Ya lo sabemos. Cuando todos los oráculos y referentes de la economía, partiendo por el FMI y el Banco Mundial, y nuestra conocida OCDE, advierten que habrá una recesión mundial y que prácticamente ya estamos sentados en ella, así va a ser. La directora general del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, habló hace algunos días para pronosticar una recesión profunda para 2020, “igual o peor que la de 2009”.

Expresó una preocupación particular de los mercados emergentes que están viendo un impacto en la reducción de la demanda de sus exportaciones y han sufrido importantes salidas de capital. Es el caso de Chile, con una de las economías más abiertas de la región y diríamos del mundo, que verán caer sustantivamente sus exportaciones de cobre (cuyo principal consumidor es, por lejos, China) y de otros tantos productos; a la vez que deberá asumir las alzas de precios que derivarán del efecto de la subida del dólar en las importaciones, desde plátanos y carne, hasta electrodomésticos y toda clase de tecnología.

Vittorio Corbo, otro economista y ex presidente del Banco Central muy escuchado por la plaza en Chile, lo resumió así: “Si China, que nos salvó en la crisis subprime del 2008, porque a diferencia de EEUU estaba creciendo al 10%, ahora tampoco crecerá; si Europa está también muy mal y si América Latina también está complicada, no hay ninguna duda que nosotros tendremos un resultado en materia de crecimiento “horroroso”.

Nicolás Eyzaguirre, otro que fue directivo (para el hemisferio occidental) del FMI y que justamente le tocó lidiar con la crisis del 2008, desde ese organismo internacional, también lo venía diciendo hace algunos días: la recesión será un hecho y uno de sus efectos más palpables para la gente será un claro aumento del desempleo “que no será raro verlo en dos dígitos”.

Y dos dígitos pueden ser muchas cosas: puede ser un 10 o un 14%, como puede ser cercano al 30%, como llegó a serlo durante la crisis de mediados de los 80, aquella que todo el mundo recuerda como en la que el país le lanzó un enorme salvavidas financiero a la banca… con cargo a todos los chilenos.

Pero no seamos alarmistas. Consideremos lo que nos plantea incluso el FMI. Se trataría de un fenómeno transitorio. El problema es que la crisis del 2008 también fue transitoria y demoró cuatro o cinco años en superar sus efectos más graves. Algunos consideran que incluso hasta hace poco se hacían sentir algunos de sus efectos en los sistemas financieros mundiales.

Imaginémonos lo que implicará la superación de esta crisis. Recordemos para empezar que Chile ya venía con un crecimiento ralentizado hace rato, que proyectaba un crecimiento de solo un 1%, como lo advertía el economista Roberto Zahler, y que ahora será derechamente de decrecimiento. La inversión, la creación de empleo (la gran promesa de Piñera) y las remuneraciones, ya venía mal, como lo advirtió el economista Hernán Frigolett en Página 19. Vino el estallido social, y con todas las exageraciones del caso, por su repercusión en materia de empleo, las cosas se suponían que empeoraban aún más. Ya se hablaba de una posible recesión técnica (dos trimestres de crecimiento negativos). Y ahora qué decir: nos enfrentamos a una recesión hecha y derecha y cuyos efectos podrían acompañarnos un buen tiempo… tal como fue el 2008, pese a la fuerte inyección de grandes recursos fiscales… y con instrumentos bastante similares a los actuales.

La economía o la vida

Lo más sintomático de este dramático escenario han sido las diferentes posturas que han ido adoptando los diferentes países y los cambios de discurso al respecto. Trump dijo que, según él, si declaraba cuarentena total, habría más suicidios por desempleo que los muertos por el coronavirus. Los millonarios del Tea Party en EEUU, llamaban a los menores de 50 años a presentarse al trabajo y no tenían tapujos en afirmar que no sólo habría suicidios si se declaraba la cuarentena, sino que crecería el consumo de drogas y toda clase de males en la sociedad. Pragmatismo neoliberal puro, y aún a costa de la vida.

Bolsonaro, por su parte, ha hecho verdaderas campañas para evitar declarar cuarentena, a pesar de lo que dicen los representantes regionales, indicando que la «vida debe seguir», que los «empleos tienen que ser mantenidos» y el «ingreso de las familias tiene que ser preservado».

¿Y Chile?, con matices, y en general con una sobria puesta en escena, en nuestro país, sus actuales gobernantes, piensan lo mismo pero no lo dicen, sabiendo las consecuencias políticas que ello conlleva, especialmente cuando venimos con una crisis social en curso. Hablan de “cuarentena progresiva”, dejando el discurso de la defensa del empleo y la economía a los parlamentarios de derecha y los empresarios.

El último dictamen de la Dirección del Trabajo no pudo reflejar mejor esta dicotomía entre la salud y la economía: El Gobierno pidiendo encarecidamente que la gente “se quede en casa”, incluso obligándolo con comunas en cuarentena y este dictamen de la DT señalando expresamente que los días que no se presenten los trabajadores no tienen  por qué ser pagados por sus empleadores. Resultado: trabajadores tratando de llegar como puedan a sus trabajos a riesgo de perder sus ingresos… y su vida.

Medidas a cuentagotas

Hasta ahora el Ejecutivo ha ido entregando medidas a cuentagotas. Si ya las cuentas fiscales estaban apretadas para intentar dar cuenta de la crisis social, sus efectos y demandas asociadas, ahora el asunto ya se pone color de hormiga y “hay que administrar la escasez”,  como se dice. Para que el Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, llame a rebajar los sueldos de los ministros (sin mayor respuesta desde el propio Ejecutivo)…es que la cosa está compleja.

Afortunadamente, y deberían reconocerlo públicamente, el país cuenta con el seguro de desempleo que creó la administración de Ricardo Lagos, instrumento muy criticado por la derecha en su momento, por cierto. Y de todos modos habrá que inyectarle recursos adicionales, porque serían los dineros de los propios trabajadores los que en mayor medida irán a pagar una parte decreciente del sueldo que recibirían en los próximos meses. Y esto de “mantener la relación laboral” tampoco es menor para los empleadores porque de despedir tendrían que pagar importantes indemnizaciones. La pregunta es qué pasará con dichos fondos cuando los trabajadores pudieran ser despedidos en meses venideros…

Lo demás es un bono de 50.000 por carga, recién promulgado por Piñera, que no convence a nadie porque todo Chile sabe que con ese dinero se va dos veces a la feria, y si es por una vez, se constituye en una especie de “aspirina” ante la crisis social que se viene.

Y aquí vienen los discursos que recuerdan la situación de los 80: La crisis debemos pagarla entre todos… Entonces los dueños de Latam– ex socios del propio Sebastián Piñera-, llaman a sus trabajadores a rebajarse el sueldo a la mitad para mantener sus empleos. Se les olvida ahora a sus dueños las enormes ganancias que obtuvo esa compañía en años pasados, que sólo en 2018 las subió en casi un 20% (17%) llegando a US$182 millones, favorecidas por un incremento en sus ingresos operacionales. Y recordemos que los sindicatos de esa empresa, desde que era simplemente Lan, eran conocidos por largos y penosos procesos de negociación colectiva, con magros reajustes de sueldos. Allí no se repartían las jugosas ganancias de la empresa, pero las pérdidas sí hay que repartirlas.

Andrés Velasco, olvidando su acostumbrado neoliberalismo, incluso habló de la posibilidad de ¡renacionalizar la empresa¡… toda una novedad.

No obstante, Rodrigo Valdés, otro ex ministro de Hacienda, decía en La Tercera que si se iba a entregar recursos a las empresas esto se hiciera con los debidos controles para asegurar los intereses del Estado. «Esto es clave, porque no puede ser prestarle plata contra nada, sino que el Fisco sea el primero en pagarse cuando la empresa vaya saliendo a flote”, sostuvo.

Valdés es otro que coincide con que la recesión se viene y prácticamente no hay ningún economista de la plaza que no sostenga que se requerirá de mayores recursos fiscales para paliar la crisis. El problema es que los recursos no están dando. Ya la crisis social y las demandas derivadas tenían el déficit fiscal en 4 o 5% (Felipe Larraín debe estar con crisis de urticaria) y no se va viendo otra salida que la que proyectaba Roberto Zahler hace algunas semanas: el país tiene espacio para endeudamiento.

El Ejecutivo ya tomó nota de ello y está barajando, tras mucho dudarlo, un mayor endeudamiento (tiene el menor endeudamiento de países de la OCDE), el problema es que muchos países podrían estar en lo mismo por lo que podría ser un proceso ni tan rápido si tan fácil. Eyzaguirre (parece que entre todos han tenido que ir haciendo la pega) ya encontró otras fórmulas al respecto pensando más bien en endeudamiento nacional.

Y para qué vamos a recordar que el país tiene importantes recursos ahorrados en diferentes fondos, partiendo por los US$6 mil millones de dólares de la controvertida Ley Reservada del Cobre, que propusieron usar un grupo de economistas de centroizquierda. Para ser precisos, en diferentes fondos de reserva, ahorrados con mucho esfuerzo en los últimos años (¿a costa de la crisis social?), el país mantiene fondos superiores a los US$26.000 millones de dólares.

Si el Ejecutivo dice estar gastando US$11.700 millones en el paquete de ayuda financiera que anunció hace algunos días, una parte muy importante destinada a ayudar a las empresas, sin distinguir grandes de pequeñas (Briones llamó a no caricaturizar al respecto), no sería malo sumarle otros millones, por de pronto por la vía de endeudamiento o de la Ley Reservada del Cobre, la que se destina a dudosos gastos militares. Muchos apuestan que el Ejecutivo, consciente de la gravedad del tema, “no quiere tirar toda la carne a la parrilla” y prefiere irlo haciendo de a poco, pero está claro que deberán venir otras medidas, así como se está viendo la crisis.

Dudas en el ambiente

Pero hay una serie de dudas en el ambiente y la gente lo está percibiendo: los precios están subiendo y lo ven los chilenos en las ferias y los supermercados (muchos productos, incluso alimenticios, vienen del extranjero y por ende se ven afectados por el alza del dólar). Si el Gobierno fijó el precio del test de coronavirus en $25.000, ¿por qué no podría fijar el precio de una canasta básica de alimentos? Facultades tiene, y de hecho las ha usado, porque se las entrega el estado de excepción.

¿Hasta donde podrá aguantar el fondo del Seguro de Desempleo, sea el solidario o el personal, el grave aumento de la cesantía que se espera “superará los dos dígitos”…? «No sabemos cuánto dinero se necesitará en la lucha contra el desempleo, porque no sabemos cuántas personas perderán su trabajo«, señaló hace pocos días un acongojado secretario general de la OCDE, Ángel Gurría.

¿Cuál será la reacción de las personas que se estarán jubilando en los próximos meses y que verán sus fondos de pensiones cayendo estrepitosamente, producto de los vaivenes de las bolsas mundiales?Marco Kremerman, economista de Fundación Sol, señalaba a El Mostrador que sólo a marzo un afiliado que tenía todos sus fondos en el fondo A, perdió el 20% de sus fondos, es decir si tenía 5 millones de pesos hoy tiene 4 millones. Si tiene 10 millones hoy tiene 8. Así de concreto. Se ha señalado que mejor esperar jubilarse, pero eso no sería ninguna solución porque “los afiliados tendrían que ser expertos financieros”, sostuvo. El profesional plantea una derivada obvia: Acá habrá que sacar lecciones para la reforma de pensiones que se está discutiendo en el Congreso, en términos de que se debe garantizar a los afiliados que este juego financiero de sus platas en las bolsas chilena e internacionales, no derivará en un detrimento importante de sus fondos y debiera tener un mínimo de jubilación asegurada.

Los fondos de las AFP ya sufrieron la caída de más del 40% en la crisis subprime (fondo A), que como lo explicó Hernán Frigolett, sólo se recuperaron completamente 10 años después. ¿Podrán esperar diez años los chilenos que tenían la esperanza de jubilar, aunque fuera con las escuálidas pensiones actuales?

La también escuchada economista Andrea Repetto, a propósito de las medidas anunciadas, dijo que “lo que me preocupa es que donde nos quedamos cortos es justamente cuando se trata de entregarle recursos a las personas”. 

Y volvemos al principio: “el gobierno no está haciendo lo suficiente en términos de política fiscal para que las personas se queden tranquilas en sus casas, porque el punto es que al no tener como pagar sus cuentas van a salir a buscar ingresos y con eso aumentan los riesgos de contagios”, sostuvo la economista.

La salud, la vida o la supervivencia económica. El duro dilema que podría esperarnos.

La respuesta a la emergencia socio-sanitaria del coronavirus no sólo ha sido un desafío general de todos los servicios públicos, sino que también ha implicado la movilización de  las Fuerzas Armadas, dotándoles de atribuciones totalmente excepcionales en democracia. Puede considerarse que es una medida inevitable, pero no se puede dejar de plantear su riezgo, de cara a las libertades ciudadanas y desde el punto de vista de los límites legales del uso de la fuerza por parte del Estado.

La preocupación por este aspecto no es irresponsable ni frívola. En el contexto de la crisis general de gobernabilidad que vive el país, desde octubre de 2019, el deterioro de la democracia y las garantías cívicas, aunque sea un fenómeno transitorio, es un precio alto a pagar. Puede ser un costo razonable para una minoría que siente que las FFAA y Carabineros puede ser el actor que contenga sus incertidumbres, ante una catástrofe sin parangón. Pero esa misma percepción es la contraria en un amplio sector de la población que ha vivido históricamente, y en especial en el corto plazo, la violencia militar y policial en su propio cuerpo.

No es vanal recordar que la fortaleza del Estado de derecho se demuestra en tiempos de crisis. Los derechos humanos, en especial los derechos civiles, no constituyen un lujo que nos podemos permitir solamente en tiempos de normalidad. Chile carece de mecanismos mínimos de control de susFuerzas Armadas y de Seguridad, por lo que es necesario levantar la mirada hacia ellas en momentos en que se les otorga poderes extraordinarios. Más aún, si la cuarentena implica una enorme pérdida en libertades, que aunque sea de forma transitoria, dejará una secuela en la cultura política e institucional del país.

Chile posee un déficit histórico, heredado del pinochetismo, en lo que referente a la supervisión ciudadana del monopolio de la fuerza por parte del Estado. Este problema se acentuó en el contexto del reciente estllido social, lo que se vincula a los cuestionamientos a la tolerancia gubernamental respecto a la violencia policial. Vivir en cuarentena, en toque de queda, con el Ejército en la calle, en medio de llamados patríoticos a la unidad nacional, con evidentes limitaciones al poder y competencias a las autoridades locales y municipales, nos vuelve a colocar en el clima autoritario que tan bien conocimos en Chile.

Ya hay indicios razonables de que la vigilancia policial de la cuarentena, bajo estado de excepción constitucional por catástrofe, implica abusos de poder que no son meramente anecdóticos. Pensar que los derechos civiles son para cuando nos los podemos permitir es no creer en los derechos civiles. El peligro de instalar una ampliación del poder policial en nuestras instituciones, combinada con la normalización del poder castrense, puede retrotraernos a una nueva forma de autoritarismo, en momentos de alta polarización política y social.

¿Qué ocurrirá cuando se levante la cuarentena y la debacleeconómica que se inevitablemente  se avecina genere nuevasmovilizaciones laborales o sociales? ¿Autoridades políticas, policiales y militares se dejarán arrastrar por la inercia represiva creada durante el estado de emergencia? ¿Se seguirá apelando a la excepcionalidad de la situación y a la unidad frente a la catástrofe? ¿Continuarán las metáforas bélicas para exhortarnos a acatar las decisiones del Gobierno?

Ante el derrumbe de la globalización neoliberal lo más cómodo para las élites es confiarse en la eterna promesa del orden y la militarización. La conmoción económica que está creando la cuarentena es un escenario perfecto para exacerbar el rencor y el miedo colectivo. Pero la respuesta represiva puede ser peor que la epidemia.

No había pasado un día desde que la encuestadora del gobierno -Cadem- había dado a conocer su última medición señalando que la aprobación al Presidente Sebastián Piñera había subido por tercera semana consecutiva, llegando a un 21 por ciento, tres puntos más que la semana anterior, cuando apareció otra encuestadora desmintiendo tales números.

Pese a todos los esfuerzos desplegados por el gobierno y a la reiterada aparición del Mandatario en los medios de comunicación, según Pulso Ciudadano de Activa Research, en una encuesta realizada entre el 26 y el 27 de marzo, un 70 por ciento sostiene que el gobierno ha reaccionado lentamente respecto a la crisis sanitaria que se enfrenta en el país, y al consultar sobre el desempeño de las autoridades, el peor evaluado de todos es el Presidente Sebastián Piñera con un 61,4 por ciento que lo califican de malo o muy malo, bastante más arriba que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, que tiene un 46,6 por ciento que declara que su gestión ha sido mala o muy mala. Esto, en contraposición a la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, la mejor evaluada de todas las figuras publicas consultadas por Activa Research.

Para la Cadem, la desaprobación de Piñera disminuyó tres puntos a un 68 por ciento mientras que un 6 por ciento de los encuestados no aprueba ni desaprueba su gestión y un 5 por ciento no sabe o no responde.Por su parte el gabinete tuvo una escuálida alza en su aprobación de un 18 a 19 por ciento y bajó de un 74 a un 73 por ciento su desaprobación.

Ambas encuestadoras se centraron en lo que está ocurriendo con la pandemia y las medidas tomadas por el gobierno. Según Cadem, esta semana, aumentó la preocupación ante la posibilidad de contagiarse con el Covid-19, que pasó en la opción «mucho o bastante» de un 60 a un 68 por ciento, mientras que la respuesta «poco o nada» bajó de un 23% a un 18%.

Por la cuarentena total

Sobre la medida de cuarentena, el 69 por ciento ve como la mejor opción la de declarar un confinamiento obligatorio para todo el país por 15 días; un 15 por ciento piensa que este tipo de medida tiene que ser solo en las comunas con mayor tasa de contagio y un 15 por ciento piensa que se deben mantener las cuarentenas voluntarias estableciendo cordones sanitarios a las comunas más afectadas. En este contexto, 75 por ciento cree que seguirán aumentando los contagiados como en España e Italia y un 72 por ciento que subirá significativamente la cantidad de fallecidos.

Otro dato recabado es el que el 35 ´por ciento de los trabajadores afirma estar actualmente en modo teletrabajo, 21 por ciento no ha podido trabajar ya sea por las cuarentenas o licencias y el 41 por cientoasegura que sigue asistiendo a lugar de trabajo. Entre ellos, el 73 por ciento piensa que, aunque se lo pidieran, no podría hacer su trabajo habitual desde su casa.

Respecto a las medidas contra el coronavirus, 95 por ciento está de acuerdo con el cierre de malls, restaurantes, bares y cines, 92 por ciento con el establecimiento de cordones sanitarios para comunas como Chillán y San Pedro de la Paz, 78 por ciento con extender la suspensión de clases hasta fines de abril y adelantar vacaciones de invierno, 77 por ciento con decretar cuarentena obligatoria por siete días en las comunas del sector oriente de Santiago, 56 por cientocon el arriendo de Espacio Riesco como hospital de emergencia para habilitar 800 camas y 54 por cientocon el toque de queda entre las 22 horas y 5 am.

Pulso por su parte, consultó sobre las dos últimas decisiones del gobierno que han sido objeto de polémica. Un 68,6 por ciento está muy en desacuerdo/ en desacuerdo con el dictamen de la Dirección del Trabajo anunciado el jueves 26 de marzo y que faculta a los empleadores a no pagar el sueldo de los trabajadores y un 50,7 por ciento se encuentra muy en desacuerdo/ en desacuerdo con el arriendo de Espacio Riesco para habilitarlo como recinto especial para atender a contagiados de coronavirus.

Ante la crisis sanitaria originada por el Covid 19, la Federación de Colegios Profesionales manifestó su preocupación por “el respeto a los Derechos Humanos de todas las personas que, por razones de sus funciones o ejercicio profesional, están expuestas a contagio”. Según precisó, “ello incluye especialmente a los trabajadores del sector salud, a los trabajadores de entidades públicas o privadas que proveen servicios esenciales para la poblacióny a los funcionarios y conscriptos de las FFAA, Gendarmería de Chile, Carabineros e Investigaciones”.

La entidad denunció que “cada día nos informamos de como importantes sectores de profesionales y trabajadores que no pueden mantenerse en sus hogares en razón de sus funciones e incluso sobrevivencia económica, se ven expuestos –ellos y sus familias– ante el contagio involuntario, sea en el transporte público atestado en los horarios punta, hasta por la falta de condiciones sanitarias mínimas en sus lugares de empleo”.

En declaración pública, la Federación señaló que “resultan alarmantes situaciones de contagio masivas por falta de condiciones mínimas de salubridad, como la acontecida recientemente en el Hospital de La Florida”. Esta situación, se agregó, “es tan tan indignante como la negativa gubernativa de otorgar licencia de trabajo a quienes, sin ser detectados como positivos, se les obliga a una cuarentena preventiva”.

Frente a este delicado panorama, la Federación hizo un llamado urgente “a respetar los derechos humanos de tales prestadores de servicios”, a la vez que emplazó a sus empleadores y al Estado “a lo menos, a adoptar de manera oportuna, medidas mínimas de resguardo sanitario, como la provisión de insumos de protección ante el contagio, por ejemplo, a quienes hoy son la primera línea en la defensa de una salud digna”.  

Asimismo, hizo un llamado a los profesionales y trabajadores en general, a denunciar a empleadores que no presten las condiciones mínimas sanitarias para desarrollar sus funciones, “sobre todo por cuanto –en razón del Art. 184 bis del Código del Trabajo- se encuentran protegidos legalmente por el derecho a interrumpir sus labores y, de ser necesario, abandonar su lugar de trabajo cuando considere que, por motivos razonables, continuar con ellas implica un riesgo grave e inminente para su vida o salud”.

Igualmente, instó a las autoridades a adoptar las medidas de “dotación de insumos y la policía de cuarentena sugeridas por los colegios profesionales universitarios del sector salud” precisando que “el cuidado de la vida no puede ser restringida por el lucro”.

Finalmente, la agrupación de profesionales universitarios señaló que también era deber del Estado “actuar de manera responsable en el respeto de los DDHH en toda circunstancia, especialmente en situaciones de emergencia y catástrofes, de acuerdo a la normativa internacional vigente, y esa responsabilidad opera tanto por acción, como por omisión o negligencia, concluyendo que “ es de cargo del Estado la protección del derecho a la salud, no bastando su sola declaratoria; es menester que ella también se encuentre garantizada efectivamente y, aquello, hoy en Chile, no existe”.