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Penco: cuando la catástrofe revela el vacío democrático

 

Los incendios que afectaron a la comuna de Penco, en la Región del Biobío, no pueden ser leídos únicamente como una tragedia natural ni como un evento excepcional. La destrucción de miles de viviendas, la desarticulación de comunidades completas y la pérdida simultánea de hogares, memorias y vínculos sociales exponen una crisis más profunda, donde confluyen vulnerabilidad territorial, debilidad regulatoria del Estado y un modelo productivo que ha normalizado la proximidad extrema entre la industria forestal y los asentamientos humanos.

En el sur de Chile, esta convivencia no es desconocida. Comunidades ubicadas a menos de 30 metros de monocultivos forestales —y en muchos casos a distancias que no superan los 500 metros— enfrentan un riesgo evidente y reiterado. Quien conoce el territorio sabe que, con viento a favor, un incendio de origen forestal puede destruir en una sola noche cuatrocientos o quinientos hogares sin mayor resistencia. Esta realidad no responde a ignorancia técnica ni a falta de evidencia, sino a un marco jurídico que permite a la industria maderera cumplir con estándares mínimos de prevención que resultan claramente insuficientes frente a incendios de gran escala, trasladando el costo humano, social y fiscal al conjunto de la sociedad.

En este contexto de devastación material y emocional, la catástrofe no solo vulnera derechos básicos como la vivienda, sino que irrumpe de forma directa en la dignidad humana de las personas afectadas. El shock colectivo que sigue a la pérdida del hogar debilita temporalmente la capacidad de las comunidades para procesar información, evaluar escenarios y tomar decisiones de largo plazo. No se trata de debilidad moral ni de ignorancia, sino de una reacción humana esperable ante la pérdida total.

En contextos de shock emocional y pérdida material, la capacidad deliberativa del ciudadano se ve severamente disminuida. Bajo estas condiciones, la exposición a narrativas de posverdad amplificadas algorítmicamente induce a decisiones apresuradas, mal informadas y contrarias a su propio interés de largo plazo. Estas malas decisiones no son fallas individuales, sino el resultado previsible de un entorno comunicacional que reemplaza la deliberación racional por adhesión emocional, promoviendo soluciones aparentes mediante la atribución de culpas y el desplazamiento deliberado de la atención hacia chivos expiatorios.

Es precisamente en este terreno donde la posverdad se vuelve una herramienta política altamente eficaz. Las plataformas digitales, mediadas por algoritmos diseñados para maximizar atención, interacción y emocionalidad, amplifican discursos polarizantes que prometen soluciones simples a problemas estructurales complejos. La identificación de chivos expiatorios, la moralización del conflicto y la simplificación extrema del diagnóstico permiten canalizar la angustia social, pero al costo de ocultar responsabilidades estructurales y debilitar el debate público.

Así, la política deja de entenderse como un proceso colectivo de deliberación y se transforma progresivamente en un bien de consumo. Se adquiere como si fuera un producto más del mercado: rápido, emocionalmente satisfactorio y aparentemente eficiente, aunque institucionalmente nocivo. El sentido común de lo público queda colonizado por la lógica mercantil y debilita la democracia, donde lo inmediato reemplaza a lo sostenible, lo viral a lo verdadero y lo “barato” a lo justo.

En este escenario, el rol del funcionario público adquiere una relevancia democrática central. Como agente del Estado, su función no se reduce a la administración de beneficios ni a la tramitación de ayudas materiales. Su tarea, especialmente en contextos de catástrofe, implica entregar contención, empatía y orientación racional a comunidades que han visto destruidos sus hogares y vulnerados en su dignidad humana. Al mismo tiempo, recae sobre la función pública la responsabilidad ética y política de resguardar el buen uso de los recursos públicos, evitando decisiones apresuradas, fiscalmente ineficientes o capturadas por narrativas de posverdad que profundizan el daño psicosocial de comunidades, barrios, familias y hogares.

Sin embargo, esta labor se desarrolla en condiciones estructuralmente adversas. El Estado carece hoy de herramientas jurídicas robustas para responsabilizar de manera efectiva a la industria forestal, más allá del cumplimiento formal de exigencias mínimas que no previenen incendios ni protegen adecuadamente a las comunidades. A ello se suma un ecosistema comunicacional que privilegia la emocionalidad por sobre la evidencia y un sistema político que ha tendido a gestionar las catástrofes de forma reactiva, fragmentada, deshumanizante y desconectada de los territorios.

Lo ocurrido en Penco no es solo una tragedia local, sino una advertencia democrática. Cuando la posverdad interfiere la acción del Estado, erosiona la confianza pública y empuja a comunidades en shock a tomar decisiones basadas en medias verdades, no solo se daña la reconstrucción material, sino también la cohesión social y la deliberación colectiva. En esos contextos, la función pública no es un obstáculo, sino un dique: su tarea es proteger el interés general, orientar racionalmente el uso de los recursos públicos y sostener la democracia allí donde el ruido informacional y la fragilidad social amenazan con vaciarla desde dentro.

Perú: Balcázar inaugura su mandato citado a juicio oral por corrupción

«Juro por Dios, por la patria, por la paz, ejercer fielmente el cargo de presidente de la República, y asumo de acuerdo con la Constitución política del Perú», declaró el nuevo presidente de Perú, José María Balcázar tras prestar juramento, visiblemente emocionado pero con la solemnidad que exige el cargo. En su primer discurso ante el hemiciclo, prometió «garantizar al pueblo de Perú que va a haber una transición democrática y electoral pacífica, transparente, que no haya ningún tipo de duda en las elecciones» del próximo 12 de abril.

Con este nombramiento, Perú suma su octavo jefe de Estado desde 2016 y confirma su condición de país con la mayor rotación presidencial de la región. Balcázar dirigirá el país hasta el 28 de julio, cuando entregue el mando al ganador de los comicios generales.

“Quiero aclarar que yo soy un hombre independiente, no tengo ningún partido político. La bancada de Perú Libre me ha propuesto, pero (ustedes) vieron la votación de anoche, ha sido de todas las bancadas”, dijo hoy ante las críticas Balcázar a medios locales en la puerta de su domicilio, justo antes de acudir a Palacio de Gobierno con la comitiva de seguridad.

Un perfil polémico

José María Balcázar Zelada no es un político convencional. A sus 83 años, acumula una trayectoria que combina experiencia judicial, activismo político y declaraciones que han generado encendidas polémicas.

Abogado de profesión, Balcázar fue magistrado e integrante de la Corte Suprema de Justicia, aunque su paso por el Poder Judicial no estuvo exento de controversias: registros oficiales indican que fue destituido en el pasado por anular resoluciones firmes y violar principios jurídicos, un antecedente que sus críticos no han dejado de recordar.

Llegó al Congreso en 2021 como representante de Perú Libre, el partido fundado por Vladimir Cerrón que llevó a Pedro Castillo a la Presidencia. En el Parlamento, se ha caracterizado por intervenciones que combinan un discurso de izquierda tradicional con posturas sociales que han alarmado a sectores progresistas.

La más recordada ocurrió en 2023, durante un debate sobre la prohibición del matrimonio infantil. Balcázar afirmó ante el hemiciclo que «las relaciones sexuales tempranas ayudan al desarrollo psicológico futuro de la mujer». La declaración provocó la indignación inmediata del Ministerio de la Mujer y de decenas de organizaciones de derechos humanos, que exigieron su rectificación sin éxito.

Sin embargo, apenas horas después de asumir la presidencia interina de Perú, José María Balcázar recibió un duro revés judicial que complica su ya frágil estancia en el poder. El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo lo citó a juicio oral por el delito de apropiación ilícita en agravio del Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL). La resolución judicial, emitida por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, confirma que el proceso ha superado las etapas de investigación y control de acusación, por lo que corresponde avanzar a la fase de juicio. La audiencia quedó fijada para el 16 de junio de 2026 y la asistencia del mandatario es obligatoria; de no justificar su ausencia, podría ser declarado reo contumaz, lo que implicaría orden de captura y la continuación del proceso en su contra sin su presencia.

A este complejo escenario se suma la solicitud de indulto presentada por el expresidente Pedro Castillo —quien cumple condena por rebelión—, pidiendo la intervención de Balcázar. La petición, que invoca el “principio de humanidad”, fue ingresada formalmente a la oficina presidencial. Así, el nuevo mandatario inicia su gestión en medio de un proceso penal que irá a juicio y una creciente presión política y social, en un país acostumbrado a la inestabilidad institucional.

El octavo presidente

La elección de Balcázar como octavo presidente desde 2016 es solo el último episodio de una crisis de inestabilidad que ha devorado a todos los mandatarios peruanos en la última década. La lista es elocuente:

– Ollanta Humala (2011-2016): terminó su mandato pero hoy está preso por corrupción.

– Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018): renunció antes de ser destituido.

– Martín Vizcarra (2018-2020): destituido por el Congreso.

– Manuel Merino (2020): cinco días en el cargo, renunció por masivas protestas.

– Francisco Sagasti (2020-2021): presidente de transición.

– Pedro Castillo (2021-2022): destituido tras intentar disolver el Congreso, hoy preso.

– Dina Boluarte (2022-2025): destituida en un juicio político exprés.

– José Jerí (2025-2026): el presidente más joven de la historia del Perú, millenial y tiktoker, censurado a los cuatro meses.

– José María Balcázar (2026): asume con 83 años y un mandato de cinco meses.

Actualmente, los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala están presos por corrupción en una cárcel especial al este de Lima, al igual que Castillo, condenado a más de 11 años por su fallido intento de golpe.

¿Qué viene ahora?

Balcázar asume con una agenda clara con fecha de caducidad: 158 días para conducir al país hasta la entrega de la banda presidencial al presidente democráticamente electo. Por lo tanto, su tarea principal será garantizar la transparencia del proceso electoral, en el que más de 25 millones de peruanos están convocados a las urnas para elegir presidente, vicepresidentes, senadores y diputados. Nada más.

Las elecciones de 2026 tienen características inéditas. Por primera vez en décadas, Perú tendrá un Parlamento bicameral, con 60 senadores y 130 diputados. La restauración del Senado, aprobada por el Congreso saliente pese al rechazo popular en el referéndum de 2018, introduce una nueva variable en el equilibrio de poderes.

Un número récord de más de 30 candidatos aspira a llegar a la Presidencia. Las encuestas, sin embargo, muestran un escenario de alta fragmentación y desafección: el 70% de los electores aún no tiene candidato definido. Rafael López Aliaga lidera con 9%-13%, Keiko Fujimori ronda el 8%, y el resto se dispersa en cifras de un dígito.

Balcázar ha prometido elecciones «pacíficas y transparentes», pero su propia figura genera dudas en sectores de la sociedad civil. Su avanzada edad, su historial judicial y sus declaraciones polémicas son lastres que deberá sortear si quiere cumplir con su promesa de «no haber ningún tipo de duda en las elecciones».

La paradoja peruana

La elección de José María Balcázar como presidente interino de Perú encierra todas las paradojas de la política peruana. Un político de izquierda, investigado por corrupción y con declaraciones que alarman a los defensores de la infancia, que asume el poder gracias a los votos de la derecha y el fujimorismo, en un Congreso desaprobado por el 93% de la ciudadanía, para conducir unas elecciones en las que el 70% del electorado no sabe a quién votar.

Es, también, la confirmación de que la inestabilidad se ha vuelto crónica. Ocho presidentes en diez años, cuatro de ellos destituidos, dos forzados a renunciar, dos presos. Un desfile de nombres y rostros que pasan por Palacio sin dejar huella, mientras el país acumula problemas sin resolver.

Afuera, en las calles, la ciudadanía observa con la mezcla de resignación, incertidumbre pero con la lucidez que caracteriza a las democracias heridas. No hay manifestaciones, no hay euforia, no hay esperanza. La única certeza: dentro de 53 días, habrá elecciones. Y de que, gane quien gane, el verdadero poder seguirá residiendo en un Congreso que ha demostrado, una y otra vez, su capacidad para tutelar, bloquear y, llegado el caso, derribar a cualquier presidente.

Y, si: el cronómetro electoral sigue avanzando. El 13 de marzo vence el plazo para resolver apelaciones de candidaturas. El 11 de abril, víspera de los comicios, aún podrán excluirse candidatos. El 12 de abril, las urnas. 7 de junio, la segunda vuelta presidencial de ser necesario. El 16 de junio, juicio oral a Balcazar. El 28 de julio asumirá quién sea elegido por los peruanos. Pero, hoy, 20 de febrero de 2026, Perú tiene un nuevo presidente. El octavo en una década. El de más edad en la historia reciente.

“Hacer cagar a Manouchehri y Cicardini”: Audios de Trama Bielorrusa confirman operación de difamación y presunto pago a diputado Araya

 

En el marco del caso judicial denominado “Muñeca Bielorrusa”, los audios de las escuchas del OS7 difundidos por CIPER Chile pusieron sobre la mesa nuevamente un componente político directo en la investigación. Esto, al reflotar la conversación del conservador de Puente Alto, Sergio Yáber, con otro interlocutor buscando desacreditar a los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, quienes han liderado acciones contra la corrupción al interior del Poder Judicial.

En una llamada telefónica entre el conservador Yáber y el dueño del restaurante Lumière Bistró, Víctor Valech, se explicita el objetivo textual de “hacer cagar a Manouchehri y Cicardini”. En ese intercambio se señala que el diputado republicano Cristián Araya habría entregado antecedentes para difamar a Daniel Manouchehri, en el contexto de la acusación constitucional contra el exjuez Antonio Ulloa. En la misma conversación se menciona el traspaso de $1.700.000 como “comisión”, antecedente incorporado a las diligencias del Ministerio Público.

Los propios interlocutores reconocen que en la búsqueda “no encontraron nada serio”, calificándolo como “pura paja molida”, pero sostienen que igualmente serviría para dar un “golpe de prensa”. El contenido da cuenta de una estrategia orientada a instalar un daño reputacional aun sin antecedentes sustantivos.

El diputado Daniel Manouchehri y la senadora electa Daniella Cicardini son querellantes en el Caso Hermosilla y han impulsado acusaciones constitucionales que derivaron en la salida de tres jueces vinculados a esta red de corrupción. Sus acciones también han abierto investigaciones que continúan en desarrollo.

La arista política se indaga tras una denuncia presentada por los propios parlamentarios, quienes han planteado que se lleve a cabo una investigación completa, con el mismo estándar para todos y responsabilidad institucional sin excepciones.

Mineduc presentó orientaciones para regular el uso de celulares en establecimientos educativos

 

El Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, afirmó que “esta ley nos ayuda a recuperar algo esencial para el aprendizaje: la concentración, el vínculo humano y la experiencia escolar sin la interrupción permanente del celular. Necesitamos que niños y niñas vuelvan a conectarse con su escuela, no con la pantalla”.

El Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, acompañado por la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo; la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia; la alcaldesa (s) de Quinta Normal, Alejandra de la Barra, y el director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública Los Parques, Ulises Jaque; presentó las Orientaciones para la prohibición y regulación del uso de dispositivos móviles en establecimientos educacionales. El encuentro se desarrolló en la Biblioteca Pública Profesora Marta Ugarte Román, de la comuna de Quinta Normal. 

En la instancia también se realizó el lanzamiento de la campaña de sensibilización “Modo Aula”, que permitirá conocer los cambios que promueve esta modificación a la Ley General de Educación, cuyo video explicativo fue exhibido a los asistentes. 

El Ministro de Educación, Nicolás Cataldo invitó a las comunicades educativas a reconectar con la experiencia escolar de aprender junto a otros, jugar, convivir y estar presentes: “Esta campaña busca recordar que la escuela es un espacio vivo, donde el celular deja de ser el centro, para que vuelvan a serlo los vínculos, la concentración y el aprendizaje significativo. Esta ley nos ayuda a recuperar algo esencial para el aprendizaje: la concentración, el vínculo humano y la experiencia escolar sin la interrupción permanente del celular. Necesitamos que niños y niñas vuelvan a conectarse con su escuela, no con la pantalla.”

Cataldo a su vez destacó, que regular el uso del celular no es castigar la tecnología, si no que enseñar su buen uso. Aprendizaje que comienza en el hogar y se refuerza en la escuela. “Esta ley será efectiva solo si las familias se suman. No podemos pedirle a la escuela lo que no estamos dispuestos a hacer en la casa. Estamos impulsando un cambio cultural. Para que funcione, necesitamos que padres, madres y cuidadores acompañen este proceso con el mismo compromiso que lo hará el sistema educativo”, enfatizó  

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, indicó que “estamos en pleno proceso de implementación de esta ley que es muy significativa, porque marca un antes y un después en cómo nos relacionamos con las tecnologías dentro de las comunidades educativas. La tecnología no es neutral, y un mal uso de ella puede generar daños, no solamente a las relaciones humanas, sino que también a la salud mental de las personas, y particularmente de los niños, niñas y adolescentes, incluso llevando a un deterioro de los procesos de aprendizaje. Por eso, entendemos la importancia de construir relaciones de respeto en las comunidades educativas, más tolerantes, más humanas y más democráticas, evitando espacios de violencia”.

Nuevo marco regulatorio

El 2 de diciembre de 2025, el Congreso Nacional aprobó una modificación a la Ley General de Educación número 20.370 para establecer un marco que regula y prohíbe el uso de dispositivos móviles en los niveles de educación parvularia, básica y media, con excepciones específicas. Esta modificación, que corresponde a la Ley número 21.801, fue publicada en el Diario Oficial el 11 de febrero de 2026. Esta normativa considera experiencias internacionales y posiciona a Chile entre los cuatro países de América Latina que cuentan con una regulación nacional sobre el uso de dispositivos móviles en establecimientos educacionales.

La nueva regulación entra en vigencia a comienzo del año escolar 2026, y los establecimientos tienen plazo para actualizar sus reglamentos Internos hasta el 30 de junio de este año. 

La Ley N° 21.801 establece la prohibición del uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal para los establecimientos educacionales que imparten niveles de educación parvularia, básica y media. La prohibición, como regla general, se extenderá a todos los integrantes de la comunidad educativa durante el desarrollo de actividades curriculares, especialmente, dentro de las aulas, salvo los casos expresamente contemplados por la normativa. 

Para efectos de la ley, se entenderá por dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal aquellos medios tecnológicos que permiten efectuar telecomunicación, acceder a la red de Internet para mantener interacción de telecomunicación y consultar contenidos o plataformas digitales (Artículo 10 ter, modificación a la Ley N.º 20.370, General de Educación). Quedan fuera del ámbito de esta regulación los dispositivos institucionales destinados al uso pedagógico.  

Considerando esta prohibición general, se establecen las siguientes excepciones específicas que tienen distintos alcances para educación parvularia, básica y media.  

  1. a) Si el estudiante presenta necesidades educativas especiales respecto de las cuales el uso adecuado de estos dispositivos móviles se considera como una ayuda técnica al servicio de sus aprendizajes. Esta circunstancia deberá ser acreditada por el padre, madre o apoderado del niño, niña o joven a través de un certificado emitido por un profesional competente, en los términos señalados en los incisos segundo y tercero del artículo 9° de la Ley de Subvenciones. 
  2. b) Si existe una situación de emergencia, desastre o catástrofe.  
  3. c) Si el niño, niña o joven presenta una enfermedad o condición de salud, diagnosticada por un médico, que requiera monitoreo periódico a través de dispositivos móviles. Esta circunstancia deberá ser acreditada por el padre, madre o apoderado del niño, niña o joven a través de un certificado médico. 
  4. d) Si la utilización de estos dispositivos móviles es útil para la enseñanza en función de la naturaleza de la actividad curricular o extracurricular en los establecimientos educacionales que imparten educación básica o media. Esta excepción no está contemplada para educación parvularia. 
  5. e) Si el padre, madre o apoderado lo solicita fundadamente y de forma temporal, solo por razones de seguridad personal o familiar del niño, niña o joven

Las excepciones indicadas en los literales a); c); d), en lo que respecta a las actividades curriculares; y e); adicionalmente, deberán ser autorizadas expresamente por el director o directora del establecimiento educacional.  

Las Orientaciones para la prohibición y regulación del uso de dispositivos móviles en establecimientos educacionales   están disponibles en este enlace. Por otra parte, con el objetivo de entregar información y orientar sobre la relevancia que tiene evitar las pantallas para el bienestar integral de niñas y niños, la Subsecretaría de Educación Parvularia puso a disposición las orientaciones Infancias y pantallas: guía para cuidar los vínculos.

Modo Aula

La campaña Modo Aula busca acompañar a las comunidades educativas en la implementación de la normativa, promoviendo un uso responsable, pedagógico y formativo de la tecnología en los espacios educativos, entregando criterios claros sobre:

  • los alcances de la normativa y los espacios de aplicación,
  • las excepciones contempladas,
  • el rol de los reglamentos internos y el enfoque formativo,
  • y la implementación práctica en el contexto de la convivencia escolar.

Bajo el eslogan “Activa tu modo aula”, invita a las comunidades educativas a apagar los dispositivos y reconectar con la experiencia escolar: el aprendizaje compartido, la convivencia, el juego, el movimiento y el vínculo pedagógico. La información de esta campaña estará contenida en la web modoaula.mineduc.gob.cl

Fenadaj emplaza al Gobierno a cumplir compromisos antes del cambio de mando

 

Los personeros de las Corporaciones de Asistencia Judicial exigieron a las actuales autoridades la consecución a la brevedad de una serie de protocolos que apuntan a mejorar la calidad de un servicio vital especialmente para la población más vulnerable.

A menos de un mes del cambio de mando, el ámbito de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJs) las y los funcionarios han manifestado su preocupación por el estado de los procesos de negociación gremial y los compromisos adquiridos por la actual administración del Presidente Gabriel Boric, muchos de los cuales —afirman— aún no se han materializado en la práctica.

Por esta razón, desde la Federación Nacional del Acceso a la Justicia (Fenadaj), entidad que agrupa a trabajadoras y trabajadores de las CAJs, emplazaron a las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a agilizar la concreción de una serie de puntos sensibles relacionados con la precarización laboral, jornadas parciales, déficit crítico de personal y el proceso de homologación de remuneraciones, que todavía no se implementa en su totalidad.

Así lo expresó la dirigenta nacional de Fenadaj, Zulema Díaz, quien instó a la actual administración a “honrar el cargo que invisten, realizando las gestiones necesarias para cumplir con el protocolo firmado con quienes representan a las y los trabajadores”.

“A menos de un mes del término de este Gobierno, desde Fenadaj esperamos que las autoridades del Ministerio y de la Subsecretaría del ramo cumplan con quienes somos históricamente un pilar fundamental para el acceso a la justicia en Chile”, señaló la abogada, en referencia a la cartera liderada por Jaime Gajardo.

En este escenario, también se esperan definiciones claras en materia de gobernanza y fortalecimiento institucional, en el contexto de la implementación del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, que reemplazará a las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial. Una transición que deberá desarrollarse en conjunto con las nuevas autoridades que asumirán el Poder Ejecutivo en marzo próximo, en un momento que —según los trabajadores— requiere certezas para quienes brindan asistencia jurídico-social, especialmente a la población más vulnerable del país.

Therians: Búsqueda de identidad y uso instrumental por parte de la ultraderecha

 

A propósito de la irrupción en redes sociales de los llamados therians, me parece interesante reflexionar no solo sobre este fenómeno identitario —que surge en distintos países como respuesta a la pérdida de sentido ante la crisis climática y civilizatoria—, sino también sobre el uso instrumental que la ultraderecha está dando a este tema para ridiculizar y deslegitimar derechos.

La therianthropy —la identificación profunda, subjetiva o espiritual de ciertas personas con animales no humanos (lobos, zorros, perros, gatos, entre otros)— no es un simple capricho excéntrico, una moda pasajera ni el resultado de una patología individual. Más bien constituye un síntoma de una crisis global de incertidumbre, amplificada por la hiperdigitalización, en un contexto donde las identidades tradicionales han perdido fuerza frente a un mundo cada vez más individualista, acelerado y saturado de estímulos.

Sin embargo, al mismo tiempo, la visibilidad de las personas therians se ha convertido en un blanco perfecto para la ultraderecha contemporánea. Este sector político lo instrumentaliza para ridiculizar las identidades de género no binarias, las personas trans y las luchas por los derechos de los animales no humanos y de la naturaleza, perpetuando una agenda reaccionaria sustentada en un biologicismo patriarcal, antropocéntrico y especista que solo busca naturalizar desigualdades y exclusiones.

Centrarse únicamente en la therianthropy como un debate sobre “nuevas tribus juveniles” o el papel de su viralización en redes —tal como lo hacen buena parte de los medios— contribuye a despolitizar la discusión e invisibiliza el uso estratégico que la ultraderecha está haciendo de este fenómeno. Para ellos, forma parte de su retórica fanática contra el llamado “globalismo”, el “marxismo cultural”, el “progresismo” y la “ideología de género”.

No es casualidad, por tanto, que figuras como Agustín Laje, Axel Kaiser o Emmanuel Danann ridiculicen a los therians comparándolos con las identidades de género no binarias o trans. Frases del tipo “si puedes autopercibirte como gato, ¿por qué no como lavadora?” se emplean sistemáticamente para deslegitimar las luchas LGTBIQ+, presentando toda exploración identitaria como absurda o “woke”. Esta falacia pretende erosionar los avances en derechos de género y diversidad sexual, caricaturizando la diversidad como una amenaza al supuesto “orden natural”.

En la misma línea, utilizan este discurso dentro de su “batalla cultural” para atacar leyes de identidad de género, advirtiendo que “pronto permitiremos casarnos con animales” si no se frena esta supuesta “locura”. De igual modo, vinculan a los therians con el activismo animalista y ecologista para desacreditarlo, presentando a quienes defienden derechos no humanos como “extremistas” o “antropófobos” que priorizan a los animales y los bosques sobre las personas.

De esta forma, al burlarse de quienes se identifican con animales, justifican políticas extractivistas (deforestación, ganadería intensiva, etc.) y descalifican de paso a movimientos feministas, ecologistas y animalistas, tildándolos de ridículos y extremos, cuando lo que buscan estos es precisamente un mundo más sostenible, empático e igualitario.

En un mundo donde la crisis climática y civilizatoria exige repensar urgentemente nuestra relación con lo no humano, esta ridiculización distrae del verdadero problema: el capitalismo depredador que explota tanto a humanos como a animales y ecosistemas. Así, los therians terminan siendo utilizados por la ultraderecha como herramienta para reforzar su discurso de odio y su agenda antiderechos.

En síntesis: la therianthropy no es un mero capricho juvenil, sino una respuesta identitaria a un mundo en profunda crisis. Es cierto que las redes la amplifican y la sobredimensionan, pero la ultraderecha la instrumentaliza para atacar identidades disidentes y derechos ya conquistados, así como para tapar reformas que solo nos hacen retroceder, como la aprobada en el senado en Argentina con Milei en el ámbito laboral, que precarizan aún más a las y los trabajadores.

El Fascismo en Chile actual: el invento de una crisis nacional para el retorno al orden oligárquico

 

Los fascistas inventan historias para convencer a la sociedad de que no son fascistas y que tienen buenas ideas como todos. Pero generalmente mienten y dicen que lo que vemos no está ocurriendo o que lo hacen otros, no ellos. Así ha ocurrido en la sociedad desde que este surgió como ideología totalitaria.

La historia muestra que sus principales señales de identidad son su oposición a la Democracia, al Liberalismo político y cultural y sus ambiciones de controlarlo todo en la sociedad. La cima de su sueño se alcanza con la forzada instalación del Volksgemeinschaft, la Comunidad de iguales, en que a través de su propaganda instala en la sociedad, que los intereses legítimos de las personas deben ser anulados tras la búsqueda de los de una supuesta nación unitaria. Generalmente, esta búsqueda se acompaña de un liderazgo mesiánico del conductor o presidente de la república, según sea. Siempre impelen una homogeneidad valórica, la búsqueda de un hombre viril sin lo que consideran desviaciones y luchan contra las distintas diversidades que según ellos corroen el espíritu nacional. Para ello, la Educación es transformada poco a poco y a fondo, en una herramienta de formación del carácter y no del pensamiento humano crítico. 

En Chile actual, el Fascismo ha tomado la forma de una política ultraderechista, cuyo rasgo más destacable es su profundo Nacionalismo Anticomunista. Un recurso mítico de gran penetración en la memoria histórica de las clases medias conservadoras chilenas, el cual a través de sus medios de comunicación refuerzan día a día en la sociedad para mantenerla anclada a ese imaginario.

El advenimiento del Fascismo en todos los países donde ha gobernado son sutiles, pero siempre planteadas como solución a una supuesta gran crisis nacional. Sus ideólogos, en su afán destructor de la democracia, recolectan los desaciertos de los otros gobiernos, tergiversan sus causas y mienten acerca de sus logros, machacando mercurialmente en la ciudadanía, una supuesta y fatídica crisis nacional.

Así ha ocurrido en la historia chilena. En 1931 Carlos Keller uno de los padres del fascismo decimonónico hablaba de “La Eterna Crisis chilena” y en 1940 Jorge González Von Marees otro de sus íconos, hablaba de “El Mal de Chile”. Por supuesto, ambos planteaban superar el profundo mal que imaginaban, construyendo una nueva sociedad, después de superar la emergencia inicia

Nuevo producto del marketing

Clodomiro Almeida en 1979 escribía sobre esta ideología: “El Fascismo es una respuesta que busca legitimarse en ciertos valores, qué siendo compartidos en un momento por vastos sectores sociales, son a la vez susceptibles de ser utilizados contra el movimiento popular organizado, justificando así su destrucción”. Decía que: “La fuerza del Fascismo reside siempre en su capacidad de anclaje emocional en arquetipos profundos: entre otros el miedo a la crisis” (Revista Nuso). Rescataba la enorme capacidad fascista de construir comunicacionalmente una profunda 

animadversión contra el mundo popular y la Izquierda. Ellos saben que el discurso crea realidad y más en estos tiempos en que casi nada es verificable por la gente.

En la actualidad, el alineamiento político e ideológico entre el Neoliberalismo y ciertas corrientes político culturales post modernas norteamericanas ha contribuido a vigorizar el Fascismo chileno. Este se adscribe al actual diagnóstico republicano de que el Orden Mundial de post segunda guerra ha sido desfigurado y aprovechado para mortificar a los grandes países capitalistas del mundo, haciendo responsables de su decadencia a las naciones subordinadas y explotadas. Sin embargo, en Chile, la crisis que denuncian ocurre principalmente porque las Derechas tradicionales, que siempre han tenido el poder político y económico en el país, no han sido capaces en sus gobiernos de continuar con la reproducción ampliada del capital dando bienestar creciente a toda la sociedad. Como contrapartida los gobiernos progresistas han fustigado la sobre ganancia empresarial y con ella, han gastado más recursos públicos en dar oportunidades a la mayoría de la sociedad. El Fascismo actual se caracteriza por su desencanto de la Derecha antigua democrática, que según ellos fue incapaz de defenderlos y por su enorme odio a la Centro izquierda promotora del Estado Social de Derechos y como tal causante de la crisis del país.

El Fascismo actual chileno no es desinformado y solo contestatario, como muchos parecieran creer sino un nuevo producto del marketing de la nueva Derecha global reciente. Su actual triunfo electoral en muchos países no es un accidente histórico sino la expresión concreta de una crisis estructural, capitalizada subjetivamente por ellos a través de la violencia simbólica, manipulación y promesas de recuperación política y valórica de países, que supuestamente se caen a pedazos. A nivel planetario, las Derechas han sido incapaces de hacerse cargo y remediar el infinito daño causado a la vida, por su ambición de acumulación capitalista a costa de la Naturaleza.

La historia muestra que el “éxito” inicial de los gobiernos fascistas siempre es más propagandístico que real. Ello porque su ideología y programas de gobierno contienen las ideas que lo llevan a su propia destrucción. La causa de la misma es su profunda incomprensión de la complejidad actual de las sociedades y su ignorancia en la cuestión pública y social, porque vienen del mundo privado donde solo importa el peculio como objetivo. A su vez, su pequeño universo simbólico religioso es incapaz de incorporar la enorme diversidad existente en esos temas en las sociedades actuales. Ellos, ni siquiera perciben, desde su matriz originaria de privilegios, que la sociedad actual reclama a gritos una mayor inclusión. Desde esa restringida visión de sociedad el daño que pueden causar durante sus gobiernos, a la sociedad y la civilización, es inmenso. 

La sociedad chilena debe oponerse fuertemente a la regresión democrática y civilizatoria que entrañan los gobiernos fascistas, la cual no ocurre en la llamada fase inicial de emergencia sino cuando ellos comienzan a querer construir su idea de nueva sociedad, que a la postre no es solo más que el camino a un doloroso abismo para las mayorías nacionales.

Denuncia de “arcas vacías”: un pretexto para explicar los temidos ajustes que hará el gobierno de Kast

 

En los últimos días, futuras autoridades del gobierno de José Antonio Kast, dirigentes de los partidos de ultraderecha que lo sustentan, incluso el propio presidente electo, se han dedicado a transmitir un guión preparado en las oficinas republicanas que el presidente de ese partido, Arturo Squella, resumió con las siguientes frases: “la crisis fiscal es al parecer, más grave aún que la de seguridad. Nos hemos encontrado con que vaciaron las arcas fiscales”.

Una frase diseñada para indignar. Para asustar. Para justificar lo que viene. La frase no busca describir una quiebra sino construir un clima para justificar posibles recortes en programas sociales; reducción del empleo público y paralización de reformas estructurales.

 Aparte de que a todas luces es otra de las mentiras como solían emitir durante el proceso electoral las derechas de este país, -el catálogo es extenso- surgen de inmediato varias interrogantes: ¿cuáles arcas? ¿dónde las vieron?, ¿cuáles son las pruebas de lo que están diciendo? ¿ya dejó de ser rentable lo de la seguridad?   

Complicado panorama tiene al frente el nuevo gobierno. Porque suman y siguen las interrogantes. Tanto que algunos expertos en política concluyen que todas las señales indican que las derechas están buscando un pretexto para tener a mano la justificación a recortes para cortar programas sociales; despedir funcionarios públicos (la “grasa” como lo llaman) y ¿quién sería el culpable? Obviamente el gobierno de Boric.

Hay que recordar que cuando asume esta administración, en marzo de 2022, Boric recibió al país con un déficit fiscal histórico en 2020-2021 por la pandemia. Por lo mismo hubo un gasto extraordinario por IFE y las ayudas masivas. La deuda pública estaba creciendo fuertemente, con caída en ingresos estructurales y desgraciadamente con el cobre muy volátil. En definitiva, la herencia que dejó Piñera fue un déficit fiscal muy elevado, producto del gasto en la pandemia. 

Cuando asumió Gabriel Boric, recibió al país con una inflación disparada; gasto extraordinario agotado, el crecimiento en caída y una deuda que ya no era baja en estándares históricos chilenos.

Pero, -y de eso no dice nada la derecha- llegó un ministro de Hacienda de lujo, Mario Marcel, que impulsó un fuerte ajuste y pudo mostrar ese año un superávit efectivo por sobre–ejecución y altos ingresos del litio y cobre.

El último año de Sebastián Piñera cerró con un déficit muy elevado producto del gasto COVID. Y aunque 2022 tuvo un ajuste fuerte logrando el superávit mencionado, los años 2023-2024 vuelven los déficits estructurales por menor crecimiento económico; caída del precio del cobre en algunos períodos, menor recaudación tributaria de lo proyectado y la negativa -obvio- de las derechas a aprobar la reforma tributaria propuesta por Boric.

En resumen, al entregar Piñera el poder a su sucesor, el déficit fiscal de Chile era alrededor de un 7,6 % del PIB, una cifra históricamente elevada y marcada por el contexto de crisis sanitaria y económica internacional. No hubo voces en ese período, tocando las campanas a rebato por la pesada herencia que dejaba la derecha, ni gritando a todo pulmón que el país recibido estaba en bancarrota.

¿Por qué arrecian los ataques?

Ahora entonces, ad portas del cambio de gobierno y luego del veranito de San Juan, donde los triunfadores ponían su mejor cara cuando iban a reunirse con sus pares salientes y poco faltaba para cantar “somos amigos, somos hermanos”, Kast terminaba sus vacaciones en el sur y lentamente todo volvía a su estado natural, es decir, ni somos amigos, ni somos hermanos.

Se reabrió entonces la temporada de ataques, solo que ahora los misiles están teledirigidos, estratégicamente preparados desde la moneda chica. ¿El blanco? De nuevo el presidente Boric y sus ministros. Ellos serán los culpables futuros de cualquier problema que Kast y sus boys no puedan resolver o los responsables de los ajustes que “obligatoriamente” deberán hacer, cortando la “grasa” del Estado o programas sociales que para ellos son innecesarios.

La dureza de los ataques obedecería a que la actual oposición necesita instalar un relato que justifique eventuales recortes o ajustes. El concepto “dejar las arcas vacías” que perifoneó el republicano Squella, cumple tres funciones: deslegitimar la gestión saliente, justificar supuesta austeridad, preparar el terreno para reducir el gasto social.

Pero, de acuerdo a todos los indicadores y los análisis de expertos en economía, no hay tales “arcas vacías”. Chile no está en default ni en crisis de pagos, la deuda pública ha aumentado respecto a niveles históricos bajos, pero sigue moderada en comparación a los países de la OCDE. Y hay consenso en que el problema no es la quiebra del Estado, sino el menor crecimiento, la menor recaudación, la presión por mayores demandas sociales, la rigidez presupuestaria. Es cuestión de mirar los índices sin que el fanatismo perturbe la mente para darse cuenta que Chile no se ha caído a pedazos como vociferaron tanto en la campaña.

Y para desazón de los nuevos gobernantes, no son “las arcas vacías” la preocupación mayor de los chilenos. Sigue siendo la seguridad, delincuencia y orden público la preocupación principal de la ciudadanía, de acuerdo a la encuestadora Plaza Pública Cadem. Entre los resultados, se señala que el 66% de los encuestados quiere cambios en el país durante los primeros 12 meses de la nueva administración. De ese grupo, el 35% cree que estos avances se materializarán incluso en menos de seis meses. Menuda tarea que se le avecina a Kast. 

Así se entienden los intentos de cambiar el eje de la agenda hacia las supuestas “arcas vacías”. Porque está claro que el próximo gobierno deberá dar respuesta rápida a la ansiedad de los chilenos que ellos mismos alimentaron. Porque Kast basó parte importante de su promesa electoral prometiendo reducir la delincuencia y la sensación de inseguridad existente.

No es el único problema que enfrentará el nuevo gobierno. Deberá resolver muy rápido la sensación de desconfianza que se abrió con la designación de Andrés Jouannet como futuro subsecretario de Seguridad. Las críticas surgieron cuando el diario “la Tercera” dio a conocer las sociedades que comparte el parlamentario por la Región de La Araucanía con diferentes empresarios, quienes han sido formalizados o imputados en causas penales por presuntos delitos vinculados a hechos de corrupción. Todas son sociedades que se constituyeron, no han sido disueltas y a la fecha ninguna se encuentra activa.

Lo que se denunció es que Jouannet comparte dos sociedades con Emilio Yang, empresario chino imputado por tráfico de influencias en la causa que se indaga a la senadora electa, Karol Cariola (PC). A esta firma se suma Impresiones Quizapú Limitada, constituida en 2015, en la cual el futuro subsecretario de Seguridad es socio de Alberto Hadad Abuhadba y Sebastián Salazar Bastidas. Estos fueron integrantes de la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Entretenimientos Electrónicos (Fiden), gremio que fue investigado por financiar irregularmente la política en 2019. Y en el caso de Salazar, ha sido indagado por su participación en el mercado ilegal de las casas de apuestas online como representante de EstelarBert. Sin embargo, Salazar recientemente sumó una nueva causa judicial, también relacionada a las apuestas online.

Kast defendió a su futuro subsecretario: “Tengo la mejor opinión de nuestro subsecretario Andrés Jouannet”, señaló. “Todos los antecedentes que ustedes tienen se manejaban con mucha anticipación y no deja de llamar la atención que de un día para otro sea de atención mediática y pública antecedentes que eran absolutamente conocidos y que estuvieron a la vista antes de su nombramiento”.

Junto con el inicio de la nueva gestión gubernamental, comenzará el nuevo ciclo parlamentario. Con una novedad: el Servicio Electoral anunció que trece partidos políticos tendrán que ser disueltos. Entre ellos figura el Partido Radical -cuya raigambre como movimiento en Chile data de 1863-, Evolución Política (Evopoli), la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Demócratas, Amarillos por Chile, el Partido Ecologista Verde, Acción Humanista, el Partido Social Cristiano, el Partido Igualdad, el Partido Popular, el Partido de los Trabajadores Revolucionarios, el Partido Humanista y el Partido Alianza Verde Popular.

Entre medio, los que queden o ingresen tendrán que lidiar con el plan “Desafío 90”, la hoja de ruta diseñada para aterrizar en el Gobierno con medidas específicas para los primero 90 días de gestión. El diseño se centra principalmente en cinco áreas críticas: economía, seguridad, salud, vivienda e infraestructura.

Tienen conciencia de que si el gobierno no empieza rápidamente a solucionar o a mostrar avances rápidos en sus promesas podría aparecer descontento en la población. Tienen un cronograma que anunciarán a fines de febrero.

De voz pasiva a actor escuchado: lecciones desde África para América Latina

 

Mientras las grandes potencias reconfiguran silenciosamente sus estrategias globales, dos regiones del Sur Global ensayan caminos distintos para navegar la tormenta geopolítica. África, a través de la Unión Africana, ha comenzado a construir una arquitectura financiera propia que le permita negociar con los inversores externos desde una posición de fortaleza colectiva. América Latina, por su parte, enfrenta el desafío de articular una voz común en un escenario donde la fragmentación parece ser la regla.

La pregunta que atraviesa ambos procesos es la misma: ¿cómo transformar la competencia entre potencias en una oportunidad para el desarrollo soberano?

África 2063: la fuerza de la unidad frente al capital externo

En Adís Abeba, mientras los líderes africanos se reunían en la 39ª Cumbre de la Unión Africana bajo el lema “Garantizar la disponibilidad sostenible de agua y sistemas de saneamiento seguros para alcanzar los objetivos de la Agenda 2063”, algo más que infraestructura hídrica estaba en juego. El mensaje de fondo era claro: África ha decidido hablar con una sola voz ante quienes buscan sus recursos .

La Nueva Arquitectura Financiera Africana (NAFA), impulsada por el Banco Africano de Desarrollo, representa un cambio de paradigma. No se trata simplemente de atraer inversiones, sino de transformar sectores estratégicos —como el agua, la energía o la minería— en “activos bancables” que respondan a las prioridades definidas por los propios africanos . La lógica es sencilla pero poderosa: cuando el continente negocia en bloque, puede establecer las reglas del juego.

Los resultados comienzan a verse. Proyectos multipropósito como la presa Thwake en Kenia —que proveerá agua potable, riego para 40.000 hectáreas y energía hidroeléctrica— no son solo obras de infraestructura. Son ejercicios de soberanía práctica, donde el financiamiento externo se alinea con planes de desarrollo nacionales y continentales . El mensaje a los inversores es inequívoco: bienvenidos sean, pero en nuestros términos.

El Foro de Alto Nivel del Sector Privado Africano, celebrado también en la sede de la Unión Africana, profundizó esta lógica. Bajo el lema “El papel del sector privado en la realización de la Agenda 2063”, jefes de Estado y líderes empresariales acordaron un marco de acción que prioriza la industrialización local y la agregación de valor antes que la mera exportación de materias primas . La meta: reducir la dependencia histórica de las economías africanas respecto de la volatilidad de los precios internacionales de los commodities.

Lo más significativo es que este proceso no ocurre en el vacío. La Unión Africana ha desarrollado mecanismos de monitoreo —como el Mecanismo Africano de Revisión de Pares— que permiten evaluar la transparencia y el impacto real de las inversiones externas. China, que sigue siendo el principal socio comercial de varias economías africanas, ha debido adaptarse a estas nuevas exigencias, aceptando reestructuraciones de deuda y condiciones más favorables para los países receptores.

CELAC y la encrucijada latinoamericana

El contraste con América Latina no podría ser más elocuente. Mientras África avanza hacia la integración de sus mecanismos de negociación, nuestra región parece atrapada en una lógica de fragmentación que debilita su posición frente a los inversores externos.

La arquitectura institucional existe. El Foro China-CELAC cumplió una década de existencia en mayo de 2025, y en su IV Reunión Ministerial celebrada en Beijing se aprobó el Plan de Acción Conjunto 2025-2027, que establece cinco pilares de cooperación: Solidaridad, Desarrollo, Civilización, Paz y Conectividad entre pueblos . Sobre el papel, los avances son notables: el comercio bilateral superó los 518.000 millones de dólares en 2024, más de 200 proyectos de infraestructura se han ejecutado bajo el marco de la Franja y la Ruta, y China ofrece líneas de crédito por 9.000 millones de dólares para apoyar el desarrollo regional .

Pero hay una diferencia fundamental con el caso africano: en América Latina, la relación con China sigue siendo predominantemente bilateral. Cada país negocia por separado, compitiendo entre sí por atraer inversiones, y perdiendo así la capacidad de establecer condiciones comunes que protejan la soberanía y promuevan el desarrollo equilibrado.

La paradoja es aún más aguda si consideramos el contexto geopolítico. La reciente operación militar que resultó en la detención de Nicolás Maduro en Venezuela —el primer presidente latinoamericano capturado en su propio territorio con apoyo externo desde la invasión de Panamá en 1989— envió una señal escalofriante a toda la región. Cuando no existe una voz unificada, las potencias externas pueden imponer sus términos por la fuerza.

El analista Leland Lazarus, exfuncionario del Comando Sur, lo expresa sin ambages: el nuevo plan de acción China-CELAC “institucionaliza la presencia china en el hemisferio occidental” de maneras que Washington encuentra difíciles de contrarrestar con ayuda episódica o apoyo retórico . Pero la respuesta latinoamericana no puede ser simplemente alinearse con Estados Unidos. La historia enseña que los alineamientos automáticos rara vez benefician a los más débiles.

Lecciones desde el otro lado del Atlántico

¿Qué puede aprender América Latina de la experiencia africana? Al menos tres lecciones fundamentales emergen del contraste.

Primera: la institucionalidad importa. La Unión Africana ha convertido la Agenda 2063 en un marco vinculante que orienta las negociaciones con todos los inversores externos, sean chinos, estadounidenses o europeos. CELAC, en cambio, sigue siendo un espacio de diálogo sin capacidad real de coordinación de políticas. Mientras los países africanos discuten en Adís Abeba cómo movilizar capital privado para cerrar una brecha de financiamiento hídrico de 70.000 millones de dólares anuales, los cancilleres latinoamericanos se reúnen esporádicamente sin lograr avances sustantivos en integración.

Segunda: la unidad fortalece la posición negociadora. El Banco Africano de Desarrollo ha logrado estructurar mecanismos financieros innovadores —bonos verdes, financiamiento combinado, asociaciones público-privadas— que permiten atraer inversiones sin ceder soberanía . Su capacidad para hacerlo descansa en el respaldo político de los 54 estados miembros. ¿Posee América Latina una institución equivalente con mandato y recursos para negociar en nombre de la región?

Tercera: el desarrollo requiere visión estratégica. El énfasis africano en la agregación de valor local —procesar el litio congoleño en baterías, transformar el cobre zambiano en componentes industriales— responde a una decisión consciente de romper con el modelo extractivista. En nuestra región, seguimos exportando materias primas mientras importamos manufacturas, reproduciendo un patrón de dependencia que lleva dos siglos intacto.

Hacia una estrategia latinoamericana de no alineamiento activo

La oportunidad, sin embargo, existe. La IV Reunión Ministerial del Foro China-CELAC dejó claros los términos de la oferta china: líneas de crédito por 66.000 millones de yuanes (aproximadamente 9.000 millones de dólares), 3.500 becas gubernamentales, 10.000 plazas de formación, 300 pequeños proyectos de asistencia local, y la exención de visados para ciudadanos de Brasil, Argentina, Chile, Perú y Uruguay como primer paso . La contraparte estadounidense, aunque más difusa tras el desmantelamiento de USAID, sigue operando mediante presión diplomática y, en casos extremos, intervención directa.

El desafío latinoamericano no es elegir entre uno u otro, sino construir los mecanismos que permitan negociar con ambos desde una posición de fortaleza colectiva. Esto implica:

· Fortalecer a CELAC como espacio de coordinación efectiva, dotándola de capacidades técnicas y mandato para negociar acuerdos marco con los inversores externos.

· Desarrollar una arquitectura financiera regional que permita movilizar recursos propios y establecer condiciones comunes para la inversión extranjera, siguiendo el modelo de la Nueva Arquitectura Financiera Africana.

· Priorizar sectores estratégicos donde la región pueda negociar en bloque —litio, cobre, litio, energía limpia, biodiversidad— estableciendo reglas claras sobre agregación de valor local, transferencia tecnológica y sostenibilidad ambiental.

· Articular una voz común en los foros multilaterales, coordinando posiciones en Naciones Unidas, el G20 y las cumbres climáticas para amplificar la influencia regional en la gobernanza global.

La directora ejecutiva de la Cámara de Inversión y Comercio Colombo-China, Ingrid Chávez, lo expresó con claridad: la cooperación con China ayuda a los países latinoamericanos a construir “una voz común como bloque” que permite negociar más efectivamente en la escena global y “cambiar las dinámicas de poder que han existido hasta ahora” .

El despertar necesario

La “quietud geopolítica” que algunos diagnostican no es sino el silencio que antecede a nuevas tormentas. Mientras las grandes potencias reordenan sus fuerzas, el Sur Global enfrenta una disyuntiva histórica: continuar siendo objeto de disputas ajenas o convertirse en sujeto activo de su propio destino.

África ha comenzado a transitar el segundo camino. Con dificultades, contradicciones y retrocesos, pero con una dirección clara: la Agenda 2063 como brújula, la Unión Africana como instrumento, y la unidad como estrategia.

América Latina aún está a tiempo de aprender esa lección. La Celac, con todos sus límites, sigue siendo el único espacio que reúne a los 33 países de la región. Fortalecerla, dotarla de capacidades y convertirla en una herramienta efectiva de negociación colectiva no es una opción entre otras: es una condición de supervivencia en un mundo que se reorganiza sin pedir permiso.

El respeto a la soberanía no se declama: se construye. Y se construye, sobre todo, cuando los débiles aprenden a hablar con una sola voz frente a los poderosos.

El largo duelo de Cuba

 

Cuba esta agonizando de abandono. De largas décadas de carencias. De años de esperanzas y promesas incumplidas. De impotencia. De rabia. De amigos que fueron muriendo poco a poco.

Hoy lloramos por Cuba y su gente, asfixiada en medio de un mar caribeño fecundo y un mundo ajeno y egoísta. Un mundo dividido entre quienes quieren darle una mano solidaria y quienes quieren verla desplomarse, después de ataques sin tregua de un monstruo que vive a 90 millas y que quiere exterminarlos.

Es muy doloroso lo que estamos viendo. Un lugar donde 22 de las 24 horas del día no hay energía eléctrica. Donde los recién nacidos prematuros mueren en incubadoras que dejan de funcionar. Donde hay hambre y desesperación. 

Y es entonces cuando uno se pregunta ¿no había forma de prevenir este horror? Y surgen juicios ideológicos, de lado y lado. Aquellos que llaman a negar la ayuda para “no fortalecer” a una Dictadura. Aquellos que claman por empatía y compasión hacia un pueblo lleno de alegría, música y baile. Y aquellos que pasan de largo, imbuidos de la brutal indiferencia que gobierna a los habitantes de este planeta.

Y hay que buscar en los datos duros para darse alguna respuesta frente a este panorama tan desolador.

Por ejemplo, los efectos del bloqueo. Que no lo explican todo pero sí, en forma abrumadora, la mayoría de las desdichas de ese pueblo orgulloso, hermoso, cálido y querendón.

El bloqueo, iniciado en 1960 por el Presidente Eisenhower, cuando impuso las primeras restricciones comerciales tras la nacionalización de las empresas estadounidenses en Cuba, fue establecido en forma definitiva por el Presidente John Kennedy en 1962, al decretar el embargo comercial total bajo la ley de “Comercio con el Enemigo”. Es decir, van 64 años de medidas que generaron menor acceso a financiamiento, mayores costos de comercio y logística, restricciones tecnológicas, dificultad para modernizar infraestructura clave, aislamiento parcial del sistema financiero internacional. Todo ello no determinó automáticamente las graves carencias, pero si estrechó significativamente el margen de maniobra.

Respecto de la energía y los combustibles, el bloqueo impuso por décadas dificultades para comprar petróleo y sus derivados en el mercado internacional (aseguradoras y navieras evitan operar por riesgo de sanciones) así como problemas para adquirir repuestos con componentes estadounidenses. Cuba también debió soportar un  financiamiento cada vez más caro, para modernizar la red eléctrica y un menor acceso a tecnología para energías renovables, entre otros problemas. Todo ello derivó en apagones cada vez más frecuentes e incapacidad de dar mantenimiento cuando era necesario (la caída del Bloque Socialista genero la primera gran crisis).

En el ámbito del sistema financiero, Cuba ha sufrido que los bancos internacionales eviten procesar sus pagos por temor a multas, la dificultad para obtener créditos multilaterales, por ejemplo con el Banco Mundial o el BID. Ello derivó en costos más altos para cualquier importación.

En el campo de la salud, son décadas de dificultad para comprar equipos médicos con patentes o componentes de EEUU, problemas para adquirir insumos cuando el proveedor tiene vínculos con el sistema financiero estadounidense, trámites más largos y caros para importaciones médicas. Ello, lógicamente, ha redundado en  escasez de medicamentos e insumos y demoras en la renovación tecnológica. 

Tecnología e internet

Respecto de la tecnología y la Internet, el bloqueo restringió en Cuba el acceso a ciertas plataformas y servicios digitales estadounidenses y generó dificultad para comprar hardware con componentes sujetos a regulaciones de exportación. Y, desde luego, hizo bajar la inversión en infraestructura digital. El efecto visible ha sido una conectividad más lenta y cara y la menor integración a redes tecnológicas globales.

En relación al comercio, los barcos que tocan puerto cubano no pueden atracar en EEUU por un período determinado, lo que encarece los fletes. Por ende, menor número de navieras están dispuestas a operar con Cuba lo que genera pérdida del mercado estadounidense.

Por último, en términos de inversión extranjera, empresas de terceros países evitan sanciones secundarias por lo que hay mayor incertidumbre jurídica y menor acceso a socios estratégicos y capital.

He ahí los datos duros. El bloqueo existe desde hace 64 años, y sí ha elevado costos, reducido opciones y ralentizado cualquier modernización. 

Sin embargo, hay que buscar también la cuota de responsabilidad que le corresponde al régimen que gobierna Cuba desde 1959.  

Por ejemplo, en el caso concreto de la matriz energética de la isla. ¿Por qué no hubo proyectos para contar con energía solar en las épocas de pleno apoyo de la URSS? Allí interactuaron el bloqueo y los problemas de gestión interna. No hay un solo culpable.

La isla es una potencia solar (similar al norte de Chile en algunas zonas), con más de 300 días de sol al año en varias regiones. Técnicamente, podría generar una parte importante de su electricidad con energía solar.  Pero el bloqueo impidió el acceso a muchos créditos internacionales y las sanciones de Trump endurecieron aún más este punto. 

Instalar grandes plantas solares requiere inversión inicial alta en dólares. Además, lo que es más grave, Cuba cuenta con una infraestructura eléctrica obsoleta. Es lo mismo que reclama Bad Bunny respecto de su amado Puerto Rico: las plantas eléctricas ya no dan más. Y para instalar paneles solares, se necesitan redes modernas, baterías de almacenamiento y sistemas inteligentes de distribución. La energía solar funciona bien en horario diurno y sin almacenamiento masivo no cubre la noche, lo que requiere inversión sostenida. Sin esas condiciones, señalan los expertos en el rubro, la energía solar no resuelve apagones estructurales. 

Otro problema ha sido la dependencia histórica de Cuba del petróleo, primero de la Unión Soviética y luego de Venezuela, lo que redujo la urgencia por cambiar la matriz energética. También es cierto que las reformas estructurales a largo plazo (como una transición energética) se postergan ante necesidades de supervivencia en un país sometido por décadas a presiones externas. Pero, tras la caída de Maduro se expuso en forma dramática esa vulnerabilidad y la falta de previsión.

Para dejar de depender totalmente del petróleo, Cuba necesitaría entre US$ 30–60 mil millones en un plazo de 20–30 años. Algo completamente inviable para su economía. Para “salir del colapso”, la cifra bajaría a  US$ 8 mil a 10 mil millones.

Respecto de los factores internos que han colaborado con la crisis económica, se apunta al modelo cubano. Hay una infraestructura envejecida (muchas termoeléctricas tienen más de 30–40 años) y el mantenimiento ha sido insuficiente, lo que ha generado una baja eficiencia energética. “Aquí hablamos de una mala gestión interna acumulada”, señalan los analistas. Asimismo, se apunta a la centralización excesiva del sistema energético, lo que hace lentas las decisiones. También implica poca autonomía local y escasa participación privada o cooperativa en energías renovables. 

También se apunta una falta de reformas estructurales tempranas ya que Cuba pudo haber incentivado antes microredes solares, permitiendo inversión extranjera masiva para diversificar la matriz energética. Se afirma que si Cuba lo hubiese hecho hace 15 o 20 años, hoy estaría menos expuesta.

También hay que considerar algo que apunta a la psicología. Es sabido que los sistemas bajo presión externa tienden a cerrarse más y el cierre político reduce la innovación económica, lo que aumenta la vulnerabilidad y ésta refuerza una narrativa defensiva. “Es un círculo difícil de romper”, señalan los expertos. 

En la actual y difícil coyuntura que esta viviendo Cuba, se observa como indispensable -y quizás única salida- una apertura económica, como lo hicieron los otros dos y únicos regímenes comunistas en el mundo: China y Vietnam. El primero comenzó su apertura en 1978, con el ingreso masivo de inversión extranjera, lo que produjo un crecimiento acelerado, manteniéndose el sistema político bajo el control del Partido Comunista. En Vietnam, la Reforma “Đổ i Mới” , impulsada en los años 80, instaló una economía de mercado con dirección estatal, manteniendo el sistema político centralizado intacto.

La economía cubana

¿Sería posible en Cuba una reforma económica manteniendo el mismo sistema político? Se plantea que podría cambiarlo de forma importante pero no “de un día para otro”. En el plano energético, una apertura que permitiera inversión extranjera directa, créditos multilaterales, participación privada en generación solar/eólica y creación de microredes solares podría acelerar la transición. Se indica que, en esas condiciones, el sistema eléctrico podría modernizarse en 10–15 años en vez de 25–30.

Una apertura económica amplia podría asimismo aumentar la productividad, reducir la escasez, generar divisas, estimular el emprendimiento local, reducir dependencia energética externa. Pero habría un riesgo: el aumento de la desigualdad. El ejemplo de China es ilustrativo ya que, al abrir su economía sin abrir completamente su sistema político, generó un enorme crecimiento, pero también desigualdades, señalan los expertos en el tema.

El punto álgido es que una apertura económica no es solo técnica. Es una señal cultural porque cambia expectativas, relaciones de poder y narrativas históricas. Desde el triunfo de la Revolución Cubana, la identidad política se ha construido sobre la base de la “resistencia ante el enemigo externo”. Abrirse económicamente implica redefinir parte de esa identidad y eso no es menor. 

La psicología social señala que las transiciones no fracasan solo por economía. Fracasan cuando la población pierde confianza, cuando el relato oficial no se ajusta a la realidad o cuando las reformas llegan tarde. La clave es entonces saber quién controla el ritmo y el sentido del cambio.

Comparando con lo que ocurrió en China y Vietnam, hay que considerar que Cuba tiene diferencias importantes ya que su economía es mucho más pequeña y tiene mayor presión migratoria por la cercanía simbólica y geográfica con EEUU. 

Se señala que una apertura económica podría coexistir con el sistema actual si es gradual y controlada, manteniendo el Estado el control de sectores estratégicos (energía, telecomunicaciones, banca). Desde luego, si hay mejoras visibles en la calidad de vida y si se evita una desigualdad explosiva y se mantiene cohesión institucional, es decir sin fracturas internas en las élites políticas. Podría desestabilizar al país si hay apertura rápida sin red de protección social, o si se permite una entrada desregulada de capital externo y se pierde el control sobre sectores estratégicos. 

Hay que considerar desde luego el relato histórico. La identidad de Cuba está basada en valores como resistencia, soberanía, igualdad social. Señalan los expertos que si la apertura es vista como modernización soberana, puede reforzar el sistema. Pero si es percibida como rendición o imposición externa, puede fracturarlo. Los ejemplos de China y Vietnam han mostrado que el punto central no es la ideología, sino la percepción de mejora real.

Los entendidos en el tema apuntan a algo clave. “En sociedades con crisis prolongadas, si hay crecimiento tras años de escasez, se vive como alivio. Pero si el crecimiento es lento o desigual, se vive como traición. El crecimiento consolida sistemas cuando genera esperanza creíble”, precisan.

El drama de Cuba nos toca fuerte porque no solo vemos problemas económicos casi insostenibles sino porque vemos que falta esperanza de los cubanos en un mundo mejor. La famosa frustración estructural. Eso es lo más grave. Así lo ha demostrado la masiva migración que ha vivido la isla en sus seis décadas de revolución, como una estrategia pragmática: más ingresos, más movilidad social, más opciones, más autonomía. Y donde más impacto tiene ello es en los jóvenes. 

En su mayoría, estos últimos no están diciendo “Quiero derribar el sistema” sino “Quiero vivir.” Cuando los jóvenes proyectan su vida afuera, ocurren variadas cosas, la mayoría dañinas. Se reduce la presión interna para reformar, se va el capital humano, se debilita la energía transformadora, se envejece la estructura social. La migración estabiliza el presente, pero erosiona el futuro. El duelo deja de ser: “Lo que prometieron no se cumplió” y pasa a ser “Mi vida no cabe aquí.”  Y eso es más difícil de revertir porque implica reconstruir confianza, horizonte personal, no solo crecimiento económico.

La historia nos muestra que las sociedades no colapsan cuando la gente sufre. Colapsan cuando la gente deja de imaginar su vida dentro de ellas. Por ello, no podemos permitir que la maravillosa gente de la isla de Cuba se rinda. Debemos estar con ellos, apoyarlos en sus sueños aun vivos. No permitir que nadie se apodere de su futuro.

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