El Premio Nobel Joseph Stiglitz (2001), académico y ex vicepresidente del Banco Mundial, considerado por Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo, se explayó hoy respecto de sus críticas al neoliberalismo en una charla realizada en el think tank Espacio Público, ocasión en las que señaló frases como “pagamos un alto precio por la inequidad” o “Friedman no tenía problemas en trabajar con un dictador…fue un noble de Pinochet”, con quien dijo debatir ideas regularmente.
“La inequidad económica lleva a una inequidad política”, fue una de sus ideas fuerzas, al advertir sobre el crecimiento de los autoritarismos en el mundo, ocasión en la que defendió la necesidad de aumentar los gastos del gobierno en materias como salud y educación, como una manera de desarrollar políticas activas que apoyan la equidad. En ese sentido defendió la necesidad de una recaudación tributaria acorde con dichas necesidades.
“El gasto progresivo es parte importante de crear igualdad en la sociedad”, subrayó.
Al comienzo de su intervención bromeó con los asistentes sobre la frase de que en Chile había nacido el neoliberalismo y que aquí sería donde moriría.
“Pagamos un alto precio por la inequidad”, sostuvo, porque ésta “lleva a un desarrollo económico pobre y podemos dividir la sociedad y afectar la democracia, debilitarla”, enfatizó.
Profesor titular de la Universidad de Columbia, y fuerte cuestionador del neoliberalismo en todo el mundo, fue una de las personalidades económicas, junto a Thomas Piketty, que apoyó expresamente la candidatura de Gabriel Boric en las últimas elecciones presidenciales en Chile. El académico dijo que el neoliberalismo definió las reglas de lo que hoy entendemos por desarrollo de la economía y que por lo tanto, éstas deben ser reescritas considerando, por ejemplo, las imperfecciones de los mercados, los monopolios, las prácticas de corrupción y los déficit sociales producidos.
“La reglas (con que se define la economía) llevan a distintas distribuciones del ingreso y de la riqueza”, apuntó, indicando que incluso en sociedades como EEUU, los jóvenes ven como vive el 1% más rico y observan las enormes diferencias entre sus vidas y este segmento de la población.
El Chile de la desigualdad
Stiglitz llega a un país, catalogado como de alto desarrollo humano, pero poseedor de una de las peores distribuciones de ingreso del mundo, que si bien en las últimas décadas ha avanzado mucho en la disminución de la pobreza, se apronta por efectos de la inflación y la pandemia, a retroceder unos siete años en este campo, según estimaciones del Banco Mundial.
De hecho, en pocos días más comenzará el trabajo en terreno de la próxima Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen 2022, a aplicarse entre el próximo 1 de noviembre y el 31 de enero de 2023), el principal “termómetro” de la situación social en el país, con mediciones de ingresos, educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, redes y protección social. Y el panorama no pinta para nada bueno.
Tal como lo advirtiera hace algunos días un informe especial del PNUD, dos factores se han conjugado para que la actual realidad social del país sea al menos “delicada”: los efectos que aún persisten en el aparato productivo por la pandemia y la alta inflación que está afectando al país, de un 13,7% en doce meses. Se le suma a esto la situación internacional derivada de la crisis en Ucrania, que ha tenido impactos en las cadenas de distribución internacionales de diversos productos alimenticios, impactando los costos y aumentando la incertidumbre.
Algunos organismos, como el mismo Banco Mundial, ya han empezado a dar luces de la desmejorada realidad social, en términos de su impacto en los niveles de pobreza, indicando que ésta primero dejará de bajar como lo venía haciendo, en general, en la última década, sino que crecerá a más del 10% en el presente año (10,5%) en 2022, mismo nivel en que se encontraba en 2015, es decir, siete años atrás.
Otras entidades, como el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ya informaron que el precio de la canasta de alimentos subió nada menos que un 23% en los últimos doce meses- la más alta desde que se mide el indicador-, y de paso reafirmaron que la línea de la pobreza, precisamente la que se ocupa para esta variable social en el país, quedó situada en $210.529 pesos por persona, mientras que la indigencia llegó a $140.352 pesos.
Dicha canasta de alimentos se compone de 79 productos que consideran la cantidad de calorías mínimas que debe consumir una persona, con un umbral de 2.000 en promedio.
Lo relevante es que si se cruza estas cifras con los salarios del país, que indican que la mitad de los trabajadores gana menos de $458.000 líquidos (y solo el 20%, más de $900.000), se tiene que, obligadamente, en una familia deben generar ingresos al menos dos personas y que aun así, podría no alcanzarles para superar la línea de la pobreza, como lo ha advertido muchas veces la Fundación Sol.
También, la situación actual debería impactar negativamente la distribución del ingreso en el país- un tema de la especialidad de Stiglitz-, ya que el Banco Mundial también adelantó que el índice de Gini, que venía experimentando una leve mejoría en los últimos años, llegaría al 47,1, desde un 44,9 en 2020, luego de una lenta mejoría que venía desde 1990 cuando llegaba a 57,2, como ingreso de los hogares.
Este 47,1 (mientras más alto mayor desigualdad) se compara con el 42,3 de Argentina (2020); 31,7 de Alemania (2018); 48,9 de Brasil; 27,7 de Dinamarca; 34,3 de España y 41,1 de Haití (2012), por citar algunos casos.
Algunos académicos sitúan a Chile, considerando el promedio 2010-2020, en el lugar 24 de los países del mundo con peor distribución y 10 en América Latina. No obstante, en la concentración del ingreso en el 1% más rico, se situaría en el lugar quinto de peor distribución, después de Mozambique, República Centroafricana, México y Malawi.
Incluso desde un punto de vista estrictamente económico- ha dicho Stiglitz- “la creciente desigualdad es la otra cara de otra cosa: Cada vez que disminuye la igualdad de oportunidades significa que no estamos usando algunos de nuestros más valiosos activos, nuestra gente, de la manera más productiva posible”.
Los peor es que esta realidad se ha visto, como vemos, desmejorada producto de la alta inflación, que recordemos se debe en gran medida a las medidas que adoptó el gobierno de Piñera, que expandieron en demasía el consumo privado, farra que hoy estamos pagando con dolor y tasas de interés poco vistas de más del 10%, dictadas por un Banco Central que parece dispuesto a que el país caiga en recesión el año venidero, si es necesario para volver a reducir la inflación. Dicho sea de paso Stiglitz se ha manifestado contrario a colocarse estas metas extremadamente rigurosas de inflación, porque justamente “provocan inequidad” y lo ha dijo en numerosas oportunidades. Por supuesto, nadie quiere la inflación de Argentina o Venezuela, pero tampoco se requeriría llevar a la economía a la recesión (caída proyectada de 0,5% del PIB, el 2023), con su consecuencia en aumento del desempleo e informalidad, para controlar efectos inflacionarios que se están dando, por lo demás, en todo el mundo.
Convengamos, en ese sentido, que ya los chilenos han estado experimentando un alto desempleo, que recién empieza a ceder, pero que a los dichos del académico David Bravo, aún queda mucho que hacer al respecto, con remuneraciones también a la baja, en un país que ya tiene los niveles de precariedad laboral descritos.
Agreguemos, como lo informó hoy el Banco Central, en su Encuesta Financiera de los Hogares 2021, que 57,4% de los hogares chilenos tienen alguna deuda y de ellos, un 42,5% tiene deudas de consumo; un 19,4% mantiene deudas hipotecarias; el 12,5% en educación; un 5,4% otras deudas y un 4,3% en el ámbito automotriz.
Ante este escenario el Ejecutivo ha jugado sus cartas: Aumento relevante del salario mínimo, aumento de la PGU, ya en el presente Presupuesto de la Nación, y defensa de la reforma tributaria en el Congreso. Allí, mientras la propia OCDE afirma que “la actual recaudación de impuestos del 21% del PIB es insuficiente para alcanzar mejoras considerables en la protección social y los servicios públicos, como la salud y la educación”, gremios como la minería se oponen tenazmente a aportar a un país del que disponen para explotar sus recursos mineros. La oposición tampoco parece escuchar los llamados a un país más integrado socialmente, tema que parecía de bastante consenso en periodos electorales.
“Los efectos socioeconómicos que han dejado en la población la crisis del COVID-19 y la inflación, nos recuerdan que en Chile la pobreza no ha desaparecido, y que sus manifestaciones no se reducen a la sola falta de ingresos, sino también afectan la capacidad y opciones de las personas por concretar sus metas y aspiraciones en la vida”, dijo taxativamente el último informe del PNUD titulado como “¿Por qué hablar de pobreza en Chile?”.
Junto con destacar los avances de los últimos años, el citado informe releva que en el país existen un total de 81.643 familias que habitan en 969 campamentos (más de 1.000, según último catastro del Minvu), “la cifra más alta desde 1996” y que prácticamente la mitad de las personas en situación de pobreza, en un porcentaje relevante reporta no tener amistades y “no confía en otras personas”, además de padecer síntomas de ansiedad o depresión.
Asimismo, un 41% de la población en pobreza considera que su trabajo “no le permite disponer de estabilidad financiera” y más de la mitad (55%) considera que sus ingresos “no le alcanzan”. Y lo que es más complejo, un 54% considera que la educación lograda “no le ha permitido tener mayores ingresos” y un 65% percibe problemas económicos frente a un eventual problema de salud.
Otras cifras estremecedoras del citado informe indican que una mujer que nace en una comuna del área poniente de Santiago tiene una esperanza de vida de casi 20 años menos (18) que una de altos ingresos y tiene 5,2 años menos de educación.
Claroscuros de un país que acaba de rechazar una propuesta constitucional que buscaba justamente garantizar derechos sociales, pero que ahora se debate en reencauzar esa discusión sin mucha claridad y que busca avanzar, diríamos casi desesperadamente, en temas como los cambios tributarios y previsional, como un mínimo básico para una mayor estabilidad política y social.
