viernes, marzo 29, 2024
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Partido Socialista Denuncia que el Gobierno No Resguarda Adecuadamente Fuentes Laborales ante Pandemia

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El Plan de Emergencia en materia laboral ante la pandemia del COVID-19 no resguarda adecuadamente las fuentes de trabajo y los ingresos de las y los trabajadores, según el tercer informe al respecto del Partido Socialista, con el apoyo del Instituto Igualdad.

En el informe del trimestre móvil marzo-mayo, se detalla que 3 millones 284 mil personas se desmovilizaron del mercado laboral o están desempleadas o con relación suspendida; 1 millón 256 mil fueron expulsadas de la fuerza de trabajo, y 879 mil se encuentran cesantes.

Ante estos antecedentes y tomando en cuenta la nueva normativa que se dictó en este periodo, los efectos jurídicos y consecuencias prácticas, en definitiva las y los trabajadores no se encuentran protegidos ante los efectos que produce la crisis sanitaria, económica y social que vive el país.

En el documento titulado “Realidad en materia laboral” se detalló que “dentro de las y los ocupados, se registran 1 millón 149 mil trabajadoras y trabajadores ausentes, quienes estarían con algún grado de suplencia de ingresos, pero que ya están con una tasa de reemplazo de 55%, que, sin duda, las y los deja bajo el salario mínimo”

También se puntualizó en el informe del PS, que “es necesario reiterar que la estimación a mayo es un trimestre móvil en que las condiciones de los meses considerados son muy distintas, desde un marzo normal hasta un mayo con un impacto severo en la fuerza de trabajo. En el próximo trimestre móvil, se reemplazará un mes normal por uno similar al de mayo, con lo cual es esperable una situación más drástica en la caída de la ocupación en el país”.

Precarización de derechos

Todo hace ver que ni la legislación aprobada resguarda las fuentes de trabajo y menos los salarios, precarizando aún más situación de miles de chilenas y chilenos, por lo que se requiere corregir prontamente las medidas.

Además, la investigación ahondó en la actual Ley de Protección al Empleo, de la Ley de Teletrabajo, del Ingreso Mínimo Garantizado, y su impacto en las trabajadoras de casa particular y de las y los trabajadores migrantes, de los derechos colectivos y la actuación de la institucionalidad laboral.

En este aspecto, Francisco Díaz, ex subsecretario del Trabajo e integrante del equipo fiscalizador, aseguró que “luego de analizar la situación de trabajadores y trabajadoras migrantes y de casa particular, y de aquellos y aquellas en teletrabajo, vemos que en todos se produce una precarización en sus derechos, una disminución de ingresos y, lamentablemente, un aumento de la cesantía”.

Por lo mismo, señaló que “la conclusión es una sola, las trabajadoras y trabajadores no están siendo protegidos en esta coyuntura, hay una evidente precarización en muchos sectores”.

Finalmente, el informe del equipo PS evaluó también la opinión de más de 70 dirigentes sindicales nacionales y regionales de diversos sectores productivos y de servicios privados y públicos, proponiendo 10 medidas para los trabajadores y trabajadoras con contrato laboral, para corregir “la abierta injusticia que existe hoy”.

La Salud Sexual de Todas las Mujeres en Tiempos de Pandemias

Desde que aparece el COVID-19 en Chile, las atenciones en salud del sistema público se han visto directamente afectadas, especialmente la atención en salud sexual de todas las mujeres. Junto a la cancelación de la atención clínica y los exámenes en tratamiento a personas viviendo con VIH y otras patologías crónicas de alta complejidad, entre ellas un grupo importante de mujeres jóvenes, adultas y madres de familia, así como mujeres trabajadoras sexuales, las mujeres afrontamos precaria información, suspensión de consultas y derivaciones a urgencias, lugares de alto riesgo de contagio del coronavirus. Mientras ocurren estas lamentables y graves situaciones, las autoridades de salud invitan a retomar los controles frecuentes de salud pero las mujeres trabajadoras sexuales y las mujeres viviendo con VIH no somos atendidas, ni  recibimos información adecuada y veraz.

Las mujeres trabajadoras sexuales, así como las mujeres viviendo con VIH/SIDA, somos estigmatizadas y discriminadas por la sociedad, representando a los colectivos más sacudidos e invisibilizados por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, pese a los obstáculos, hemos decidido, una vez más, levantar nuestras voces, enfrentando la exclusión social y manteniendo la lucha por nuestros derechos y necesidades básicas, reuniendo apoyo en alimentos y útiles de aseo para las trabajadoras autónomas, presenciales e independientes en todo el país, al igual que las mujeres viviendo con VIH reunidas en ICW capítulo chileno, mujeres invisibilizadas por la sociedad y los gobiernos de turno.

En estos días, el Gobierno de Chile anunció la entrega de cajas de productos de primera necesidad, llamadas “Alimentos para Chile”, incluyendo en sus productos toallas higiénicas y condones masculinos. Si bien es valorable esta política pública, más allá de la excesiva y oportunista publicidad que las autoridades realizan en su promoción y entrega, llama negativamente la atención la exclusión de condones femeninos y/o vaginales en esta entrega, siendo una política dirigida a todas las mujeres y anunciada por el ex ministro de Salud, Emilio Santelices. Una política pública que hemos promovido entusiastamente en diferentes ámbitos y espacios, realizando capacitaciones para los profesionales del Ministerio de Salud, profesionales de la salud de la atención primaria, secundaria y terciaria, efectuando talleres en Santiago, Valparaíso, Coquimbo, Concepción, Río Claro y Punta Arenas.

Fundación Margen, integrante de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe REDTRASEX e ICW de Mujeres Viviendo con VIH/SIDA Capítulo Chileno, hemos sumado esfuerzos y experiencia organizacional  desde el liderazgo y el activismo social. Durante 2018 y 2019 hemos promovido con más ímpetu el acceso y uso del condón vaginal y/o femenino en toda la población de mujeres en nuestro país. Durante el desarrollo de esta pandemia buscamos retomar nuestra campaña pero no ha sido posible. La crisis por el coronavirus ha modificado y trastoca la vida de todas, especialmente de las personas más excluidas de la sociedad, entre ellas mujeres viviendo con VIH, mujeres trabajadoras sexuales, mujeres privadas de libertad, mujeres en situación de calle y mujeres con consumo problemático de alcohol y drogas.

Los derechos conquistados por organizaciones de mujeres se han visto gravemente afectados en medio de esta nueva pandemia que actúa como realidad pero también aparece como justificación y excusa. Hablamos de excusas porque mientras se promueve la inclusión de tres condones masculinos en las cajas de alimentos del Gobierno de Chile, se excluyen los condones femeninos. Hablamos de excusas porque mientras se promueve la entrega de toallas higiénicas en las cajas de alimentos, los servicios de salud sexual para la atención de mujeres, entre ellas mujeres trabajadoras sexuales y mujeres viviendo con VIH, están suspendidos y en el mejor de los casos, atendiendo solo situaciones graves y excepcionales.

Desde Fundación Margen e ICW Capítulo Chileno reafirmamos el compromiso en la lucha por la conquista de históricas demandas de mujeres viviendo con VIH/SIDA y mujeres trabajadoras sexuales que exigimos políticas públicas que centren su atención en la protección de la salud sexual y  reproductiva en todo el ciclo de vida de las mujeres. Exigimos al Gobierno de Chile garantizar el acceso a la salud, así como el acceso y uso del condón femenino en todos los tiempos, incluyendo  la entrega de terapias VIH multimes a todas las personas viviendo con VIH como recomienda ONUSIDA.

Una Gran Victoria Ciudadana: Piñera Decidió Promulgar la Reforma del Retiro del 10 por Ciento de las AFPs

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Finalmente, dado lo contundente votación final en la Cámara de Diputados y Diputadas, pero por sobre todo, por el desmoronamiento a pasos agigantados de la coalición de gobierno luego de la aprobación de los cambios que el Senado había propuesto por más de dos tercios de los diputados, muchos de ellos provenientes de RN y de la UDI, el Presidente Piñera decidió promulgar la Reforma Constitucional, que permite el retiro del 10 por ciento de los fondos de las AFPs.

Ocurrió que un gran número de diputados del Renovación Nacional (RN) que durante el primer trámite en la Cámara se abstuvieron, esta vez apoyaron la propuesta, incluyendo al presidente de la tienda, Mario Desbordes. Lo sorprendente fue lo que ocurrió con los parlamentarios de la UDI, donde varios históricos respaldaron el proyecto. Así se llegó a un total de 116 votos a favor, provocando el desconcierto, la rabia y las ganas de que terminara pronto el aciago día.

El siguiente paso lo dará ahora el gobierno enviando el decreto promulgatorio a la Contraloría, un paso inicial para la toma de razón  y. posteriormente,  su publicación  en el Diario Oficial.

El comunicado del gobierno -entregado luego de una reunión del Mandatario con su equipo político- explica        que “la decisión del Presidente de promulgar esta Reforma Constitucional obedece a su intención y voluntad -dada la difícil situación económica y social que viven muchas familias y compatriotas- de facilitar y agilizar el retiro de estos fondos de ahorros previsionales por parte de las personas habilitadas”. Y termina señalando que “el Gobierno de Chile reitera que está firmemente comprometido con avanzar en una Profunda Reforma Previsional que permita cambiar el sistema, con el propósito de mejorar las pensiones de todos los ciudadanos”.

La duda respecto a los pasos que seguiría el gobierno, la aclaró poco antes el senador Andrés Allamand. “Los senadores de Chile Vamos hemos resuelto no concurrir al Tribunal Constitucional. Asumimos que el proyecto de reforma ha sido aprobado por una amplia mayoría en ambas Cámaras”, indicó Allamand, quien además, hizo un llamado al gobierno a que colabore en que la implementación de la iniciativa sea de manera expedita.

“Ciertamente corresponde hacer una autocrítica, en términos de no haber sido capaces de explicar cuáles son los efectos negativos, particularmente en el tema de las pensiones, que va a tener este proyecto, pero asumimos que en definitiva será ley y llamamos al gobierno a colaborar, vía reglamentaria, en la implementación más expedita de la reforma que ha sido aprobada”, señaló el parlamentario.

¿Qué ocurrió?

Fueron 35 los diputados de Chile Vamos -19 de Renovación Nacional, 14 de la UDI; y 2 independientes- los que le dieron mayoría absoluta al proyecto de retiro anticipado de un 10 por ciento de fondos de AFP. Fue en los hechos, el anhelado dos tercios que buscaba la derecha más recalcitrante para detener el proceso. No hubo caso. Los dos tercios -en el Senado y en la Cámara- se pronunciaron a favor, lo que jamás imaginaron en ese sector político.

Comenzó entonces a correr el tiempo que tranquilizará a millones de chilenos y chilenas que ya no dan más de angustia por su situación. El proyecto impulsado por la oposición para enfrentar la crisis social y económica desatada por la pandemia quedó listo para ser una reforma constitucional oleada y sacramentada y que es la que el Presidente promulgará.

El histórico paso final en la Cámara fue la tercera derrota consecutiva del gobierno. Pese a todas las presiones, pese a las amenazas, pese a la campaña del terror en la que la derecha es experta, se aprobó una reforma que prácticamente todo Chile esperaba expectante. Significará para millones la posibilidad de salir de sus deudas, respirar un poco y hasta comer como lo hacía hasta antes de la crisis.

Se trata de una derrota que el propio Mandatario la hizo personal, al arriesgar todo su capital político en evitar la aprobación de esta reforma sin conseguirlo. Más aún. Sus propios partidarios no solo se pronunciaron mayoritariamente a favor de esta iniciativa en las encuestas, sino que sus parlamentarios, de la UDI y de RN, no lo escucharon.

Poco antes, se informó de otro intento fallido del gobierno. La Cámara  rechazó por amplia mayoría el veto que había ingresado el gobierno por el corte de suministros básicos (109 en contra y 31 a favor). Y con ello, la iniciativa quedó lista para su promulgación. Se establece una vigencia de 30 días antes y 90 días después de publicada la Ley. En este lapso, las empresas proveedoras de servicios sanitarios, empresas de distribución eléctrica y de gas de red no podrán cortar el suministro por mora en el pago de usuarios residenciales o domiciliarios, hospitales y centros de salud, cárceles y recintos penitenciarios, hogares de menores, bomberos, organizaciones sin fines de lucro, microempresas entre otros beneficiados.

El desorden, las recriminaciones, y la huida de un gobierno que está ad portas de finalizar su gestión real está instalado en Chile Vamos. Las desconfianzas e irritaciones están a flor de piel en su interior. En realidad nadie entiende mucho la renuncia del presidente de Evopoli a su cargo, reveladora de su inexperiencia política y que en el fondo tenía por objeto que el presidente de RN, Mario Desbordes, renunciara a su cargo en Renovación Nacional dejando el paso libre a Allamand,  que hace rato busca ese puesto de poder en su partido.

Ese fue el motivo para el ataque directo contra Desbordes en la intervención de Allamand en el Senado. No le bastó.  Durante una entrevista televisiva hubo un cruce tenso de opiniones con el propio Desbordes. El presidente de RN respondió: “no vale la pena contestarle al senador Allamand, no tiene ningún sentido. Uno tiene que preocuparse del electorado, de la gente que votó por nosotros, la ciudadanía”. Y luego agregó:”… todos los que nos están criticando, los que pontifican desde un altar en los diarios, la verdad es que yo los invitaría a que salgan un poco a la calle, vean la realidad, porque esto no es una cuestión de populismo, no es maldad, no es querer destruir el sistema. Yo tengo mi conciencia muy tranquila, y aquel que nos critica, que pontifica, no vale ni la pena contestarle. Bajar el debate al nivel que lo han bajado algunos, de buenos o malos, de marxistas leninistas y no sé cuántas tonteras más, solo ofende a la ciudadanía que no puede parar la olla en este minuto”.

Mientras en la UDI, su presidenta, Jacqueline van Rysselberghe anunció que, al igual que como ocurrió con los cinco diputados que visaron la iniciativa en la Cámara Baja, los tres senadores que aprobaron pasarán también al Tribunal Supremo. Habrá que esperar qué ocurrirá con el resto de los parlamentarios de su partido que esta vez se sumaron al apruebo.

El Ministro del Interior, aclaró sus prioridades luego del jueves negro que vivió:   “Hoy nuestra prioridad es despachar cuanto antes el proyecto que está acá en la Cámara de Diputados, el Ingreso Familiar de Emergencia y su ampliación, que va a permitir que más de un millón de hogares puedan acceder al beneficio”. Luego añadió: “es muy importante que el gobierno y su coalición recuperen cuanto antes su capacidad de trabajar con unidad, de fijar posiciones comunes, en torno a aquellos principios y convicciones que nos mueven”. Y finalmente reconoció la derrota: “yo creo que efectivamente, desde la perspectiva nuestra, esto ha sido un traspié muy importante, lo hemos dicho desde un comienzo, lo reconocemos así“.

La Disciplina Política Debe Estar Con La Gente

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Más del 80% de aprobación ciudadana tiene el proyecto de reforma constitucional que busca que la ciudadanía pueda retirar el 10% de sus fondos de las AFP en medio del estado excepcional de catástrofe en que nos encontramos producto de la pandemia del coronavirus. Pese a los continuos esfuerzos del Presidente y su gabinete político que lo han calificado abiertamente de malo e inoportuno, los cacerolazos ciudadanos y las barricadas populares han servido de telón de fondo a una iniciativa que, de aprobarse completamente, sería histórica.

Es un hecho que luego de su arrolladora aprobación en la Cámara de Diputados, con 95  votos a favor, 36 en contra y 22 abstenciones, el gobierno de Sebastián Piñera anotó su derrota política más bullada. Los 13 votos disidentes de parlamentarios y parlamentarias de Chile Vamos que le dieron el triunfo a la iniciativa, dejaron entrever la falta de cohesión de la Alianza como bloque gobernante.

A partir de lo anterior surge entonces la pregunta: ¿Qué hará  ahora el Gobierno?

Fuimos testigos de cómo después de la votación no se hicieron esperar las recriminaciones entre los ministros del comité político, siendo el más afectado el titular de Interior, Gonzalo Blumel. “La aprobación de esta norma representa una alteración de las reglas de nuestro sistema democrático”,  declaró el secretario de Estado al ser cuestionado en su liderazgo.

Pese a sus esfuerzos y aunque el propio Presidente de la República puso gran parte de su capital político en juego para que este proyecto no viera la luz, la estrategia de Blumel no resultó. Al parecer, muchos serán los costos políticos que se cobren por esta diplomacia fallida.

Un claro ejemplo lo ha dado en los últimos días la Unión Demócrata Independiente, cuya Comisión Política decidió pasar al Tribunal Supremo a quienes con su voto hayan contribuido o vayan a contribuir –ahora en el Senado- a la aprobación del proyecto de ley que permita esta  Reforma Constitucional. Sin embargo y aun con ultimátum de por medio, ya conocimos la opinión de 5 senadores que se declararon primero en reflexión, y luego derechamente, a favor de la iniciativa de reforma.

Lo significativo de la aprobación de este proyecto de ley no tiene que ver con la unión de la Oposición e independientes en torno a un voto positivo en el Senado, sino que más importante aún, con la derrota que se infringe a un sistema que se nos presentó como invariable e invulnerable, flanqueado por un acorazado como la Constitución del 80’, vetusto y añejo, pero no menos eficiente en el resguardo del sistema económico y político abusivo que nos ha dirigido desde su aprobación en Dictadura.

En la discusión final, la palabra la tienen los senadores UDI Juan Castro, Iván Moreira, José Ossandón, David Sandoval y José Durana. Por lo visto, Arica estará indirectamente en el ojo del huracán.

Esperemos que en esta oportunidad la disciplina de nuestros parlamentarios esté con la Región y su gente y no con los partidos políticos ni las dirigencias que, en el caso particular de la UDI, continúan ancladas a la defensa irrestricta de un sistema que solo ha sembrado desigualdad económica y social, afectando también a su propio electorado.

Greenpeace “Tribunales Son Claros: No Se Pueden Entregar Menos de 100 Litros Diarios de Agua por Persona”

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Como un avance clave destacó Greenpeace que la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogiera el recurso de protección presentado por la Defensoría de la Niñez en representación de niños, niñas y comunidades de la comuna de Petorca, el cual establece que, en el contexto de crisis sanitaria por la pandemia, se entreguen 100 litros de agua por día para los habitantes de la región.

La decisión de la Corte anula por falta de fundamentos y argumentos la resolución N° 458, dictada en abril de este año por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso. Dicha resolución dejaba sin efecto la entrega de 100 litros diarios a las personas y comunidades, limitando la entrega de agua a sólo 50 litros, reduciendo la disponibilidad de la misma para cumplir recomendaciones de  prevención del contagio del coronavirus, en toda la región de Valparaíso.

“Está victoria alcanzada por la Defensoría de la Niñez, es muy importante pues permite garantizar la distribución de  agua en una cantidad mínima para cubrir las necesidades en un contexto de crisis sanitaria, de quienes hoy en la región de Valparaíso no la pueden conseguir de ningún otro modo. Este triunfo legal permite que no sólo la gente de Petorca sea provista de agua, sino toda la región de Valparaíso, por lo que el llamado es a su implementación de modo inmediato. Los 100 litros son un piso mínimo, establecido legalmente, que debe estar garantizado para todo Chile. No respetarlo significa atentar contra los derechos más básicos de las personas. Es inaceptable que las mismas autoridades consideren que menos de esa cifra basta para quienes hoy no tienen cómo lavarse las manos. Por fin se está tomando en serio que esto es una vulneración al derecho humano básico de tener acceso al agua”, indicó Matías Asun, director en Greenpeace.

La organización además anunció que dentro de los próximos días presentará una invalidación de la resolución N°23 de 2019, ante la Seremi de Salud de Valparaíso, para solicitar que el mínimo de 100 litros se haga extensivo no sólo durante el Estado de Catástrofe, sino que sea permanente para todos los habitantes de la región.

“Desde Greenpeace, hemos exigido desde el inicio de la pandemia una respuesta efectiva con un plan de liberación y distribución de aguas desde el gobierno. Por lo mismo, hacemos un llamado a las autoridades a reconocer la emergencia que se vive en los territorios privados de agua, y a aumentar el abastecimiento seguro de agua para todos los habitantes del país. Se trata de un imperativo urgente, especialmente ahora que los números de contagio están creciendo en otras localidades del país, provocando focos fuera de las grandes ciudades”, indicó Asun.

Desde marzo de este año Greenpeace habilitó la plataforma Sueltaelagua.cl, petición que solicita al Presidente Sebastián Piñera un plan de emergencia para la distribución y liberación de agua para los más de 350 mil personas que en Chile no tienen acceso garantizado al agua. La petición alcanza más de 75 mil personas que hoy le han solicitado al presidente hacerse cargo de esta crisis, en medio de la pandemia. Sin embargo, son los Tribunales de Justicia quienes comienzan a soltarla.

La Huelga del Machi

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«En un posible fallecimiento, le pido a mi pueblo nación-mapuche, a no bajar la guardia a luchar hasta hacer que el Estado chileno se coloque a la disponibilidad de devolver nuestro territorio ancestral mapuche y los recursos naturales”.

Las palabras pertenecen a la voz de una autoridad ancestral mapuche. Es el Machi Celestino Córdova. Preso en la cárcel de Temuco, cumple condena de 18 años por el homicidio del matrimonio Luchsinger-Mackay. El 4 de mayo pasado inició una huelga de hambre. El Machi pide cumplir sus años de prisión en su comunidad. Ya son 81 días de resistencia y su cuerpo da señales del impacto. En las últimas horas el Machi Celestino fue trasladado de urgencia al Hospital de Nueva Imperial. Su vocera, Giovanna Tabilo ha señalado que “está en una fase máxima de gravedad”.

Las organizaciones mapuche, sociales y de derechos humanos difunden información respecto al estado de salud del Machi. El Gobierno guarda un silencio absoluto ante el complejo momento que vive la autoridad mapuche. Un Gobierno que, por lo demás, vulnera estándares y convenios internacionales de derechos humanos, a los que cuales este mismo país ha suscrito.

Si hablamos del Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes de la Organización Internacional de Trabajo – el cual entró en vigencia en Chile desde el 15 de septiembre de 2009- su artículo 10 expresa tajante que Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales” y que “Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”. Esto quiere decir, que si una persona indígena es condenada, se debe considerar sus costumbres, cultura y situación social para determinar la pena que deberá cumplir. Incluso, la pena privativa de libertad debería ser la última opción.

Asimismo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, reafirma “la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos”.

Con respecto a la petición del Machi Celestino Córdova y de las y los presos políticos mapuche de regresar a sus comunidades para cumplir sus condenas, el Artículo 11 de la Declaración de la ONU respecto a pueblos indígenas, señala que “Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas”. De ahí cuando el Machi Celestino Córdova exigió desde el 2017, poder visitar su Rewe, lugar sagrado para el pueblo mapuche, y poder renovar sus energías como autoridad ancestral. En el 2018 se le permitió realizar esta visita en 48 horas. Pero hoy, el Machi sigue cumpliendo condena. Si no está en el hospital con riesgo vital, está en una cárcel. Lejos de su comunidad. Lejos de sus tradiciones. Chile está bajo los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Y con respecto a los pueblos indígenas, no hay respeto a su autodeterminación, autonomía y autogobierno en sus condiciones políticas, desarrollo cultural, social y económico.

Lucha por la ternura

La huelga de hambre del Machi Celestino Córdova no es sólo por su condición. Es por todas y todos los presos mapuche y por todas y todos los presos que están cumpliendo penas privativas de libertad tras las rejas. La huelga del Machi expresa las condiciones carcelarias en Chile: hacinamiento, falta de salubridad, discriminación a pueblos indígenas, diversidad sexual, mujeres, adultos mayores. Esto último, incluso está estipulado en el Manual de Derechos Humanos de la función penitenciaria de Gendarmería de Chile. Documento que se basa en Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, también conocidas como Las Reglas Mandela. El documento de Gendarmería expresa que no se permite ningún tipo de discriminación para las personas privadas de libertad, en especial “para los grupos vulnerables y minoritarios que conviven al interior de los establecimientos penitenciarios: entre estos, indígenas, extranjeros, diversidad sexual, género, discapacidad, adulto mayor y jóvenes”. Es más, en su apartado sobre derecho a la salud, indica que las y los presos, mantienen el derecho fundamental de gozar de una buena salud, tanto física como mental. Son puntos necesarios de exponer para ser tajantes en decir que ninguna de estas reglas del propio manual de derechos humanos de Gendarmería, son respetadas al interior de los penales.

El Machi Celestino tomó el camino de una lucha compleja. Significa asumir el riesgo de perder la vida. Lo hace también por quienes están en las cárceles y para reflejar el modelo punitivo que no respeta la vida ni humanidad de quienes cumplen condena en los penales. Menos respeta la identidad y espiritualidad de los y las mapuche. Son muchos y muchas quienes han sido encarcelados, tras ser perseguidos y criminalizados por el Estado Chileno que tampoco ha dado garantías a las comunidades indígenas de poder asumir su autonomía y autodeterminación. Es por eso, que la huelga de hambre del Machi Celestino Córdova significa hambre de justicia y amor por su pueblo. De justicia también por las y los presos.

“Nuestra lucha, es una lucha por ternura” dice Elicura Chihuailaf Nahuelpán. Y la del Machi Celestino Córdova es eso. Lucha desde lo individual a lo colectivo. Desde el hambre y cuerpo individual, a los cuerpos de todos y todas las mapuche, pero también por todos y todas las presas tras las rejas.

Colaterales y Post-Pandemia

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La pandemia ha sido el gran tema de los últimos meses. Ha ocupado titulares, entrevistas y opiniones en diarios, revistas y canales de todo el mundo. Todos hablan del virus, mostrando su postura editorial y dejando en claro, una vez más, que la objetividad no existe y que cualquier noticia tiene un trasfondo ideológico.

En este contexto, han aparecido temas contiguos como la pre-pandemia, los efectos colaterales y la post-pandemia. En el primer caso, es evidente que en nuestro país el virus llega en medio de un estallido social con calles cubiertas por personas que reclamaban dignidad.

El virus sigue mostrando que el Estado de Chile está al debe en materia de dignidad y/o decencia. En el caso de los daños colaterales, temas como la economía, violencia intrafamiliar y cesantía son parte de nuestra conversación diaria.

Al hacer un análisis de los problemas derivados de la pandemia, hay uno que ha sido olvidado: el derecho al juego.

El juego es definido como un quehacer ocurrido en un contexto espaciotemporal, que reúne a un grupo de personas que deciden realizar una acción, con reglas libremente consentidas y sin utilidad inmediata. Durante el juego reina el entusiasmo y la emotividad, ya sea una simple fiesta, un momento de diversión o una instancia orientada a la competencia. El juego, por momentos, se acompaña de sociabilidad y conllevaalegría.

Los griegos veían el juego en el teatro  y diversas religiones consideran las  liturgias como parte de este quehacer.

Johan Huizinga (1872 -1945) profesor, historiador y teórico de la cultura, publica en 1938 su texto “Homo ludens” (1938) (Hombre jugador) donde propone  entender el juego como una condición para laexistencia de la cultura, una manera de dar valor a los objetos y una forma de poner fin a cualquier tensión.

¿Por qué esta ausencia de juego se transforma en un daño colateral?

Sicólogos y otros profesionales de la educación han coincidido en que el juego debe ser considerado un pilar de la educación ya que abre la imaginación, potencia la capacidad de acceder a nuevos mundos, permite el trabajo en equipo, posibilita el acuerdo y crea nuevas formas de conocimiento.

Todas estas capacidades han sido minusvaloradas, desde antes de la pandemia. En un país cuya educación está sometida a pruebas estandarizadas, el juego ha perdido importancia.

En este contexto habría que preguntarse: ¿cómo juega un niño hacinado en un departamento y sometido a un estrés producto de los problemas de su familia?

Como muchas cosas, no se tiene la respuesta.

Se podrá argüir que la situación es puntual, sin embargo, no lo es. Hace años que al niño se lo sienta frente al televisor o, más recientemente, se le pasa un celular para que no moleste.

La Presidenta Bachelet, como una forma de ayudar a solucionar el problema, se propuso entrega barrios, no casas. Durante el gobierno del Presidente Frei Ruiz Tagle un trabajo del CONACE entrevistó a adolescentes y pre-adolescentes  de La Pintana y se les preguntó qué necesitaban para jugar con tranquilidad a la salida de su casa. Ellos dijeron que querían Carabineros para que les cuidaran la pelotay/o muñecas, pues los drogadictos –entre los cuales podía estar su padre, hermano o tío – se las robaban.

El problema del juego se transforma en estructural. Los niños/(as – es) no pueden jugar. No pueden,durante algunos minutos, ser Alexis Sánchez o la Chilindrina, pues su entorno les veta el derecho a soñar, jugar, traspirar y ensuciarse.

Erich Fromm destaca que la diferencia entre el ser humano y la estatua es que a estas últimas no les crece el pelo ni traspiran.

Una de las tareas que se debe enfrentar la post-pandemia es re-enseñar a jugar. Apagar el aparato electrónico y retomar la pelota, la tierra, los vecinos, traspirar, ensuciarnos.  Potenciar aquella capacidad lúdica, que como decía Huizinga, permite volver al lugar primario y recordar que una de las características del ser humano es ser un animal que juega.

Otro Paso Histórico: Senado Aprueba Retiro del 10 por Ciento de las AFPs, Se Espera Reacción del Gobierno

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Para nadie era un misterio que el proyecto de reforma constitucional para el retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones sería aprobado con los votos de varios senadores del oficialismo, UDI incluidos. Después de 7 horas de debate llegó la votación. Fueron 29 los votos a favor, 13 en contra y la sorpresiva abstención del senador Chahuán.

Con todo, el enorme rating del Canal de TV del Senado es una evidencia del interés y el nerviosismo de millones de familias de las llamadas clase media, que a estas alturas, luego de casi cuatro meses de acumulación de deudas, agobio, incertidumbre y miedo al futuro inmediato, siguió con atención el debate en esa  Cámara con la esperanza de la aprobación de lo que ven como un salvavidas para este momento. De hecho, cuando terminó la votación en todas las regiones de Chile sonaron las cacerolas saludando la buena nueva.

Las intervenciones de los parlamentarios fueron reveladoras. Andrés Allamand (RN) y Víctor Pérez (UDI) intentaron primero proponer un cambio en el quórum de la votación del proyecto  ya aprobado en  la Cámara de Diputados. Fue prácticamente una jugada última y desesperada para rechazar la iniciativa legal que le daba esperanza a la inmensa mayoría del país. Optó finalmente por una  “reserva de constitucionalidad”. Es que, según el senador “estamos frente a un resquicio constitucional, un ‘fraude a la ley’. Eleva a rango constitucional materias propias de ley, elude la iniciativa exclusiva presidencial y baja quórum”. El senador independiente Pedro Araya fue quien le respondió  y luego, en la votación del punto, perdió estrepitosamente: la solicitud de Allamand fue rechazada. Se mantuvo el quórum de 3/5 por 29 votos a favor y 14 en contra.

Luego llegaron las intervenciones de los senadores. Hubo de todo. Desde la sorpresa no tan sorpresa del voto de quien se autocalificó como “el más malo de los malos”, Iván Moreira, quien en un sentido discurso apoyando el proyecto, le pidió a Sebastián Piñera que no pusiera obstáculos a la promulgación de esta reforma. Hasta las descalificaciones del senador Kast que acusó a sus pares que votaban a favor de simplistas y de actuar mirando las encuestas, entre otros “caramelos”.

Y no se puede dejar pasar la intervención de Andrés Allamand quien no sólo atacó  de mala manera a su propio presidente de partido, sino que planteó la debacle que vivirá el país luego de aprobarse la reforma del 10 por ciento. Primero, aprovechó  el debate de la votación para criticar a Mario Desbordes, y de paso, a su eterno contrincante presidencial, el alcalde de Las Condes y principal carta de su sector a La Moneda, Joaquín Lavín. “A algunos les importa mucho más las encuestas del lunes que la coherencia”, dijo Allamand. Añadió que el presidente de Renovación Nacional “abrió una puerta que no fue capaz de cerrar” y “la principal carta de la derecha se ha transformado bruscamente en un entusiasta de la idea”. El “entusiasta” es Joaquín Lavín quien había afirmado que “estamos viviendo una situación muy excepcional, y en situaciones excepcionales uno hace cosas que no haría en tiempos normales, es lógico”. Y agregó que “los fondos para jubilación son fondos para jubilación, pero estamos viviendo una situación muy excepcional y las ayudan no han llegado con la rapidez requerida ni han llegado a todos”, aseguró

Pero, el senador RN no se quedó allí. Acusó a la oposición de usar “resquicios legales propios de una época aciaga en la historia”  para buscar instalar un “parlamentarismo de facto”, lo que calificó como una “antesala segura de una crisis política, prólogo de la ingobernabilidad y el retorno a la violencia”.

Lo que viene

Ya aprobado por los senadores, viene ahora el momento de la tensa espera. ¿Qué hará el gobierno? ¿Qué  decidirá el Presidente?. Más de alguno de los senadores le pidió al Mandatario -sentidamente incluso- que no acudiera al Tribunal Constitucional, ni menos que vetara el proyecto aprobado por los parlamentarios  y apoyado por más del 80 por ciento de chilenos y chilenas.

La Ministra Secretaria General de Gobierno no quiso dar luces sobre la decisión. Pero ya se sabe que un sector de RN, encabezado por Allamand y la UDI, con su presidenta al frente, están por el veto presidencial  o por el Tribunal Constitucional. Karla Rubilar indicó que “estamos convencidos como gobierno que independiente de si un proyecto es popular o no lo que le corresponde al Ejecutivo es hacer lo correcto”. Agregó que “estamos convencidos de que este proyecto tiene complicaciones, no solo en materia de que desprotege el futuro por proteger el presente, daña las pensiones futuras, sino que también creemos que hay vicios dentro del proyecto de ley tal como se presentó”. Aseguró que “nunca el gobierno en ningún proyecto descarta a priori utilizar las herramientas que tiene. Estamos viendo como se desencadena el debate antes de tomar una decisión. Todas las herramientas sobre la mesa están en cada proyecto de ley”.

Ya lo había dicho no una sino varias veces la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe: instó al gobierno a utilizar el veto presidencial . No se quedó atrás el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Con dureza repitió el guion que derecha ha propagado como mantra: que la legislación “afectaría la institucionalidad nacional”. “Acá se obra a través de un atajo para saltarse lo que es lo propio de la potestad del Ejecutivo en materias de seguridad social“. Toda una ventana para la posibilidad de llevar el proyecto aprobado por ambas Cámaras al Tribunal Constitucional (TC).

Una vez tramitadas todas las indicaciones que se le incluyeron en la votación de la Cámara Alta, llega la hora del Ejecutivo, que tendrá que decidir si acepta esta nueva derrota o acude a los instrumentos que le entrega la Constitución para  bloquear la reforma.

Derecho a la Comunicación e Inmobiliarias

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Ya es una frase cliché en nuestro gremio: «periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques, todo lo demás son relaciones públicas». No obstante, la expresión de autoría de George Orwell nos ahorra tiempo para comprender la razón por la cual el dueño de
Pilolcura Limitada y Agrícola Curiñanco Ltda., Luis Emilio Pino, presentó un recurso de protección en contra del periodista Nicolás Poblete Riesco y su medio de comunicación digital Capsular.cl de Valdivia, Región de Los Ríos.

La acción judicial surge a raíz de la crónica audiovisual titulada “Comunidades mapuche denuncian amenaza de las inmobiliarias en la costa valdiviana”, la cual fue replicada ampliamente en redes sociales.

Lo que busca el empresario inmobiliario, a través de su abogado Pablo Sanhueza Hardessen es sencillo: censura. Pretende que el colega “elimine todas y cada una de las publicaciones realizadas”.

Está claro que el “emprendedor” no quiere que los habitantes del territorio y potenciales clientes se enteren de que las comunidades del sector están reclamando en contra de las inmobiliarias, pues las sindican como presuntas responsables de dañar fuentes de agua y cuencas hidrográficas que abastecen a los comités de agua potable rural.

Las acciones tomadas por Luis Emilio Pino, se explican puesto que en vez de encontrarse con una linda y extensa crónica “ecuánime y rebosante en objetividad” sobre las bondades de vivir en un entorno natural gracias a un visionario inmobiliario, se atraganta con un sencillo trabajo periodístico que busca dar voz a quienes no han sido escuchados y salir de la comodidad de publicar solo acontecimiento o ceñirse a la pauta oficial. Prensa obsecuente, le dicen».

Seamos claros, como reza el refrán popular “poderoso caballero es don dinero” y como tal, por pequeño o grande que sea un empresario inmobiliario, no está ajeno a utilizar sus garras para silenciar todo hecho u opinión que ponga en peligro sus intereses. El derecho a la información puede ser pernicioso para el negocio.

El caso del colega Poblete se suma al triste recuento de vulneraciones que han afectado a periodistas y comunicadores a nivel local y nacional en el último tiempo. Así está documentado en el estudio “Libertad de expresión en el contexto de las protestas y movilizaciones sociales en Chile entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre de 2019”, realizado por la Fundación Datos Protegidos y el Observatorio del Derecho a la Comunicación.

El documento da cuenta de que se constataron transgresiones a la libertad de expresión, censura en redes sociales, ataques y amenazas a la prensa por parte de agentes del Estado, persecución penal e interferencia o presión directa e indirecta sobre medios de comunicación. En la Región de Los Ríos, el consejo regional de la Orden denunció durante el mismo periodo, detenciones, agresiones y amedrentamientos por parte de Carabineros a periodistas, comunicadores y fotógrafos.

En ese contexto, es preocupante lo que está ocurriendo con Capsular.cl. De prosperar el recurso de protección en contra de Nicolas Poblete Riesco se estaría coartando y amedrentando la labor informativa de los medios locales no ligados a grandes medios de comunicación.

En consecuencia, como lo manifestó recientemente nuestra Presidenta Nacional, Natalia Castillo, urge, en una nueva carta fundamental, trabajar en la consagración del derecho a la comunicación, entendiéndose como la protección legal que ampara el derecho de todas las personas a acceder a la información y al conocimiento en condiciones de igualdad, sin someterse a las leyes del mercado y permitiendo la libre expresión de la ciudadanía.

Con una vigorosa protección constitucional, nuestro colega y cualquier otro periodista y/o medio de comunicación no tendría que temer al ejercicio de su trabajo, mucho menos, entendiendo que dicha labor constituye un elemento fundamental para la conformación de sociedades más justas, equitativas y democráticas.  

Día Del Trabajo Doméstico: Yo Trabajo, Ellas Trabajan, Todas Trabajamos

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El 22 de Julio se conmemora el Día Internacional del Trabajo Doméstico, fecha instaurada en 1983 en el Segundo Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, con el objeto de valorar social, económica y políticamente este trabajo, que remunerado o no remunerado, es no reconocido, invisibilizado y desvalorado, principalmente porque recae en las mujeres, a quienes la sociedad responsabiliza de llevar adelante las tareas del hogar y de cuidado.

La Información de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala que antes de la pandemia las mujeres dedicaban diariamente al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados el triple del tiempo que los hombres y a la semana, entre 22 y 42 horas. Como ocurre en situaciones de crisis, el confinamiento agravó esta organización social injusta e insostenible de los cuidados, tema que ha estado siempre en la agenda de los feminismos pero invisible para la mayoría de la sociedad.

En los últimos meses se profundizó la discusión acerca de la urgente necesidad de contar con políticas públicas que aborden la división sexual del trabajo como una estructura de dominación de las mujeres cuyas consecuencias son evidentes no solo en el trabajo de hogar no remunerado, sino de igual manera en el trabajo doméstico asalariado.

 Explotadas por ser mujeres

 Más del 77,5% de las mujeres empleadas en el sector del trabajo doméstico operan en la informalidad, en condiciones precarias, sin acceso a protección social y sus ingresos son iguales o inferiores al 50% del promedio de todas las personas ocupadas. Estimaciones de la OIT indican que el 70,4% de las trabajadoras domésticas fueron afectadas por las cuarentenas, disminución de la actividad económica, desempleo, reducción de horas o pérdidas de salarios.

El documento “Trabajadoras Remuneradas del Hogar en América Latina y el Caribe frente a la crisis de la COVID-19” de este organismo en conjunto con ONU Mujeres y la CEPAL, muestra que en la región el trabajo doméstico supone entre el 10,5% y el 14,3% del empleo de las mujeres. Estamos hablando que entre 11 y 18 millones de personas se dedican a él, un 93% son mujeres y el 17,2% migrantes.

Según cálculos de la CEPAL  al 2010 que considera a ocho países, un 63% de las personas que se desempeñaban a la fecha en el empleo doméstico eran afrodescendientes. “En muchos casos, a la discriminación que sufren estas personas por el trabajo que realizan se le agrega la discriminación por su condición de migrantes, o su característica racial y étnica. En síntesis, la población afrodescendiente e indígena se encuentra sobrerrepresentada en el trabajo doméstico, reafirmando el carácter clasista y racista de un trabajo no debidamente regulado, controlado ni remunerado”, indica el informe.

En el año 2011, la OIT adoptó el Convenio 189 (C189) que establece pautas para que los Estados garanticen derechos y protección social para las personas trabajadoras domésticas, como un entorno de trabajo seguro y saludable y que disfruten de condiciones no menos favorables que las condiciones aplicables a las y los trabajadores en general, con respecto a la protección de la seguridad social.

Hasta ahora ha sido ratificado por 16 países de América Latina y el Caribe (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Granada, Guyana, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y México en proceso de ratificación), sin embargo, datos de la OIT advierten que en solo ocho el salario mínimo del trabajo doméstico está equiparado al salario mínimo nacional (Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, Guatemala, Nicaragua y Paraguay) y en  dos se fija en un proceso de negociación colectiva (Argentina y Uruguay).

Los sindicatos de trabajadoras remuneradas del hogar, organizaciones feministas y de mujeres, hace décadas se esfuerzan por visibilizar que la desvalorización del trabajo doméstico es la base de la desprotección laboral del sector. La pandemia forzó a pensar medidas a corto, mediano y largo plazo que posibiliten condiciones de trabajo decente para quienes se dedican al trabajo doméstico.

Convenio 189 y ausencia del Estado 

Varios países de la región desarrollan campañas de sensibilización sobre los derechos laborales de las trabajadoras remuneradas del hogar, sector que ocupa un lugar crucial dentro de la respuesta a la pandemia.

En República Dominicana, el C189, ratificado en 2013, tiene rango constitucional. Pese a ello las trabajadoras domésticas, bajo el hashtag #LasTrabajadorasDelHogarContamos, denuncian su incumplimiento y piden la regularización a través de un proyecto de ley que radica en el Congreso y que busca establecer la obligatoriedad de un contrato por escrito que establezca funciones, una jornada laboral no mayor de 8 horas al día y 44 semanales, inclusión en la seguridad social, 14 días de vacaciones remuneradas, descanso semanal obligatorio, entre otras garantías.

Colombia, en tanto, ratificó el convenio el 2014. La medición sobre Economía del Cuidado del país arroja que los trabajos de cuidados no remunerados alcanzan al 20% del PIB. Por otra parte, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) estima que las trabajadoras domésticas superan las 680 mil, con una tasa de informalidad laboral que asciende al 83%.

El año 2013 se fundó la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico, Utrasd, el primer sindicato de trabajadoras domésticas con enfoque étnico Afro, “porque como negras históricamente hemos sufrido  los más grandes vejámenes a razón del racismo, la condición socioeconómica, el bajo nivel de escolaridad y la situación migratoria. Todos estos factores han incidido para que la mujer negra que trabaja en una casa sea vista como poca cosa”, declaran.

En 2019, en asociación con la Fundación Friedrich Ebert (FES), la Utrasd lanzó la serie Claribed y Reinalda, protagonizada por las propias dirigentas Claribed Palacios y Reinalda Chaverra, con el objetivo de visibilizar las violencias que enfrentan las trabajadoras domésticas remuneradas.

Claribed Palacios García, presidenta del sindicato, subraya que las trabajadoras domésticas, en su mayoría pertenecientes “a sectores vulnerables, madres cabeza de hogar, personas en situación de desplazamiento y que viven en constante discriminación”, son uno de los principales colectivos afectados por la Covid-19. “Hay condiciones históricas de discriminación, el desempleo ha aumentado, veníamos con una grave informalidad y esto agudizó la precarización”, advierte.

Cuenta que una encuesta tomada a 678 trabajadoras domésticas -entre marzo y abril- arrojó que de cada 10 mujeres, 9 perdieron su empleo y aquellas que lo conservaron “fue a un costo muy alto, con la obligación de internarse (permanecer puertas adentro) y de trabajar más horas de lo que permite la ley. Como existe esta relación tan desigual de poder al interior de los hogares, sencillamente los empleadores abusan del tiempo de esta trabajadora por tenerla en su casa”.

Palacios acusa que la poca oferta hoy en materia de servicio doméstico es puertas adentro, panorama que recuerda que la incorporación de las mujeres al mercado laboral no necesariamente significa que se reduzca el trabajo no remunerado que ellas realizan en sus casas, lo que implica para la gran mayoría una doble o triple jornada laboral.

“Esto no solo arrastra a la trabajadora hacia la vulneración de sus derechos fundamentales, atenta contra los derechos de sus familias, tenemos compañeras que debieron internarse y dejar a sus hijos/as adolescentes al cuidado de ellos mismos”, lamenta la presidenta de la Utrasd, e instala otra vez la pregunta de ¿quién realiza las labores y/o quién cuida los hogares de las que cuidan?

Sobre la implementación del Convenio 189, Claribed Palacios opina que no es del todo satisfactoria, pese a que empujó avances legislativos como la mejora de la ley 1595 que regula el trabajo doméstico y la promulgación de la ley 1788 que les otorga el derecho a recibir la prima de servicios (un pago adicional en los meses de junio y de diciembre). Esta última data de 2016, pero desde su entrada en vigencia el porcentaje de pago de este derecho apenas alcanza a un 25% del sector.

En general, en los países de América Latina y el Caribe, las trabajadoras remuneradas del hogar quedan fuera de los beneficios sociales anunciados por los gobiernos para hacer frente a la crisis. En Colombia, la Utrasd y otros sindicatos pidieron planes de ayuda con garantías de no ser despedidas, canastas alimentarias, que las exoneraran del pago del arriendo y de servicios públicos y ser incluidas en la renta básica de emergencia que se encuentra en discusión.

“Nada de esto ha pasado”, asegura la lideresa. Añade que la alta informalidad lleva a esta exclusión de beneficios de un gobierno que tampoco exige condiciones dignas para el trabajo doméstico ni  genera conciencia en la sociedad empleadora para que reconozca y valore el trabajo doméstico y por tanto a la persona que lo realiza. “Si tenemos una tasa de formalidad tan baja es porque el Estado no está propiciando empleos dignos, decentes para las trabajadoras domésticas, la irresponsabilidad histórica del Estado la pagamos nosotras”, sentencia.

Ante la ausencia de una real protección estatal, diversas organizaciones de trabajadoras domésticas lanzaron la app Aliadas, que incluye, entre otras, las funciones de calculadora salarial, redes públicas y privadas, guías sobre derechos laborales, violencia y acoso laboral y libertad de asociación, y una sección de denuncias. “Como en Colombia no hay inspección laboral para hogares donde trabajamos, pensamos que con esta aplicación podríamos minimizar los riesgos, disminuir la violencia en el lugar de trabajo y facilitarle un poco la vida a las trabajadoras”, explica Palacios.

Nueva esclavitud  

Uruguay tiene la mayor cobertura en el sistema de seguridad social de la región, cerca del 70% con afiliación al Banco de Previsión Social. Entre los países con cobertura más baja, esto es, inferior al 10%, se encuentran Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Perú.

En este último, la Federación Nacional Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, Fenttrahop, demanda la real implementación del Convenio 189, el que fue ratificado en 2018 tras una larga lucha de las trabajadoras organizadas, las que en colaboración con la OIT y la FES, desplegaron la campaña “Tu casa también es un centro de trabajo. Convenio N°189 de la OIT es vigente”.

“Lanzamos esta campaña con la colaboración de la FES y la OIT porque a muchas de nosotras nos dicen que somos parte de la familia, las ayudantes, las colaboradoras, pero la verdad es que no lo somos, somos trabajadoras como cualquier otro trabajador, el lugar donde nos desempeñamos es solo nuestro centro de trabajo”, comenta Leddy Mozombite Linares, secretaria general de la organización.

Mozombite narra que la pandemia las afecta directamente porque el 92% de las trabajadoras del hogar están en condiciones de informalidad. Acusa despidos, licencias sin goce de haber (sin sueldo ni computada para el pago de derechos laborales), sobrecarga laboral y falta de condiciones de seguridad que provocaron contagios de Covid-19. “A algunas se las han impedido salir, violando nuestro derecho a la libertad, otras están trabajando con medio sueldo. Hay agencias de empleos que están contratando a trabajadoras, pero el requisito es que no pueden salir de sus trabajos hasta que exista la vacuna. Nos están tratando como esclavas y volviendo a la servidumbre”, detalla.

Las organizaciones de trabajadoras califican de insuficiente el reciente Decreto Legislativo N° 1499 del 10 de mayo de 2020 que establece la obligatoriedad de contratos por escrito y precisa que la edad mínima para realizar trabajos del hogar es de 18 años, puesto que consideran que mantiene una legislación discriminatoria que permite la explotación. Por eso, apuestan por una nueva ley que cumpla con los estándares internacionales en materia de protección, como el sueldo mínimo, vacaciones, gratificaciones y seguridad y salud en el trabajo.

“Nos estamos reuniendo con cada congresista y jefes de bancada para sensibilizar y pedir su voto de esta nueva ley. Nos hemos encontrado con congresistas que nos tratan de tontas e ignorantes y no reconocen nuestro trabajo como sindicalistas. Es importante contar con todos nuestros derechos, porque las trabajadoras estamos expuestas a violaciones, a acoso, muchas han sido violadas por el empleador, han quedado embarazadas y esos hijos no son reconocidos, por citar un ejemplo”, expone.

En el caso de Chile, en medio de la crisis sanitaria y cuando se cumplen 5 años de la ratificación del C189, las organizaciones sindicales de trabajadoras de casa particular realizan un importante trabajo de incidencia. Con la campaña #CuidaAQuienTeCuida -presente en otros países de la región y que está apoyada por la Fundación Friedrich Ebert- las dirigentas de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Trabajadoras de Casa Particular alertan sobre las precarias condiciones laborales y la escasa protección social que les entrega la legislación chilena.

Antes de la emergencia, estas trabajadoras superaban las 300 mil, 1 de cada 3 era migrantes y pese a que la ley lo impide el 53% se encontraban en la informalidad. Con la pandemia, 100 mil de ellas han perdido sus empleos, unas 20 mil están con suspensión laboral y son reiterados los abusos por parte de empleadores, como el ser obligadas a trabajar bajo amenazas, incluso sábado y domingo a cambio de comida. “El Estado de Chile está haciendo la vista gorda para que nosotras volvamos a un estado tan precario como la esclavitud”, expresa Luz Vidal Huiriqueo, presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular (Sintracap).

El Sintracap, la Federación de Trabajadoras de Casa Particular (Fesintracap) y la Asociación Nacional de Empleadas de Casa Particular (Anecap) exigen que el gobierno salde la deuda histórica con el sector por medio del acceso garantizado al Ingreso Familiar de Emergencia, la incorporación inmediata al Seguro de Cesantía y políticas reales de salud laboral.

Luego de cuatro meses de iniciada la crisis sanitaria, las dirigentas de las trabajadoras de casa particular se reunieron con el Ministerio del Trabajo. “El gobierno tuvo mucha resistencia, sabemos que la alta sociedad a las que pertenecen siente un gran desprecio por este gremio, pero lo logramos con persistencia y gracias a que muchas otras organizaciones han apoyado esta causa, lo que es un reflejo de las protestas de octubre, Chile se cansó de las injusticias y de la violencia institucionalizada, entonces se vieron obligados a escuchar a estas mujeres, que somos una de cada 10 de las mujeres que trabajan en este país”, plantea Vidal.

Las trabajadoras demandan también el total cumplimiento del Convenio 189, donde ponen énfasis en la necesidad de fiscalización. La presidenta del Sintracap reconoce avances pero enfatiza en que el escenario actual demostró que “Chile no es el oasis que vendía ser, conocemos la realidad porque estamos en contacto con los gremios de las trabajadoras de casa o domésticas de América Latina, muchas compañeras emigraban porque se vendía esa fantasía de que estábamos muy bien, pero era mentira, en muchas áreas no estamos mejor que el resto de países”.

La Campaña #CuidaAQuienTeCuida fue recogida por ocho diputadas que presentaron un proyecto de ley con el mismo nombre cuyo objetivo es proteger a las trabajadoras de casa particular al permitirles que puedan suspender sus funciones de manera voluntaria durante una alerta sanitaria percibiendo sus remuneraciones de forma íntegra y que se prohíba despedirlas por padecer una enfermedad contagiosa, como ocurre en la actualidad. Lo gremios piden que el gobierno patrocine el proyecto lo que permitiría a la iniciativa ser abordada con carácter de urgencia.

Luz Vidal, por su parte, manifiesta que sus esperanzas en mayores progresos están puestas en el Proceso Constituyente chileno y la posibilidad de una nueva constitución democrática. El próximo 25 de octubre, las y los chilenos decidirán en un plebiscito si quieren o no una Nueva Constitución y cuál será el organismo a cargo de su redacción en caso que triunfe la opción Apruebo.

“El cumplimiento del Convenio 189 no se puede materializar, nos dicen que no se puede fiscalizar en las casas porque la Constitución lo impide, en este caso para el gobierno la propiedad privada si vale, no puedes ingresar a un domicilio, pero si como Estado puedes hacerte dueño de los dineros (fondos previsionales) que también son propiedad privada de cada ciudadano, es decir, la Constitución para algunos casos si es inquebrantable, pero para otros no”, criticó.

La sindicalista cree que aun cuando las soluciones no serán a corto plazo, sí a futuro se avanzará. “Si la Constitución, que es el marco regulatorio mayor que tenemos como Estado, no está en consonancia con los convenios internacionales, si la regulación nacional entorpece el cumplimiento de un convenio, entonces Chile tiene que tener una nueva Constitución”, concluye.

Esta publicación es parte del trabajo colaborativo entre Página19 y FESminismos, plataforma de todos los feminismos desde la Fundación Friedrich Ebert (FES) en América Latina y El Caribe.

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