Por unanimidad, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados dio el visto bueno para la conformación de una Comisión Especial Investigadora con el propósito de obtener información y determinar responsabilidades respecto del abandono de 89 cajas con eventuales osamentas de detenidos desaparecidos en dependencias de la Universidad de Chile. 

Según reveló un reportaje de Ciper, en el año 2001, el juez Juan Guzmán entregó en custodia a la Casa de Estudios dichos fragmentos óseos, los cuales estuvieron depositados en la Facultad de Medicina durante 18 años sin ser periciadas. En el año 2019 los restos óseos fueron traspasados al Servicio Médico Legal.

La Comisión fue impulsada por la diputada Lorena Pizarro (PC), quien se mostró confiada con el trabajo que la instancia pueda realizar.

“Saludamos con mucha satisfacción el hecho de que el día de hoy la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados haya aprobado una Comisión Especial Investigadora que se haga cargo de averiguar qué sucedió con la existencia, por más de 20 años, de osamentas en la Universidad de Chile y luego en el Servicio Médico Legal. Osamentas que llegaron a estos lugares por decisión del Poder Judicial”.

En ese sentido, la ex presidenta de la Agrupación de Familiares de Familiares de Detenidos Desaparecidos cuestionó el silencio de las instituciones implicadas en el hecho.

“No logro comprender por qué han pasado más de 20 años y las y los familiares nunca fuimos informados de aquello. Si bien esta es una Comisión que va a investigar lo que aquí sucedió, aquí hay un inicio de una cadena que es una resolución judicial, que las destina a la Universidad de Chile, y que nunca se hizo cargo de lo que pasó con estas osamentas”, expresó.

Por su parte, el diputado Matías Ramírez (PC) resaltó la importancia de esta Comisión, sobre todo, ad portas de una nueva conmemoración del golpe de Estado.

“En el marco de los 50 años de la dictadura cívico militar, es imperiosa la necesidad de avanzar en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación. Con ello, las garantías de no repetición es el mínimo categórico para otorgar un aliciente a miles de familias que hasta hoy no saben dónde están sus seres queridos”.

Luego de su aprobación en Sala, los distintos comités parlamentarios deberán elegir a los 13 legisladores que conformarán la Comisión.

La concejala de la Municipalidad de Calera de Tango, Catalina Magaña Iturriaga, junto a vecinos y vecinas, presentaron una denuncia ante la Contraloría General de la República por “vulneración a normas de probidad administrativa y solicita una auditoría a la Municipalidad de Calera de Tango en base a demanda de tutela laboral presentada por ex administrador de la alcaldesa Hortensia Mora”.

Entre las irregularidades mencionadas en la demanda se señala que la actual alcaldesa «iba a comprar maquillaje a Meiggs en horario laboral, utilización de vehículos municipales para comprar regalos a familiares, bebidas alcohólicas, entre otros hechos denunciados».

La concejal de Calera de Tango, Catalina Magaña, afirmó que “venimos a entregar una denuncia a Contraloría en base a la demanda que realizó el ex administrador Municipal, en contra del Municipio de Calera de Tango. Como concejala de dicha comuna, me parecen gravísimos los hechos que se involucran, en específico, el uso de autos fiscales para suplir necesidades personales que beneficiaría a la alcaldesa Hortensia Mora Catalán. Compra de maquillaje, alcoholes y preparación de ventas de bodega, entre otros hechos descritos en esta demanda. Hoy también me acompañan vecinas de Calera de Tango que no toleran esta acusación”.

Sandra, vecina de la comuna que acompañó a la concejala, sostuvo que “es gravísimo que se estén utilizando los recursos de todos los vecinos y vecinas de Calera de Tango para uso personal. Yo apoyo esta demanda para que la Contraloría realmente investigue y haga el trabajo que formalmente le solicitamos”, concluyó.

La Contraloría General de la República inició una auditoría interna en la Delegación Presidencial de Arica y Parinacota con la finalidad de investigar y resolver sobre una serie de situaciones que afectan actualmente a esa repartición pública y que estarían vinculadas con posible malversación de fondos; filtración de antecedentes médicos; y hostigamiento y maltrato laboral.

Según trascendió, desde inicios de marzo al menos un 70% de los funcionarios y funcionarias de la Delegación Presidencial habrían sido citados a declarar ante el Órgano Contralor, entre los que también estaría considerado el Delegado Presidencial, Ricardo Sanzana Oteíza.

Asimismo, fuentes extraoficiales señalaron que la Contraloría Regional habría oficiado al menos en 6 ocasiones entre 2022 y 2023 a la Delegación Presidencial, bajo orden de apercibimiento, para que diera respuesta e iniciara una investigación sumaria ante la gravedad de las denuncias surgidas al interior del Servicio.

Sin embargo, como no se habrían respondido estos oficios en los plazos establecidos, y en atención a que las denuncias datan de agosto de 2022; el Órgano Contralor habría decidido iniciar una auditoría interna e intervenir la Delegación Presidencial, proceso para el que existiría al menos un fiscal con dedicación exclusiva.

Cabe recordar que a esta auditoría interna por maltrato y hostigamiento laboral se suma el proceso realizado por el Tribunal de Disciplina de la Federación Regionalista Verde ante las denuncias recibidas en 2022 en contra del Delegado Presidencial, Ricardo Sanzana, por maltrato, abuso de poder e invalidación y desconocimiento de la orgánica y las autoridades partidarias nacionales y regionales; frente a las cuales el organismo disciplinario determinó su expulsión de la tienda política el pasado 8 de marzo.

En su ronda de contactos con sectores políticos y actores sociales, el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, visitó ayer la sede del Partido Socialista para pasar revista a las reformas sociales en que está empeñado el Ejecutivo.

En la ocasión se refirió a las dificultades que está enfrentando la tramitación de la reforma tributaria, aspectos claves de los cambios al royalty minero, el devenir de la reforma de pensiones y algunos aspectos de la reforma a la salud e incluso algo sobre el fallo de la Corte Suprema sobre las Isapres.

Venía llegando de una reunión con la CUT con la cual estaba negociando el aumento del salario mínimo a $500.000- algo que podría representar una buena noticia en medio de un clima político y social enrarecido por los temas de seguridad- y antes de una reunión sobre el royalty minero, el que representa también importantes recursos, esta vez para las gobernaciones regionales y los municipios, los más interesados ahora en esos cambios y que se vota en Comisión de Hacienda de la Cámara en esta jornada.

Mañana el ministro parte de Estados Unidos a participar en las reuniones del Banco Mundial y el FMI, de la cual se espera salgan las más recientes proyecciones de la economía internacional, que sabemos azotada por algunas incertidumbres no menores en términos de algunos “accidentes” de conglomerados bancarios internacionales, una persistente inflación mundial y la amenaza de una ralentización de la economía global, que recién venía recuperándose de la pandemia.

El ministro, en la sede del PS, habló del cuadro interno de las reformas sociales, las que se debaten entre juegos de apoyo y rechazo en el Congreso, mientras que en lo macroeconómico seguimos contando con una inflación que ronda el 11% en doce meses, que se espera apenas crezca el presente año, con expectativas a la baja para el próximo, un desempleo aún persistente y remuneraciones reales que caen por ya varios meses consecutivos.

Marcel partió hablando de las seguridades social, económica y ciudadana, ligando los conceptos y resaltando que la inseguridad que se ha vivido en nuestras calles y sus efectos en los sectores más postergados implica que “las amenazas (que ello conlleva) están peor distribuidas que la distribución del ingreso”, porque los sectores populares tienen menos posibilidades de salir adelante después de un asalto que afecte su integridad física o sus bienes. Y enfrentar ello, subrayó, también requiere de recursos.

Luego enfatizó que en materia tributaria Chile no ha tenido novedades importantes en los últimos 30 años, cuando ha tenido una carga tributaria en torno al 18 o 19% del PIB y al final, para atender las diferentes necesidades sociales lo que se ha tenido que ir haciendo es “rotar” los recursos disponibles de una necesidad en otra. Al respecto añadió que claramente Chile está rezagado en materia de tributos a las rentas personales, “donde recaudamos la cuarta parte de los países más desarrollados” y ello básicamente por el mecanismo que permite un sistema integrado, desde 1984, donde la recaudación del impuesto a las utilidades de las empresas, se descuenta de los impuestos que tienen que pagar las personas que reciben utilidades de las empresas.

Desmitificó el hecho de que este último mecanismo fomente el ahorro, ya que dijo que las grandes fuentes de ahorro en Chile son el ahorro obligatorio de los trabajadores en las AFP y el ahorro dado por la responsabilidad fiscal, dado que los privados financian sus inversiones básicamente con crédito y emisión de deuda.

“En materia de carga tributaria hemos tenido un techo, no de vidrio, sino de cemento”, enfatizó Marcel.

En materia previsional sostuvo que los frustrados cambios que han intentado diferentes administraciones se han topado con ideas que ponen el acento en la propiedad y en la capitalización individual de los fondos y planteó que por sí solos los ahorros previsionales personales “no constituyen un sistema de seguridad social”, que justamente lo que busca es establecer es un piso mínimo mediante el cual ninguna persona tenga lo básico para mantenerse en esa etapa de la vida.

Respecto del royalty minero subrayó que Chile es uno de los países más centralizados, incluso comparado con América Latina, y lo que se busca, con los cambios tributarios en esta materia, es que se aporten recursos a las distintas gobernaciones regionales y los municipios, siendo los primeros los que prácticamente han sido tratados como “servicios públicos”, porque no tienen en la práctica recursos para una serie de necesidades que cubrir.

Estas son algunas de las consultas formuladas al ministro de Hacienda en la oportunidad:

-Ministro Marcel, varias consultas, se ha señalado que el aumento de la PGU a 250 mil pesos está ligado al éxito de la reforma tributaria, y ese trámite se ve complejo, ¿esto quiere decir que sin ésta podríamos no tener el referido aumento? Por otro lado, según como se está dando el debate sobre la reforma tributaria ¿se podría dar que se termine cediendo en el tema de los impuestos a la riqueza y el patrimonio y quedarnos con los avances en materia de evasión y elusión? Por último, en su exposición no se incluyó el tema de la reforma a la salud, donde sabemos se está planteando un fortalecimiento de la Atención Primaria…

-Normalmente cuando se habla de reforma tributaria nos ponemos al tiro a discutir de impuestos, pero hablamos muy poco del lado del gasto. Las reformas tributarias no se hacen solamente para recaudar más plata, se hacen cuando uno quiere movilizar recursos para gastarlos de alguna manera. Por ejemplo, para ir de lo más macro a lo más micro, se plantea el impacto que tiene la reforma tributaria sobre el crecimiento, pero se plantea mirando solo el lado de los ingresos y todos los estudios indican que cuando uno incluye el lado del gasto se observa que una reforma tributaria no solo puede ser neutra en términos de crecimiento, sino que puede contribuir al crecimiento. Nosotros hicimos ese análisis para el proyecto de la reforma tributaria y llegamos a la conclusión de que iba a aumentar el potencial de crecimiento porque se iba a estar invirtiendo justamente en salud, por ejemplo, o en un sistema de cuidados, lo que tiene impacto sobre el mercado del trabajo, o porque se iban a invertir recursos en ciencia y tecnología e investigación y desarrollo (…) Mi impresión, a partir de cómo está planteada la discusión, es que hoy día hay un sector de la oposición que estaría dispuesta a aprobar lo justo y necesario para financiar el aumento de la PGU y como contrapartida propondría separar este aumento de la PGU de todo el resto de la reforma previsional, se han visto declaraciones muy concretas en este sentido. A la luz de eso, es importante no centrar toda la discusión del uso de los recursos de la reforma tributaria en la PGU, porque hay otras cosas que son importante de hacer, entre ellas, los cambios a la salud, la reducción de las listas de espera en los hospitales, el aumento del per cápita de salud primaria…todo eso requiere de recursos y estos tiene que venir de la reforma tributaria. Eso, en sí mismo, no es suficiente como reforma de la salud, pero si no somos capaces de hacer algo en esos ámbitos, es muy difícil que logremos mostrar los méritos de una reforma a la salud. Tenemos que acordarnos, en buena medida, en parte de lo que fueron los problemas que tuvimos con la reforma educacional, en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, en que muchos, ex post, reflexionaron que habría sido mejor partir por fortalecer la educación pública, antes de otras cosas, pero se partió de otra manera, entonces creo que allí, en el caso de la salud, tenemos que pensar en lo mismo: en cómo fortalecer la salud pública en esos dos niveles, la capacidad de resolución de los hospitales y en la salud primaria en los consultorios, porque eso es lo que ayuda a legitimar la reforma de cara a la ciudadanía…

Evasión y elusión

En relación al tema de los componentes de la reforma tributaria en discusión, el ministro de Hacienda comentó:

-Respecto de este tema, cuando se habla de evasión y elusión, yo soy un poco escéptico porque es cierto que de parte de la oposición se habla de que ellos estarían dispuestos a apoyar medidas de ese tipo, pero cuando nosotros hicimos la discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, en todas las medidas específicas para reducir la evasión y elusión, en todas ellas la oposición votó en contra, entonces esto no es una abstracción…reducir evasión y elusión implica cosas bien concretas. Implica dotar al Servicios de Impuestos Internos de más facultades, significa eliminar fuentes de elusión muy abusivas. Para solo dar un ejemplo de cómo fue esa discusión: se debatía sobre una norma que quedó del gobierno de Sebastián Piñera, respecto de la cual se pueden hacer donaciones entre personas, dentro de un cierto límite, sin pagar el impuesto a las donaciones…que es el mecanismo que usan personas de alto patrimonio para distribuir fondos y riquezas a sus familiares, sus hijos, sus nietos. La reforma proponía eliminar ese mecanismo, simplemente eliminar la exención del impuesto, no que se prohibiera estas operaciones entre familiares, la respuesta de los parlamentarios de la oposición fue decir que esto atentaba contra la filantropía…Tenemos que tener claro que evasión y elusión que parece algo simple, algo como que quién podría oponerse, en realidad, si uno quiere que eso tenga dientes, involucra decisiones que no son fáciles y que, al menos en lo que fue esa experiencia, no hubo mucha disposición a apoyar…En relación al tema del impuesto al patrimonio sabemos que es un tema difícil, sabemos que es un impuesto complicado, y hemos dicho que estamos dispuestos a evaluar alternativas que cumplan estos dos requisitos: que ayuden o generen una recaudación similar y que tengan un efecto sobre la equidad del sistema tributario que sea también similar. Hasta el momento tenemos pocas propuestas en esa dirección, probablemente alternativas existan, pero tenemos que tener claro que esta es una reforma que se planteó no solamente para recaudar, sino también para mejorar la progresividad del sistema tributario chileno, que es muy poco progresivo.

-Ministro, se ha visto cauteloso al gobierno en relación al cumplimiento del fallo de la Corte Suprema por parte de las Isapres, ¿qué se espera en este sentido?

-El fallo de la Corte Suprema es la culminación de un proceso muy largo. No es algo que ocurrió de repente, las demandas contra las Isapres vienen con muchos años de desarrollo. La preocupación del gobierno es cómo asegurar que el fallo se pueda cumplir, que no ocurra que por el hecho de que quiebre una Isapre, al final esa deuda no se pague nunca. Entonces para eso hay cosas que tienen que ocurrir en el mundo de las Isapres y al mismo tiempo uno tiene que tener un sistema público que esté preparado para la gente que se va, no en masa, sino que es algo que está ocurriendo día a día, que hay mucha gente que se va trasladando del sistema privado al sistema público y hay que estar preparado para poder responder a las expectativas que la gente tiene. Entonces, en eso es lo que se ha estado trabajando, en cómo generar una normativa, que requiere algunas modificaciones legales, para que el fallo se pueda cumplir. Lo que la Ministra de Salud está haciendo es generar un proyecto de ley que es para habilitar o facilitar que el fallo se cumpla, que se hagan los reembolsos a las personas que corresponden, tal como lo estableció la Corte Suprema, y que las tarifas de las Isapres se ajusten a los límites que fijó la Corte Suprema también en su fallo.

Un viejo socialista de Viña del Mar  reflexionó con pesar el miércoles pasado: “lo único que falta es que veamos nuevamente en nuestras calles a militares armados patrullando en busca de delincuentes. Va a ser triste. Y muy peligroso no sólo para los delincuentes”. Una reflexión que no pocos se han hecho en las últimas horas.

Es que la petición de Estado de Excepción solicitada por varios parlamentarios de derecha, incluyendo inexplicablemente -que se sepa hasta ahora- a un socialista, retrotrajo a varios a la historia de las peores épocas de la dictadura. Todo a propósito del lamentable y alevoso asesinato en Santiago de un nuevo carabinero, padre de un niño de cuatro años y otro en camino, casado con otra funcionaria de la institución, el cabo Daniel Palma.

Al parecer, por la actitud y los hechos mostrados hasta ahora por las derechas del país, nada importan las medidas y las palabras de apoyo a las policías expresadas en todos los tonos por el Presidente Boric y sus ministros. Las declaraciones de parlamentarios y alcaldes de la derecha, particularmente del presidente de Renovación Nacional, dejando al desnudo su interés por aprovechar la situación y seguir en su estrategia de cerco y debilitamiento del gobierno, dejan en evidencia una vez más, sus reales intenciones. Hasta ahora, no se han querido poner a la altura de la necesidad de Estado de enfrentar unidos al crimen organizado. Ese había sido el llamado del Mandatario desde el minuto uno.

El enemigo es el crimen organizado

Con todos estos asesinatos, queda más que claro que el enemigo de Chile es el crimen organizado. No sólo el narcotráfico. Lo aclaró muy bien en una reciente entrevista el abogado Francisco Cox, uno de los cinco expertos que nombró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar la tragedia de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014. Cox recorrió México. Conversó con decenas y decenas de mexicanos y pudo hacerse una idea fehaciente de cómo operan los carteles, cómo crecen, cómo cooptan a funcionarios públicos. Tienen todo el dinero que necesitan para corromperlos.

Para el abogado, el problema no es la droga. El objetivo es el control territorial, hacerse dueño de un territorio. Dice que en Chile “se pone el foco en el número de incautación de drogas más que en el análisis de la estructura de las bandas. ¿Para qué? Bueno, para saber qué funcionarios están más expuestos a la cooptación. Por ejemplo, aquí todo el mundo encuentra súper razonable que la policía no intervenga en un narco funeral. Se dice que puede ser mucho peor el resultado. ¿Pero sabemos cómo se acuerda ese contacto? ¿Quién se acerca a hablar? ¿El policía? ¿Los que vienen con armas? ¿Hay una conversación ahí? ¿Sabemos algo de eso? Porque, ojo, así fue cómo surgieron los Zetas” en México. Queda claro que un esfuerzo por disponer de inteligencia profunda, se hace cada día más indispensable.

Cuenta que “los Zetas eran militares enviados a combatir la delincuencia a la zona norte de México. Viviendo allí empezaron a frecuentar los bares y, según tengo entendido, los prostíbulos también que eran controlados por el cartel. Entonces, se empiezan a encontrar, dialogan y ahí viene la propuesta: “¿Y qué tal si mejor pasan a ser nuestro círculo de protección? …. Así se dan esos contactos. Por eso pongo el acento en la importancia de la investigación interna en las fuerzas policiales, de la fiscalización”.

Y critica duramente la labor de los parlamentarios que se ponen “en modo matinal” para sacar una legislatura que también es de matinal. No ven el problema real. Sin duda que la muerte de dos carabineros en tan poco tiempo es una situación dramática, brutal. Imposible no solidarizar, pero el enfoque de estas leyes que se están aprobando no va a resolver el problema. De hecho, ni siquiera hay un problema ahí”.

Y termina afirmando, categórico: …”la postura de una parte del mundo político es no cuestionar ni fiscalizar ni controlar a la fuerza policial. Dicen que eso se traduce en un debilitamiento de las policías, lo cual es absurdamente equivocado y sumamente peligroso”, recordando nuevamente la experiencia de México, cosa que le haría muy bien a la derecha y al país, investigar.

Las medidas

Los disparos al rostro del joven carabinero repercutieron en cada rincón del país. Algunos, como el Presidente, actuaron no para la televisión, como suele ocurrir en casos de conmoción pública. Ordenó hacer un plan urgente de reforzamiento de las protecciones a las policías. Una de las medidas más importantes es la intervención de 30 comunas. “Para cada una de estas comunas se va a hacer un plan específico, un plan que va a contar con apoyos extraordinarios en base a estos recursos que vamos a destinar, incluyendo dotaciones, y que va a desarrollarse a partir de una línea de base que mes a mes va a ser evaluada”, anunció la ministra del Interior.

El paquete de medidas anunciado por el Gobierno tras el asesinato del cabo Daniel Palma fueron:

• Reasignación de recursos del presupuesto para las medidas especiales de seguridad
• Reforzamiento de protecciones a policías en sus equipamientos.
• Mejoramiento de planes operativos para reducir riesgos.
• Adelantar el Plan de intervención en 30 comunas donde se concentra un tercio de la población nacional y el 50% de los delitos más violentos cuyo para mayo.
• Criterios para elegir estas comunas: Concentran impunidad penal; Tráfico de drogas y presencia de armas; Deterioro barrial y alta presencia de incivilidades e infracciones. Dependiendo de la presencia de estos factores, se realizará plan específico para cada una de las 30 comunas y La intervención reforzará la persecución penal como ha permitido resultados concretos en Alto Hospicio.
• Focos investigativos y fiscalización especialmente en tráfico de armas: incremento de patrullajes, operativos masivos y puntos de control en busca de prófugos de la justicia. Para ello se adelantarán los planes focalizados de refuerzo de dotaciones policiales.
• Reforzamiento del trabajo con fiscalía en sectores con mayor incidencia de homicidios.
• Fiscalización de infracciones e incivilidades que no son propiamente delictuales, pero amparan crimen organizado: comercio ilegal, locales de venta de alcohol y venta de comida en las calles.
• Operativos de servicios públicos por parte de organismos sociales para intervenir y marcar presencia en los territorios.

Las exigencias de los mismos de siempre

Habían pasado pocos minutos desde el anuncio de la muerte del cabo de Carabineros y muy pronto comenzaron a repletar trasnoches y matinales los que están pendientes de esas vitrinas comunicacionales.

Y, en primer lugar -quien otro si no- el alcalde de La Florida. El mismo que ha aprovechado cuanto hecho doloroso se relacione con Carabineros para  aprovechar las cámaras que se despliegan en distintas partes del territorio. Baste recordar su presencia en Quilpué, a propósito del funeral de la carabinera que se enfrentó al crimen organizado.

Esta vez y con su habitual inquina contra el gobierno, comenzó y terminó solicitando la renuncia de la Ministra del Interior por su supuesta responsabilidad en los hechos. Pidió un Estado de Excepción Constitucional para la Región Metropolitana. “Tenemos un Gobierno que es un fracaso. Estamos tan encima de los hechos, que no somos capaces de darnos cuenta”, añadió. Y sobre la renuncia de la Ministra dijo: “Esta noche es un punto de no retorno. El Gobierno no puede seguir improvisando. No puede seguir aparentando que entiende el sentir de Carabineros con el comportamiento que ha tenido durante estos dos últimos días. Con una ministra del Interior taimada porque no se hacía lo que ella quería”.

Como en el pedir no hay engaño, también llegó Francisco Chahuán a La Moneda solicitando también una renuncia: la del subsecretario de Prevención del Delito. El líder del partido de oposición señaló: “Qué se le puede decir a las familias de carabineros que han perdido a los suyos. Hoy tenemos otro mártir, tres en tres semanas (…) Renovación Nacional fue el partido que presentó la Ley Retamal y logró darles más facultades a las policías”. Pero, no le fue tan fácil al senador de derecha instalar sus banderas.

La diputada Gazmuri lo emplazó en las redes sociales señalando que existe una “evidente contradicción cuando parte de su sector impide pronta promulgación de la Ley Antinarco que dota de más y mejores herramientas para la persecución del crimen organizado y el Narcotráfico, aprobado por amplia mayoría en ambas cámaras”, recordando que RN acudió al Tribunal Constitucional para frenar la legislación ya aprobada por el Senado. “¿Cómo explica eso senador Chahuán?”.

Obras son amores

El Presidente Boric, a quien junto a la ministra Tohá o cualquier autoridad de gobierno, lo sigue una turba de fanáticos de ultraderecha para gritarle ni más ni menos que “asesinos” (¡¡¡) actuó de inmediato. No sólo quedará en la retina de la gente de bien no fanatizada, el abrazo cariñoso del Mandatario a la madre del mártir de la institución, sino también lo que está haciendo por la institución de ese hijo asesinado.

El Mandatario anunció que destinará US$1.500 millones de dólares para mejorar la acción del Estado en contra del crimen organizados, los cuales serán destinados en mayor parte a fortalecer la protección de las policías. Una cifra que representa casi 0,5% del PIB y es prácticamente igual al presupuesto total destinado para Carabineros en 2023.

Por supuesto que parlamentarios de todos los colores ya estaban pidiendo utilizar el 2% constitucional para el combate contra la delincuencia. Se trata de una facultad excepcional que tiene el Presidente de la República para decretar pagos no autorizados por ley, giros que no pueden exceder el 2% de los gastos permitidos en Ley de Presupuestos.

Pero el Presidente fue más allá. Según el Ministro de Hacienda Mario Marcel, lo anunciado por Boric «significa más que lo que involucra el 2% constitucional. El 2% del gasto público equivale, más o menos, a US$1.200 millones. Lo que el Presidente ha señalado es que se van a comprometer recursos por US$1.500 millones de dólares». Explicó, además, que “la norma del 2% constitucional tiene vigencia solamente por un año. Pero lo que el Presidente ha planteado y uso específicamente las palabras, un incremento anual en régimen de US$1.500 millones. Eso significa que estamos mirando mucho más allá del presupuesto», es decir, “lo que se está haciendo es considerablemente mejor que el 2% constitucional y lo más importante es que también se está haciendo dentro del marco de la política fiscal, que es importante que preservemos», acotó.

Una nueva directiva de la asociación gremial Red Salas de Teatro, compuesta por 26 espacios escénicos de la Región Metropolitana, comenzará a trabajar en una agenda encabezada por el diálogo con autoridades, la accesibilidad en las salas, la seguridad en los barrios, la prevención en violencia de género y memoria a los 50 años del golpe de Estado en Chile.

Elegidos por unanimidad, la directiva estará compuesta por Tania Rebolledo (Teatro UC) a la cabeza como presidenta, Guillermo Ugalde (Teatro La Memoria) en el cargo de Secretaría, Catalina Tapia (Teatro ICTUS) en Tesorería, Katherine Staig (Espacio Vitrina) como directora y Felipe Mella (Centro GAM) como director.

“Creo que es vital hacer continuidad con la gestión realizada anteriormente, valoramos profundamente la gestión realizada por nuestras compañeras y compañeros y por lo mismo muchos de nuestros puntos de trabajo serán los que hemos levantado con nuestro directorio anterior. Es importante dialogar con las autoridades para poder construir avances que potencien las artes escénicas y la cultura”, dijo Tania Rebolledo, presidenta de la Red Salas de Teatro y también directora ejecutiva de Teatro UC.

Los desafíos de esta nueva directiva, junto al equipo de profesionales que se encarga de implementar el seguimiento y asesoría a las 26 salas socias que forman parte de la Red Salas de Teatro, girarán en torno a la agenda política cultural, la seguridad en los barrios que este último tiempo se ha visto en riesgo, junto a la toma de conciencia de la accesibilidad en salas y la no violencia de género a través de un protocolo que mantenga seguro tanto a los equipos de trabajo de los teatros, compañías y públicos.

“Además de toda la asociatividad y colaboración que podamos realizar entre los teatros y espacios escénicos, queremos celebrar los 10 años de esta Red que se ha caracterizado por ser un agente activo de las políticas públicas que potencian las artes escénicas, y a sus trabajadoras y trabajadores culturales”, afirma Rebolledo.

2021 y 2022: pandemia y vuelta a la presencialidad en los espacios escénicos

“El nuevo directorio tiene todo nuestro apoyo para la gestión de los próximos dos años, estamos ciertas de su compromiso para continuar el trabajo político y gremial de nuestra red”, apunta Karla Sandoval, expresidenta de la Red de Salas y directora del espacio escénico Anfiteatro de Bellas Artes.

Durante el trabajo realizado por el directorio en los años 2021 y 2022, compuesto por Karla Sandoval (presidenta), Lissette Villegas de Teatro Lospleimovil en Tesorería, Freddy Araya de Teatro del Puente como director, Bárbara Vera de Espacio Taller como directora y Claudia Narea de Teatro Sidarte como directora, se desarrollaron instancias para mantener a los espacios activos en el formato digital a través de los Ciclos de Teatro Accesibles, Conversaciones en Red, Curso de Interpretación de Lengua de Señas Chilena (LSCh), entre otras actividades de vinculación con el público en medio de la emergencia mundial frente al Covid-19.

A su vez, una agenda política relevante para la reactivación de los espacios culturales, recuperación de aforos y protocolos sanitarios de prevención autocuidado dentro de las salas culturales.

“Esperamos que continúe el trabajo construido de internacionalización y colaboración con la Red Iberoamericana de Espacios Escénicos (RIEE), y el trabajo de la Comisión de Género para terminar un nuevo protocolo Red de Salas que permita cuidar a las y los trabajadores de la red, en conjunto a organizaciones feministas de artes escénicas para su socialización”, destacó Karla Sandoval.

También se espera avanzar en la proyección de una Red Nacional de Espacios Escénicos para ampliar el alcance territorial y continuar con el trabajo político realizado por la Red de Salas estos últimos 10 años.

Sobre la Red Salas de Teatro

La Red Salas de Teatro, creada el año 2013, es una asociación gremial sin ánimo de lucro que se constituye a partir de la vinculación de los distintos espacios de difusión de las artes escénicas de la Región Metropolitana. Su misión es promover la asociatividad de los espacios dedicados al desarrollo de las artes escénicas, con el fin de poner en valor la actividad del sector. Por ello, sus objetivos apuntan a fomentar estrategias de financiamiento y de fortalecimiento institucional, desarrollar estrategias de formación de públicos y generar estrategias conjuntas de marketing y difusión tanto para la Red como para sus salas socias. Actualmente, la Red Salas de Teatro es una Asociación Gremial integrada por 26 salas de teatro, que promueve la asociatividad y el trabajo en red de sus miembros. Más información en www.redsalasdeteatro.cl