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Exitoso desarrollo de la primera Escuela del Agua en Chile

En Chile, más del 70% de su superficie sufre de sequía en algún grado, y más de 500 mil personas no acceden a agua potable y saneamiento de manera regular. Por eso cobra especial relevancia que en nuestro país se desarrollen iniciativas que busquen educar de manera integral, sobre los desafíos de la sociedad en la gestión del agua en el presente y en el futuro.

A partir del 14 de septiembre y hasta el 2 de noviembre se desarrolla esta experiencia de manera virtual, para dar un alcance nacional. Esta valiosa experiencia cuenta entre sus expositores a profesionales expertos en los temas del agua, tales como Reinaldo Ruiz, Evelyn Vicioso, Ulrike Broschek, y Juan Pablo Orrego, entre otros, es organizada por el Programa de Medio Ambiente del Instituto Igualdad en conjunto con la Fundación Friedrich Ebert.

“Se espera reflexionar y debatir junto con las y los participantes, sobre la comprensión de la realidad del agua en Chile y el mundo, a través del análisis y la discusión sobre la situación actual y futura del sistema hidrológico, la realidad social del agua, el diseño jurídico y político institucional que determina su gestión, así como las alternativas que plantean los distintos actores para hacer frente a los desafíos del agua”, señalan sus organizadores.

Esta valiosa iniciativa se suma a la Encuesta Nacional de Percepción del Agua que desarrolla el Instituto Igualdad desde el año 2021- en conjunto con CEF-USACH-, con el propósito de profundizar el conocimiento y educación de la ciudadanía sobre este bien imprescindible para la vida y el desarrollo, en la perspectiva de incidir en el futuro, en el necesario cambio cultural en nuestra relación con el agua.

Octavo año Ley 20.720: Aniversario de la Ley de Insolvencia que apoya a personas y empresas sobreendeudadas

Empresas y Personas, N.º 20.720, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) dio a conocer las estadísticas de los Procedimientos Concursales.

Datos suministrados por la Superintendencia dan cuenta que, entre octubre de 2014 y el 31 de septiembre de 2022, se han realizado más de 192 mil atenciones ciudadanas y se han iniciado más de 38 mil procedimientos a nivel país. En total se registran 6.768 (18%) Renegociaciones de Personas Deudores y 31.635 (82%) procedimientos judiciales. Estos últimos corresponden a 22.159 a Liquidaciones de Bienes de Personas Deudoras, 357 Reorganizaciones de Empresas Deudoras y a 9.119 a Liquidaciones de Empresas.

Personas Sobreendeudadas

Respecto a las 6.768 Renegociaciones, el 44% corresponde a RM y el 56% a las otras regiones, lográndose los procesos en un tiempo promedio de tramitación de 73 días hábiles, con un porcentaje de acuerdo por sobre el 92% de los casos.

En la misma línea, el 55% de los Procedimientos de Renegociación corresponden a hombres, mientras que 45% a mujeres. Seguido de la Región Metropolitana (2.762), se observa que la región de Valparaíso es la que concentra la mayor cantidad de procedimientos (554), seguido de O´Higgins (474) y Tarapacá (399).

La deuda promedio que tienen estas personas, considerando las 16 regiones, es de $ 35,8 millones. Y la mayor concentración se da en el tramo etario que fluctúa entre los 30 a 44 años (55%).

En el detalle, quienes pidieron esta herramienta, el 73% eran trabajadores dependientes, 11% jubilados y 7% trabajadores independientes. Además, cerca del 45 por ciento recibía un ingreso líquido mensual inferior a los $500 mil pesos.

La renegociación implica una serie de ventajas para el deudor y sus acreedores, porque se pacta un nuevo calendario de pago, que le permite al deudor cumplir con sus acreedores de acuerdo a sus reales capacidades económicas. La institución señala que es importante estar informado y actuar oportunamente, ya que más de 6 mil personas han renegociado evitando el eventual embargo de sus bienes.

Referente a la Liquidación de Bienes, de las 22.159 solicitudes, 14.084 (64%) fueron iniciados por hombres y 8.075 (36%) por mujeres. Siendo la tramitación promedio de este grupo 495 días judiciales.

Además, se identificó que a nivel país, las regiones con mayor número de Liquidaciones, en los últimos ocho años son la Región Metropolitana 9.852; Biobío con 2.763; Valparaíso 1.603 y en Maule con 1.134 procedimientos.

Por otro lado, el 55% de las personas a nivel país que se han acogido a este trámite, tenían entre 30 y 44 años al momento de iniciar el procedimiento. Y del total del universo, el 48% declaró estar soltero. En tanto, según su situación laboral el 75% corresponde a trabajadores dependientes.

Empresas Deudoras

En cuanto a las empresas, según las estadísticas de la Superintendencia, desde el 9 de octubre de 2014 se han acogido a tramitación 357 solicitudes de Reorganizaciones, correspondiendo principalmente al rubro económico de Comercio al por Mayor y Menor con un 24% (85), seguido de Construcción con un 17% (61) e Industria Manufacturera no metálicas con un 15% (53).

Tomando en cuenta el tamaño de las empresas, los porcentajes señalan que el 60% son Grandes Empresas, un 23% Medianas, un 11% Pequeñas y 6% Microempresas.

Por su parte, el Procedimiento Concursal de Liquidación de Empresas Deudoras, presenta a la fecha 9.119 solicitudes iniciadas, concentrándose el 51% (4.639) en la Región Metropolitana y el 49% (4.480) en el resto del país. Siendo la tramitación promedio de este grupo 551 días judiciales.

Del indicador general se expresa que el 44% corresponde a Pequeñas Empresas, 22,7% a Microempresas, un 20,6% a Medianas y 12,7% son Grandes Empresas. Y que las sujetas a liquidación de activos pertenecen, esencialmente, a Otras Actividades de Servicios con un 18% (1.641); Comercio al por Mayor y Menor con un 17% (1.514); seguido de Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas con un 13% (1.210).

Finalmente, la institución indicó que estima que durante 2023 habrá cambios en la normativa, ya que el Gobierno decidió poner suma urgencia a la iniciativa de la modernización de la Ley 20.720 que permitirá la creación de procedimientos simplificados de Liquidación y Reorganización para Mipes y la eliminación del requisito que impedía a las personas que emiten boletas de honorarios acceder a la Renegociación.

In Memoriam: Enrique Martini, vuela alto colega y compañero

Enrique Martini, periodista y formador de generaciones de nuevos y nuevas periodistas, acaba de partir. Y tras ello dejó un enorme vacío a su familia, amigos, compañeros y colegas con quien compartió por muchos años la docencia en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Allí impartió un par de cátedras nada fáciles: introducción al periodismo y redacción periodística.

De un humor negro exquisito, Enrique rayaba en el sarcasmo y la ironía, poco comprensible en quienes pasan por la vida entre la amargura y el desvarío.

Le gustaba mucho invitar a un café para saber de ti, de los nuestros y, también, de los otros. Tenía la capacidad de auscultar el alma de hombres y mujeres que le rodeaban. No con un afán de la copucha fácil y efímera, sino porque pensaba que podría ayudar a ese ser humano que lo estaba pasando mal. Además, siempre fue un periodista fiel a su gremio. Nunca se perdió votación alguna en las elecciones del Colegio de Periodistas, porque ese era su núcleo más natural.

Por su universidad pasaron muchos y muchas  jóvenes que ahora hacen sus pagos en medios de comunicación que se enfrentan al poder, lo combaten y lo ponen entre las cuerdas. De eso se trataban sus clases. Hoy por hoy, esos jóvenes promesas del  periodismo siguen la ruta de ese “viejo” entregado al periodismo de verdad.

Fue un ancestral “comunista”, que no tenía miedo alguno en confesarlo, pero que hace un par de lustros dejó de militar allí. Sin embargo, nunca, pero nunca abandonó la política, amplia y diversa, se adecuó a los tiempos del siglo XXI y resultó más progresista que muchos que ondean las banderas de la igualdad. También fue una persona políticamente muy transversal porque podía debatir y discutir con sus adversarios en acaloradas discusiones. En la taberna del Círculo de Periodistas se le solía ver compartiendo con colegas de diferentes tiendas políticas, intentado arreglar el mundo que no tiene remedio. “En qué parte del globo vives tú”, solía decir para iniciar un largo debate, entre medios de empanadas y vino tinto.

Con sus 90 años recién cumplidos, Enrique Martíni se fue de este mundo, producto del Covid y de algunas enfermedades que lo aquejaban desde hace algún tiempo.

Pero, el colega y compañero, deja una gran enseñanza de lo que fue su paso en distintos medios de comunicación, como en los periódicos Última Hora y El Siglo,  en la docencia y en la amistad. Siempre se dice “no lo olvidaremos”. Esta vez es de verdad.

Sus restos serán velados en la Casa de la Memoria Michoacán a contar de las 16:00 horas.

En el Congreso Nacional: El enredado panorama en las negociaciones para una nueva Constitución

Imagen de archivo

El escenario político estuvo esta semana con las aguas más que agitadas. Tanto que hasta surgieron mesas paralelas a la de las negociaciones oficiales para lograr un acuerdo que signifique finalmente obtener la tan esperada Constitución que vele por los derechos reales de todos los chilenos y chilenas.

No sólo eso. Tal como era de esperarse, el Partido Republicano, que nunca ha estado por un nuevo proceso constituyente ni menos por una nueva Constitución (prefiere hacerle “reformitas” a la de Pinochet), se retiró de la mesa de conversaciones donde prácticamente todo el espectro político está representado. Se esperaba ese retiro hace rato y muchos de los participantes no entendían qué papel estaban jugando en esa mesa.

No se sabe a ciencia cierta si son muchos o pocos los que están interesados en el proceso constitucional que se abrió luego del plebiscito de salida. Las encuestas dicen que son una gran mayoría. De hecho, la última de Criteria señala que eso es así con un porcentaje clarificador: El 74% de los consultados quiere una nueva Constitución para el país. De todos modos, hay un 26% que quiere mantener lo hecho en la dictadura de Pinochet. Y sigue existiendo una cifra negativa para los parlamentarios, que deberían tomar en cuenta a la hora de insistir en que sea el Congreso el que se haga cargo de elaborar la nueva Carta Magna. Dice Criteria que ante la consulta de quién prefiere que escriba la Constitución, el resultado es abrumador, “sólo 5% está de acuerdo con que sea escrita por los partidos políticos”.

Es explicable. Por lo que está sucediendo en las oficinas y pasillos del Congreso, donde se supone debería llegarse a un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para continuar con el proceso constituyente, el interés y hasta la esperanza se están yendo al peor de los mundos.

Tal parece que el resultado de ese plebiscito -que emborrachó de alegría a la derecha, incluyendo a la DC por el rechazo, ya que se autoasignaron el “triunfo” del plebiscito-, está provocando varios fenómenos que, de acuerdo a algunos analistas, en política pueden tener costos altos. ¿Lo peor? El tan ansiado momento de la unidad para tener una Carta Magna que represente a todos en Chile, está en un punto de quiebre.

Ultraderecha más Walker y Rincón unidos

En todo el tráfago de reuniones, apareció de repente un extraño conjunto de parlamentarios que se erigió como equipo negociador paralelo al grupo oficial dirigido por los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, que han dado muestras de una paciencia digna de la causa. Extraño porque allí estaban ilustres desconocidos de la ultraderecha como los del partido Republicano, del partido de la Gente, de los Amarillos, uno que otro de Chile Vamos e independientes. Y ¡ sorpresa! dirigidos por los dos DC del Rechazo, Ximena Rincón y Matías Walker. Sus voceros. «Informamos la constitución de una coordinadora parlamentaria por una propuesta de cambio constitucional, inclusiva y amplia», indicaron. Y, además, apuntaron a una «carencia absoluta de autocrítica de los partidos respecto a sus posturas frente al plebiscito». «Hoy pretenden representar un camino político único para el cambio constitucional, obviando completamente la falta de representación que ostentan por sus recientes posturas derrotadas por acción u omisión frente al plebiscito», añadieron.

La sorpresa y las críticas a esos dos DC -no se sabe si aun lo son-, llegaron pronto. Hubo una sola conclusión en esas críticas: buscarían recuperar el protagonismo que la derecha escondida les confirió durante la campaña por el plebiscito. De hecho un señor que oficia de analista político,  Mauricio Morales, se adelantó a anunciar la vuelta al reinado de Walker y Rincón: “el 38 % cree que ganó el plebiscito. Sus derrotados líderes querían dirigir el proceso. Se arma el grupo constitucional de los 8, con mayoría del Apruebo, pero se les aparece la dupla Rincón Walker, su peor pesadilla. Forman grupo paralelo, más inclusivo y lideran el nuevo acuerdo”.

Poco le duró a Morales su intento anticipatorio. Porque el reinado de la vocería duró sólo tres horas. Ante el anuncio de la creación de una mesa paralela, los presidentes de ambas Cámaras, el diputado Raúl Soto y el senador Álvaro Elizalde, hicieron un llamado a “aunar” los esfuerzos para lograr llegar a un acuerdo. En ese sentido, Soto, dijo que su intención es “aunar esfuerzos y aunar voluntades para entregarle a Chile un buen acuerdo y un buen itinerario constitucional”.

Además, y en respuesta a las acusaciones de no incluir a todas las voces del Congreso en el diálogo constituyente, Soto aseguró que “siempre nuestra voluntad ha sido incluir a todos y todas. En todas las reuniones ampliadas han estado todos los partidos”. sostuvo que “si se han producido bilaterales que han generado una suspicacia, veremos la forma de corregir aquello para hacerlo de la manera más inclusiva posible, porque entendemos que el acuerdo requiere lo más transversal posible”.

“Quiero hacer un llamado a todos los actores políticos a la humildad. Este diálogo constitucional es con todos y con todas y dejando de lado las diferencias políticas, ideológicas, las pugnas de poder internas de los partidos políticos y también los egos. Necesitamos todos desprendernos de aquello para poner por delante el interés superior de Chile”. Y entonces hizo el anuncio para la foto que esperaban: Matías Walker y Ximena Rincón, los voceros de la mesa paralela, se incorporaban a las reuniones.

El presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), y su par de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto (PPD) promovieron la extensión de la mesa de diálogo, sumando, además,  a representantes de Republicanos y del PDG –quienes estarán en ambas instancias, la oficial y la alternativa.

Sin humo blanco

Pero, los frutos de estos esfuerzos aún no se ven. En la última reunión el partido Republicano anunció su retiro de la mesa de negociación porque según la presidenta (s) del Partido Republicano, la ex convencional Ruth Hurtado “el debate constituyente tiene que ser habilitado, debatido y sancionado en el Congreso”. “Hemos tenido reuniones con los distintos órganos de nuestro partido y hemos llegado a la convicción de que el Partido Republicano no seguirá participando de estas conversaciones, porque no hay ningún espacio para que esta discusión se radique en el Congreso y sea el Congreso el órgano para resolver este momento constitucional”, declaró la ex convencional.

Y añadió: “todas las fuerzas políticas apuntan a que se conforme una nueva Convención, mecanismo en el cual nosotros hemos señalado en distintas oportunidades que es fracasado y que no dio resultado”.

Y aunque algunos de los participantes anunciaron haber entrado en un “punto muerto”, al parecer no es tan así. El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, aseguró que las conversaciones están contribuyendo “a que se vayan ordenando las posturas. Así como valoramos que Chile Vamos hiciera una propuesta, y que el oficialismo hiciera otra, valoramos que el Partido de la Gente (PDG) también presente otra propuesta”.

“Esperamos que quienes todavía no formalizan sus propuestas, también nos las hagan llegar y que puedan dialogar entre ellos para generar puntos de entendimiento”. Luego agregó: “sé que ha habido todo tipo de declaraciones de dirigentes y dirigentas políticas, en un sentido u otro, todos tienen una distinta evaluación, pero sí puedo señalar que estamos más cerca de un acuerdo de lo que estábamos hace una semana. Porque, por lo menos, ya hemos distinguido los puntos donde es necesario resolver las diferencias, pero todavía estamos lejos de un acuerdo y esperamos en los próximos días generar propuestas que nos permitan resolver estos nudos que hasta ahora no han hecho posible que lleguemos a un acuerdo total. Y como bien lo ha dicho el presidente de la Cámara, este acuerdo tiene que ser completo y suficiente. Por tanto, existiendo temas pendientes, no se va a poder anunciar ningún acuerdo”, agregó Elizalde

Las propuestas

La propuesta del oficialismo plantea un nuevo órgano constituyente con elección en abril de 2023, de carácter paritario y con escaños reservados para pueblos originarios en un número proporcional” al registro indígena de la Conadi, e independientes en “listas en conjunto con los partidos”. Incluye un comité de expertos “no deliberativo”, y Plebiscito de salida en diciembre del próximo año con voto obligatorio.

Menciona principios institucionales como el “carácter unitario del Estado de Chile” y el respeto a “la existencia, autonomía e independencia plena del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo”, esperan que el nuevo marco constitucional consagre derechos como a la libertad de religión, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, derecho a la propiedad y a la igualdad.

Desde Chile Vamos insisten con dar la certeza de que un nuevo órgano constituyente no podrá «refundar» Chile, y dejar el marco establecido antes de avanzar en el diseño del órgano. Apuestan por los bordes como su seguro para que, en caso de que el órgano sea 100% electo, haya materias que deban estar presentes y otras no. Y, muy importante para ellos, que Chile es una sola nación; que hay tres poderes independientes del Estado y otras cosas que son de sentido común.

Uno de los puntos de tope en las negociaciones es la forma de la Convención, es decir, si será ciento por ciento electa o incluirá un grupo de expertos designados. Nudo a destrabar. Y no son pocos esos nudos. Por eso es que el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, sentenció: “Esto está llegando a un punto de inflexión y si no solucionamos esto la próxima semana es muy difícil que podamos ofrecerle a Chile la certeza de que el proceso constituyente continúa”. Por lo mismo, ninguno de los participantes en las conversaciones se atreve a aventurar plazos para el cierre del gran acuerdo.

La Ultraderecha gobernará Lima

En un recuento final, voto a voto, el acaudalado empresario Rafael López Aliaga, candidato del partido Renovación Popular -un partido fascista, según afirma Radio Francia Internacional- ganó las elecciones para ocupar la poderosa alcaldía de Lima.

López Aliaga obtuvo 26,2 %, contra 25,3 % el otro candidato con posibilidades, el general en retiro Daniel Urresti, acusado de violaciones a los derechos humanos. Ese nivel de candidatos se reflejó en la muy baja afluencia de ciudadanos a las urnas, convirtiendo el porcentaje de votos a favor de López Aliaga en el más bajo que haya obtenido un alcalde de Lima en más de 40 años. Por otra parte, el partido marxista Perú Libre del presidente Pedro Castillo, quedó en último lugar entre las ocho candidaturas a la Alcaldía de Lima, obteniendo apenas 1,4%. Otra agrupación duramente derrotada en estas elecciones edilicias fue el fujimorismo, que perdió en todas las gobernaciones y alcaldías.

Investigado por lavado de dinero y con una millonaria deuda tributaria, Rafael López Aliaga ya fue candidato presidencial en 2021, quedando tercero detrás de Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Para Castillo, la victoria del radical opositor que busca destituirlo de la presidencia, es un fuerte golpe con sabor a derrota. Ahora, confirmada su victoria, López Aliaga espera convertir la alcaldía capitalina en una plataforma contra el gobierno y ya ha pedido al presidente Pedro Castillo que renuncie a su alto cargo.

Cuando hace poco más de un año el partido marxista Perú Libre llevara a Pedro Castillo a la Presidencia de un modo tan sorprendente, nadie podría imaginar que muy pronto un voto anti clase política -que, por lo demás, cruza América Latina por estos días- también lo iba a castigar con fuerza y con él, a Pedro Castillo. Ese voto también se ha proyectado contra Keiko Fujimori y su partido, el otrora vigoroso Fuerza Popular (FP), que esta vez no fue capaz de acceder al poder ni a nivel superior, ni tampoco a nivel de los gobiernos distritales, municipales, ni regionales que se disputaban.

Como consignábamos antes, Rafael López Aliaga está siendo investigado por lavado de dinero y es signatario de una millonaria deuda tributaria. Pero no sólo eso. Este ultra del Opus Dei -conocido popularmente como “Porky” por su contundente figura- es cercano a los planteamientos ideológicos del presidente brasileño, Jair Bolsonaro y se mantuvo, incluso en los sondeos y encuestas, encabezando la elección por un estrecho margen de votos frente al ex militar Daniel Urresti, abanderado de la derecha clásica y de los partidarios de poner mano dura frente a la delincuencia y la  inseguridad. El aspirante con menos apoyos en Lima fue Yuri Castro (Perú Libre), ex profesor de un hijo del presidente Castillo y muy cercano al líder marxista leninista Vladimir Cerrón, gran aliado de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Yuri Castro sólo obtuvo  el 1,47% de los votos. Peor les fue a los 15 candidatos de Perú Libre que se presentaron para conquistar gobiernos regionales, En tanto el fujimorismo simplemente declinó presentar una candidatura propia a la alcaldía limeña.

Tanto Perú Libre como el fujimorismo se niegan a adelantar las elecciones  presidenciales, una de las propuestas que está sobre la mesa para intentar dar una solución a la profunda crisis política que vive el Perú. Los índices de aprobación, tanto de la Presidencia de Pedro Castillo como del Congreso Nacional, son muy bajos desde hace meses en medio de los escándalos que sacuden semanalmente a ambos poderes del Estado. Con ello, la fragmentación que se puede apreciar crecientemente desde los comicios presidenciales de 2021, se ha confirmado con los resultados de estos comicios edilicios en todo el país.

Partidos regionales, líderes locales, dirigentes alejados del ruido político nacional, incluso pequeños caciques, ganaron parte importante de las gobernaciones frente a los partidos nacionales tradicionales, evitando una segunda vuelta. Entre ellos, uno de los que fue confirmado en primera vuelta es el controvertido candidato César Acuña, empresario y político líder del partido Alianza para el Progreso, quien, durante la campaña, se vio envuelto en un escándalo político que puso en tela de juicio su postulación y que, sin embargo, fue elegido como el nuevo gobernador de la Región de La Libertad, según informó la ONPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú.

Ante estos fenómenos políticos que alguien podría asimilar al “realismo mágico” garcíamarqueciano, el analista Augusto Álvarez Rodrich, economista, periodista y presentador de radio, televisión y periódicos, sentenció al cierre de las campañas: «Elección tras elección, la política peruana avanza imparable hacia la degradación, la corrupción y la mediocridad. Las elecciones de ayer no fueron la excepción».

¿Qué ganamos las profesoras y profesores con el rechazo?: Nada ¿Qué perdimos?: Mucho

La verdad es que muchos/as quedamos sin suficientes categorías de análisis para explicar adecuadamente el holgado triunfo del Rechazo a la propuesta de Nueva Constitución, tanto en lo político, en las profundas razones de sentido, como en aquellas culturales que, probablemente, pueden ayudar a explicarlo: los sociólogos buscarán razones en las estadísticas, los antropólogos en la experiencias de vida, los profesores y profesoras en la falta de educación cívica, los políticos en las cuestiones coyunturales. En ese contexto no seré yo quien intente explicar lo que aún nadie consigue: porqué se rechazó una Constitución moderna, democrática, ecológica, paritaria,  que aseguraba derechos sociales e individuales y sólo cambiaba el capitalismo en su versión neoliberal.

Quiero hacer un acto pedagógicamente reivindicatorio, cuando conmemoramos el Día del Profesor y Profesora: mostrar lo que perdimos los profesores y profesoras en esa propuesta constitucional moderna, avanzada, que aseguraba derechos, que no ocultaba obligaciones, que buscaba redistribuir el poder hacia las mayorías y minorías sociales, que quería dar un salto adelante en la democracia y justicia social. Quiero, como lo hice antes, educar ciudadanamente para lo que venga.

Veamos nuestro propio campo de desarrollo profesional docente.

Los artículos específicos que perdimos.

«Artículo 41.

  1. Las y los profesores y educadores son titulares de la libertad de cátedra en el ejercicio de sus funciones, en el marco de los fines y principios de la educación.”

Perdimos. Habríamos tenido mayores libertades para poder dar cauce a nuestros pensamientos, a nuestras teorías, a nuestros enfoques educativos: seríamos más libres de enseñar y de qué enseñar. Los/as estudiantes contarían con docentes conductistas y también críticos, con creyentes y agnósticos, con marxistas y liberales, con progresistas y conservadores: habrían tenido opción de ampliar sus horizontes de formación más allá de las homogeneidades y controles ideológicos o de creencias que uniforman el pensamiento y los someten a la única verdad, sea la que sea (aunque en general, afirmativa del status quo).

Artículo 43.

“1. La Constitución reconoce el rol fundamental de las profesoras y los profesores, valora y fomenta la contribución de educadoras, educadores, asistentes de la educación y educadores tradicionales. En su conjunto, son agentes claves para la garantía del derecho a la educación.”

Perdimos. Por primera vez los/as profesores/as habrían sido reconocidos constitucionalmente. Nunca lo habían sido. Era un reconocimiento societal a la labor docente al mismo tiempo que generaba derechos y obligaciones. Se valoraba como nunca nuestra profesión y función como garantes del derecho a la educación.

“2. El Estado garantiza el desarrollo del quehacer pedagógico y educativo de quienes trabajen en establecimientos e instituciones que reciban fondos públicos. Dicha garantía incluye la formación inicial y continua, su ejercicio reflexivo y colaborativo y la investigación pedagógica, en coherencia con los principios y fines de la educación. Asimismo, protege la estabilidad en el ejercicio de sus funciones asegurando condiciones laborales óptimas y resguardando su autonomía profesional.”

Perdimos. La propuesta nos garantizaba el desarrollo profesional (formación inicial, continua, investigación, ejercicio reflexivo y colaborativo), en el sector público estatal o en el particular subvencionado, mientras reciban recursos públicos. Hoy depende en gran medida de las voluntades de los gobiernos y sostenedores o de las presiones de ambos a los parlamentarios.

Perdimos. ¡Otorgaba estabilidad en el ejercicio de sus funciones en condiciones óptimas y con resguardo de su autonomía!… hoy cuando aún existen muchos docentes tipo “taxi” que corren al menos a dos colegios (otros a más), de modalidades con una situación de precariedad y rotatividad de empleo, sin derecho a defensa cuando intentan organizar sindicatos y no se les renuevan los contratos…. Seguiremos dependiendo del mercado y voluntad de los empleadores o sostenedores para trabajar.

“3. Las trabajadoras y los trabajadores de educación parvularia, básica y media que se desempeñen en establecimientos que reciban recursos del Estado gozarán de los mismos derechos que contemple la ley.”

Perdimos. Se aseguraba la igualdad de trato entre todos los/as educadores/as de todos los niveles y modalidades de la educación. Hoy la diferencia entre ingresos, por ejemplo, de educadoras parvularias y profesores/as de enseñanza media, por las mismas horas de trabajo y la misma función educadora: es superior en la última.

Artículo 47.

Refiere a los derechos de los trabajadores del sector privado y público. Permite el derecho a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga. Los sindicatos son los titulares de la negociación colectiva que puede ser ramal, sectorial o territorial.

Perdimos. Deberemos seguir negociando individualmente nuestros contratos, condiciones y horas de trabajo, beneficios, separados los docentes del sector público con el privado, compitiendo entre ellos. Seguiremos sin que sindicatos docentes de diversos establecimientos pertenecientes a un mismo dueño, holding o fundación puedan negociar juntos con el  mismo sostenedor y defender a cualquier trabajador o trabajadora de cualquier establecimiento con un mismo sostenedor o responsable legal.

Esto no es un lamento. Es un desafío colectivo y organizacional. Debemos aprender de los avances que  fueron derrotados para que no los olvidemos, los reconstruyamos y mantengamos como objetivos de la lucha docente organizada en el proceso constitucional que vendrá. Pero también es un listado de contenidos democráticos que deben enseñarse en las universidades formadoras de futuros docentes.

Perdimos. Ahora a seguir trabajando y luchando para recuperar lo perdido y ganarlo lo más luego posible. Pero también a reflexionar crítica y autocríticamente: ¿cómo nos encontramos ahora: mejor o igual que antes del Plebiscito de salida y su resultado? ¿Cómo aseguramos que estos avances y otros queden en la siguiente propuesta constitucional?… sólo con organización movilizada, con reflexión fundamentada teóricamente, con acción en el colegio o universidad y en la sociedad o comunidad.

Bancada PS condena enérgicamente ataque del diputado Gonzalo de la Carrera contra diputada Emilia Schneider

Captura de pantalla

El diputado Gonzalo de la Carrera nuevamente es protagonista de una polémica en el Congreso Nacional. Esta vez, durante la sesión de sala en la Cámara de Diputadas y de Diputados.

El parlamentario independiente, electo por el Partido Republicano, hizo su intervención criticando a la diputada Emilia Schneider (Comunes), quien se había referido a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres durante la discusión del proyecto que garantiza la propiedad de los afiliados sobre los fondos de capitalización individual.

«Ella habla de mentiras. Y yo le quiero decir que yo he escuchado de usted dos grandes mentiras, diputada, respetando su condición. Usted no puede exigir su derecho a abortar porque jamás podrá abortar. Y tampoco puede exigir su derecho a menstruar», declaró Gonzalo de la Carrera.

La diputada Danisa Astudillo se reunió con la Ministra Secretaria General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, respecto del proyecto de reforma constitucional que busca cesar de su labor a los parlamentarios involucrados en actos violentos y discursos de odio. Tras el encuentro, la secretaria de Estado se comprometió a poner urgencia a la iniciativa.

«La vez pasada cuando el diputado Gonzalo de la Carrera agredió con un golpe al vicepresidente de la Cámara sabíamos que no iba a ser la última vez que iba a actuar con violencia. Por eso, esto no puede quedar solamente en una multa, en un  mero llamado de atención o un punto de presa. Creemos que debería haber sanciones más   graves como la destitución del cargo», sostuvo la parlamentaria.

«Toda la Bancada PS y la bancada feminista del Congreso estamos respaldando a Emilia Schneider, tenemos que frenar estos actos de violencia que atentan claramente en contra de la democracia», agregó la legisladora socialista.

Por tal razón, dijo, «Me reuní junto a la diputada Emilia Schneider con la ministra Ana Lya Uriarte y ella se comprometió a ponerle urgencia a este proyecto. Ella lo leyó con nosotras, y nos dijo que existe toda la disposición del gobierno para poderlo tramitar rápidamente».

En ese sentido, el diputado Juan Santana aseguró que el mencionado proyecto debe incorporar las agresiones psicológicas como la ocurrida durante la presente jornada en la Cámara de Diputados».

«Quiero decirlo con toda claridad y con harta responsabilidad, el diputado Gonzalo de la Carrera es un maricón y un poco hombre. Este es un espacio de deliberación democrática, de respeto e intercambio de debates; no es un espacio para que se venga a insultar», hizo énfasis.

El presidente de la comisión de Ética, Nelson Venegas, adelantó que la instancia va a obrar de oficio: «Este tipo de situaciones no puede seguir ocurriendo, por ello hemos decidido convocar ahora una sesión extraordinaria y de urgencia para abordar este tema y ver cómo hacer para que las sanciones sean lo suficientemente fuertes para que este tipo de conductas no siga ocurriendo».

Lula y un respiro para la Amazonía

La estrecha victoria de Lula Da Silva a Jair Bolsonaro en la primera vuelta presidencial de Brasil, si bien no era el resultado esperado, dada la alta votación del candidato de ultraderecha, nos da cierta esperanza para el futuro de la región y para quienes vemos en el negacionismo climático como una de las principales amenazas políticas de nuestros tiempos.

De ahí que no haya que subestimar este discurso de ultraderecha, que ante la crisis de la democracia representativa en el mundo y de las instituciones que la sostienen, personajes como Jair Bolsonaro, Donald Trump, Javier Milei o José Antonio Kast, son voceros de una corriente política muy peligrosa, ferozmente anticomunista, fundamentalista cristiana y nacional libertaria, que no tiene complejos en negar abiertamente el patriarcado, el colonialismo y también la crisis ambiental imperante.

Es esta última negación, la ambiental, que se vuelve de vida o muerte que Bolsonaro no siga siendo el presidente de Brasil, luego de su desmantelamiento de la política ambiental en el país, en donde su reducción del presupuesto para su conservación bajó en un 71% y aumentó en un 56,6% la deforestación entre el 2019 y el 2021 (1), poniendo en peligro la vida en todo el planeta.

No hay que olvidar que de los 8.129.057 Km2 de la Amazonía, el 67% se encuentra en Brasil, por lo que debiera ser un territorio de vida protegido internacionalmente y por Naciones Unidas, más allá de que Bolsonaro diga que es de su país, de manera tan torpe y siendo incapaz de ver que el planeta está interconectado sistémicamente.

Asimismo, que Bolsonaro gane en la segunda vuelta presidencial, solo generará más muertes a todas aquellas personas que han defendido lo ambiental, lo que en el caso de Brasil es dramático, siendo el país en el mundo con más asesinatos (342), en estos últimos 10 años, como han señalado los informes de Global Witness (2).

Frente a esto, que Lula Da Silva sea nuevamente el presidente de Brasil, si bien no nos asegura que ponga en el centro la defensa de la vida y que genere políticas sostenibles de verdad, que frenen al extractivismo imperante en la región, la Amazonía tendrá un respiro y una nueva oportunidad.

Por supuesto que no nos olvidamos que Lula mientras fue presidente, al igual que el resto de los llamados gobiernos progresistas de la región, no fueron capaces de plantear una integración regional ecológica y transiciones postextractivistas, profundizando así su dependencia con los llamados recursos naturales, pero al menos hay una preocupación de su parte del daño generado.

Me refiero a lo propuesto por Lula para ser presidente, en lo que refiere a combatir los delitos ambientales, prohibir la minería en tierras indígenas y fortalecer el Sistema Nacional Ambiental y la Fundación Nacional del Indio.

Es verdad, se hace muy poco lo que propone, para un país con tan enorme responsabilidad con la Amazonía, la cual representa el 40% del bosque tropical del mundo y el 25% de toda la biodiversidad planetaria, siendo clave en un contexto de calentamiento global y peligro de acabar con las condiciones mínimas de reproducción de la vida.

No obstante, al frente de él, tenemos a un personaje que solo ve a la Amazonía como una fuente ilimitada de recursos para explotar, llegando al delirio de decir que quienes están queriendo protegerla, son parte de un complot de izquierda, impulsado por la ONU, para entrometerse en su soberanía.

Por lo mismo, como bien dijo en una entrevista el ecoteólogo brasileño Leonardo Boff, Jair Bolsonaro tiene las características de un anticristo, al ser un enemigo de la vida, ya que usa el nombre de Mesías para engañar a su pueblo y trata a los indígenas como seres inferiores (3), por lo que debiera hacer reflexionar a quienes lo apoyan y creen en las mentiras que señala.

En consecuencia, el pueblo de Brasil tendrá la última palabra el próximo 30 de octubre, día de la segunda vuelta presidencial y día en que todo el mundo debiera estar pendiente de lo que pase, ya que lo que está en juego en mucho más que los destinos de un país, sino también de un planeta que necesita desesperadamente un giro en cómo nos relacionamos entre nosotros y con el resto de los seres vivos, luego de siglos de sentirnos por encima de la Naturaleza.

1:https://www.telam.com.ar/notas/202209/606448-amazonia-negacionismo-ambiente-lula-bolsonaro.html

2: https://www.globalwitness.org/es/decade-defiance-es/

3: https://www.youtube.com/watch?v=gOLH_nR0D0E

Estudio evaluará condiciones laborales y violencia que viven mujeres y disidencias en las comunicaciones

Foto de Joppe Spaa en Unsplash

La Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas de Chile (RedPerioFem), a través de su Comisión de Observatorio y Denuncia, y con el apoyo técnico del Observatorio de Datos y Estadísticas de Género e Interseccionalidades (ODEGI) presentó este lunes 3 de octubre, su primera encuesta referida a las condiciones de trabajo de periodistas y comunicadoras, que ejerzan su profesión en medios de comunicación o en áreas de las comunicaciones en Chile.

El estudio busca conocer y evidenciar la violencia que viven mujeres y diversidades sexo-genéricas en diferentes espacios laborales de las comunicaciones periodísticas. La encuesta, que estará disponible para ser respondida hasta la primera semana de noviembre, de manera virtual, voluntaria y confidencial, es la primera de su tipo y sus resultados permitirán levantar información que sirva de insumo para la elaboración de políticas públicas.

“En general, en Chile no existen datos sobre la situación de las periodistas y comunicadoras, lo que deja sin posibilidad de avanzar en mejoras en ámbitos laborales. Esta encuesta nace como una forma de entregar insumos al Estado, para el desarrollo de políticas públicas que permitan mejorar la calidad de vida de las mujeres trabajadoras de las comunicaciones”, sostienen desde la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas de Chile.

Diversas manifestaciones de violencia

La encuesta de RedPerioFem contiene preguntas que buscan indagar en diversos tipos de violencia, como por ejemplo abusos de poder o autoridad, humillaciones, insultos, bullying, amenazas y/o intimidaciones, así como también la edad en que se sufrió la agresión y los contextos laborales.

Desde ODEGI, indican que “través de este instrumento esperamos lograr recoger y representar la experiencia de la mayor cantidad posible de personas, para tener resultados robustos de esta consulta y dar cuenta exploratoriamente de la realidad que viven periodistas/es y comunicadoras/es en sus trabajos”.

Es importante relevar que los datos recabados a través de la encuesta sólo serán conocidos por el equipo de investigación, y en virtud de la privacidad y protección de las mujeres y disidencias que decidan participar en el análisis, no podrán ser identificadas de forma individual, mientras que los datos se resguardarán bajo absoluta reserva.

Por último, desde la Comisión de Observatorio y Denuncia de la RedPerioFem, exponen que “entre colegas escuchamos con mucha frecuencia sobre situaciones de violencia y discriminación de género, por lo que creemos que es crucial darles forma y cifras a esas situaciones”.

La encuesta podrá ser respondida hasta la primera semana de noviembre, tras lo cual será analizada por las organizaciones a cargo. Los resultados de ella se darán a conocer públicamente.

Responde la encuesta acá https://bit.ly/3fAHY7X

La cuestión indígena en punto muerto.

Con las primeras declaraciones del gobierno del Presidente Boric respecto del conflicto entre el pueblo mapuche y el estado chileno, y tras el intento, improvisado y fallido, de acercamiento de la primera ministra del Interior de su gobierno -que fuera recibida con disparos al aire en una comunidad mapuche de La Araucanía-, se develó la inexistente estrategia de diálogo del gobierno con los grupos más radicalizados del pueblo mapuche. Posteriormente, la renuncia de uno de los principales asesores de asuntos indígenas del mismo Ministerio –Salvador Millaleo- no hizo más que refrendar esa idea. El mencionado asesor habría dejado su cargo a raíz de diferencias con la entonces ministra, a propósito de los estados de excepción implementados en parte de la zona sur de nuestro país. En cuanto a la frustrada visita de la autoridad de interior a la comunidad Temucuicui, según indican los informes de prensa el exasesor no habría estado de acuerdo, considerando prematura dicha visita. Lo que vino después es historia conocida. La renuncia –incomprensible- de la ministra de Desarrollo Social y Familia, Jeannette Vega, a raíz de su intento de contactar al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), en un período en que el propio gobierno afirmaba que dialogaría con todos los sectores del pueblo mapuche; la detención de Héctor Llaitul en la ciudad de Cañete; y, claro, el rechazo del nuevo texto constitucional que incluía gran parte de las demandas de los pueblos originarios del país, particularmente las reivindicaciones del mundo mapuche, referidas a demandas de tierra, autonomía y representación ante las instituciones del Estado, entre otras materias. Con todo, y pese a los resultados del plebiscito, están pendientes las demandas que el propio Presidente Boric se comprometió a materializar. Veamos.

Una de las propuestas del programa señala que se generará un diálogo “con todos los pueblos originarios para acordar los términos de una restitución territorial que incluya la cuestión de las tierras antiguas y el acceso a los bienes naturales, de manera de permitirles el ejercicio de su derecho a la autonomía, evitando y reparando la fragmentación de los territorios”. Más adelante agrega: “Los mecanismos para hacer efectiva esta restitución seguirán los lineamientos establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo en su caso la expropiación y la respectiva indemnización, tal como lo recomendó la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato”, el año 2003.

Otro aspecto importante del programa de Boric en materia indígena, establece la necesidad de implementar en su totalidad –“y de buena fe”,- el Convenio 169 de la OIT, “a la luz del estándar de la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas”. Esto significa, entre otras cosas, materializar un convenio que fuera aprobado –con las dificultades y polémicas conocidas- por el Estado de Chile en 2008 –hace 14 años-, y respecto del cual no se observan avances. Materializar esta propuesta permitiría implementar espacios de autonomía, demandados por comunidades, particularmente mapuches.

Otro compromiso consignado en el programa en comento, dice relación con la creación, en conjunto con los pueblos indígenas, de “una nueva institucionalidad de participación y consulta”. Respecto del particular, debemos recordar que dicho proyecto de ley de creación de Consejos Indígenas, fue ingresado al Parlamento a comienzos del año 2016 –hace 6 años- y se encuentra sin movimiento desde 2020.

Otro compromiso programático dice relación con eliminar la Ley Antiterrorista, reemplazándola por otra normativa “que resguarde la vida democrática”. Como sabemos la mencionada ley se ha aplicado exclusivamente a personas y agrupaciones mapuches.

Otra iniciativa es la creación de una Comisión de Verdad y Esclarecimiento Histórico Intercultural, cuyo objetivo sería calificar a eventuales víctimas indígenas y no indígenas, producto de las situaciones de violencia que se han dado en el contexto del conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche, a partir de 1990.

Una medida particularmente importante –consignada, también, en el programa de gobierno del Presidente Boric- es la derogación del decreto Ley N° 701, del año 1974, que bajo el argumento del desarrollo del área forestal, ha producido la degradación de los suelos e imposibilitado el acceso al agua de parte de muchas comunidades mapuches. En este sentido son conocidos los efectos que dichas plantaciones producen en el fenómeno de extinción de las napas subterráneas de agua.

El programa, además, contiene otras medidas que comprometen al Estado de Chile en torno a ajustar el reglamento de Ley que crea los espacios costeros marítimos, la adecuación de la legislación sectorial (Código de aguas y Minería), con el objeto de garantizar el acceso al agua de parte de comunidades indígenas cercanas a faenas mineras y geotérmicas, la cogestión de los pueblos indígenas de las áreas naturales protegidas, adecuación de los programas de CORFO e INDAP, permitiendo el acceso a beneficios de parte de personas y comunidades indígenas del país.

Pese a los compromisos programáticos en materia indígena, a seis meses de iniciado el actual Gobierno, no se observan iniciativas que rompan el actual estado de cosas. Se podría argumentar que los resultados del 4 de septiembre pasado habrían restado fuerza para que el gobierno avanzara en los compromisos descritos. Sin embargo, este argumento resulta falaz si consideramos que los compromisos en materia indígena del actual gobierno son, en su casi totalidad, los mismos que hicieron otros gobiernos –y que no materializaron-, a partir del informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, hace 19 años atrás.

Hoy, con la renovación permanente del estado de excepción en un sector del Wall Mapu, la renuncia –obligada, en estricto rigor- de la ministra de Desarrollo Social y Familia –cuya capacidad de diálogo pareció ser un defecto más que una virtud-, y la detención del líder de la CAM, no se observan acciones que permitan avanzar en la ejecución del programa comprometido, única forma de salir del actual punto muerto.

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