En las últimas horas, la multitienda La Polar inició una campaña publicitaria donde insisten en que los productos que comercializan son originales. Esto, como respuesta a las acusaciones de múltiples marcas de ropa transnacionales de vender ropa falsificada, la querella de Aduanas por presunto contrabando y a la demanda colectiva a la que se sumó elServicio Nacional del Consumidor.
En ese contexto, los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniel Melo rechazaron el “lavado de imagen” de la multitienda. “La Polar miente a los chilenos nuevamente. Pareciera que Multitiendas La Polar cree que los chilenos son bobos. Hoy día los chilenos no saben si la ropa que compraron en La Polar es falsificada, de saldos o simplemente no es lo que le están vendiendo”, indicó Manouchehri.
El legislador de la Región de Coquimbo recordó que el 2021 hubo un acuerdo judicial, “donde justamente se comprobó y reconoció La Polar que estaba vendiendo ropa falsificada. Hoy día nuevamente los casos son extremadamente graves. Se ha abierto una querella por parte de Aduanas por contrabando, el Sernac se hizo parte de una demanda colectiva. Nosotros estamos trabajando para tener una Comisión Investigadora. Acá lo que tiene que suceder es que se haga una investigación.”
“Los antecedentes que hoy existen son graves, hablan de falsificación, de contrabando, de daño a la fe pública. Lo que está haciendo La Polar es inaceptable y pareciera que este marketing, no me cabe duda, no va a calar en los chilenos que saben que en esta tienda pareciera que suceden cosas extremadamente extrañas y que afectan a millones de usuarios”, señaló Manouchehri.
Asimismo, Manouchehri fustigó a la empresa, dado que “se está afectando a los consumidores, se está afectando a las personas y eso nosotros no podemos permitirlo y aquí la justicia tiene que investigar con todo el peso de la ley este tipo de actitudes, porque pareciera que La Polar se ha transformado en una multitienda en donde el eslogan debería ser ‘La Polar, llegar y falsificar’”.
En esa línea, el diputado Daniel Melo agregó que “es lamentable, la verdad, que se juegue con la fe pública, que se juegue en definitiva con los sectores populares y de clases medias, quienes son aquellos que acceden a comprar en estas multitiendas”.
“Hoy asistimos una vez más a toda una operación de maquillaje de esta empresa y esperamos que la justicia haga su trabajo. Desde acá, desde la Cámara de Diputados, vamos a empujar con mucha fuerza la implementación de una Comisión Investigadora que aclare todos estos hechos y, en definitiva, podamos tener un sistema que funcione, que defienda a los consumidores de empresas con tan mala reputación como es La Polar”, destacó.
Comisión Investigadora
Precisamente, el diputado Daniel Manouchehri recalcó que se está “a pocas firmas de poder tener la Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados. Lo cual también nos va a permitir poder escuchar primeramente a los distintos órganos”.
“Queremos escuchar a la Aduana para que nos pueda contar cuáles son los antecedentes que maneja para poder querellarse por contrabando. Escuchar al Sernac, escuchar al Ministerio del Interior y poder escuchar a todos los actores, porque creemos que esto puede ser una ‘caja de pandora’ y no tenemos hoy día la certeza de que esto no se esté repitiendo en la misma multitienda pero también así en otras multitiendas”, subrayó.
En respuesta a la Corte de Apelaciones de Santiago que ordenó remitir toda la información disponible sobre la Viruela del Mono para fallar recurso de protección del activista comunitario Víctor Hugo Robles, el Ministerio de Salud reconoce que no vacunará a todas las personas que viven con VIH por falta de disponibilidad de vacunas contra Mpox. “La disponibilidad de vacunas a nivel global, es la variable que determina a que grupos y personas se puede vacunar. Es por ello que la priorización no considera a las personas viviendo con VIH con inmunidad conservada”, señala el informe del Minsal, agregando que “progresivamente van a ser incorporado en el plan de vacunación”, pero sin señalar fechas de inoculación, ni mucho menos certeza de la cantidad de vacunas contra la Viruela del Mono disponibles en nuestro país.
El recurso de protección
El pasado 1 de diciembre de 2022, Día Mundial del SIDA, cuando las cifras de personas infectadas por Viruela del Mono aumentan en Chile, registrándose dos personas fallecidas a causa de esta grave infección, Víctor Hugo Robles, periodista y activista comunitario en VIH/SIDA, interpuso un recurso de protección en contra del Ministerio de Salud, el primero de este tipo, demandando la inmediata vacunación en contra de la Viruela del Mono porque reconoce ser una personas VIH positiva, hipertensa y con daño renal crónico, enfermedades de base que lo hacen pertenecer al grupo clave más vulnerable a la infección y efectos graves de la Viruela del Mono.
Según afirmó el recurrente, en el actual “contexto de aumento de casos de personas afectadas y fallecidas, siendo en su mayoría hombres que tienen sexo con otros hombres, especialmente personas viviendo con VIH/SIDA”, hace peligrar su salud “considerando mis condiciones médicas de diversas enfermedades de base crónicas y la limitada implementación de vacunación contra la Viruela del Mono del Ministerio de Salud”, afirma. “La muerte por Viruela del Mono de personas viviendo con VIH/SIDA, patologías de base y el sistema inmunológico debilitado e inmunosuprimido, genera alarma, preocupación y creciente angustia en las poblaciones claves vulnerables locales, entre ellas las personas que vivimos con VIH/SIDA”, asegura.
La respuesta del Minsal
En un extenso documento de 16 páginas, firmado por la Jefa de División Jurídica del Ministerio de Salud, la autoridad sanitaria desestima la acción constitucional por carecer de “oportunidad”. Al respecto señala que “la presente acción constitucional de protección perdió oportunidad, en atención que la tutela reclamada se vio satisfecha pues, la Ministra de Salud, Dra. Ximena Aguilera, el pasado 1 de diciembre del presente año, anunció que se da inicio a la vacuna pre-exposición contra la viruela del mono para los grupos vulnerables y que en dos semanas más se llevará a cabo el lanzamiento del auto test para detectar VIH/Sida”. Sin embargo, contradictoriamente a lo expresado, el mismo informe reconoce que no se vacunará a todas las personas viviendo con VIH, considerados grupo vulnerable por la autoridad sanitaria, porque señala: “La disponibilidad de vacunas a nivel global, es la variable que determina a que grupos y personas se puede vacunar. Es por ello que la priorización no considera a las personas viviendo con VIH con inmunidad conservada”.
Junto con desestimar la intromisión judicial en políticas públicas de salud, señalando que el “presente recurso solicita, en definitiva, traspasar a los tribunales de justicia una decisión que corresponde a quienes ejercen la Administración del Estado, y tienen bajo su responsabilidad diversas políticas públicas vinculadas con la salud de la población, una de las cuales es, precisamente, el control del brote de casos por la Viruela del Mono”, el Ministerio de Salud, representado en esta acción legal por la ministra Ximena Aguilera, solicita rechazar el recurso de protección con “expresa condena en costas” en contra del reconocido activista de los derechos de las personas viviendo con VIH/SIDA.
La Viruela del Mono en Chile
La acción de protección constitucional advierte que la transmisión de la Viruela del Mono puede producirse por contacto estrecho con secreciones infectadas de las vías respiratorias o lesiones cutáneas de una persona infectada, o con objetos contaminados recientemente con los fluidos del paciente o materiales de la lesión. La transmisión se produce principalmente por “gotículas respiratorias” y a través de relaciones sexuales, según ha señalado la autoridad sanitaria, agregando que las personas prioritarias para ser vacunadas deben ser “personas que mantienen prácticas sexuales de alto riesgo, con indicación de profilaxis pre-exposición al VIH o con infección por el VIH”.
En Chile desde el 17 de junio al 15 de diciembre de 2022, ingresaron a la vigilancia 2.321 casos sospechosos, de los cuales 1.381 correspondieron a Viruela del Mono (1.361 casos confirmados y 20 casos probables). Del total de casos, en 1.051 se constató el alta epidemiológica, mientras que 319 corresponden a casos en periodo de aislamiento. Del resto de casos, se han descartado 891 y 49 se mantienen como sospecha o fueron categorizados como no válidos. A la fecha, se han notificado dos casos fallecidos, con edades entre los 40 y 49 años, los cuales presentaban otras patologías de base y un sistema inmunológico debilitado. “Eran personas viviendo con VIH sin tratamiento”, aseguró la doctora Raquel Child, coordinadora del programa de Viruela del Mono del Ministerio de Salud. Recientemente, Gendarmería de Chile reportó dos casos de personas privadas de libertad infectadas por Viruela del Mono en la ex penitenciaría de Santiago.
¿El Ministerio de Salud dispone de vacunas contra la Viruela del Mono?
“¿Cuántos muertos debemos esperar para ser vacunado? ¿Estamos obligados a pensar que el hecho de vivir con VIH y enfrentar otras condiciones clínicas de base, nos condena a la infección y a la muerte por Viruela del Mono?”, exhorta Víctor Hugo Robles, activista conocido como “El Che de los Gays”, conductor de “Siempre Viva en Vivo”, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH/SIDA de Radio Universidad de Chile, criticando el Plan de Vacunación en contra de la Viruela del Mono del Ministerio de Salud que incluye a trabajadoras y trabajadores sexuales, personas en tratamiento PrEP, personas con infección de transmisión sexual ITS y personas que hayan tenido contactos sexuales en encuentros casuales, sumado a personas viviendo con VIH pero con recuento de defensas CD4 menor a 200. Al respecto, el activista considera este requisito como “excluyente, discriminatorio, arbitrario e ilegal porque elimina de la urgente e importante vacunación a la mayoría de las personas que vivimos y luchamos con VIH/SIDA”, culpando de esta situación a la “falta de provisión de vacunas, responsabilidad política – sanitaria del Ministerio de Salud”.
El requisito del Ministerio de Salud para las personas viviendo con VIH/SIDA ha sido criticado por organizaciones sociales como Chile Diverso que expuso ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, así como va en línea contraria a lo que sostienen especialistas en VIH/SIDA como el médico Alejandro Afani, Director del Centro de VIH/SIDA del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. “Todas las personas con VIH debieran vacunarse contra la Viruela del Mono, independiente de su CD4″, declaró Alfani en el programa “Siempre Viva en Vivo” de Radio Universidad de Chile.
En el Día Nacional contra el Femicidio, se hace urgente visibilizar la crueldad e impunidad en los que permanecen muchos de estos crímenes en Atacama. Y, a su vez, las luchas y resistencias que hemos dado las organizaciones feministas en este desierto herido. Una de ellas, es la apuesta ética-política de levantar y resguardar memoriales feministas como estrategia de concientización y exigencia de justicia por las violencias perpetradas en el territorio.
En estas luchas antifemicidas hemos observado las experiencias de memoriales feministas en otros países, cuyo objetivo central es visibilizar las violencias, los femicidios/feminicidios y las luchas históricas contra la violencia patriarcal hacia las mujeres y disidencias sexo-genéricas. Aquí es interesante destacar las “Antimonumentas” en México, intervención en los espacios públicos que reflejan las luchas feministas y la realidad de violencia de género.
En Chile, las colectivas “Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes” y “Memorias Rebeldías Feministas”, son un ejemplo de lucha por levantar un memorial feminista que rememore y visibilice para nunca olvidar aquellos horrendos crímenes y violencias perpetradas contra las mujeres en dictadura. Son mujeres feministas sobrevivientes de violencia política sexual de la Casa de Tortura y Exterminio Venda Sexy en Santiago, pues se reivindican como sobrevivientes de las violencias dadas – no como víctimas- y feministas autónomas quienes levantan de manera colectiva y organizada una memoria contrahegemónica sin la cooptación del Estado ni privado, luchas que sostienen hasta hoy en día.
Por tanto, los memoriales feministas plasman, por un lado, la violencia sistemática y estructural contra las mujeres, niñas y cuerpos feminizados. Y, por otro lado, las luchas y resistencias de las mujeres frente a las múltiples violencias que acuerpamos en lo cotidiano.
Atacama no es un territorio seguro para las mujeres y las niñas
Desde 2019 hemos levantado en reiteradas ocasiones esta consigna feminista, suscitada por los femicidios de la activista LGTBIQ+ Sussy Montalván y la joven boliviana Marina Cabrera, y la desaparición -hasta la fecha- de la adolescente Catalina Álvarez Godoy.
Sin embargo, esta consigna de lucha creada por las colectivas feministas revela dos coyunturas:
En primer lugar, un tejido social quebrantado y corroído, pues las desapariciones y femicidios/feminicidios no son un problema individual o de las familias que lo viven, sino un problema social, que nos involucra e interpela como sociedad. Entendiendo que una de las principales consecuencias de estas violencias, es la ausencia que deja a su paso, una suerte de desmembramiento del tejido social. El pensar en hijos/as sin sus madres y en ma/padres sin sus hijas, son dolores incomprensibles que dejan huellas tanto a nivel individual, en sus cuerpos, narrativas y conciencias de género, como a nivel colectivo, que se enraíza en el imaginario sociocultural con la normalización, inacción y legitimación de estas violencias.
En segundo lugar, logra sintetizar el sentir histórico de las luchas de los movimientos feministas y de mujeres en Atacama, pues esta consigna se revela como una fuente de resistencia a la violencia estructural e injusticia patriarcal que se naturaliza en lo cotidiano.
¿Qué hacemos para intervenir y concientizar estas violencias perpetradas?
¿Cómo podemos co-construir una atacama más segura?
A raíz de diversos encuentros, conversaciones y conspiraciones de/entre compañeras feministas que habitan y luchan dentro-fuera de este territorio, hemos logrado encontrar algunas luces y pistas que permiten transitar en este oscuro camino de las violencias.
Allí hemos desplegamos una gama de estrategias de resistencia y lucha feminista para concientizar e intervenir estas naturalizadas violencias cotidianas, tales como el rebautizamiento de plazas y parques, pintado lienzos y murales con consignas feministas, ocupado el espacio público con marchas, gritos y performance, se han autonombrado colectivas en honor a las víctimas de femicidio/feminicidio, expuesto estas vulneraciones en espacios institucionales nacionales, regionales y comunales, el no abandonar y acompañar a las familias, memoriales físicos y virtuales -revisa nuestro Instagram Memoria Feminista Atacama- danzas y expresiones artísticas. En fin, un sin número de actuancias callejeras, virtuales y en lo cotidiano para afrontar estas violencias.
Sin embargo, consideramos que levantar, resguardar y recuperar memoriales de violencia femicida en Atacama ha sido una certera estrategia de visibilización y concientización de la violencia contra las mujeres, niñas y cuerpos feminizados, entendiendo a la memoria y el olvido como dos fuerzas que se mueven para la consecución de justicia y verdad.
¿EXISTEN MEMORIALES DE VIOLENCIA FEMICIDA EN ATACAMA?
En Copiapó, uno de los memoriales más antiguo es la “Animita de Nancy Ocaranza Godoy” ubicada en calle Carlos Condell en la Población Arturo Prat, en honor a la joven copiapina de 17 años, víctima de femicidio en el año 1978, quien fue asesinada cruentamente por el “Sátiro Cortés”, un conocido de su trabajo. Hoy es reconocida como “Nancy La Milagrosa”, masivamente seguida por devotos/as de la ciudad capitalina.
Animita Nancy Ocaranza
A la salida de Huasco, está el memorial de Marta Bustos, una animita que se construye en el lugar donde fue encontrada la joven profesora semienterrada y cubierta con cal sobre su cuerpo, el 20 de diciembre de 2022 se cumplen 6 años de su femicidio, aún sin culpables.
Animita Martha Bustos -Huasco
Otras iniciativas de memoria feminista son el rebautizamiento de parques y plazoletas en Copiapó. El Parque Schneider por Parque Gloria Stockle, en memoria de la joven copiapina víctima de violencia política sexual al interior del Casino de Regimiento de Infantería Motorizada N°23, en el año 1978.
Foto parque Gloria Stockle
A su vez, Placilla Morales por Placilla Catalina Álvarez Godoy, en memoria del último lugar donde fue vista la adolescente antes de ser secuestrada y desaparecida hasta el día de hoy por el femicida serial Hugo Pastén, actuancia sostenida por su madre Ximena Godoy, las mujeres organizadas de Placilla y la Memoria Feminista Atacama. A su vez, en este mismo lugar se instaló una baldosa en memoria de Catalina.
PLACILLA Y foto baldosa Catalina
Destaco la instalación de una placa memorial para las Hermanas Quispe en la entrada del Cementerio Municipal de Copiapó, en honor a Justa, Luciana y Lucía Quispe Cardozo, pastoras trashumantes colla que fueron encontradas muertas en dudosas circunstancias en el sector precordillerano de La Tola en el año 1974 en plena dictadura militar.
Foto hermanas Quispe
En el paradero de la Hacienda San Pedro de la comuna de Copiapó, se levantó el memorial para Thiare Elgueda Acuña en el lugar donde fue vista por última vez la joven copiapina que se dirigía a Caldera. Su madre Evelyn Acuña y familia levantan este memorial el 2 de noviembre de 2022 cuando se cumplieron 2 años de su desaparición que continúa sin avances investigativos ni ninguna pista sobre Thiare.
foto memorial Thiare
El memorial de “Las que luchan” se levantó frente al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó, en el marco del juicio contra el femicida serial Hugo Pastén Espinoza, condenado y ratificado -recientemente- por la Corte Suprema a una cadena perpetua por los asesinatos de la activista trans Sussy Montalván y de la joven boliviana Marina Cabrera Almendras. Y, una segunda cadena perpetua por el secuestro con resultado de muerte de la adolescente Catalina Álvarez Godoy, más 20 años por el incendio a la vivienda de Sussy Montalván. En este proceso de consecución de justicia, este memorial ha sido desmantelado y violentado por la Municipalidad de Copiapó justamente en el día de la visita a la ciudad del presidente Gabriel Boric Font, el pasado 26 de agosto de 2022. Empero, la rebeldía feminista posee una profunda convicción, ya que se alza nuevamente el memorial el 25 de noviembre en la conmemoración del Dia Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Memorial de las que luchan
Foto sitio de memoria frente a tribunales
Levantar, resguardar, acompañar y defender memoriales de violencia femicida como estrategia de visibilización y concientización de la violencia contra las mujeres, niñas y cuerpos feminizados
Esta tarea titánica de levantar, resguardar, acompañar y defender memoriales de violencia femicida, ha significado una tremenda lucha por generar respeto y concientización por parte de la institucionalidad, ya que las colectivas feministas, familias y organizaciones territoriales levantan estos espacios y las autoridades competentes respaldan y respetan dichos memoriales, por tanto, las instituciones estatales NO deben saquear, desmantelar ni destruir estos memoriales levantados por la comunidad organizada.
Desde nuestra experiencia situada y encarnada en este desierto herido/florido, aclaramos que no se debe institucionalizar la memoria feminista, debe ser abierta a la comunidad, en la calle, no encerrada en cuatro paredes de forma higienizada. Ya que, por un lado, reivindicamos las memorias de las mujeres a habitar aquellos lugares donde fueron vulneradas y asesinadas. Y, por otro lado, se forjan lazos afectivos con vecinos/as y la comunidad en general, generando una noción de cuidado y concientización ante la violencia femicida, reposicionando desde allí las luchas feministas por la memoria, justicia y verdad.
Hay que entender que estos memoriales son levantados por colectivas feministas, familiares, amistades y organizaciones territoriales quienes acuerpan día a día en lucha y resistencias dichas desigualdades y violencias, por tanto, la memoria feminista y los memoriales de violencia femicida no tienen lógicas institucionales, jerárquicas ni lucrativas.
Nuestra apuesta ética-política invita a comprender la memoria como un lugar político feminista que se habita y acuerpa de manera cotidiana y colectiva rememorando a las mujeres víctimas de violencia femicida, a las sobrevivientes de las múltiples violencias y a los movimientos feministas y de mujeres que luchan y resisten de manera histórica en cada rincón invisible de nuestra región.
Habitamos la memoria feminista en esta territoria como memorias situadas y obstinadas que se niegan a ser olvidadas.
Son nuestro estandarte de lucha y resistencia ancestral y territorial.
Sostienen y posicionan el feminismo atacameño como su hilo conductor y columna vertebral.
Dialogar con la memoria es siempre plural y diversa, en disputa y resistencia de lo que se conoce y legítima en nuestra realidad histórica regional y su pretensión de verdad.
Las medidas de confinamiento provocaron un retroceso en la empleabilidad de las mujeres en el país. Los datos arrojados por el estudio de Prodemu, “Pandemia y mujeres en situación de vulnerabilidad social: Barreras y oportunidades para la inserción sociolaboral de mujeres en Chile” pusieron la lupa en las oportunidades de empleo de las mujeres a través de barreras que enfrentan para acceder a capacitación, especialmente aquellas que son migrantes, de pueblos originarios y que forman parte de las disidencias sexuales.
Es un seminario organizado por Prodemu, ONU-Mujeres, UNESCO y la Subsecretaría del Trabajo, se dieron a conocer algunos resultados de esta investigación sobre la capacitación en mujeres migrantes, de pueblos originarios y disidencias sexuales de distintas regiones de Chile.
Al respecto, la directora nacional de Prodemu, Marcela Sandoval Osorio, comentó que “nos hemos planteado como Prodemu, en esta gestión, levantar información útil para la política pública y para nuestro propio quehacer de las mujeres de todo Chile. En este estudio hacemos un diagnóstico de la realidad laboral y de capacitación de público tradicionalmente discriminado tales como población migrante, de pueblos originarios y de la comunidad LBT. Se integraron en esta investigación tanto datos cualitativos, como cuantitativos, se entrevistó a 1.163 personas de todas las regiones de Chile y nos confirmó que uno de los mayores obstáculos para el ingreso al trabajo de las mujeres son las labores de cuidado”.
Cuidados de hijos e hijas
La principal brecha que poseen las mujeres y que las imposibilita para seguir un proceso de formación tiene que ver con el cuidado de hijos e hijas. Por ejemplo, el 22,3% de las mujeres migrantes encuestadas señaló que la falta de acceso a capacitación se debió a las labores de cuidado y el 13,3% de las mujeres indígenas expresó el mismo motivo. Las consultadas pertenecen a regiones del norte, centro y sur del país, con un énfasis en la región Metropolitana.
En este sentido, Claudia Uribe Salazar, directora de Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREAL/Unesco Chile) comentó que “la pandemia exacerbó las barreras que típicamente enfrentan las mujeres que buscan mayores oportunidades educativas y de formación para el trabajo” y argumentó que “las responsabilidades de cuidado y demás labores domésticas que recaen de manera desproporcionada en las mujeres y que aumentaron exponencialmente durante la pandemia, limitan su disponibilidad y libertad para participar en actividades educativas”.
En ese sentido, para revertir esta situación, propuso que “es necesario que el Estado tenga una mayor presencia en las tareas de cuidado y seguir avanzando hacia un cambio social en torno a una distribución más igualitaria de estas funciones. Sólo así podremos avanzar de manera decisiva hacia una mayor equidad de género en la región y beneficiarnos como sociedad del talento femenino que hoy día se encuentra desaprovechado”.
Asimismo, Gabriela Rosero, jefa de oficina ONU Mujeres en Chile señala que “las consecuencias económicas, producto de las diferentes crisis globales, no han sido ajenas a la realidad que viven las mujeres, por lo que es urgente fortalecer las acciones para su inclusión económica, especialmente en el caso de mujeres migrantes, indígenas, y de las comunidades LTBQ+”.
Además, Rosero propuso, bajo esta línea, que “desde ONU hemos desarrollado programas de capacitación y empleabilidad flexibles que favorecen la compatibilización de los tiempos dedicados a la autonomía personal con las múltiples responsabilidades que las mujeres tienen día a día. Ampliar este tipo de apoyo requiere de alianzas intersectoriales, que involucren al sector privado, sociedad civil, gobierno y organismos internacionales, de modo que los esfuerzos se traduzcan en oportunidades reales de empleo”.
Sumado a lo anterior, el estudio también arrojó que las capacitaciones que más realizaron mujeres migrantes, de pueblos originarios y de disidencias en pandemia, tuvieron que ver con el trabajo independiente, el 70% en el caso del primer grupo, un 81% en el segundo y sobre el 50% en el último. Cabe destacar que en el caso de las mujeres nortinas pertenecientes a la disidencia sexual, el interés está determinado en realizar formación académica, más allá que la ejecución de talleres o cursos.
Por su parte, el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, saludó y agradeció la organización del seminario y la publicación de este estudio, pues, comentó que relevan “la importancia de la capacitación y la reducción de brechas, como una estrategia fundamental para disminuir las desigualdades en el país, en América Latina y el mundo; ya que permite visibilizar y conocer las causas de estas brechas y, por lo tanto, ir construyendo políticas públicas que nos permiten ir asentando, como nos ha encargado el Presidente Boric, aacciones muy concretas, preocupándonos de los problemas que hoy aquejan”.
Asimismo, Boccardo aprovechó la instancia para destacar la agenda de Gobierno del Mandatario a favor de las mujeres y personas disidentes sexo-genéricas, tanto en las indicaciones al proyecto de 40 Horas, en la Mesa Técnica para abordar la Conciliación Trabajo, Familia y Tiempo Libre, en las alianza con Prodemu y el impulso de la ratificación del Convenio 190 de la OIT para erradicar la violencia de género y el acoso laboral.
¿Cuáles son las principales barreras?
La gran muralla que debieron enfrentar en pandemia mujeres migrantes, que han ingresado al país por pasos no habilitados es que no pueden acceder a capacitación formal entregada por el Estado.
Por otra parte, las mujeres pertenecientes a pueblos originarios presentan en sus territorios la dificultad para acceder a conectividad, en los lugares rurales y remotos, como, asimismo, problemas para completar sus estudios debido al cuidado de hijos. Las mujeres de disidencias sexuales deben superar la falta de espacios libres de sesgos y discriminación, aumento de violencia intrafamiliar hacia personas LGTBI, falta de autoestima para el ingreso a capacitación laboral.
Con la presencia de la compositora y cantante mexicana, Vivir Quintana, y las familias de Nicole Casilla y Camila Villavicencio, cuyos casos de femicidio no han sido investigados con diligencia, la Coordinadora 19 de Diciembre lanzó la campaña para conmemorar el Día Contra el Femicidio del año 2022.
En una conferencia de prensa realizada en el Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, llegaron representantes de las Coordinadora 8M y Ni Una Menos para sumarse a la convocatoria. En la oportunidad, se dieron a conocer las actividades programadas para el día 19 de diciembre, que se desarrollarán en el Palacio Cousiño y la Universidad de Santiago de Chile.
Tras años de lucha de organizaciones sociales feministas y de Derechos Humanos, con la Coordinadora 19 de Diciembre a cargo de la gestión, se logró que en 2020 se promulgara la ley 21.282 que consagra el 19 de diciembre como Día Nacional Contra el Femicidio.
La abogada Claudia Neira Oportus, integrante de la Coordinadora 19 de Diciembre, recordó que esta es una lucha de nace desde el dolor y se instala para pelear contra el olvido y exigir justicia.
Por su parte, la artista mexicana hizo hincapié en la urgencia de que los medios de comunicación hagan alianza con todas las organizaciones que luchan contra la violencia hacia la mujer, para evitar que se llegue a la misma situación que se vive en México donde 11 mujeres son asesinadas a diario.
“Es necesario que los medios den visibilidad a las familias víctimas de femicio para que obtengan la atención que requieren y así no permitir que exista impunidad y se exija una justicia digna”, añadió Quintana.
Pedro Casilla, padre de Nicole Casilla que perdió la vida el 14 de octubre de 2015, llamó a sumarse a la convocatoria de la Coordinadora 19 de Diciembre. El mismo día de la conmemoración contra el femicidio, Casilla asistirá a la lectura del veredicto luego que el Tribunal Oral en lo Penal de Colina decidiera absolver al médico Alejandro Navarro por el femicidio de Nicole. Cabe recordar que esa decisión se basó en la falta de pruebas para sostener la acusación, debido a que la fiscalía no investigó debidamente, afirmó el tribunal.
Las hermanas de Camila Villavicencio, profesora sorda cuyo cuerpo fue encontrado sin vida al interior de una vivienda ocupada por un hombre sobre el que pesan denuncias formales por violación, llamaron a la comunidad sorda para que se sumen a las actividades programadas, que contarán con intérpretes de señas.
Las integrantes de la Coordinadora 8M y Ni Una Menos se refirieron a las demoras, las deficiencias, la indiferencia y la pasividad del sistema de justicia, respecto a las investigaciones de femicidios que, durante el último año, han arrebatado la vida a 58 mujeres en Chile.
Wayra Villegas, integrante de la Coordinadora Feminista 8M, aprovechó de recordar la invisibilización que viven las mujeres migrantes asesinadas en Chile. Por otro lado, María José Fuentes, de la agrupación Ni Una Menos, se refirió a la responsabilidad del Estado y la violencia institucional hacia las mujeres y las familias víctimas de femicidio.
Las actividades programadas para el día 19 son las siguientes:
Palacio Cousiño, Dieciocho 438, Santiago
13:00 hrs: Exposición Artística: “Por Nuestras Muertas, toda una vida de Lucha”.
13:30 hrs: Conversatorio: Acciones para enfrentar la violencia contra la mujer.
14:30 hrs. Taller de serigrafía y bordado conmemorativo: ¡Memoria Viva!
Universidad de Santiago de Chile, USACH. Sector Jotabeche (ingreso Metro Universidad de Santiago)
Desde 18:00 a 19:30 horas: ACTO ARTECTIVISTA: CONMEMORACIÓN DÍA CONTRA EL FEMICIDIO 2022 Artistas invitadas: Vivir Quintana, Orquesta de Mujeres de Chile, Catártica Animal y Pale.
Clotario el Documental”, obra de un director chileno que relata la vida del eximio dirigente sindical, ha sido seleccionada como finalista en más de 6 festivales internacionales con una excelente crítica por parte de los especialistas, convirtiéndose en una pieza histórica fundamental para conocer el origen del sindicalismo en Chile. Se transforma así en una importante reivindicación del olvidado dirigente líder de los trabajadores durante décadas.
El documental fue estrenado en Túnez en marzo de este año y ha recorrido festivales internacionales quedando finalista en países como Inglaterra, México, Bolivia y Argentina, cerrando esta semana como finalista en la última versión del “Ekurhuleni International Film Awards 2022” en Sudáfrica.
La cinta, dirigida por el cineasta Boris Varela y el productor ejecutivo Iván Paredes, contó con la participación del actor Raúl López en el papel de Clotario Blest. En ella se plasma la historia de vida del sindicalista y reconocido actor social en un viaje que resulta conmovedor de principio a fin. La narración atraviesa los pasajes de la vida de Clotario Blest desde su niñez, su corta etapa amorosa, su vida como dirigente sindical creando los primeros sindicatos de Chile, que perduran hasta hoy como la CUT y la ANEF. Asimismo, relata su vida como militante del MIR, la traición de mano de sus propios compañeros, su enfrentamiento con el Presidente Salvador Allende y con Pinochet, la persecución vivida en los años de dictadura en Chile, el ocaso de su vida y el nacimiento de una leyenda que ha marcado la vida sindical de nuestro país.
La producción es una realización de BOVA Producciones y la Fundación Clotario Blest y fue presentada recientemente en un evento en el centro cultural de La Moneda que contó con la participación de importantes personalidades del sector público/privado, dirigentes sindicales y gestores culturales.
Una de las maneras más efectivas que se conoce de abandonar un tema es concentrarse en hablar de todo lo que lo rodea, excepto de su contenido. Es lo que está ocurriendo con el cambio constitucional.
Hemos cambiado la conversación sobre la Constitución que queremos por la de los expertos que pudieran asumir la redacción del borrador. Los expertos no necesitan ser promocionados. Estamos hablando de personas que tendrán una gran influencia, pero que no tienen que convencer a nadie porque nadie votará por ellos. Serán designados en el Parlamento y allí la derecha es fuerte.
Lo que existe son peritos en derecho constitucional que son de la confianza de quienes los nominan. Actuarán en su representación y los representados son los parlamentarios, los que se asegurarán de tener una fuerte presencia de sus opiniones “por interpósita persona”, como se decía hace tiempo.
Este acuerdo institucionaliza la capacidad de veto de la derecha. El Parlamento designa dos instancias determinantes del proceso, reproduciendo así sus mayorías y minorías, entregando una ventaja enorme a la oposición. Estas instancias son la Comisión Experta y el Comité Técnico de Admisibilidad, en ellas la derecha tiene asegurado el porcentaje de votos necesarios para que nada que no le guste sea aprobado.
La única sorpresa pudiera provenir de la elección de consejeros, pero en ningún caso la derecha será menos de un tercio de esa instancia, con lo que, nuevamente, obtiene el veto. Si no lo consigue, tampoco es para preocuparse.
El Consejo Constitucional se instala cinco meses después que esté operando la Comisión Experta, tendrá que abocarse a revisar, en poco tiempo, el texto que se le entregue. Si cambia algo, los expertos le podrán enmendar la plana y si no se dirime en una comisión mixta con igual representación de expertos y consejeros.
En un país de gente informada, hacerse el ingenuo permanente es muy arriesgado. Se nos dice que no hay de qué preocuparse porque estos profesionales de prestigio no harían más que actuar de facilitadores, adelantando el trabajo para que otros decidan. Los expertos están el doble de tiempo que los consejeros, evalúan el texto que estos presentan, pueden hacer otras propuestas de redacción e integran una comisión que dirime por votos.
Todo parece atado y bien atado, pero tengo el convencimiento de que no va a ocurrir del modo como quienes predominaron en la negociación se imaginan. Se han tomado las precauciones para que no se puedan repetir los errores de la etapa anterior, pero los posibles reincidentes no abundan. Lo que queda por definir es vital y, cuando se hable en positivo, las agrupaciones serán distintas. Lo importante es no perder el objetivo entre tantas garantías y controles.
El Consejo Constituyente entregará un notable aporte al país si consigue tres cosas: dotar de contenido al concepto de Estado Social y Democrático de Derecho; equilibrar los poderes del Estado, posibilitando gobiernos de mayoría; y ponernos al día en la definición de derechos individuales, sociales y culturales.
En Chile necesitamos encontrar actores que inventen una partitura que no tenemos, no sólo que interprete la que se les tiene gentilmente preparada.
Los antecedentes técnicos de cuatro incendios forestales entregó el director ejecutivo de CONAF, Christian Little, al fiscal nacional (s), Juan Agustín Meléndez, para ser investigados y seguir las acciones judiciales pertinentes, si así lo establece.
El documento entregado a la entidad persecutora consigna el resultado del estudio de la Unidad de Análisis y Diagnóstico de CONAF en cuatro incendios forestales: 1) Rapilermo, Región del Maule, 31,1 hectáreas afectadas, causa por corte de cable derivado de otro accidente; 2) Condominio Las Gaviotas, Región de Valparaíso, 194 ha afectadas, causa por corte de cable por tendido eléctrico o postación; 3) Altos de Popeta, Región Metropolitana, 659 ha afectadas, causa por corte de cable por crecimiento de vegetación bajo tendido eléctrico; y 4) La Cabaña, Región de O’Higgins, 1.915 ha afectadas, causa por corte de cable por crecimiento de vegetación bajo tendido eléctrico.
En relación a estos siniestros, el director ejecutivo de CONAF sostuvo que “son incendios por negligencia, son incendios provocados por tendidos eléctricos que no están bien mantenidos”.
Sobre la reunión con el Fiscal Nacional (s), Christian Little comentó: “Nos ha dicho que tiene la máxima cooperación con la institución, que habrá una coordinación en todas las regiones. El fiscal Meléndez tiene gran experiencia en el tema, estuvo como fiscal cuando ocurrió el incendio de Torres del Paine y apoyó algunas modificaciones legales en las causales penales que van de 5 a 20 años de presidio, dependiendo de la gravedad”.
Explicó además que, para la protección de las personas y por el daño ecológico y a la infraestructura, el Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, le solicitó reforzar el trabajo de la Unidad de Análisis y Diagnóstico de CONAF que investiga la causalidad de los incendios forestales, determinando el lugar dónde comenzó y qué provocó el fuego, antecedentes que posteriormente son entregados al Ministerio Público para la investigación judicial.
“Para este año -agregó Little- hemos duplicado el presupuesto para la prevención e investigación de causas de los incendios forestales”.
La autoridad forestal abordó también la contingencia, señalando que “para hoy tenemos botón rojo, por lo que tenemos un despliegue regional entre las regiones de Coquimbo y el Maule. Estamos muy preocupados por las altas temperaturas, esto se suma a la gran cantidad de combustible (vegetación seca). Estamos muy preocupados porque cuando existe botón rojo puede haber simultaneidad de incendios de magnitud. Hemos instruido a todos los directores regionales hacer un despliegue territorial, trabajando en carreteras y con puntos de prensa precisamente para sensibilizar a la población en cuanto a que tenemos que ser corresponsables de los incendios, porque es una labor de todos prevenirlos”.
La situación de incendios forestales en el país muestra condiciones de peligrosidad a corto y mediano plazo, que indican un complejo escenario para la temporada 2022-2023.
Las estadísticas a la fecha indican que en superficie afectada, se registra un aumento de un 51% respecto a la temporada 2021-2022 y un alza de un 104%, respecto al promedio del quinquenio, con características de incendios explosivos y de gran propagación.
CONAF ha dispuesto todos los recursos humanos y materiales para hacer frente a estas distintas emergencias, logrando contener el avance de la gran mayoría de estos siniestros. Para ello, dispone de un presupuesto total de $83 mil millones, que permite tener 63 aeronaves y 286 brigadas (incluyendo Isla de Pascua) con unos 3 mil brigadistas.
Aún no terminan de decantar las reacciones al acuerdo constitucional suscrito por prácticamente todas las fuerzas políticas. Más de un lado que del otro, quedaron dudas, sorpresas y hasta enojos, como lo evidenció por ejemplo la diputada Karol Cariola: “Yo no estoy para nada de acuerdo con el acuerdo (…). No podemos decir que estamos felices”. O la diputada Pamela Jiles, que en su castellano más castizo auguró que “el pueblo soberano les va a volver a rechazar su mierda antidemocrática”. O la resignación de César Valenzuela (PS) quien señaló que “no hay que perderse. Ya nos farreamos una oportunidad. Humildad para avanzar». Y la del ex convencional Guillermo Nammor, de Independientes No Neutrales (INN), señalando que «no me gusta en lo absoluto, pero creo en la democracia representativa cómo forma de resolver nuestros conflictos. La democracia se respeta». Pero, agregó que «me apena sentir que volvimos al 2004, con formula elección senatorial que hace volver de facto al binominal, con gente designada que tiene veto, y un órgano ´jurídico´ que resguarda las bases de la institucionalidad… Y la derecha con el sartén por el mango».
En la otra vereda, si bien no saltaban de felicidad, si estaban tranquilos con el resultado. La Ministra del Interior declaró que “si me hubieran dicho cuál era mi sueño de acuerdo, hubiera hecho muchas cosas diferentes” admitiendo que el acuerdo no es de su total satisfacción. Pero, aclaró: “Sin embargo, creo que el sueño de todos que se preservó aquí es que hubiera una salida para una nueva Constitución y que fuera democrática, que tuviera el peso de las decisiones en el pueblo y creo que eso se logró en este acuerdo (…) eso, aunque sea de manera imperfecta es un tremendo logro, dado que estuvimos al punto de no tener proceso constitucional alguno”.
Para el Presidente del Senado, Álvaro Elizalde, la expectativa sobre lo que viene es positiva: «yo espero que el proceso sea exitoso, y a mi entender, cuando el proceso sea exitoso es que en el Plebiscito de salida haya un importante respaldo popular al texto propuesto».Añadió que “la principal lección que podemos tomar de lo que aconteció en el proceso anterior es que la Constitución tiene que expresar aquello en que estamos de acuerdo en el conjunto de la sociedad chilena, por tanto, generar incentivos para ese acuerdo».
El Presidente Gabriel Boricsatisfecho expresó: “Las fuerzas políticas han alcanzado un acuerdo y le han devuelto al país la posibilidad de tener una nueva constitución que nos proyecte hacia el futuro con unidad y respetando la diversidad de nuestro país”, aclarando que valoraba “el acuerdo al que se ha llegado. Creo que acá es importante que acá hay un aprendizaje de los procesos anteriores en donde el órgano que tiene la soberanía es 100 por ciento electo, en donde el rol de los expertos va a cumplir un rol de asesoría y acompañamiento del proceso”.
Los expertos
Ese punto mencionado por el Mandatario es hasta ahora motivo de controversia. Algunos no creen que sea sólo un rol de acompañamiento. Para la mayoría de los analistas políticos, claramente hay una fuerza -la derecha– que logró imponer sus cerrojos frente al temor del voto popular.
La pérdida de la elección de convencionales en elproceso anterior se les hizo insoportable, al lograr exiguos escaños en la Convención Constitucional. Es lo que no quieren que se repita. De ahí su defensa e intransigencia frente a la posibilidad de constituyentes 100 por ciento electos por voto popular. Y su defensa de los llamados “expertos”, que fue el tema que trabó la negociación por meses. A toda costa bregaron porque fueran designados por el Congreso. Algo consiguieron, aunque no todo lo que aspiraban.
El líder de Convergencia Social, Diego Ibáñez, mencionó al respecto que durante el primer semestre de este año habrá elecciones de los miembros que integrarán el nuevo órgano redactor. «Ello implicará listas abiertas y que la gente tenga el poder de decidir quiénes quieren que estén redactando la nueva Constitución. En ese sentido -dijo– la legitimidad de origen la dan las elecciones y no la definición a dedo que en este caso va a generar un mecanismo de acompañamiento y que era el escollo con el que enfrentamos esta negociación», y añadió que «no podemos darnos el lujo de que este nuevo proceso fracase».
Quien gana, quién pierde
El punto es que la oposición tiene el sartén por el mango y lo usará así hasta lo indecible. Una revisión rápida a las informaciones que difunden a plena página los medios tradicionales en manos de la derecha dejaen evidencia que están usando al máximo todas sus armas para obstaculizar las aspiraciones del Presidente Boric de llevar a cabo parte de su programa en beneficio de la gente.
Los ejemplos sobran. A cualquier intento gubernamental de cambiar el estado de abusos existente, la derecha lisa y llanamente seopone o bien le pone precio a su “apoyo”. Ha pasado desde que el plebiscito último fue ganado por el rechazo por un 62 por ciento. Apropiándose de esa cifra, la oposición presiona y presiona por imponer su postura. Ahora, fijócomo intransable la libertad de elegir en todo el sistema de pensiones, no sólo en los Fondos, como señala la propuesta de reforma previsional que se está analizan do en el Parlamento. También ahora RN exigió que se incluyeran las modificaciones a la ley antiterrorista que se pidieron por parte del oficialismo, como jun compromiso a cumplir en el acuerdo nacionalsobre seguridad que se está construyendo en La Moneda. Y se suma en las últimas horas la decisión de la UDI y RN de votar en contra de la Fiscal Nacional propuesta por el gobierno, con el evidente propósito de asestarle al Presidente Boric otro golpe a su autoridad.
¿Abrazos y besos?
Y así suma y sigue. En el oficialismo transitaron de decepción en decepción durante los tres meses de negociaciones que duró el acuerdo. Tal vez esa sea una e las razones de abrazos y besos al final de una jornada que finalizó con la firma de todos, pero que con el paso de las horas, no ha traído la alegría por el trabajo concluido que todos esperaban en elCongreso.
A través de un comunicado público, el Partido Comunes, de la alianza de gobierno, definió su posición respecto del acuerdo constituyente. Tienen reparos con los aspectos del tratado. Así lo manifestaron las diputadas Emilia Schneider, Camila Rojas y Claudia Mix, junto con la directiva nacional del partido, representada por Marco Velarde, su presidente; Josefina Villar, secretaria general y Consuelo Salas, vicepresidenta.
“Somos parte del Acuerdo por Chile suscrito el pasado lunes, porque pensamos que es nuestro deber responder al mandato soberano de contar con una nueva Constitución que reemplace la impuesta por la dictadura y que nos permita avanzar en derechos sociales”. Pero, agregaron: “como Comunes tenemos legítimos reparos del acuerdo, porque limitan la participación y carácter del proceso. Reconocemos la necesidad de un consejo técnico que acompañe la discusión, pero creemos que existen excesivos elementos de tutelaje que restringen el debate democrático”.
Lo mismo declaró la Coordinadora de Movimientos Sociales, que calificó el texto como un “diseño tutelado”, que incluyó a actores “sin legitimidad” y que “retrotrae a prácticas absolutamente antidemocráticas vividas en dictadura”.
Y lo mismo, por poner otro ejemplo, declaró el ex ministro y ex socialista Germán Correa, quien evidenció su decepción ante el acuerdo alcanzado. Lo calificó como “un acuerdo conservador de lo existente y construido sobre las bases de la Constitución pinochetista de 1980, como bien lo señalan los 12 puntos que el Congreso impone en su acuerdo a los futuros constituyentes como marco en el que deberán trabajar el nuevo texto”.
Bárbara Sepúlveda, abogada comunista, y que fue además vicepresidenta de la Convención Constitucional entregó una dirección clara para sus compañeros e partido: «No es un acuerdo perfecto, pero ninguno iba a serlo. El proceso debe continuar porque Chile aún necesita una Constitución que supere al Estado subsidiario, consagre derechos sociales, avance en igualdad y paridad de género y proteja el medioambiente. Además, se hará en paridad».
De extremo a extremo
Lo curioso es que las críticas son compartidas por el otro extremo del tablero político. Marcela Cubillos –ex ministra de Educación y furibunda UDI– señaló: «de no creerlo Convención 100% electa de nuevo. Se repite el proceso. El resto es música. Pensar que expertos, a los que no les darán derecho a voto, podrán en la práctica ejercer derecho a veto, solo puede existir en el imaginario de algunos negociadores».
Otro ex convencional, Luis Silva (ex RN), fue más tajante: «cuando la izquierda está de acuerdo con un acuerdo con la derecha … Ese acuerdo no será bueno ni para la gente de centro, ni para la derecha. Menos para Chile. Esto fue cocina impuesta poque le robaron el Plebiscito a Chile. Me alegro de haber renunciado a Chile Vamos».
Ruth Hurtadodel Partido Republicano, recordó que “en la 1a convención también había límites que no se respetaron, ahora el PC y FA firman acuerdo con bases que ellos repudian, pero les abre el camino para avanzar con su afán refundacional, están dispuestos a todo con tal de refundar Chile, ellos pondrán la letra chica y la música».
Por supuesto, José Antonio Kast habló claro y rotundo contra sus antiguos compañeros de viaje: “Esta no es una segunda oportunidad, es un segundo error».Apuntó contra los partidos que firmaron el documento y pidió enfocarse en las urgencias sociales. «Necesitamos ahora un Gobierno que dé solución a los problemas y un Congreso comprometido con Chile», dijo.
El Partido de la Gente por su lado, se victimizó para rechazar con ese argumento el acuerdo: el presidente de la colectividad Luis Moreno, aseguró que fueron excluidos de las conversaciones.“Yo personalmente estoy molesto, porque nosotros en varias ocasiones insistimos que nos dijeran hora y lugar para las reuniones, de lo cual no tuvimos respuesta. Nos excluyeron del último proceso del trabajo constituyente al Partido de la Gente”. Una posición que puede costarle más desmembramiento a esa colectividad, que ya tiene varios abandonos a su haber.
Igual que el único senador de los Republicanos, Rojo Edwards, quien afirmó que era una copia de la primera Convención Constitucional y criticó que no existiese un plebiscito de entrada.“Somos los únicos animales que cometemos el mismo error dos veces seguidas- Este acuerdo logrado por los políticos, no es más que una Convención 2.0, lograda a imagen y semejanza de la recientemente fracasada, es prácticamente lo mismo que rechazamos casi 8 millones de chilenos”.
Así, pocos se atreven a afirmar cómo terminará el proceso. José Antonio Garretón, el sociólogo y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, se aventuró a señalar: «Que desaparezca el proceso transformador podría ser uno de los escenarios y ese es el proyecto de la derecha. (…) Un proyecto llamado de restauración conservadora». Esa puede ser la intención. Y sobre eso deberán trabajar los partidos y defensores de este acuerdo.
Según cifras de la primera Encuesta Nacional sobre violencia obstétrica realizada durante 2020 por la Colectiva Contra la Violencia Ginecológica y Obstétrica, un 67% de las mujeres reportó haber sido víctimas de violencia durante atenciones ginecológicas y un 80% manifestó haber experimentado violencia obstétrica.
La violencia obstétrica se describe como toda acción u omisión por parte del personal médico y de salud que dañe, lastime, denigre o cause la muerte a la mujer durante el embarazo, parto o puerperio. Esta es una realidad soterrada que ocurre de modo frecuente a mujeres que tienen en común pertenecer a estratos socioeconómicos más precarios, ya que, la mayoría de las denuncias investigadas y exhibidas por la prensa, provienen de hospitales públicos, quedando expuestas a esta y otras expresiones de la llamada violencia obstétrica e institucional.
Ante las constantes denuncias hacia los equipos de salud y hospitales públicos del país, las mujeres afectadas se han visto en una situación donde sus cuerpos dependen únicamente del personal de salud y no de ellas, siendo consideradas como sujetas sin derechos como pacientes, siendo objeto de intervención del poder médico que decide sobre ellas, sus cuerpos y su maternidad.
Un estudio descriptivo y de tipo transversal entre los meses de diciembre de 2019 y mayo de 2020, dejó en evidencia a 2.105 mujeres de todas las regiones de Chile, arrojando que un 79,3% de las mujeres experimentó de alguna forma violencia obstétrica. Asimismo, se detectaron más informes de violencia obstétrica en mujeres jóvenes entre 18 y 29 años, y entre quienes tienen una orientación sexual no heterosexual y también mujeres migrantes, especialmente de nacionalidad haitiana.
Esta violación de derechos humanos impide a las mujeres tomar una decisión informada y voluntaria sobre su cuerpo y maternidad. La abogada feminista, Danitza Perez comentó que “la mujer debe tener el poder de decidir por sí misma, porque al final las mujeres y hombres tenemos la capacidad de goce y capacidad de ejercicio”.
Para garantizar que exista un pleno goce y respeto de los derechos humanos, tanto para mujeres, hombres, niños y niñas, debe haber un replanteamiento generalizado de las estructuras, instituciones, estereotipos sociales, políticas, dinámicas sociales, entre otros.
En Chile, el Estado ha reconocido los derechos sexuales y reproductivos con un sinfín de reglamentos, y dentro de los principales están la toma de decisiones sobre salud, cuerpo y vida sexual, decidir tener hijas/os, vivir sin sufrir discriminación, ni violencia, incluida la violación y violencia sexual de cualquier otro tipo.
Legislación chilena al debe
El Estado chileno aún está lejos de garantizar un entorno libre de violencia para las mujeres en todo aspecto, y en el caso de la violencia ginecológica y obstétrica todavía hace falta una legislación fuerte que respalde a las mujeres frente a las vejaciones y malos tratos. Erradicar esta violencia todavía es un tema pendiente para Chile y su sistema de salud.
Si bien en mayo del presente año se aprobó en el parlamento el proyecto de la Ley Adriana, que establece derechos para las mujeres y personas gestantes y que sanciona la violencia gineco-obstetra, las cifras mencionadas anteriormente no muestran un panorama muy alentador. A pesar de aquello, el proyecto de ley que estuvo a la espera de ser aprobado desde 2018, hoy significa un piso importante en materia de derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos.
El proyecto busca proteger la gestación, preparto, parto, postparto, la interrupción del embarazo, y sanciona la violencia, a modo de asegurar los derechos de las madres, sus cuidados y la integridad de las y los recién nacidos. La iniciativa se trabajó por parte de organizaciones de la sociedad civil en una Mesa de Parto Respetado.
En ese marco, la diputada Claudia Mix, quien encabezó el proyecto, señaló que, si bien se ha visibilizado más este tipo de violencia, aún existen prácticas abusivas en las atenciones médicas “que se agudiza cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad, quienes mayormente se han visto discriminadas, violentadas, acalladas y no consideradas en las decisiones producto de su posición social y nivel educacional. Lo mismo ocurre con las más jóvenes y adolescentes, quienes acusan en mayor grado ser discriminadas producto de prejuicios patriarcales y el inicio de su actividad sexual”.
Aunque aún falta mucho camino, el proyecto pretende cambiar el paradigma instalado en las atenciones y en la cultura médica con una perspectiva de derechos humanos enfocada en proteger el nacimiento y todos los procesos que experimentan las mujeres. Garantías de reparación física y mental, enfoque de género y derechos humanos, son parte de la iniciativa que, además, busca que las y los profesionales de la salud tengan una mejor formación y herramientas para atender a las mujeres y personas gestantes.
“Si te gustó hacerlo ahora aguanta el dolor”
Prohibición de ingerir alimentos o agua durante el trabajo de parto, no permitir el acompañamiento de personas por elección de la mujer durante el trabajo de pre, parto y postparto, falta de intimidad en el proceso, falta de información, inducción farmacológica innecesaria, inmovilización de la mujer en la cama con monitoreo electrónico continuo y frases denigrantes son solo algunas de las prácticas de maltrato que -se han denunciado- el personal de salud ha ejercido sobre las mujeres y personas gestantes.
Daniela Henríquez, Enfermera-Matrona de Neonatología del Hospital Clínico UC-CHRISTUS, relata que la violencia ginecológica y obstétrica solía estar bastante normalizada hace un par de años atrás, ya que, “Comentarios como ´si te gustó hacerlo ahora aguanta el dolor´, al momento de tener una guagüita; o después de un parto, si tienen que colocar puntos los médicos, solían hacer comentarios al marido de la mujer del tipo ´la voy a dejar como de quince´. Eran cosas que me tocó escuchar en mis prácticas profesionales, tanto de ginecólogos hombres como matronas”.
En esa misma línea, la profesional agrega que “gracias al feminismo, es un tema que se ha logrado visibilizar. La llegada de muchas mujeres ginecólogas ha logrado bajar este tipo de prácticas y también de colegas matronas que vienen con una mentalidad diferente a las generaciones antiguas, de mucho más respeto y empatía por las pacientes”.
Actualmente, el Estado está a tiempo para garantizar derechos y justicia para las mujeres vulneradas, respetando la soberanía sobre sus cuerpos, sus derechos humanos y su libre maternidad. Además, es esencial que las personas, especialmente las mujeres, puedan expresar sus opiniones, deseos y decisiones al momento de que sus cuerpos sean puestos en manos del personal médico, respecto a temas de sexualidad y reproducción.
El Ministerio de Salud juega un papel fundamental en la promoción de los derechos y la salud sexual y reproductiva, y en avanzar en que los servicios de salud entreguen atención de calidad a todas las mujeres.
(Escrito IG Memoria Feminista Atacama)
