Desde el 5 de septiembre hemos observado una seguidilla de acciones de parte del Gobierno y los partidos que lo componen respecto a un tema que sacaron de la tumba: el TPP-11. Por un lado, partidos como Convergencia Social, Comunes, Revolución Democrática y el Partido Comunista han declarado públicamente su posición contraria el acuerdo de 11 países. Por otro, el gobierno a través del Ministro de Hacienda Mario Marcel, ha asegurado que no se interpondrán en la votación del tratado, dejando en claro que Gabriel Boric no usará su potestad presidencial para quitar el TPP-11 de la tabla de votación.

Es más, ya tenemos fecha en que su discusión comenzará en el Senado: este miércoles 28 de septiembre.

Mientras tanto, la Ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, no sólo negó saber qué son las side letters, tema crucial en el actual debate, sino que fue tajante en no referirse al TPP-11 ya que Marcel ya lo había hecho. Decir que es preocupante es poco, debido a que el tratado configura una apertura de par en par al agronegocio transnacional, y una profundización de un modelo alimentario que no alimenta a sus niños y niñas.

En paralelo, Heraldo Muñoz dice a través de la prensa hegemónica, megáfono del sector de los 30 años, que se avanzó el TPP-11 en comparación al TPP «removiendo» normas, cuando la verdad es que las 20 normas que menciona están «suspendidas». ¿La diferencia? Pueden reactivarse en cualquier momento los artículos que se refieren a propiedad intelectual. En la misma carta afirma sobre las side letters que quizás «quienes acepten nuestras cartas pidan algo a cambio», lo que es entregarse a las política que desde afuera, desde una oficina transnacional, nos coartan la libertad de avanzar en derechos sociales . Y en estos términos debemos decirlo, el TPP-11 es un tratado que tendrá altos costos monetarios para el país y es una camisa de fuerza a avances como la gratuidad en la educación, el fin de las AFP o políticas duras que limiten la especulación en vivienda. Esto porque frente a cambios de política pública, nos veremos enfrascados en juicios entre empresas y el estado en tribunales ad hoc, donde el costo se lo lleva el perdedor. Así mismo, una nueva Constitución que asegure derechos en educación, salud, vivienda y soberanía alimentaria, no es complementaria al TPP-11.

Por último, “hacerle el quite” a reuniones con movimientos sociales, a escuchar sus opiniones y a hacerlas parte de un debate tan delicado como este acuerdo, es dejar la democracia como una consigna y este Gobierno aseguró que ese no sería su legado.

La única certeza que tenemos, es que la abismal mayoría de Chile Vamos y la ex Concertación (autoproclamada ‘socialismo democrático’) en el Senado, permitirá una aprobación rápida y afilada. Una sin escuchar a los movimientos sociales, sin participación indígena y que traerá graves consecuencias.

El diablo está en los detalles y, sobre todo, en la ausencia de detalles. La oposición tiene su palabra empeñada en el cambio constitucional, pero eso no significa que sepa exactamente en qué consiste su implementación.

Durante la campaña del Plebiscito la derecha se comprometió a algo indefinido en tiempo indefinido, mientras se concentraba en descalificar el texto constitucional que se votaba. Fue una buena táctica, pero esta carencia la impulsó a no establecer con precisión el texto constitucional que propiciaba. Todavía hoy esa es una falencia que se mantiene. De allí las dilaciones.

Podemos encontrarnos en la extraña situación de que se pudiera avanzar más rápido en la mesa de negociación, por la predisposición positiva de los demás, pero que la derecha no esté en condiciones de seguir el tranco por la ausencia de un consenso interno.

Teme comprometerse en definiciones cuyo efecto no ha calculado, sin posibilidad posterior de desdecirse. Si así fuera, más vale reconocerlo y comprometerse con un cronograma realista que, ahora sí, ponga presión a Chile Vamos para que su proceso interno vaya al ritmo que se necesita.

La derecha golpea la mesa para que no se note que tiene susto de equivocarse al estar improvisando. Los demás no tenemos la culpa que a su interior pesen más los publicistas que los constitucionalistas.

La derecha quiere partir con una comisión de expertos y esto no puede ser descartado, puesto que es un primer paso y de algún modo hay que partir. Sin embargo, de allí no se deriva un programa con tiempo predefinido que entregue certezas a todos. La derecha tiene ahora más poder, pero no sabe ocuparlo.

Más vale que la oposición intente ponerse al día porque no puede convertir la dilación en su estrategia. No se afronta el proceso constitucional de a pequeños pasos, sin definir el rumbo completo y sin un cronograma de acciones que llegue a término en plazos establecidos de común acuerdo.

Los expertos han de ser una ayuda no una excusa, pueden aportar mucho mientras más precisa sea la misión que se les encomiende. Es un consenso político lo que se les debe entregar porque ese es el verdadero punto de partida.

La idea de dejar a un lado “por el momento” al gobierno de las conversaciones, a la espera de que se consensuen los principios rectores, es una concesión demasiado grande. No se puede quedar al arbitrio de una de las partes de la negociación para que decida por su cuenta cuándo esos consensos se han alcanzado en la profundidad que ellos definen a voluntad.

Tiene mucho sentido el ordenar las conversaciones según la representación parlamentaria de cada cual. Se trata de alcanzar compromisos entre las principales fuerzas rectoras de la negociación, no de dar espacio para un intercambio de opiniones en que artificialmente se hace pesar a todos por igual.

En el camino no se arregla la carga, en todo momento hay que saber con qué rumbo se está caminando. Es el acuerdo político el que debe tener acompañamiento técnico, no al revés. Es un trabajo en paralelo, no en sucesión. Es la manera de tener el control de lo que se decide y de sus consecuencias.

Conocidos los resultados del plebiscito constitucional de salida este 4 de septiembre del 2022, corresponde prospectar, cómo, el necesario giro político territorial del Estado-País-Nación de Chile debiese deliberarse en la siguiente Asamblea-Convención Constituyente (La República-la Polis). Para ello, no son pocos los sustantivos y complejos antecedentes a considerar para tales propósitos, los que creemos, parecieran ser ineludibles de tener en cuenta, más allá del resultado plebiscitario consignado.

En un primer lugar, es insoslayable la denominada geografía de la multitud, en cuanto expresión social y formalización conceptual de una acción colectiva diversa y territorializada, sin conducción tradicional en partidos políticos, gremios, organizaciones sociales civiles clásicas, como un Colegio de Profesores, una Central Única de Trabajadores, Estudiantados (CONFECH, ASES), entre otros, sino que sólo por la constatación de brechas globales (“nacional/intra-nacional” y también “internacional”) en lo económico, social y político, mediadas por importantes dispositivos de publicidad, devenidos en comunicación política interesada, donde quienes tienen los recursos financieros, hacen lo que tienen que hacer, ¡influir!

Otro aspecto sustantivo se encuentra en la geografía económica en la que se organiza el país, la que permite una vulnerabilidad en cuanto a la sostenibilidad región por región, comuna por comuna, permitiéndose una incertidumbre en la satisfacción de necesidades sociales/materiales/simbólicas y de otra naturaleza, impidiendo una mejor calidad de vida de numerosas personas, detonando malestar social y procesos migratorios internos, que buscan mejores posibilidades para la vida, concentrándose en centros urbanos, en general, y en la región metropolitana en particular (la constante histórica del país), hecho que, además, debería cruzarse con el incierto escenario de futuro económico que implica la inflación, la que según indican la/os especialistas en el área, se encontraría en proceso de intensificación.

La combinación entre recursos naturales y necesidad de concreción del proceso productivo logrado por capitales nacionales e internacionales (inversión privada directa), obliga a una mirada y acción territorializada y descentralizada, que permita un mayor crecimiento económico regional y local, cautelando los equilibrios ecológicos sea en el océano, en la zona costera, en la cordillera, la depresión intermedia, como también en los centros urbanos donde los mismos se procesan, consumen o exportan como resultado del comercio internacional relacionado con estas latitudes. En esta línea, la acción descentralizada en la gestión de los mismos, precisa de una aceleración siempre recomendada, pero siempre también contenida, dado los atávicos niveles de centralismo político y cultural, que impiden avanzar más rápidamente en justicia territorial y desarrollo más armónico del territorio nacional. Relacionado con esto, entender el litio, el cobre, los suelos, el agua, entre otros recursos naturales, como “estratégicos”, en función del ejercicio soberano de las/os chilenas/os, vía el Estado, se hace ineludible. Es la base del desarrollo futuro, en los mayores grados de certidumbre que sean posibles, en el deseable y urgente mayor valor agregado productivo de los mismos (tecnificación-industrialización).

Agricultura, Energía e Industria

Anclado a lo anterior, la problemática del agua es insoslayable de abordar y resolver, no sólo porque se precisa para el consumo humano entendido como un derecho (conculcado, para muchas personas en el país), sino porque es central para el logro de la producción económica en los rubros de la agricultura, la energía, la industria y otros, y también porque la misma debe entenderse como una variable indisociable del espacio geográfico o territorio, y sobre todo de su ordenamiento y planificación. Una parte de lo consignado en la propuesta de texto constitucional rechazado, constituye una fuente legitima desde lo técnico e institucional para seguir avanzando, haciendo de las cuencas hidrográficas una importante referencia para la gestión integrada del agua, en cuanto al consumo humano como un derecho y como parte del proceso productivo.

El espacio geográfico, en cuanto abstracción analítica del objeto de estudio de la geografía y de las ciencias sociales en general, por una parte, y por otra, el territorio y el lugar, como concreción política, cultural y vivencial del mismo, en la interrelación sociedad-naturaleza y/o sociedad-entornos físicos y humano-culturales, tuvieron, tienen y tendrán un orden en función de las convenciones/leyes que logren las sociedades. En ese sentido, entonces, la idea de ordenamiento territorial es una que debe prolongarse en problematización nutritiva de cara al nuevo proceso/proyecto constitucional, más cuando se tiene como aspecto central a la descentralización como proceso que fortalece desarrollo económico, sustentable, equilibrado y con justicia territorial concreta, junto a una democracia más profunda (deliberativa y participativa), es decir, territorializada y vinculante.

Este principio ordenador, adecuadamente proyectado en la nueva propuesta constitucional, debiese cautelar estratégicamente la idea de una ciudad justa, como también la de espacios de ruralidad re-perfilados, no sólo entendidos como la base que permite más desarrollo y más democracia, sino que, como un marco que disminuye consecuencialmente las probabilidades de desastre y catástrofes socio-naturales. Es decir, por la vía de este principio, el riesgo socio-natural, vía un comprensivo ordenamiento territorial de espacios urbanos y rurales, debiese disminuir a tal grado, que permita mejorar la calidad de vida de las mayorías populares, las que en más de una oportunidad sufren la ciudad no justa, la ruralidad no justa.

El nuevo escenario constitucional, en esta búsqueda de un dispositivo redactor de un nuevo texto, que se espera en participación ciudadana y política, dado el mandato del acuerdo del 15 de noviembre del 2019, encuentra en estos aspectos una batería ineludible, no sólo porque ha sido abordado en dos proyectos constitucionales anteriores (Bachelet II y Convención Constitucional 2022), sino porque es la realidad inmanente que vecinas y vecinos del país vivencian, día a día, mes a mes y año a año, en una asimetría material y simbólica en cuanto a la satisfacción de necesidades vitales y sociales, que, no cubiertas, atentan contra la dignidad de la persona humana, como de las colectividades que se emplazan en uno u otro lugar o territorio, del espacio geográfico chileno. Estos aspectos (más otros), sin lugar a duda, son los que le entregan contenido a esta transición político territorial en marcha y, enmarcan la continuidad del proceso constitucional vigente.