Un duro análisis de las precarias condiciones en que se encuentran las mujeres privadas de libertad gestantes, por dar a luz, en etapa de post parto y lactancia, en el centro de reclusión femenino CPF San Miguel, fue realizado por el área Penitenciaria y de Salud del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT). Los principales antecedentes levantados in situ fueron puestos en conocimiento del Senado de la República este martes 4 de abril, instancia en que los expertos Luis Vial y Yamileth Granizo, expusieron en la Comisión de la Mujer y Equidad de Género.

Los expertos realizaron visitas inspectivas al CPF y evacuaron un amplio informe a la Corte de Apelaciones de San Miguel en el contexto del recurso de amparo interpuesto en favor de diversas internas, entre ellas Ingrid, quien dio a luz el 25 de diciembre pasado en una celda del recinto penitenciario, con sus pantalones puestos y sin contar con las mínimas condiciones sanitarias.

El informe de los expertos del CPT precisa que “de la observación directa realizada por el Comité para la Prevención de la Tortura luego de la denuncia de Ingrid y la revisión de estándares internacionales y nacionales de derechos humanos, podemos observar que el

C.P.F. de San Miguel no cuenta con las condiciones materiales y técnicas para asegurar que las mujeres gestantes, en período de parto, postparto/puerperio y lactancia, y las cuidadoras principales, que se encuentran en prisión preventiva, cumplan esa medida cautelar respetándose su dignidad ante todo”.

Los profesionales complementan que las condiciones del CPF “tampoco brindan seguridad a los lactantes y a los niños y niñas que viven en dicho establecimiento penitenciario junto a sus madres o cuidadoras principales”.

El informe presentado por el CPT puso a disposición de la Corte de Apelaciones de San Miguel, los estándares de derechos humanos respecto de mujeres privadas de libertad, gestantes, durante el parto y el período de postparto o puerperio, lactancia y/o que son cuidadoras principales de niños y niñas, específicamente, aquello relativo a la prioridad del uso de medidas alternativas o sustitutivas de privación de libertad y a la prevención, investigación y erradicación de la violencia obstétrica en el contexto carcelario.

El recurso de amparo fue acogido por la Corte de Apelaciones de San Miguel y dispuso, recogiendo las consideraciones planteadas por los expertos del CPT, que Gendarmería deba disponer de los mecanismo necesarios para la oportuna derivación de las internas en estado de parto a hospitales civiles, con protocolos acorde a parámetros internacionales de derechos humanos; facilitar el acceso a medicina obstétrica y pediátrica para las internas y sus hijas e hijos; y establecer planes de capacitación para el personal con enfoque de género. Asimismo, la Corte dispone oficiar al Ministerio de Justicia, como organismo superior de Gendarmería y al Ministerio de Justicia, para que adopten las medidas pertinentes en resguardo de la integridad y la salud de las mujeres del CPF.

“Nos pareció que era necesario expresar lo que podíamos decir, sin ser parte como litigantes, pero sí testigos vivenciales de la denuncia”, señaló el experto del CT, Luis Vial.

A partir de lo dispuesto por el tribunal se realizará un seguimiento de las medidas dispuestas:

I.- Que Gendarmería de Chile a) Deberá disponer a la brevedad los mecanismos necesarios para la oportuna derivación de internas parturientas a hospitales civiles; y que se revisen y actualicen los protocolos de actuación en estos casos conforme a parámetros internacionales de Derechos Humanos;

1. Revise y actualice la información del CPF San Miguel, y disponga los medios necesarios para el oportuno y adecuado acceso a medicina obstétrica y pediátrica para las internas del CPF San Miguel y sus hijos e hijas, y que se revisen las condiciones que se entregan en ellas a las amparadas y,
2. Establezca planes de capacitación con enfoque de género para el personal a cargo de la custodia de mujeres embarazadas y el tratamiento que debe otorgarse sus

II.- Ofíciese al Ministerio de Salud para que informe las medidas que se han adoptado para asegurar la atención de salud a personas privadas de libertad en general, y especialmente a mujeres embarazadas o con hijos lactantes en recintos penitenciarios.

III.- Ofíciese al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos comunicándole lo resuelto por tratarse Gendarmería de Chile de un Servicio Público dependiente de dicho Ministerio, para los fines pertinentes.

La Comisión Investigadora referente al “Caso La Polar” inició sus sesiones en la Cámara de Diputadas y Diputados. La instancia será presidida por el diputado socialista Daniel Manouchehri, impulsor de la misma.

“Los hechos imputados son graves. No es tolerable que millones de personas hoy estén en la incógnita de si los productos que compraron son falsos o productos de segunda mano. La Aduana incluso habla de posible contrabando que involucraría a La Polar”, indicó Manouchehri.

La comisión citará a diversos entes gubernamentales, como el Servicio Nacional de Aduanas, el Servicio Nacional del Consumidor, la Policía de Investigaciones, la Unidad de Análisis Financiero y el Servicio de Impuestos Internos, para conocer los antecedentes en relación a las operaciones de la empresa del retail.

En esa línea, el legislador por la Región de Coquimbo afirmó que “esta será una instancia para que se pueda transparentar e investigar todos estos hechos que a la luz pública constituyen un escándalo que golpea a millones de personas. De esta manera vamos a fiscalizar y conocer los graves antecedentes que circulan por los medios de comunicación”.

El investigador VioDemos, Ángel Aedo, aborda cómo funcionan los programas de prevención del delito en su artículo “Repensando la prevención como una fuerza reactiva para contener a los grupos peligrosos”.

La delincuencia se toma los noticieros y puntea en las encuestas como la principal preocupación de chilenas y chilenos. La urgencia por enfrentar la criminalidad ocupa la agenda de gobiernos hace décadas, así como las estrategias para enfrentarla. Una de las fórmulas más utilizada es la “prevención del delito”, es decir, impulsar acciones que puedan disminuir la probabilidad que personas cometan delitos.

¿A quiénes se dirigen los programas de prevención? ¿Quiénes son responsables de “evitar” que las personas “propensas” a delinquir lleguen a hacerlo? Mujeres jefas de hogar de familias urbanas de bajos ingresos que son familiares de personas privadas de libertad. Madres que deben proveer, cuidar, emprender y alejar a sus hijas e hijos del delito.

“La prevención de la delincuencia en las poblaciones urbanas marginadas cultiva un modelo familiar de género, en el que las mujeres deben ser tan responsables del cuidado de sus hijos pequeños en casa como de sus maridos, hermanos o hijos adultos entre rejas”, sostiene Ángel Aedo, investigador VioDemos y profesor de la Escuela de Antropología UC en el artículo “Repensando la prevención como una fuerza reactiva para contener a las clases peligrosas” (Rethinking prevention as a reactive force to contain dangerous classes).

Este artículo recoge una investigación etnográfica realizada en Santiago durante dieciséis meses de trabajo de campo entre 2017 y 2021 con familias de personas privadas de libertad y con Organizaciones No Gubernamentales. El estudio contempló también 44 entrevistas, 26 a familiares de presos y 18 a trabajadores/as de ONGs y agentes estatales. La etnografía fue complementada con el trabajo de archivo en instituciones que mantienen registros de las familias de personas privadas de libertad.

Prevención como política pública 

Desde el 2008, divisiones del Estado pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social y Familia y al Ministerio del Interior y Seguridad Pública llevan adelante diversos programas dirigidos a grupos considerados en riesgo delictivo. Entre ellos, destaca una iniciativa focalizada en familias de reclusos con objeto de disminuir los “factores de riesgo de involucrarse en la delincuencia”. Los profesionales de esta iniciativa, en su mayoría trabajadoras sociales, contactan a las personas que desempeñan el papel de cuidadoras –generalmente esposas, madres o hermanas de reclusos– para combatir “las actividades antisociales o delictivas antes de que se manifiesten” (Monreal et al., 2011: 6).

El programa pretende intervenir en tres áreas: la mejora de las habilidades parentales, el empoderamiento de las mujeres jefas de familia y el entrenamiento en emprendimiento junto con la asistencia financiera para sus iniciativas micro-empresariales. Dicho programa es mayormente ejecutado en terreno por ONGs que, tras participar en licitaciones públicas, asumen por 2 años la ejecución de lineamientos de prevención, desarrollo social y seguridad establecidos a nivel central del Estado.

En la práctica, el programa aborda la prevención de la delincuencia como una cuestión que afecta principalmente a las familias urbanas de bajos ingresos, aplicándoles un cuadro de factores de riesgo de delincuencia basado en las directrices de agencias internacionales (Gray, 2009; Hannah-Moffat, 2019; O’Malley, 2004). Este marco de riesgo establece factores de protección centrados en aspectos individuales, como el estilo de vida, las actitudes, el comportamiento y la calidez emocional (Gray, 2009; Kennedy et al., 2019; Mulder et al., 2010).

¿Qué transmiten estos programas?

La investigación de Angel Aedo se acerca al trabajo cotidiano de las/os profesionales de los programas antes mencionados y los hogares intervenidos. En dicho trabajo observa que las profesionales intentan inculcar a las familias de personas privadas de libertad la idea de que uno mismo es un conjunto de habilidades que pueden mejorarse o arruinarse, y centran sus esfuerzos en promover la resiliencia y el empoderamiento como cualidades cruciales para las mujeres jefas de familias en conflicto con la ley.

“Por un lado, se espera que ellas y sus hijos aprendan a vivir como ‘sujetos resilientes’ en constante adaptación a la precarización que afecta sus mundos social y afectivo. Por otro, se requiere que aprendan a mantener económicamente a sus familias incorporando una mentalidad emprendedora a la escala de micro-proyectos”, explica Angel Aedo.

En el programa suelen trabajar por parejas. Mientras el/la tutor/a se vincula con hijas e hijos de los internos, el/la consejero/a se ocupa de los adultos. El trabajo de ambos profesionales se extiende por dos años con el objetivo de ordenar, prevenir y reparar la disfunción social dirigiéndose a la díada cuidadora-niño. Se espera que las mujeres jefas de familias de reclusos (las “cuidadoras”) y sus hijos/as aprendan a vivir como “sujetos resilientes”, en constante adaptación a la precariedad de sus mundos sociales y afectivos.

Emprender, empoderarse y resistir

Desde la década del 2000 la promoción del emprendimiento se ha convertido en una de las principales estrategias de desarrollo en el país (Atienza, Lufín y Romaní, 2016). En 2017, Chile se convirtió en el país con mayor porcentaje de nuevos emprendimientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2018).

La micropolítica de la prevención se ha enfocado estratégicamente en las jefas de familia. Para ellas, explica el profesor Aedo, participar en los programas estatales de prevención implica abrir la intimidad de sus hogares y exponer sus mundos sociales a profesionales de la prevención con la esperanza de que puedan hacer menos difícil la supervivencia de sus familias. La prevención del delito les ofrece la posibilidad de luchar por un futuro desestigmatizado y validado por el mercado a través del emprendimiento.

Por un lado, las prácticas preventivas tratan de influir en los deseos y proyectos de las “jefas de hogar”, enseñándoles cómo aprovechar su libertad a través del emprendimiento. Por otro lado, utilizando valores como el autosacrificio y el cuidado de la familia –atributos que construyen la figura de la “madre ideal”–, animan a las mujeres jefas de familia a ser más resilientes y a manejar sus emociones aguantando sus aflicciones.

Según la investigación presentada en el artículo “Repensando la prevención como una fuerza reactiva para contener a las clases peligrosas”, las iniciativas anticrimen suelen focalizarse sobre grupos que ellas definen como proclives a actividades ilegales y en “desviación social problemática” a través de un lenguaje basado en modelos de “factores de riesgo individuales” (Leander, 2011; Liss y Sharman, 2015).

A nivel local, las profesionales en situaciones precarias de las ONGs luchan por realizar su trabajo profesionalmente –como expertas– esforzándose por “leer” la sociedad en términos de riesgos y factores de protección. Y al mismo tiempo, como explica Angel Aedo, a menudo se sienten desbordadas tanto por la incapacidad de sus recursos para abordar realmente los problemas sociales que encuentran, como por sufrir en primera persona, como trabajadoras pobres, las contradicciones de un régimen que les oprime.

El tecnicismo del lenguaje de los “factores de riesgo” dota a las iniciativas preventivas de un aspecto de neutralidad, pero aquello no significa que sean apolíticas. Al contrario, tal como muestra este artículo, la prevención de la delincuencia es un concepto político cuyos efectos son inseparables del mantenimiento de las desigualdades de clase y de género.

De hecho, los neoliberales y los neoconservadores han utilizado la responsabilidad familiar como una causa emblemática en el debilitamiento del Estado de bienestar en Chile (Arenas de Mesa y Montecinos, 1999; Cooper, 2017). En este proceso, la responsabilización de las mujeres jefas de familia se ha convertido en un pilar para la prevención de los delitos menores y el desorden urbano.

Puede acceder al artículo “Repensando la prevención como una fuerza reactiva para contener a las clases peligrosas” (Rethinking prevention as a reactive force to contain dangerous classes) en el siguiente link https://acortar.link/1OsHH3

Una carta al Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, exigiendo el pago de la Deuda Histórica entregó la emblemática Profesora ícono de la Lucha de la Deuda Histórica, Patricia Garzo; junto con la Secretaria Nacional del Colegio de Profesores, Patricia Muñoz y el Presidente del Colegio Metropolitano de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar.

Para la Secretaria Nacional del Colegio de Profesores, Patricia Muñoz, “el Ministro de Educación nos ha invisibilizado durante todos estos meses, es terrible lo que están haciendo con las y los profesores jubilados, este Gobierno ofreció la reparación de la Deuda Histórica, dijo que en diciembre 2022 iba a estar listo el proyecto de ley. Esperamos que el Gobierno se ponga la mano en el corazón y se ponga en n nuestro lugar”.

La Dirigenta agregó “no estamos pidiendo una ayuda, es un derecho que tenemos las y los profesores jubilados de tener un mejor pasar porque la Dictadura nos liquidó el futuro”.

Por su parte, Patricia Garzo, una de las líderes de las y los profesores Jubilados de la Deuda Histórica aclaró que cuando hablaron con Boric les prometió “que iba a solucionar el problema,  en especial a las y los colegas con más edad y a los que están postrados o enfermos, la verdad es que nosotras estábamos muy ilusionadas, muy confiadas en que ahora sí se iba a tener una solución definitiva. Sabemos que él quiere hacerlo, pero existen muchas trabas”

La ícono de esta lucha explicó “incluso no pedimos el pago total de la deuda, sino una reparación, por ejemplo, un bono que mejore nuestras pensiones”.

La Encargada del Departamento de Jubilados del Metropolitano, Verónica Zagal, señaló que “esta es una Deuda que tiene el Estado de Chile, los profesores tienen pensiones miserables de 140 mil pesos, en cambio, los grandes líderes de este país ganan millones de pesos. Ellos deben buscar el cómo cancelar esta deuda histórica”.

Por último, Mario Aguilar, Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores Metropolitano, sostuvo que “como gremio le exigimos al Gobierno que cumpla su promesa, señor Ministro y señor Presidente, ustedes prometieron pagar la Deuda Histórica, prometieron enviar un proyecto de ley en diciembre pasado, lo que no se ha cumplido, esperamos que su palabra valga y aún tenemos la expectativa que esto se va a cumplir, es una solución que es de justicia. Así que, a cumplir la palabra que es eso lo que hacen las personas decentes”.

La Deuda Histórica se arrastra  desde hace 43 años, se estima que a la espera de su pago han fallecido aproximadamente 20 mil docentes. Desde hace 17 años todos los jueves un grupo de profesores jubilados se reúnen en la Plaza de la Constitución exigiendo una solución.

Preocupación ante la nueva movilización de trabajadores de Enap es la que tiene la diputada María Candelaria Acevedo, quien recalcó que “es relevante cuidar el empleo y para eso es fundamental que el Estado ponga mayor atención a sus empresas estratégicas”.

La parlamentaria por el Distrito 20 profundizó su critica señalando que los problemas en la refinería se arrastran desde hace bastante tiempo, prueba de ello son las dos comisiones investigadoras que se han realizado en el Congreso y que han dejado de manifiesto las irregularidades que existen al interior de la estatal.

En ese sentido, afirmó que el conflicto con los subcontratistas el año pasado, y la actual movilización son una muestra más de “lo mal que lo está haciendo la gerencia, quienes no han cambiado su mirada, resolviendo ahora cortar por el hilo más delgado, despidiendo a trabajadores bien calificados, en vez de darse la tarea de ir al fondo del problema”.

La diputada Acevedo insistió en el emplazamiento a la gerencia, dado que “una empresa que tiene conflictos medioambientales, con la comunidad que la rodea, y con sus trabajadores, debe revisar sus protocolos y esa es tarea de los directivos, son ellos los responsables de dar un golpe de timón, uno que reconduzca esta empresa de vital importancia para la ciudadanía”.

Finalmente, señaló que pedirá una reunión formal con los directivos para tratar de acercar las posiciones entre trabajadores y la directiva para dar solución al conflicto actual, y también para buscar alternativas a los problemas de fondo de Enap.

Más de 60 organizaciones de la sociedad civil firmaron una declaración dirigida a la Comisión Experta para que considere como un principio fundamental de la propuesta de nueva Constitución la concreción de un Estado social y democrático de derecho, dada la importancia que significa para el futuro político y social del país.

En esta declaración, señalaron que este será un debate fundamental a definir dentro de la nueva etapa del proceso constituyente, destacando algunos aspectos fundamentales para tener en consideración sobre este tema.

En primer lugar, se valoró el consenso de “avanzar desde un Estado subsidiario hacia un Estado social y democrático de derecho, concepción fundamental para garantizar la vigencia efectiva de los derechos humanos en nuestro país”.

Como segundo punto, consideraron “fundamental dotar de contenidos a esta concepción de Estado. Ello implica establecer con claridad la obligación y rol proactivo del Estado en el respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos, sean estos políticos, civiles, económicos, sociales, ambientales o culturales, y siempre de acuerdo a los estándares del derecho internacional”.

También destacaron la necesidad de reconocer el carácter “el carácter universal de dichos derechos, como inherentes a la dignidad humana y poniendo énfasis en el deber de protección respecto de aquellos grupos cuyos derechos han sido históricamente vulnerados”.

Uno de los aspectos que destacaron las organizaciones es que el Estado social contempla un sistema de recaudación tributaria progresiva que permita al Estado contar con los recursos necesarios para la garantía de los derechos sociales. “Y que sean quienes más tienen quienes más contribuyan a su financiamiento”, sostuvieron.

Finalmente, señalaron que es fundamental acompañar estos cambios con una garantía efectiva de participación y transparencia que permita a la ciudadanía involucrarse activamente en el régimen de gobierno que vaya desarrollando estos derechos en políticas públicas.

Parte de las organizaciones que firmaron esta declaración fueron Ahora Nos Toca Participar, Amnistía Internacional Chile, Asociación de Abogadas Feministas de Chile, Fundación Ciudadanía Inteligente, Corporación Humanas, ONG FIMA, Observatorio Ciudadano, Observatorio de Género y Equidad, Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas, Fundación Chile Sustentable, Página 19, entre otras.