La reciente aprobación del Senado de Chile de un proyecto que pretende declarar inconstitucional la recién conformada Comisión contra la Desinformación, como la aprobación de parte de Diputadas y Diputados para solicitar al presidente Boric que revoque el decreto que la creó, nos muestra una vez más que los sectores más conservadores del país no les interesa en lo más mínimo avanzar hacia un país que busque cuidar su democracia y menos avanzar en derechos digitales.

Lo planteo, a propósito del grito en el cielo de parte de sectores políticos, económicos y mediáticos, luego que a través de un decreto presidencial se mandatara a la conformación de una comisión que tuviera como misión el asesorar al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y al Ministerio Secretaría General de Gobierno en el fenómeno de la desinformación y cómo se manifiesta en Chile.

De ahí que sea inconcebible que parlamentarios pretendan recurrir al Tribunal Constitucional para hacer dejar de funcionar a esta comisión, como si esta fuera una especie de nuevo Ministerio de la verdad, el cual buscaría supuestamente censurar, callar y perseguir a voces disidentes, llegando al delirio de parte de algunos personajes de tildarla como una medida propia del sistema estalinista, como es el caso del abogado Gabriel Zaliasnik (1).

Nada más lejano de la realidad y que encubre los temores de un sector encerrado en sí mismo, que con tal de dejar las cosas como están, no tiene vergüenza en desinformar a la población sobre una comisión contra la desinformación, aunque parezca chiste, generando así un clima político de polarización y desconfianza que solo empeora el malestar de chilenas y chilenos con la política en general.

Por lo anterior, si uno revisa con seriedad lo que aparece en el decreto (2), y no lo que uno imagina lo que quiera, es explícito en señalar que la comisión tiene un carácter consultivo y lo que busca es recomendar, asesorar y elaborar informes que permitan recoger el estado del arte en relación al fenómeno de la desinformación y lo peligroso que puede ser para la democracia localmente.

A su vez, esta comisión deja completamente fuera de sus atribuciones la discusión sobre los medios de comunicación, centrándose en las plataformas digitales solamente, dejando fuera cualquier recomendación sobre la necesidad de desconcentrar la propiedad de medios y de políticas de fortalecimiento de la comunicación pública.

Dicho lo anterior, sería bueno que en vez de estar denostando y tratando de hacer que deje de funcionar una comisión consultiva, estos sectores podrían mejor entrar a la discusión pública sobre cómo entienden el fenómeno de la desinformación y como ven el rol de las Plataformas Digitales en el mundo actual y en el contexto de Chile en particular.

En consecuencia, que dejen un poco de lado los fantasmas que tienen sobre algunos gobiernos autoritarios y totalitarios que efectivamente han instalado su agenda a costa de sangre y desinformación, pero que en este caso en Chile, está muy lejos de aquello, ya que esta comisión no está en su rol imponerle nada a nadie.

Además, está comisión no puede ser más pertinente, ya que Chile y resto de los países de la región, están muy al debe en políticas al respecto, si lo comparamos con lo que ha hecho la Unión Europea, que le ha tomado el peso a la desinformación, convocando a distintos actores para enfrentar el peligro que conlleva a la democracia y tomando medidas al respecto (tributos, protección de datos) en un marco de soberanía digital.

No hay que olvidar el rol que jugaron las grandes plataformas de redes sociales durante la pandemia, en donde se viralizaron distintas campañas de desinformación, con respecto a las vacunas, mascarillas y supuestos medicamentos contra el Covid, en donde incluso presidentes como Donald Trump y Jair Bolsonaro los impulsaron de manera irresponsable y criminal, mientras buena parte del mundo se encontraba confinada en sus casas.

Por lo mismo, quienes siguen viendo a internet como un espacio puro en libertad de expresión, no ven que ha sido privatizado por mega industrias tecnológicas, las cuales aparte de concentrar brutalmente el poder económico y de desarrollar un extractivismo de millones de datos personales, remueven perfiles y limitan visibilidad de contenidos, sin que se les pida rendición de cuentas, como bien plantea el investigador argentino Martín Becerra (3).

Ante esto, mayores regulaciones hacia las plataformas y un fuerte impulso a instalar una educación digital, más que opción debiera ser una obligación desde los Estados, que han estado bastante ausentes en los últimos 30 años en este tema, por lo que llegó el momento de que se garanticen derechos digitales para todas y todos, sin exclusiones

Es decir, transitar hacia una descolonización digital, como bien plantea la investigadora chilena Patricia Peña (4), quien es parte de esta nueva Comisión , la cual señala como la desinformación afecta el ejercicio de los derechos humanos, al encontrarnos insertos en una datificación de la vida diaria vía, a través de algoritmos provenientes de la inteligencia artificial.

Pero para eso, es imprescindible que los parlamentarios que se están oponiendo al funcionamiento de la comisión, entiendan la importancia de este asunto y dejen a un lado sus propios temores estadofóbicos, que más que defender la libertad de expresión, la están vaciando de contenido y cerrando la posibilidad de abrir un debate público serio y un diálogo ciudadano fundamental para estos tiempos.

1: https://www.youtube.com/watch?v=IDL3Us7DG-Y&t=607s

2: https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2023/06/20/43582/01/2331911.pdf

3; https://www.youtube.com/watch?v=WEpz0rR2C6c

4: https://radiojgm.uchile.cl/patricia-pena-exponente-en-derechos-digitales/

Si bien históricamente la timidez ha sido largamente estudiada y trabajada dentro del campo de la salud mental, ha sido poco vista desde un enfoque de género que la entienda como parte de un proceso mucho más amplio e integral, en donde ciertos roles, mandatos y formas de concebir a los varones y mujeres son claves para verla desde un lugar distinto.

Lo planteo ya que la timidez se ha reducido a un tema meramente individual y despolitizado, de parte de la psicología clínica, por intermedio de diagnósticos y tratamientos, en caso de que se necesite, y hasta farmacológico desde la psiquiatría, como pasa con la llamada fobia social, pero nos quita la posibilidad de entenderla desde marcos que se hagan cargo de nuestra socialización familiar, escolar y en los distintos espacios que nos desenvolvemos.

De ahí que ver la timidez desde los estudios de masculinidades nos puede ayudar para entender procesos de discriminación, exclusión, abusos y relaciones de poder entre géneros e intragénero, en donde el dominio de unxs sobre otrxs, está cargado de  símbolos, ritos y acciones provenientes de una cultura hetero patriarcal, que aunque se disfrace de mayor apertura, sigue reproduciendo violencias en toda índole, no siendo tomado en consideración lo suficiente por buena parte de los profesionales de salud mental.

Con esto no digo que quienes hemos sido bastante tímidos en nuestras vidas y quienes han sido patologizados con la etiqueta de fobia social, no tenga relación con vínculos afectivos débiles y un apego inseguro desde la niñez que no nos permitió desarrollarnos de manera segura y flexible frente a los demás, como se plantean desde distintas corrientes psicológicas, pero no por eso vamos a omitir las representaciones que se tienen sobre lo que es ser hombre y lo que es ser mujer.

Es lo planteado por la doctora en antropología, Rocío A. Castillo, quien nos muestra como la timidez es mucho más que un rasgo de la personalidad (1), sino que también es parte de una estructura de emociones que impone mandatos de masculinidad y feminidad, en donde se naturaliza que las mujeres sean por esencia más tímidas que los hombres, lo que hace que a ellas se la imponga una posición de subordinación, ante la idea patriarcal de que “calladitas se ven más bonitas”.

En el caso de nosotros los varones, la timidez es vista como un estorbo para la masculinidad hegemónica, ya que se ve como un antónimo de la virilidad, la cual debe esconderse y/o superarse para ser considerado realmente un hombre, el cual debe ser alguien decidido, arriesgado, atrevido en distintos planos, como lo son el sexual, laboral, intelectual y político.

Ante eso, que cualquier expresión de timidez de parte de nosotros, sea asociado a ser mujer y afeminado, y por ende menos hombre, lo que se refleja de manera muy explícita en el mundo escolar, en donde el acoso, el ciberbullying y la violencia contra aquellos varones que no muestren la seguridad suficiente, sean objeto de burlas, humillaciones y denigraciones.

En consecuencia, pareciera que emociones como el miedo y sobre todo la vergüenza, sean más permitidas para mujeres que para los varones, lo que no solo evidencia una desigualdad de género y una dominación masculina, sino también dentro de los mismos hombres, en donde ser tímido nos quitaría puntos para una idea de masculinidad, incapaz de aceptar nuestras propias vulnerabilidades y temores.

Dicho lo anterior, lo que se trata no es de negar el carácter psicológico de la timidez y los distintos tratamientos para quienes quieran recibir algún tipo de ayuda, sino de entenderla de manera mucho más amplia y como parte de un sistema hetero patriarcal, el cual sigue estando muy presente en nuestras relaciones, dominadas por el individualismo, la competencia y la negación del otro u otra.

En otras palabras, lo que se debe hacer es tener una mirada mucho más relacional al respecto, en donde la horizontalidad, la escucha, la educación no sexista y la valoración de la diversidad en el sentido más amplio, sea puesto en el centro en las relaciones humanas, desde un principio, de manera que las personas que tengan dificultades e inseguridad psíquicas puedan tener un apoyo colectivo, y no solo psicoterapéutico.

1:https://otrosdialogos.colmex.mx/dispositivos-emocionales-del-genero-la-timidez-como-cualidad-de-lo-femenino

En otras oportunidades los suscritos, problematizaron sobre la clásica tensión de la representación política, cuya manifestación, entendemos, podría situarse más allá de las orgánicas partidarias, pues, si bien la tensión puede provenir desde los partidos políticos (lo clásico), no implica que en más de una oportunidad, la misma pueda provenir, desde otros espacios como es la sociedad civil, ahora, muy mediada por la institucionalidad que ofrece la ley N° 20.500 de organizaciones de la sociedad civil, la cual, hace más expedito su concreción institucional (en corporaciones y fundaciones). En este sentido, la sociedad civil organizada por esta ley u otras, no sólo son un grupo de presión o de interés, sino que una plataforma de potencial representación en sí misma, que aporta en distintas dimensiones como la social, económica y política, entre otras.

Así, desde la perspectiva de la representación política, se ha asistido, de forma regular a espacios de entropía, que han defraudado la confianza de la ciudadanía, abriendo, ahora, un nuevo camino por medio de representantes de la sociedad civil como fueron los representantes electos de la lista del pueblo e independientes no neutrales (para ser justos, hubo muy buenos aportes en el debate constitucional pasado, eclipsados por los NO buenos), etc.; pues constituyeron la materialización de cómo la sociedad civil se organiza en instancias electorales. Pero esta solución o alternativa a la baja confianza, pavimentó un nuevo camino de entropía que generó en un segundo momento constitucional, los resultados del plebiscito de salida (4-sept-2022), dando más aliciente a los partidos políticos, pero no necesariamente aumentando la confianza hacia ellos, sino empeorando la confianza hacia organizaciones ciudadanas con proyecciones políticas.

La representación política provenientes desde la Sociedad Civil, posibilitadora de más legitimación democrática, debe sumar en la actualidad el financiamiento. Por un lado, los partidos están regulados a partir de las propuestas que la Comisión Engel generó y que modificaron la relación entre política y dinero. Pero como todo río caudaloso, buscará otros caminos… por ello, desde un tiempo a esta parte, las organizaciones sin fines de lucro son objeto de la destinación de fondos públicos para ejecutar proyectos, activar movilización sociocultural, socio-territorial (otras) y, así acercar al Estado a la sociedad civil, teniendo en el centro, el cumplimiento de sus fines con impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

Esto en el contexto de la subsidiaridad del Estado, más allá de las objeciones que pueden existir a la Constitución del ’80 (que se busca cambiar), ésta considera en su médula subsidiaria, la ecuación de la alianza público – privada la cual gozó (y goza) de una reputación insoslayable, explicándose desde ahí, una política pública de las concesiones ruteras, sanitarias, de transporte, carcelarias, salubridad, educacionales, portuarias, entre otras. Lo anterior, anclado a las grandes realizaciones de proyectos que estas alianzas lograron, logran y seguirán logrando (independiente de sus resultados, que no es lo que se comenta en esta oportunidad). Sin embargo, la ecuación, también aplica para otras realizaciones de escalas geográficas barriales, comunales o regionales que van desde la construcción de una sede social, cancha de baby-futbol, compra de utensilios de cualquier agrupación, o ejecución de proyectos sociales más amplios, donde las instituciones de la sociedad civil hacen su aporte.

La relación público – privada, es inevitable; ya sea con privados empresarios o privados organizaciones de la sociedad civil. Cabe indicar que sus aportes buscan concretar ganancia económica y social al país; propiciando ganancias JUSTAS a los ejecutores de una u otra iniciativa. Por ende, no son pocas las entidades de la sociedad civil, que sacan adelante la política pública en los territorios, postulando al sistema de concursos públicos o asignaciones, que se ha dispuesto para tales efectos.

Se busca indicar, que sea en este modelo de Estado o en otro (SOCIAL DE DERECHO), la ecuación perseverará, evidenciándose hoy, una falla del modelo de aportes, por lo cual se precisa transparentar, con el afán de optimizar la gestión pública del Estado, pero también para indicar que, no todas las organizaciones de la Sociedad Civil, son las que están en tela de juicio, por estos días.

Eufemismos y aureolas

Nada recomienda reinventar o re-estrenar, acuerdos políticos o crear comisiones expertas, simplemente debería funcionar la institucionalidad y encontrar las objeciones que favorecen que “una/os poca/os llenos de eufemismos y con aureolas de franqueza,” se sientan con el privilegio de usar recursos públicos como dineros propios. Por ende, la ecuación requiere integrar mecanismos de transparencia y probidad vigentes, dejando como valor, la necesidad de profundización de políticas públicas que apunten a la modernización y reforma del Estado. Así, también, se cautela una más amplia representación proveniente desde los depositarios históricos de la mismas, como es el sistema de partidos políticos y, la de la sociedad civil, que busca abrirse paso, pues fallos en el sistema como estos, nada ayudan a ese propósito. Nada ayudan a la democracia.

No hacerlo, implicará alimentar una multitud distribuida en nuestra geografía que espera pacientemente volver a reclamar su espacio de expresión, pues los canales que creían un camino de integración y participación aparecen funcionales para unos pocos, alimentando el desorden, permitiendo juzgar a justos por pecadores.

Hace unos días, la Corte Suprema condenó a Santiago Sinclair Oyaneder (miembro de la Junta Militar y Senador Designado), a 18 años de presidio, aumentando las penas determinadas por la Corte de Apelaciones, en calidad de autor de varios delitos de homicidio. Se condenó también a otros oficiales involucrados en los asesinatos como coautores o cómplices.

El semanario Aula Magna, un proyecto comunicacional cuyo objetivo es la difusión del quehacer de las universidades chilenas entrevistó a Fernando Krauss, actual Secretario Ejecutivo de Igualdad, el centro de pensamiento del Partido Socialista, e hijo de Fernando Krauss Iturra, uno de los jóvenes fusilado en el paso de la Caravana de la Muerte por el sur del país. Recogemos aquí parte de esa entrevista.

Fernando recuerda que se enteró del fallo “cuando la abogada Magdalena Garcés me lo comunicó. Estaba en mi casa sólo y luego de conversar con ella me emocioné. Que saliera el fallo y que fuera claramente condenatorio fue como un golpe de recuerdos y emociones encontradas. Leí varias veces la sentencia”.

Dice que son 50 años desde el fusilamiento de Fernando y sus compañeros, “y 24 desde que con mi hermana y mi madre interpusimos la querella en los tribunales en 1998. En ese tiempo falleció mi abuela paterna, Teresa Iturra. Me acordé de ella, de las hermanas y hermano del Pelao Krauss, – como lo llamaban sus compañeros y amigos del MIR-, de mi madre y mi hermana, y de todas las humillaciones que tuvieron que pasar, de cómo les cambió la vida, y cómo a pesar de ello la han enfrentado con entereza y alegría.

Fernando Krauss expresa que el fallo ha sido en parte reparador “y uno siente algo de alivio, pero también tristeza, frustración, e impotencia por todo lo que han vivido los familiares más directos. Pensé también en que lo que se ha alcanzado de justicia en Chile se lo debemos a las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos, en su mayoría integradas por las mujeres, y a las abogadas y abogados que han acompañado estas causas”.

Cuenta que desde que interpusieron la querella se dieron cuenta de la lentitud y falta de voluntad del Estado de Chile y del sistema judicial, “de los obstáculos reales que se establecieron para la obtención de justicia, de la impunidad que se fue fraguando para gran parte de las violaciones a los derechos humanos en Chile durante la dictadura. De la nula colaboración de las instituciones armadas, del discurso negacionista y la justificación de los crímenes de parte de la derecha chilena”.

Impunidad Biológica

“Con el tiempo denunciamos que se fuera configurando una impunidad biológica, porque la mayoría de los implicados en estos crímenes han muerto o ya se encuentran en edad avanzada. Desde luego, durante la dictadura era imposible hacer justicia; en los primeros años de la transición el dictador había quedado como comandante en jefe del Ejército y chantajeaba la democracia; por eso cuando dejó el ejército y fue detenido en Londres creímos se habría una oportunidad real. Pero el tiempo pasó y a pesar de valorar el fallo judicial, creemos que llega tarde”.

Cree que “como sociedad chilena debimos haber hecho un mayor esfuerzo por lograr justicia oportuna, creo que debimos juzgar al dictador. Si bien reconozco las limitaciones a la aplicación de justicia en los inicios de la transición, me parece que tanto los partidos de la izquierda como los que impulsaron la democracia en general, de los que soy parte, debimos hacer más. Pienso también que tenemos una herida abierta con la existencia aún de personas detenidas y desaparecidas por agentes del Estado; saber qué pasó con ellos y hacer justicia es algo en lo que debemos poner todo nuestro esfuerzo, porque está en la base de la convivencia democrática”.

Krauss opina que hoy día existe un retroceso en la cultura de respeto a los derechos humanos. “Lo vimos en el estallido social y lo vemos en el discurso de negación de la derecha chilena. El golpe de estado se hizo con un propósito, derrocar el proyecto político de Salvador Allende, terminar con un proyecto democrático de transformación social, pero ese golpe estaba ligado a la persecución y el exterminio de quienes impulsaban ese proyecto, no reconocerlo así es mentir derechamente”.

En síntesis, -afirma- la defensa de los derechos humanos es un desafío permanente de las sociedades y parte esencial de la democracia aquí en Chile y en cualquier parte del mundo; “creo que como sociedad debimos y debemos hacer mucho más por una cultura de defensa de los derechos humanos”.

Dice que la dictadura desde su inicio con el golpe buscó perpetuarse y destruir el proyecto del gobierno de Allende. “Para eso comprometió a su oficialidad en los peores crímenes. Aquellos militares que se negaron a romper la Constitución – y los hubo como el General Carlos Prat-, fueron asesinados o apartados; aquellos que se sumaron a los crímenes fueron premiados”.

Cuenta que Sinclair fue de los que comandó los asesinatos en el sur de Chile, y por eso fue premiado como Vicecomandante en Jefe del Ejército, miembro de la Junta Militar, y luego senador designado durante la transición hacia la democracia. “Hace pocos días miré la página del Senado de la República y continúa apareciendo el nombre de Sinclair como senador entre 1990 y 1998, una vergüenza”.

Sinclair fue declarado en estado de enajenación mental. “Aunque tiene más de 90 años y podría ser cierto, no puedo dejar de pensar que con ello busca eludir el cumplimiento de la pena, similar al mecanismo que ocupó el dictador Pinochet; al final son los actos de cobardía lo que los retrata”.

Señala Krauss que este tipo de sentencias en cierta forma viene a reponer la idea que a pesar del contexto histórico, – que en este caso significó la participación de los EUA para derribar a los gobiernos de América Latina y el Caribe que no comulgara con sus intereses-, los golpes de Estado y las violaciones a los derechos humanos no quedarán totalmente impunes. “Eso en cierta forma reconforta”.

Finalmente dice que “aunque la justicia llegue tarde debemos perseverar, precisamente en reconocimiento a quienes murieron por ser luchadores sociales, por las propias familias que han vivido con este peso, pero sobre todo por las generaciones que vendrán y para las cuales queremos justicia, respeto por los derechos humanos y un país con cada vez mayor democracia, perseverar”.