del Estado. Así mismo, en las vísperas del 11 de septiembre se realizará una velatón en honor a las y los profesionales de las comunicaciones ejecutados y detenidos desaparecidos.

El 8 de septiembre se efectuará en el teatro municipal de Chillán a las 18:00 horas, el lanzamiento del libro de la periodista Ruby Weitzel, que aborda la historia de las personas detenidas desaparecidas en el puente El Ala, actividad organizada por el Consejo Regional de Ñuble del Colegio de Periodistas. En dicha ceremonia, además, se rendirá homenaje a los periodistas José Tohá González y Ricardo Troncoso.

Además, el Círculo de Periodistas de Santiago exhibirá documentales alusivos a temas de memoria y derechos humanos en el Teatro Camilo Henríquez, ubicado en Amunategui 31, Santiago Centro. Por su parte, la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas de Chile realizará una serie de acciones comunicacionales para visibilizar el rol de las periodistas durante la dictadura, así como su trabajo como portadoras de la memoria.

Para octubre y noviembre se esperan acciones en los territorios de Coquimbo, Atacama y Tarapacá, quienes también efectuarán iniciativas tendientes a relevar la memoria. Idéntica situación en Maule Norte, Bío Bío, Araucanía y Los Ríos, donde ya se están preparando instancias de diálogo y reflexión.

En noviembre próximo, se efectuará un hito público en Santiago, con el “Día Internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas”. La jornada tendrá paneles de conversación, exposiciones y seminarios.

Las diversas organizaciones y el Comité de Memoria se han propuesto que las actividades se prolonguen hasta diciembre para hacer conciencia sobre la importancia de fortalecer la democracia y los derechos humanos, así como demandar justicia, verdad y reparación para todas las víctimas de las violaciones a los derechos humanos en la historia reciente de Chile.

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