El nuevo texto constitucional ya armonizado y presentado el 04 de julio a la comunidad nacional, en su esencia, tiene un elemento que, para algunos analistas, sostiene un importante rasgo que ayudaría a la opción Apruebo respecto del rechazo. Este es, entender al Estado Chileno como un Estado Unitario Regional, materializando un largo anhelo proveniente desde los más diversos territorios del país que han buscado mostrar que Santiago no es Chile, constatando que las injusticias sociales y desigualdad territorial, son la tarea central de la integralidad del proceso social, político y económico en tiempo y espacio para su superación, idealmente. La geografía de la multitud las evidenció.
El proyecto de Nueva Constitución acelera el proceso de descentralización que algunos hemos caracterizado como cansino. Esto, producto de las resistencias, sobre todo políticas que el mismo ha debido enfrentar (aunque también las hay culturales… “la cultura del centralismo”). No obstante, y aunque parezca contradictorio, la/os habitantes de la misma Región Metropolitana de Santiago deberían asimilar que existen comunas que se encuentran en las periferias de la Ciudad, como son las del periurbano, esto es, territorios de transición entre lo urbano y lo rural, pero también las rurales a secas, que también son objeto de las más complejas inequidades e injusticias territoriales, respecto de las comunas más pudientes-centrales, encontrando en los métodos de asignación de los recursos financieros, una dimensión explicadora de las mismas, por medio de la distribución desbalanceada de recursos para áreas policiacas, educacionales, de transporte, de salud, o bien, para la generación de productividad económica
Revertir lo anterior, implica apurar la descentralización, materializándose ello, en la opción Constitucional Apruebo del próximo 4 de septiembre. En esa clave, los partidos políticos y, HOY, las organizaciones sociales territorializadas, sean regionales o comunales, son las que debiesen encontrar incentivos sustantivos para movilizarse y querer concretar lo recién indicado, dado su arraigo sobre el cual deben hacerse cargo para avanzar en la conquista de un Estado capaz de atender los derechos sociales necesarios de toda la diversa población.
Así, los partidos políticos con vocación social (todos se espera, dada la ley que los regula), que valoran la diversidad humana, las expresiones territoriales y sectoriales, en sus principios, declaran definiciones en esta dirección (iluminados por principios y éticas). Además, sus estructuras orgánicas regional y subregional (comunales), buscarían representar toda la territorialidad de un país diverso pero integral. En esta descripción, se sumarían con la carga valórica correspondiente y consecuente, las organizaciones sociales, explicadoras sustantivas del proceso constitucional vigente, permitiendo, además, una OTRA representación heterogénea, nunca antes vista en la intensidad conocida, cruzando caminos inexplorados, entre colectivos y representantes de partidos políticos, construyendo acuerdos y redactando una propuesta constitucional que mira al país hacia adelante, canalizando de esa manera la energía social de la Geografía de la Multitud.
La integración diversa de la Convención Constitucional, probó lo importante que es la representación territorial y que existen espacios de organización más allá de lo formal e institucional. Pero también demostró que el respeto a las reglas establecidas está estrictamente vinculada a expresiones de alcance ético. Qué duda cabe, que el aprendizaje de este proceso traerá consigo el perfeccionamiento en la selección de candidatos (anhelo permanente).
El mejoramiento del espacio deliberativo del congreso actual, donde se debaten a diario problemas nacionales y sub-nacionales por representantes de partidos en los territorios, debería transitar para mejorar la combinación de los anhelos territoriales con las demandas de grupos de interés (político, económicos y sociales), situación que debería replicarse en el espacio sub-nacional, esto es, la escala regional como la local.
Estos actores, los subnacionales, en la mayoría de las oportunidades, desde sus militancias (de partido y sociales), abogan regularmente por mayores grados de autonomía para lograr esos arreglos, haciendo valer la identidad territorial en una virtuosa imbricación con la identidad política o ideológica que los sostiene (por lo menos la mayoría de las veces).
Por eso, la elección de la/os Convencionales, donde la combinación de identidad territorial con militancias diversas (o ajenas a las militancias), generó otro desafío a los partidos políticos nacionales: representar al territorio de… UN OTRO MODO.
Luego, ¿será que los congresales no representan a los territorios?… y la respuesta es, sí, lo hacen, pero desde la escala nacional (sin perjuicio de la valoración de cómo se ejecuta, si es que se ejecuta indicarán alguna/os). El contradictorio mensaje referido a cómo los congresistas representan un determinado territorio v/s otras consideraciones ‘generales-nacionales’ (que es otra escala territorial) suman elementos a los grados de desconfianza que ostentan los partidos políticos y sus mandatarios en general. Por ejemplo, en el Congreso, la conversación es respecto del salario mínimo del país (entre otras), no del salario de una región y los requerimientos territoriales regionales-locales asociados. El principio de la representación partidaria, exigiría, por lo tanto, mayores complejidades en su concreción.
Regional y local
Por ello, la forma Estado Regional que propone el proyecto de Nueva Constitución, debiese convertirse en un incentivo y oportunidad para el fortalecimiento de organizaciones sociales y políticas desde lo regional y local enmarcado en lo nacional, consiguiendo en el camino, la materialización del reconocimiento a los pueblos originarios y a la diversidad social que existe en el país.
Así, se puede indicar que existe un 40% de la población en edad de votar que no es parte de los cambios. Se oponen por omisión, pero se benefician de los logros sociales que el otro importante segmento discute y por los cuales toman posición. Así fue en octubre del 2020 (en medio de la pandemia) cuando un importante porcentaje de la población con una participación un poco superior al 50% (7,5 millones de personas), decidió dos cosas importantes: Nueva Constitución (78,3%) y que fuera redactada por una Convención Constitucional (79,2%). Es aquí, donde se precisa de nuevos electores, que sumen su voluntad de valorización por el territorio y reconocer que la historia llamará a esta Nueva Constitución, la Constitución construida por los representantes territoriales de Chile. De un Chile diverso, plural y respetuoso.
