La elección en Chile de José Antonio Kast como presidente, el pasado 14 de diciembre, lo demuestra una vez más: en el campo de la izquierda, entre los progresistas, hay una especie de asombro o estupor mezclado con incomprensión, cuando se da cuenta de repente que la extrema derecha fascista puede, en este primer cuarto del siglo XXI, llegar al gobierno y, más aún, hacerlo por las urnas. ¿Qué pasó –en especial en Chile, aunque no sólo ahí- para que estas tendencias tan regresivas e inquietantes terminaran por imponerse?

¡Porque los sectores populares chilenos, tras el golpe militar de 1973 y las políticas neoliberales del general Pinochet, han probado bien la medicina dictatorial y sus crueldades y barbaries! ¿Cómo explicar que una parte de ellos haya elegido, a pesar de todo en 2025, como jefe de su gobierno al hijo de un nazi no arrepentido convertido en notorio fascista? Aparentemente no hay nada que entender, a menos que ose preguntarse sobre el pasado reciente y las políticas mayoritarias conducidas por la izquierda en los últimos decenios.

Por eso, nos parece importante ir más allá de lo que hace por ejemplo Christophe Ventura en Le Monde diplomatique, quien después de haber hecho un retrato muy profundo del ascenso de la extrema derecha y de todas las recientes intervenciones imperialistas estadounidenses en América Latina, no se contenta más que con rápidas alusiones a las dificultades de la izquierda latinoamericana así como al «desgaste de los gobiernos progresistas que han pasado largos años en el poder»[1]. Como si las decisiones políticas adoptadas por la izquierda no tuvieran un papel decisivo en este escenario general.

Por esta razón es que creemos necesario reflexionar atentamente sobre los puntos ciegos o mejor dicho sobre las dificultades pasadas de las fuerzas progresistas del continente que, a pesar de todas sus voluntades declaradas, no han sabido o no han podido enfrentar los grandes desafíos políticos de las últimas décadas. Nunca será suficiente reiterar: ¡cuando la extrema derecha prospera y no deja de ganar terreno, hasta el punto de alcanzar más de un gobierno en el mundo, es porque la izquierda -y sus corrientes mayoritarias- no ha hecho lo que podía o debía haber hecho!

 Es cierto que vivimos una época particularmente difícil de asimilar; una época hecha de inéditos y gigantescos desafíos, «inauditos» dirían otros[2]. Pero al mismo tiempo se trata de una época en que la izquierda ha desempeñado un rol protagónico, contando en ese paso más derrotas que éxitos, pero al mismo tiempo, al hacer un balance sin concesiones, ha abierto la posibilidad de trazar algunas líneas directrices alternativas. Líneas susceptibles de orientar sus intervenciones futuras en torno a un proyecto de transformación social acorde con un auténtico proyecto de emancipación colectiva.

De ahí la importancia de atreverse a tomar el tiempo para debatir lo más libremente posible, sin tabúes, ni restricciones, ni complacencia, ¡con toda libertad! Aunque sólo sea para intentar aclarar las cosas juntos.

En un capitalismo globalizado, siempre y todavía … la lucha de clases

Lo que caracteriza nuestra época -en el marco de un capitalismo cada vez más globalizado, en plena mutación y en busca de un nuevo respiro- es la combinación inédita de múltiples crisis que interactúan entre sí, principalmente la crisis climática; todo ello dopado por la presencia de clases poseedoras burguesas particularmente depredadoras, pero cuyas fracciones dominantes están ahora obsesionadas con el deseo insaciable de reconquistar todo lo que habían logrado arrancarle las clases populares durante el ciclo keynesiano anterior, el de los Treinta gloriosos (1945-1975).

Mientras que hoy la crisis de rentabilidad de las empresas no deja de profundizarse a pesar de las esperanzas -aún no confirmadas- de una nueva revolución tecnológica en torno a la IA, nunca la llamada «lucha de clases» ha sido -en los hechos –más determinante. Y esto, a pesar de que ha sido cuidadosamente invisibilizada por las élites dominantes, al igual que puesta en tela de juicio por una parte de la izquierda, y que una serie de fenómenos nuevos de atomización social opacan su indudable presencia.

Este término de lucha de clases, “pasado de moda”, debería sin embargo volver a ser central para todos quienes comparten la idea de una crítica radical del capitalismo, es decir, de una crítica que se esfuerza por enfrentar los problemas de raíz. Porque ella nos ofrece claves decisivas, no solo para comprender el período en que ahora estamos inmersos, sino también y sobre todo para definir, desde la izquierda, estrategias de intervención a la altura de los desafíos vigentes.

Se trata, en efecto, de un formidable enfrentamiento entre clases dominantes (que poseen el capital) y clases populares (que solo poseen el fruto de su trabajo para vivir o sobrevivir) al que asistimos desde hace varias décadas a escala mundial. Un enfrentamiento que hasta ahora se ha saldado con una degradación creciente de las condiciones de existencia materiales y culturales de las clases populares.

Los indicios se encuentran no solo en el aumento fulminante desde hace unos cuarenta años de las desigualdades económicas entre, por ejemplo, el 1% más rico y el 50% más pobre[3], sino también en la degradación acelerada en todo el mundo de las relaciones de fuerza sociopolíticas entre derecha e izquierda, en favor de la extrema derecha. Más aún, la marca se encuentra hoy en el corazón de estos espacios de información y comunicación constituidos alrededor de la web y las nuevas tecnologías de la información -entre ellas la IA- que son monopolizadas por los GAFAM y se han convertido, por su propia opacidad, cada vez más sinónimos de control y privación social, política y cultural para amplios sectores de la población. Peor aún, en este terreno tan decisivo hoy en día, con una izquierda deshecha y profundamente desestabilizada.

Así como las clases dominantes y sus apologistas de extrema derecha se aprovechan de esta dinámica y actúan en consecuencia, hay que reconocer que una gran parte de la izquierda -especialmente la impregnada por sus a priori socialdemócratas o socio-liberales- no ve las cosas de esa manera y surfea alegremente en la negación. ¡Como si estas confrontaciones de clases cada vez mayores ya no contasen realmente!

Y aunque algunas otras corrientes de izquierda han sabido -como una reacción legítima- radicalizar su discurso apuntando con razón las opresiones de género, raciales o, incluso, colonizadoras, combinándolas con las depredaciones ambientales, pocas han logrado vincularlas orgánicamente al avance estructurante del capitalismo globalizado contemporáneo y a la necesidad de trabajar en auténticas estrategias políticas de emancipación que podrían ir más allá del marco actual, e impulsarnos a transitar hacia otro mundo posible, post-capitalista. Porque este retroceso del anticapitalismo, así como de las utopías transformadoras que tradicionalmente lo acompañan, ha facilitado esta fragmentación de las luchas que hoy se entrecruzan sin vincularse y solo se unen para cultivar sus diferencias. Sin embargo, en contraste, la marcha del capitalismo triunfante se percibe, sobre todo en el seno de las clases populares, como una verdadera aplanadora que la izquierda ha sido incapaz de sortear, si es que no ha sido más o menos su cómplice directa

Resultados: para la izquierda, una formidable crisis de estrategia política y, como reacción, han terminado por florecer en amplios sectores de la población -especialmente en los sectores populares- sentimientos de cinismo creciente, acompañados de cólera, de desorientación y resentimiento; en suma, de «angustias colectivas nómadas»[4] listas para fijarse sobre cualquier chivo expiatorio señalado por la extrema derecha para la venganza pública, con todas las consecuencias nefastas que se conocen. En este sentido, se puede decir que estos fenómenos funestos de endurecimiento social o, mejor dicho, de «neofacistización en curso» participan plenamente en lo que podríamos llamar con Ugo Palheta «la cristalización política de la desesperación».

En Chile: del estallido de 2019 a la elección de José Antonio Kast en 2025

Es en este contexto mundial que hay que entender la victoria de José Antonio Kast en las últimas elecciones presidenciales. Y en Chile, cómo comprender fácilmente el lado paradójico, cuando solo seis años antes -en octubre de 2019- se habían expresado en la calle potentes voluntades populares de cambio contra los legados autoritarios e inequitativos de la dictadura; legados a los que el entonces presidente de derecha Sebastián Piñera, así como los diferentes gobiernos de la Concertación (oscilando a lo largo de los años entre la centro-derecha y la centro-izquierda), no se habían atrevido o querido atacar. reformas

El estallido, un auténtico levantamiento popular, se desencadenó inesperadamente por el anuncio del alza del precio del pasaje de metro en 30 pesos y que tomó la forma, a partir del 19 de octubre de 2019, de masivos actos de desobediencia civil y manifestaciones gigantescas que fueron violentamente reprimidos apoyados en toques de queda y estado de emergencia, resultando 31 muertos, 3.748 heridos (427 de ellos con lesiones oculares) y cerca de 20.000 personas detenidas. Pese a ello, las manifestaciones no finalizaron hasta un mes después gracias a un acuerdo entre partidos políticos «por la paz social y la nueva constitución», porque en lo central -como lo señalaba la consigna coreada por los manifestantes- «no son 30 pesos, sino treinta años» de abusos con los que había que terminar.

¡Lo que revela la magnitud de las frustraciones colectivas vividas desde al menos tres décadas por amplios sectores de la población chilena! Porque después de la salida del general Pinochet en 1990 y el establecimiento de la transición democrática, se mantuvieron las profundas desigualdades económicas y sociales, lo que contribuyó a hacer de Chile el país más desigual de la OCDE[5]. Y se asentó un régimen -ampliamente avalado por la Concertación- en el cual se mantuvo la privatización de los sistemas de salud, educación y pensiones, agregándose otras áreas, como la gestión del agua, objeto de ganancias y enriquecimiento desmesurados de la minoría más rica[6]. Todo garantizado -hay que subrayarlo- por la constitución impuesta en 1980 por el general Pinochet, ninguno de cuyos principios esenciales pudo ser modificado por los cinco gobiernos de la Concertación. Institucionalizando la existencia de un estado autoritario y una brecha infranqueable entre la clase política y la sociedad civil; dejando así a toda la sociedad a merced de una serie de bloqueos constitucionales antidemocráticos particularmente eficaces[7].

Hay que añadir a este sombrío cuadro otros elementos nada desdeñables. Con las trasformaciones impuestas por los dictados neoliberales del libre mercado surgió en Chile una serie de nuevos problemas inéditos y preocupantes: la implantación de poderosos grupos mafiosos en el sur del país, enredando la demanda de las autonomías sostenidas por el pueblo mapuche; pero, al mismo tiempo, la incursión incontrolada del extractivismo minero con consecuencias dramáticas en el estrés hídrico producido por el cambio climático; sin hablar de las dificultades para gestionar democráticamente la hospitalidad a los flujos migratorios estimulados por la presión del mercado y la «continentalización» neoliberal de la economía latinoamericana.

Por lo tanto, había en Chile en los años 2019-2022 -junto con muchas irritaciones y frustraciones colectivas- una innegable necesidad de cambio; una necesidad de cambios estructurales pensados -dentro de amplios sectores de la población- desde las aspiraciones colectivas por una mayor igualdad social y menos impunidad frente a los abusos de la era Pinochet. Y esto, tan claramente que esta necesidad de cambio no dejó de expresarse en los meses siguientes, esta vez en las urnas, por una parte en el momento del plebiscito que con un «Sí» mayoritario validó la necesidad de un cambio de la Constitución a través de una  Convención constitucional (25 octubre 2020) a través de la elección de constituyentes con una fuerte mayoría de izquierda, el 15-16 de mayo de 2021; y más tarde con la elección del nuevo presidente de la República, Gabriel Boric militante de izquierda (11 de marzo de 2022), hasta todo ello ser abruptamente detenido el 4 de septiembre de 2022 … cuando el proyecto de nueva constitución presentado por la izquierda fue rechazado en el plebiscito de salida por una amplia mayoría electoral.

Hay que precisar, en todo caso, que durante esta crisis todos estos innegables avances de la izquierda se realizaron en un contexto difícil en el cual sus fuerzas –tanto movimientos sociales como partidos políticos- siguieron profundamente divididas, en especial respecto de la estrategia a seguir, entre los llamados a radicalizar la lucha sostenidos por los movimientos sociales más activos y determinados (feministas, estudiantes, indígenas) y las voluntades de algunos partidos de izquierda (incluido un sector del Frente Amplio) de llegar, en el momento de la crisis de 2019, a compromisos políticos con el gobierno de Sebastián Piñera, tomados a puertas cerradas y sin validación democrática previa. Y esto, en gran parte por temor a una intervención de las fuerzas armadas chilenas, pero también por falta de vínculos estrechos con las fuerzas vivas del país. Porque esta es una de las características de las fuerzas políticas de izquierda de este período, la de estar poco arraigadas en los movimientos sociales y por lo tanto no ser la expresión política de sus reivindicaciones.

Por lo tanto, no ha surgido dentro de las fuerzas políticas chilenas de izquierda una estrategia política radical que pueda liderar a la sociedad, a diferencia de lo ocurrido en los procesos constituyentes liderados por Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales, en Venezuela, Ecuador y Bolivia durante la primera década de los años 2000, donde existían alrededor de la presidencia de cada uno de estos países auténticos estados mayores políticos de campaña. Y en Chile esto se hizo particularmente evidente en el momento de la puesta en marcha de la Convención constitucional, cuando una gran mayoría de constituyentes se situaban en términos de valores sociales y culturales muy a la izquierda del tablero político, pero sin disponer por ello de una perspectiva política común para permitir su realización efectiva y, por tanto, para llegar a lo que el muy avanzado proyecto de constitución que habían podido imaginar, pudiera ser validado mayoritariamente por la población para resistir los ataques cada vez más sistemáticos y concertados de la derecha[8].

Más aún, con la elección de Gabriel Boric como presidente de Chile -uno de los protagonistas clave del acuerdo de paz promovido por los partidos políticos en el momento del levantamiento de octubre de 2019- se impuso muy rápidamente “de facto”, desde la presidencia un enfoque político-socialdemócrata o incluso social-liberal que, más allá de algunas mejoras sociales no despreciables[9], estaba lejos de responder al conjunto de los descontentos y aspiraciones por los cambios que existían en el seno de las clases populares y que se habían expresado tan fuertemente en 2019.

Es cierto que el nuevo presidente no contaba con una mayoría de apoyo, ni en el senado ni en la cámara de diputados y que cercado por las limitaciones relativas a la Convención constitucional -que él mismo había aceptado cuando era dirigente del Frente Amplio-, no pudo desempeñar ningún papel decisivo para orientar los trabajos de la Convención constitucional y ofrecer una perspectiva estratégica con alguna posibilidad de victoria. También es cierto que tras la derrota del plebiscito del 4 de septiembre de 2022, su margen de maniobra política se había reducido considerablemente, y que posteriormente no pudo llevar a cabo -en el marco de un estricto respeto a todas las reglas del mercado neoliberal[10]– algunas reformas muy específicas que aceptaban negociar las oposiciones de derecha[11], entre ellas las propuestas por la comunista Jeannette Jara, la misma que será la candidata derrotada de las fuerzas progresistas, contra José Antonio Kast, en diciembre de 2025.

Es verdad sobre todo que el gobierno de Boric ha optado por mantenerse dentro de los límites institucionales que nunca quiso transgredir, notoriamente al no convocar a movilizaciones sociales masivas contra los proyectos de la derecha[12].

Es cierto, por último, que el gobierno de Boric -a veces en contra de su voluntad- participó activamente en el fortalecimiento de un estado fuerte, por ejemplo, al mantener el estado de excepción en territorio Mapuche; proseguir pese a todo con la criminalización de los movimientos sociales; y el fortalecer el poder de las fuerzas represivas, en particular para perseguir a los inmigrantes indocumentados. En ese sentido, los manifestantes, los reprimidos y los heridos de la revuelta de 2019 podían gritar con alguna razón: “¿Todo esto por esto?”.

Resultados: lejos de aparecer como el presidente que abriría de nuevo para Chile las grandes Alamedas de las cuales en 1973 había hablado Salvador Allende antes de morir, su gobierno muy pronto se convirtió en el blanco fácil de los ataques orquestados por la derecha y la extrema derecha, señalado como el responsable de los males que sufría el país. Dejando a la extrema derecha en general, y a Kast en particular, el campo necesario para surfear sobre estos descontentos latentes hasta presentarse como el candidato, paradojalmente, del verdadero cambio.

Sin embargo, los resultados electorales de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 14 de diciembre de 2025, nos dan una imagen más precisa de lo que realmente se jugó en las urnas y nos permiten entender algunas de las razones de fondo que pueden explicar el éxito de la derecha en Chile el 2025.

Aunque en las grandes ciudades José Antonio Kast fue mayoría en los barrios más ricos (¡hasta el 90%!), también lo fue ampliamente en el centro/sur agrícola del país, así como en las regiones de la frontera norte. Y eso, gracias al traspaso de votos de Franco Parisi, el candidato populista del Partido de la Gente, que obtuvo casi el 20% de los votos en la primera vuelta. El contraste es sorprendente: en los grandes centros urbanos, como Santiago y Valparaíso, las fronteras sociales se respetan globalmente: barrios ricos para Kast y barrios populares para Jara. Así dicho, son las ciudades donde las movilizaciones fueron fuertes en 2019, incluso antes de este año decisivo, lo que puede explicar este reflejo de clase. En cambio, en el campo, las ciudades medianas y las pequeñas ciudades, el voto popular fue ganado por Kast, especialmente en las zonas de bajos ingresos.

Por lo tanto, cabe preguntarse: ¿por qué la izquierda ha perdido en estas regiones el voto popular?

Más allá, por supuesto, del eficaz poder mediático de una extrema derecha en pleno ascenso en toda América Latina, hay dos grandes conjuntos de razones políticas que se podrían invocar. La primera se refiere al alineamiento progresivo de buena parte de la izquierda detrás de la ideología neoliberal o, en el mejor de los casos, detrás de la elección de un keynesianismo «aligerado». No hay (¿o habrá?) en el seno de las fuerzas mayoritarias de izquierda, algo como lo que simbolizaba la Unidad Popular de Salvador Allende, un proyecto de ruptura, utopía movilizadora, verdaderas alternativas políticas. Un proyecto de ruptura que, al movilizar en especial a las clases populares, podría haber contrarrestado estos sentimientos colectivos de temor tan fuertemente exacerbados y manipulados por la extrema derecha. Por lo tanto, ya no hay un proyecto de ruptura que sea a la vez movilizador y tranquilizador, hasta tal punto que una buena parte de la izquierda chilena ha llegado a retomar más o menos el discurso de seguridad de la derecha: sobre la inmigración, la inseguridad ciudadana, el patriotismo, etc. Ahora bien, imaginamos que si se tiene la opción y se es permeable a las campañas de temor hábilmente conducidas por la extrema derecha, será mejor optar por el original -el proyecto de la derecha-, más que por la pálida copia de la izquierda.

La segunda serie de razones se deriva y remite a una ilusión -muy a menudo transmitida por la izquierda- sobre el papel del Estado, sus instituciones y la democracia representativa. La izquierda, con excepción de la izquierda radical, sigue creyendo en la neutralidad del Estado; un Estado que estaría acaparado por un puñado de «especuladores» y que se podría devolver a su naturaleza original simplemente cambiando el personal o contentándose con algunas reformas constitucionales o institucionales menores. No hay, entonces, comprensión de la naturaleza de clase de la sociedad y sus efectos implacables sobre el Estado, que requeriría grandes transformaciones para poder ser verdaderamente puesto al servicio de los intereses más fundamentales de las clases populares. Resultados: las pocas reformas que el gobierno de Boric pudo negociar con la oposición no tuvieron la virtud movilizadora esperada, ni tampoco se percibieron como auténticas mejoras en las condiciones de existencia de las clases populares, que pudieran tranquilizarlas sobre el futuro.

Por último, queda otro elemento clave: la falta de comprensión real del proyecto político al que se enfrentan ahora las fuerzas de izquierda. Porque hoy en día, no es la derecha tradicional la que vuelve al poder sino un ala mucho más radical de la burguesía que toma el control, sobre todo debido a la crisis mundial de la que hemos hablado. Una fracción cada vez más importante de la burguesía considera que, para mejorar la tasa de beneficio, ya no es posible recurrir a los medios clásicos que se encuentran en abundancia en la historia pasada: la expansión geográfica, la colonización o incluso la revolución tecnológica prometida con la informática (y ahora la IA), pero que no ha conseguido meternos en una nueva ola de expansión.

Por tanto, debe buscar otros medios: recoger todo lo que dejó caer durante el siglo XX. Para ello, necesita un Estado fuerte con líderes fuertes. La democracia entonces es un obstáculo para este proyecto y la violencia de Estado se convierte en norma del poder … con leyes cada vez más represivas, la criminalización de los movimientos sociales, la guerra, etc.

Ahora, el panorama futuro se aprecia bien: cuando la izquierda ha conseguido llegar al gobierno con ambiciones progresistas (en el sentido de que quiere dar nuevos derechos a las clases populares) pero finalmente retrocede al punto de negarse a escuchar sus quejas más claras, incluso llega a enfrentarse a los movimientos sociales más avanzados, la reacción de la burguesía es clara: utiliza este momento político para recuperar el control. Es lo que ocurrió en Ecuador con Daniel Noboa, en Brasil con Jaïr Bolsonaro, en Perú con la destitución de Pedro Castillo, en Argentina con Javier Milei y, ahora en Chile, con José Antonio Kast. La extrema derecha se nutre de los retrocesos de la izquierda, especialmente cuando ésta ha logrado llegar al gobierno.

Más allá de Chile, el ejemplo de América Latina.

Tal vez valga la pena -para entender mejor lo que está en juego- no quedarse solo en el caso de Chile y volver a la historia más amplia de la izquierda del subcontinente, recordando algunos de los rasgos sociopolíticos específicos que han dado forma a las fuerzas progresistas latinoamericanas en este primer cuarto del siglo XXI.

Desde 1998 y la victoria de Hugo Chávez en las elecciones presidenciales venezolanas, América Latina ha conocido gobiernos de izquierda dirigidos principalmente por partidos de nuevo tipo. Hay que decir que en la oleada de revueltas y movilizaciones populares anti-neoliberales, la ruptura con un pesado pasado -ya sea socialdemócrata o estalinista[13]– ha favorecido el surgimiento de nuevas formaciones partidistas, muy diferentes de las que se conocían tradicionalmente: más inclusivas y diversificadas, pero también globalmente más laxas y difusas en términos de orientación programática. Puede citarse al respecto el Partido de los Trabajadores de Brasil, fundado en torno a una fusión entre sindicalistas (como Lula), grupos de izquierda revolucionaria, militantes políticos diversos y católicos de la teología de la liberación. Fue también el caso del MVR venezolano (Movimiento por la Quinta República), creado meses antes de la victoria de su líder, Hugo Chávez, o incluso del MAS (Movimiento Al Socialismo) en Bolivia, fusión de pequeñas corrientes políticas y movimientos sociales, sobre todo campesinos e indígenas. Es el caso de Alianza País en Ecuador, dirigida por Rafael Correa. Se podría continuar esta enumeración recordando el ejemplo de Morena en México y, por supuesto, del Frente Amplio en Chile, etc.

Es, por lo tanto, en un contexto de fuertes luchas sociales anti-neoliberales y a veces «anticorrupción» (como en Venezuela o México), pero combinado con una reestructuración de la propuesta política del rechazo de los viejos partidos y la promesa «más o menos difusa» de un nuevo Estado más democrático, que hay que entender la victoria de estos carismáticos candidatos de izquierda en la primera década del 2000, así como su voluntad de romper, como decía Rafael Correa, con «la gran noche neoliberal». Hay, sin embargo, otro elemento a tener en cuenta: el hecho de que en aquella época estas amplias movilizaciones sociales no eran defensivas, sino que estaban impulsadas por una verdadera voluntad de cambio (¡Otro mundo es posible!) y apuntaban a obtener nuevos derechos, políticos y sociales. Como señala Massimo Modonesi, o también Edgardo Lander para Venezuela[14], los progresistas latinoamericanos «estaban estrechamente vinculados a las clases subalternas y a sus aspiraciones».

Sin embargo -exceptuando los casos de México, Colombia y por ahora de Brasil que, a pesar del episodio de Bolsonaro, ha visto el regreso in extremis de Lula- la derecha ha vuelto al poder, sobre todo con Javier Milei en Argentina, Noboa en Ecuador, Kast en Chile o Rodrigo Paz Pereira en Bolivia. En cuanto a Venezuela, más allá del secuestro del presidente Maduro y su esposa por las fuerzas estadounidenses y las negociaciones que siguieron con un ala más dócil del movimiento madurista, el poder en concreto sigue en manos de una pequeña fracción de propietarios y militares que se han enriquecido con su proximidad al poder político y sus ramificaciones y no dudan en reprimir a la población.

Ahora bien, este vuelco ha ocurrido independientemente de las orientaciones iniciales de estos gobiernos de izquierda, ya sean considerados como radicales, como en Venezuela o Bolivia, o simplemente de tendencia socialdemócrata como en Brasil o Argentina. De hecho, ¿qué tienen en común un gobierno de Kirchner en Argentina, el régimen de Chávez, el de Boric en Chile o las presidencias de Lula en Brasil? Pocas cosas, sino la voluntad de repartir mejor las riquezas. Aparte de eso, las orientaciones de unos y otros divergen, oscilando entre una voluntad de romper con el pasado como en Venezuela y la de lidiar con él como en Argentina. Sin embargo, el colapso de los partidos de izquierda es, en diversas formas, notorio casi en todas partes. ¿Cómo explicar entonces las razones?

De hecho, hay que recordar que esos gobiernos de izquierda que ganaron las elecciones sobre la base de movilizaciones populares y un rechazo muy mayoritario del neoliberalismo, pronto se encontraron -una vez en el poder- oponiéndose, de alguna manera a estas reivindicaciones populares y anti-neoliberales. Tomemos el ejemplo del Ecuador de Correa que, una vez pasados los primeros impulsos de la revolución ciudadana, criminalizó a los movimientos sociales hasta prohibir un sindicato docente y apoderarse de los bienes de la CONAIE. Veamos también el caso de Venezuela, donde no se dudó en escindir al movimiento sindical para crear desde cero un interlocutor sindical exclusivo y más fácilmente manipulable. Y la misma lógica se encuentra en el caso de la carretera de Tipnis, en Bolivia, y la decisión de atravesar un parque nacional que fue tomada contra la opinión de las poblaciones indígenas afectadas.

Globalmente, estos gobiernos de izquierda se han plegado a las exigencias de la globalización neoliberal. Se unieron rápidamente, con algunos matices, a las políticas extractivas llevadas a cabo por la derecha en otros lugares. En el último período de su existencia, todos ellos han privilegiado un desarrollo primario orientado hacia la exportación, a pesar de los daños ambientales y sociales que provoca. En Bolivia, más allá del fracaso de la explotación del litio, estas políticas han favorecido la producción agrícola y la ganadería intensivas destinadas a la exportación, pero resultando en una deforestación masiva. En Ecuador, después de intentar una audaz política para restringir la producción petrolera, el gobierno de Correa finalmente decidió otorgar concesiones a las compañías petroleras y criminalizó e incluso prohibió a las ONG que impugnaban esa decisión. También desarrolló la explotación de los yacimientos de minerales, entre ellos el oro, con los métodos extractivos tradicionales que terminan contaminando los suelos. Venezuela ha creado Zonas Económicas Especiales, la más notable de las cuales es el Arco Minero del Orinoco, donde todos los derechos sociales y ambientales están ahora restringidos o incluso abolidos.

Estos regímenes progresistas han retrocedido en sus compromisos iniciales, relativos al uso de los nuevos derechos políticos y sociales que se habían concedido, ya sea no consultando a las poblaciones afectadas por un proyecto económico de gran envergadura, como en Bolivia, o bien introduciendo la restricción del derecho a huelga, como en Ecuador, o no aplicando el nuevo código laboral, como en Venezuela.

En cuanto a la revitalización de una «ciudadanía activa» experimentada por las movilizaciones sociales de gran envergadura, cuyo arribo al gobierno de la izquierda había sido el síntoma, ella se redujo rápidamente a una simple «ciudadanía electoral formal», despojando de facto a la población de su capacidad para actuar sobre los acontecimientos y mejorar su futuro. Lo que a su vez ha creado un fuerte resentimiento, no solo contra las élites en general, sino también contra los partidos de izquierda que parecían haber traicionado sus esperanzas iniciales. En todos estos países hubo un momento en que las cosas cambiaron y el régimen comenzó a oponerse a una parte creciente de su base social

Por supuesto, apuntar a algunas de las políticas progresistas y sus innegables efectos contraproducentes no significa que no se consideren los llamados factores «exógenos», es decir, aquellos que no dependen directamente de los gobiernos elegidos. En un mundo neoliberal y con economías muy dependientes, como son las latinoamericanas, ellos pesan mucho. Se sabe y se ve claro con los métodos de bloqueo utilizados contra Cuba y Venezuela: las armas del imperialismo son eficaces y no se trata de negar su importancia.

Pero, además de los factores «exógenos» hay también opciones políticas llamadas «endógenas» y, por consiguiente, márgenes de maniobra que se pueden utilizar «desde el interior». Por ejemplo, la decisión de orientar el desarrollo en torno a políticas extractivas refuerza la dependencia del mercado mundial. El caso del petróleo es esclarecedor. Cuando el barril superaba los 100 dólares, los países productores, entre ellos Venezuela, construyeron sus políticas sociales gracias a esta renta petrolera. Sin embargo, desde 2014, con la rápida caída del precio del barril (que cayó 40 dólares), no solo la renta se redujo drásticamente, sino que los costos operativos terminaron por superar los ingresos, lo que obligó a reducir o incluso suprimir la política de redistribución de los beneficios del petróleo hacia los servicios públicos y los sectores sociales más pobres. Esta disminución también aceleró las políticas extractivistas que buscan otras fuentes de recursos, ya sea el oro, el gas, el litio, pero también la agricultura y la ganadería intensivas dedicadas a las exportaciones.

Y no sólo en el campo económico se puede disponer de márgenes de maniobra apreciables. También se encuentran en el campo político. Sobre todo si recordamos que, para las fuerzas de izquierda, la política no es el arte de lo posible, sino más bien el arte de hacer las cosas posibles[15]. Por eso, si la izquierda pretende tomar en serio los intereses de las clases populares no puede menos que esforzarse ya por hacer participar a estas últimas de este nuevo poder que comienza a ocupar en la esfera gubernamental e intenta reconstruir en todas partes. Ahora bien, cuando las masas populares movilizadas se ven privadas del poder político que debería corresponderles en favor de una élite institucionalizada, ello favorece no solo la despolitización sino también un profundo resentimiento. Y en la mayoría de estas recientes experiencias gubernamentales de izquierda, se ha observado la existencia de una dura «fractura» entre los «actores» que están en el poder y los «espectadores» de la acción gubernamental. Una primera ruptura que se redobla en una segunda existente entre los que sufren el caos económico y la incertidumbre del día siguiente, y los que tienen privilegios por su función (tanto en términos económicos como por su situación de poder) y que eventualmente se benefician de la corrupción.

En todos los países dirigidos durante un tiempo por gobiernos progresistas, esta adicción al poder que se duplica con ventajas materiales ha permitido la consolidación de capas económicas surgidas del poder que venden sus aspiraciones iniciales a cambio de una comodidad burguesa. Es el caso de «la boliburguesía[16]» en Venezuela; de esa capa procedente de las poblaciones indígenas atrapadas por las instituciones en Bolivia; del nuevo empresariado constituido gracias a la política desarrollista de Correa en Ecuador. Y, como dice un proverbio, «es más fácil cambiar de opinión que de camisa», estas capas sociales, al consolidarse, chocan frontalmente con las aspiraciones populares de justicia social así como con su voluntad de participar en los asuntos políticos del país.

Este desvío o quizás, más bien dicho, este desarme de las movilizaciones populares en el primer cuarto del siglo XXI no ocurre en cualquier momento. Se inscribe en la huella de la crisis de 2008 y de la incapacidad de la burguesía internacional para estabilizar el mundo según sus intereses bien calculados. Y opera en el mismo momento en que, en un contexto de guerra comercial abierta entre Estados Unidos y China, una fracción de esa clase dominante se ha radicalizado y mira abiertamente hacia la extrema derecha, única opción política capaz, según ella, de consolidar su lugar en el nuevo orden mundial. Es en este contexto preciso de radicalización hacia la derecha y decepción frente a las fuerzas de izquierda, que la extrema derecha (con los partidos de derecha tradicional en proceso de radicalización) toma el control de la situación y barre a una izquierda percibida como traidora por sus mandantes.

Conclusión

Como se ve, vale la pena retomar el hilo de la historia reciente. Tanto más cuanto que, en América Latina, aunque con indudables fracasos, también ha sido particularmente rica de promesas e iniciativas audaces de las cuales no hay que olvidar sus prometedores impulsos. De manera de no olvidar y, sobre todo, para tratar de comprender dónde se cortó el hilo, para rehacer las piezas dispersas, reanudar la lucha donde se ha hundido o se ha fracasado.

Chile nos recuerda bien esa trayectoria, siempre para levantarse a partir de las luchas colectivas que se entrecruzan aquí y ahora. Después de 17 años de una dictadura de seguridad nacional (1973-1990), que combinó neoliberalismo desenfrenado y represión sanguinaria, el pueblo chileno logró -gracias notablemente a las grandes protestas populares de los años 1983 al 1986- volver al camino de la democracia formal, a reabrir espacios democráticos, cierto estrictamente controlados aún por los militares, pero que dejaban entrever a las clases populares un futuro abierto a muchas posibilidades.

Pero eso fue sin contar con la jaula de hierro del capitalismo neoliberal y las políticas de los partidos de centro-derecha-izquierda que desde entonces se han sucedido en Chile y han dejado de lado la lucha contra el capitalismo neoliberal, haciendo del statu quo su vade mecum. La rebelión popular de 2019 impulsada por los movimientos sociales más dinámicos (feministas, estudiantes, indígenas, ecologistas, etc.) relanzó inesperadamente el juego. Pero al no haber podido ofrecer una salida política digna de ese nombre a todas estas aspiraciones populares, la izquierda política chilena se ha encontrado finalmente al remolque de los acontecimientos, a la defensiva, cuando no en parte derrotada. Mientras que, al mismo tiempo, la derecha y la extrema derecha lograban imponerse cada vez más ante amplios sectores de la población, incluidos los populares.

Esta constatación propia de Chile no es única. En todos los países dirigidos por un gobierno de izquierda, en América Latina aquí mencionados, este cambio de perspectiva ha sido total. Ya sea porque fue despertado por elecciones perdidas, como en Ecuador, Argentina, Bolivia, o porque fue promovido desde el interior como en Venezuela con el triunfo de la «boliburguesía» directamente surgida del poder político de izquierda.

Se podría deducir -muy superficialmente- que la derrota es entonces ineluctable, sobre todo si está ligada a una ofensiva externa dirigida directa o indirectamente por el imperialismo estadounidense, pero eso sería admitir -en contra de muchas lecciones del pasado- que cualquier proyecto de transformación social popular es imposible mientras esté sometido a la presencia de facto de una tutela imperialista[17].

Se puede, por el contrario, optar por ese «otro mundo posible» en cuyo horizonte se despliegan siempre las luchas sociales y la acción política de izquierda. Y desde esta perspectiva, uno puede atreverse a volver a la historia y comprometerse a analizar más de cerca las medidas realmente tomadas por estos gobiernos progresistas; los atajos y las opciones políticas que adoptaron; la realidad de la participación popular que favorecieron y si tomaron en cuenta las divergencias que tuvieron con los movimientos sociales. Todo ello, por supuesto, considerando las relaciones de fuerza existentes, las presiones de los mercados financieros y la agresividad del imperialismo estadounidense. A la manera de esta «memoria del futuro» que honran las feministas chilenas y que busca combinar con un mismo impulso, el legado del pasado y la preocupación por el futuro.

Es esta segunda vía la que es portadora de esperanza y la única que podrá hacernos reencontrar el camino de las victorias.

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Patrick Guillaudat. Doctor en antropología de la Universidad Paris VIII, Francia. Sindicalista, militante en organizaciones de solidaridad con Chile y América Latina, en especial la Asociación de Solidaridad France Amérique Latine (FAL), Francia.

Pierre Mouterde. Doctor en sociología de la Universidad de Quebec, Canadá, filósofo y ensayista; especialista en movimientos sociales de América Latina y temas relativos a la democracia y los derechos humanos.

Autores de: Los movimientos sociales en Chile, 1973 -1993. Lom Ediciones, 1997; Tiempo Robado Editoras, versión actualizada, 2023. Hugo Chavez et la révolution bolivarienne, Promesses et défis d’un processus de changement social, Montreal, M Éditeurs, 2012; Les couleurs de la révolution, la gauche à l’épreuve du pouvoir: Venezuela, Équateur, Bolivie, Un bilan à travers l’histoire, París, Syllepse, 2022.

[1] Ver: Trump, el pirata del Caribe, Christophe Ventura y Roberto Pizarro en Le Monde diplomatique (edición chilena) enero-febrero de 2026.

[2] Ver este comentario en Avant d’en arriver là, essai choral sur le péril fasciste, Montreal, Ecosociété, 2026, las intervenciones de Alain Deneault, p. 17/18.

[3] Véase https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=World+Inequality+Lab+%28WIL, el informe sobre las desigualdades mundiales del World Inequality Lab (WIL). Algunos datos señalan: el 75% de la riqueza mundial pertenece al 10% más rico del planeta, mientras que a la mitad más pobre de la humanidad solo le queda un 2%. “En el mundo, más de la mitad (53%) de los salarios, las primas, los dividendos y otras ganancias de capital en 2025 fueron a parar a los bolsillos del 10% más rico. El 40% de la población media tuvo derecho al 38% del ingreso total. La mitad más pobre de la población sólo recibió el 8%. Un occidental (Europa, EE.UU.) sigue ganando en promedio, sise compara el poder adquisitivo, 3 veces más que en América Latina, 6 veces más que en el sur de Asia y 12 veces más que en África subsahariana.

[4] Tales angustias que no encuentran representaciones adecuadas para hacer frente a los peligros previstos, se han transmutado así poco a poco en estas angustias indeterminadas y sin objeto (de las cuales habla el psicoanálisis, ver Freud, Reich, Fromm, etc.), todas dispuestas a fijarse en cualquier objeto de sustitución, dando así lugar a lo que podríamos llamar «angustias nómadas», convirtiéndose así en «angustias contraproducentes y paralizantes» en términos de proyecto emancipador.

[5] Ver «Pobreza y marginalidad en Chile posdictatorial. Observaciones a una democracia incompleta. Entre posverdades, olvidos y contradicciones”, Arturo Castro Martínez en Le Monde diplomatique (edición chilena), 5 de mayo de 2021. Él recuerda que las desigualdades de ingresos no han cambiado fundamentalmente, aunque la tasa de pobreza haya disminuido: “al analizar los efectos reales del boom económico sobre la población en el período 1990 – 2003, donde la economía creció en promedio un 5,5%, facilitando la producción de empleos y alzas salariales. Pese a estos dígitos la desigualdad de ingresos se mantuvo prácticamente inamovible …”.

[6] Las privatizaciones de la salud, de la educación y de los sistemas de pensiones fueron impuestas por la dictadura bajo la égida de los Chicago boys; no obstante, han sido mantenidas e incluso ampliadas posteriormente: bajo el gobierno de Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) se privatizaron las empresas sanitarias y la administración de los puertos más importantes.

[7] No fue sino hasta 2005 que las reformas promovidas por el Presidente Ricardo Lagos terminaron con los senadores vitalicios (todos los senadores pasaron a ser elegidos) y con la función de las Fuerzas Armadas como “garantes de la institucionalidad”; al tiempo que aseguró la prerrogativa presidencial para convocar al Consejo de Seguridad Nacional, en un rol meramente consultivo; reformas que, sin embargo, no han tocado el carácter subsidiario del Estado mientras prohíbe cualquier reforma económica al modelo neoliberal.

[8] Estos constituyentes lograron elaborar una constitución avanzada en todos los puntos: institucionalizando la paridad hombre/mujer y reconociendo el derecho al aborto; formalizando el retorno del Estado social de derecho (gratuidad de la salud y de la educación) como principio de la plurinacionalidad o incluso la autonomía de las regiones; integrando, además, no sólo claras preocupaciones ecológicas, sino también varios notables mecanismos de democracia participativa. ¡Haciendo incluso brillar las promesas de una indiscutible revolución constitucional! Ver a este respecto la obra de Pierre Dardot La Mémoire du Futur, Chile 2019-2022. Es revelador, sin embargo, que este autor -en la conclusión de su libro y lejos de toda comprensión estratégica de las relaciones de fuerza presentes- va a contentarse con valorizar en el proyecto de constitución creado por la izquierda, lo que él llama una hermosa fórmula tomada del movimiento feminista chileno “la memoria del futuro». Pero sin nunca detenerse -salvo para señalar las maniobras desleales de la derecha- a las razones políticas de fondo que podrían explicar el rechazo por parte de la población de este proyecto de constitución. Por ejemplo, al referirse a las estrategias puestas en marcha por el gobierno de Gabriel Boric, la izquierda y los movimientos sociales, así como a sus posibles errores o torpezas, o bien al analizar las relaciones de fuerza realmente existentes entre las fuerzas de derecha en ascenso, la muy poderosa oligarquía económica y el conjunto de las clases populares chilenas.

[9] Ver el balance que hizo Gabriel Boric a finales de 2025: mejora de las pensiones de las personas mayores (con la reforma del sistema previsional que permite, además del aporte del Estado y de los asalariados, una cotización del 7% de los empleadores); el aumento del salario mínimo; un reembolso progresivo de la deuda del Estado a los profesores; un plan de apoyo a la vivienda social; la reducción de 44 a 42 horas de la jornada laboral.

[10] Ver a este respecto el nombramiento de Mario Marcel Cullell como ministro de Hacienda, quien fue director de Presupuesto, bajo Frei y Lagos, y luego presidente del Banco Central de Chile nombrado por Bachelet y luego ratificado por Piñera.

[11] Hay que señalar que todos los proyectos de leyes sociales (en particular, la reducción de la jornada de trabajo o la reforma de pensiones) o medioambientales (control del agua, etc.) fueron cada vez rechazados o ampliamente recortados por el Senado y la Cámara de diputados, ambos dominados por las fuerzas de oposición.

[12] Esta es una diferencia con el presidente de izquierda Gustavo Petro de Colombia quien, a pesar de no disponer de mayoría parlamentaria, llamó a la población a salir a las calles para defender su reforma laboral; lo que le permitió ganar.

[13] Fue el partido socialdemócrata venezolano de Carlos Andrés Pérez el responsable de las masacres conocidas como la del “Caracazo” en Venezuela en 1989 y que definitivamente minó su legitimidad. Y tras la caída del muro de Berlín, todos los partidos latinoamericanos vinculados a la ex URSS o de obediencia estalinista perdieron gran parte de su tradicional crédito.

[14] Ver también la cita de Edgardo Lander en nuestra obra, Hugo Chavez et la révolution bolivarienne, Promesses et défis d’un processus de changement social, Montreal, M Editor, 2012 (p. 131): «el cambio más importante que se ha producido en Venezuela a lo largo de estos años, son las transformaciones de la cultura política y los procesos de inclusión, la incorporación como sujetos de acción política y organizadora de las mayorías pobres del país que estaban excluidas».

[15] Véase la fórmula de Walter Benjamin: «Ahora la política es más importante que la historia».

[16] Ver nuestro libro, Les couleurs de la révolution, la gauche à l’épreuve du pouvoir, Venezuela, Équateur, Bolivie, un bilan à travers l’histoire, Paris Syllepse, 2022 (p. 140/141).

[17] Esta es la conclusión lógica a la que deberían llegar todos los «campistas», ya sea que apoyen a Maduro en Venezuela o a Ortega en Nicaragua, o sean los refractarios partidarios del ecuatoriano Correa o del boliviano Morales, quienes ven sus fracasos como el resultado de una “conspiración imperialista”.