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A Horas de Conmemorar el 25N: INDH Asegura que este Mes de Protestas se Presentaron 4 veces más Querellas por Violencia Sexual que en 9 años.

El Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, Sergio Micco, aseguró que durante este mes de movilizaciones sociales en Chile “se han presentado 74 querellas por violencia sexual, cuatro veces más que en nueve años y casi el doble de querellas por otras torturas”.

Micco entregó un balance de las observaciones que ha realizado la organización desde el comienzo de las protestas ante la comisión encargada de analizar la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, donde señaló que lo esencial para el INDH es que no exista impunidades decir queremos verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición.

Agregó que, desde el 18 de octubre pasado, el Instituto advirtió que el control del orden público y el uso de la fuerza debían realizarse de manera proporcional, cuidando no afectar innecesariamente los derechos de las y los manifestantes. Sin embargo, ello no aconteció “y muy por el contrario, las situaciones de violaciones a los derechos humanos se han sucedido durante estas cinco semanas”, sentenció.

La entidad constató la incorrecta aplicación del protocolo en el uso de la fuerza, como el uso indiscriminado de escopetas antimotines, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, además del uso indiscriminado de la fuerza policial en contra de manifestantes pacíficos.

Micco denunció que un grave problema advertido por el INDH son los desnudamientos en comisarías, que desde marzo de 2019 habían sido prohibidos en recintos policiales en los protocolos de carabineros, pero éstos han continuado efectuándose”, indicó.

En su reporte del 21 de Noviembre, el INDH informa que se han presentado 74 querellas por violencia sexual, que incluyen casos de desnudamientos, amenazas, tocaciones y cuatro violaciones.

Persistencia en el Uso de Perdigones

Los últimos días, las oficinas regionales del INDH de Valparaíso y de Los Ríos han denunciado que Carabineros de Chile persiste en el uso de perdigones contra manifestantes, pese a que el General Director, Mario Rozas, anunció públicamente el 19 de noviembre, el cese de su utilización, como elemento antidisturbios, a excepción que exista un peligro inminente de muerte.

El director del INDH explicó en la comisión de diputados que revisa la acusación constitucional contra Chadwickque en Santiago pudieron documentar fotográficamente el caso de una persona herida por perdigones en la Alameda: “Lamentablemente detectamos ayer (jueves) casos de personas heridas con perdigones, como lo han señalado los jefes regionales”.

En su cuenta de twitter el INDH denunció el viernes 22 de noviembre que sus observadores pudieron constatar que carabineros continúa utilizando escopetas antidisturbios contra manifestantes en Plaza Italia y que recibieron la denuncia de un joven herido en uno de sus ojos, quien relató haber sido atacado por perdigones.

Al respecto, Sergio Micco aseveró que en 2018 el presidente Piñera declaró que la falta de control de carabineros era “una herencia del pasado”, sin embargo se trata de una situación que no está superada. Evidentemente creemos que hay un problema de control con respecto de lo que está haciendo carabineros. Eso es categórico porque cuando se dicta un protocolo, después se observa que no se cumple”, recalcó.

Marcha Contra la Violencia Hacia las  Mujeres

Como cada año, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres convocó a una marcha feminista a nivel nacional con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

En Santiago el punto de encuentro es a las 17:00 horas en la Plaza de la Dignidad (ex Plaza Italia), para avanzar en una marcha pacífica hasta el monumento “Mujeres en la memoria”, ubicada en metro Los Héroes.

Lorena Astudillo, vocera de la organización, dijo que “en esta oportunidad hicimos llegar una carta a la Intendencia, no para pedir permiso, sino para hacerlos responsables en caso de cualquier tipo de violencia que vivamos por parte de Carabineros”. 

En la carta, la Red Chilena expone que “amparadas en nuestros derechos a la libertad de reunión, de expresión, a la opinión y libertad de tránsito, reconocidos en Tratados Internacionales ratificados por Chile, exigimos por parte de los órganos del Estado que se garantice el ejercicio de los mismos y la integridad física y psíquica de las mujeres y niñas participantes en esta actividad. Denunciaremos todo acto violento ejercido por parte de Carabineros y hacemos responsable al gobierno si esto llegase a ocurrir.

Agrupaciones feministas en todo el país han denunciado abuso policial desde que partieron las movilizaciones, y, en particular, durante el Estado de Excepción, como golpizas, tortura sexual, violencia sexual y psicológica e incluso desapariciones forzadas.

Propuesta del PS, PPD y PR para la participación ciudadana en el proceso constituyente

Su propuesta para una mayor participación y diversidad del proceso constituyente presentó la Convergencia Progresista, que agrupa a los partidos Socialista, PPD y Radical, donde se pide escaños reservados para pueblos originarios; paridad de género; voto de chilenos en el exterior; ampliar la participación juvenil; voto obligatorio; integración de independientes; programa constitucional; ampliar los escaños para mayor participación y cabildos y asambleas.

Los presidentes de los tres partidos destacaron en su declaración la necesidad del voto obligatorio en todos los eventos electorales del proceso, partiendo por el plebiscito de entrada.

Respecto a los escaños reservados para los pueblos originarios, proponen que sean equivalentes al menos al 10 por ciento de los constituyentes. Asimismo, proponen que la elección de constituyentes debe considerar la paridad de género con un 50 por ciento de constituyentes electos y electas por cada género.

Proponen la creación de un distrito adicional en elexterior para la elección de constituyentes, compuesto por los electores que se inscriban en los consulados conforme a la legislación vigente, destacando en particular que, “dada la importancia de este hito histórico y el rol que los jóvenes han tenido en el proceso de demandas sociales, proponemos que la edad para votar en la constituyente se rebaje a 16 años de edad.

Diversidad de actores políticos

Respecto a la participación de los independientes, la Convergencia Progresista señala que “pese a haber muy pocas experiencias comparadas respecto a listas de independientes para este tipo de procesos y, con el objetivo de lograr una mayor representación y diversidad, podrán inscribirse listas de independientes, por distrito, con candidaturas que cumplan los requisitos que exige la ley electoral.

Asimismo, solicita que todas las listas que comparezcan, “deberán presentar un programa político que contenga su modelo constitucional. Este requisito lo deberán cumplir todas las listas que se presenten a la elección de forma obligatoria

Para una mejor integración y expresión de la diversidad de los actores políticos y sociales, proponemos que la Convención Constituyente sea integrada por el doble de integrantes que los actuales escaños de diputados y que los constituyentes recibirán los documentos de los cabildos y asambleas realizadas en las comunas del país respecto a la Nueva Constitución como insumo a considerar en los debates, así como las conclusiones de los Encuentros Locales Auto convocados (ELA). Al respecto, proponen que el proceso constituyente considere una fase deliberativa y de escucha ciudadana con cabildos locales que promueva la Convención Constitucional y que sirvan de insumo a la deliberación de la misma Convención.

¿Allamand Trata de Dinamitar el Acuerdo por el Plebiscito?

“Lo que él planteó es un punto de vista”. No más. No menos. Así fue de tajante la respuesta de Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional al senador Andrés Allamand,  hoy por hoy convertido en la punta de lanza de los sectores más conservadores y duros de ese partido empeñados en “salvar” la Constitución de Pinochet-Guzmán y que en una entrevista radial desconoció el acuerdo al cual se llegó para tener una nueva Carta Magna. Allamand afirmó que, si en la convención constituyente no se llega a un acuerdo de los 2/3 de sus miembros sobre una materia específica, ésta “fracasa”, no hay una nueva Carta Magna y por lo tanto sigue rigiendo la actual.

No tardó en llegar la respuesta de Desbordes: «Lo que nosotros entendemos es que se requiere una nueva Constitución, el acuerdo lo dice claramente por lo demás, que una vez promulgada la nueva Constitución deja de regir la anterior».

Esta es solo una muestra de lo que viene respecto de esta batalla por una nueva Constitución y la elección de todos los constituyentes. Porque está claro: la derecha ya se está organizando para evitar el reemplazo de la Carta Fundamental de Jaime Guzmán aprobada en dictadura y que durante casi 39 años ha tenido al país prácticamente amarrado de pies y manos para realizar transformaciones de fondo.

Mala consejera la envidia

El papel que ha jugado hasta ahora el Presidente RN tiene a mal traer a Allamand. Durante las negociaciones por el acuerdo que va a permitir plebiscitar lo que la ciudadanía ha estado pidiendo por más de un mes en las calles, no sólo dejó a este senador en un absoluto segundo plano, aunque el gobierno había depositado en él su confianza para tratar con la oposición, sino que esa oposición prefirió tratar con Desbordes que se ha mostrado más flexible a la hora de llegar a acuerdos. Todo lo contrario de Allamand, que según uno de los principales protagonistas de la negociación, Gabriel Boric del Frente Amplio, intentó permanentemente boicotear cualquier posibilidad de acuerdo.

No es casualidad entonces que Allamand se haya plegado a la tesis de la UDI de que el texto final debe ser aprobado por los 2/3 de la convención encargada de la redacción de la nueva Carta Fundamental. “Es evidente que una nueva Constitución requiere necesariamente de una votación en general, de una aprobación en forma global de 2/3. Una Constitución debe ser un todo coherente y armónico, y ello debe ser cautelado en el proceso de votación”. Es más, Allamand amenazó con la continuidad de la Constitución del ’80, planteando que «si no se alcanzan los 2/3 para ninguna de las normas, fracasó la convención, si fracasó la convención no hay plebiscito de ratificación y si no hay plebiscito de ratificación, aunque a algunos les moleste no hay nueva Constitución. Por lo tanto, rige la Constitución vigente».

El senador RN aseguró que la decisión de dejar este quórum busca que los constituyentes «estén obligados a ponerse de acuerdo» en todos los puntos y no significa que las materias en donde exista disenso puedan ser tramitados por separado como una ley, como señalan desde la oposición y analistas. “Nunca alguien pensó que si no hay acuerdo eso significa que se transforma en ley simple; fue exactamente lo contrario de lo que se quiso. Habría sido absurdo decir, ‘mire en lo que tenemos acuerdo 2/3 y en lo que no, entonces ley simple'». Todo esto lo dijo en unaentrevista en Radio Duna, donde jamás nombró al presidente de su Partido y más bien se asomó a cada instante la negra cara de la envidia.

La intervención de Allamand -que produjo un remezón en las filas opositoras-, se produjo cuando quien le ha quitado todo el protagonismo e incluso la posibilidad de erigirse en candidato presidencial de RN, exigió premura al gobierno en la solución de la crisis social. “Basta ya de esconderse bajo las polleras de los carabineros y militares”, señaló el presidente de Renovación Nacional, al plantear que es hora de que el Gobierno y los políticos resuelvan los problemas. “Yo espero que la Constitución se apruebe, pero va a estar en dos años más, por eso el cambio de la Constitución está lejos de ser la solución. Obviamente las demandas sociales más importantes no pueden esperar dos años”. Y señaló que “hay que llegar a acuerdos importantes en temas sociales en un máximo de dos semanas”.

“Si no hacemos los cambios porque creemos que hay que estar cuidando la billetera permanentemente, en seis meses más ni siquiera van a tener tiempo para arrepentirse, porque no van a ser los dueños de la billetera fiscal”, advirtió el parlamentario en entrevista en otra radio. Poco antes,  había pedido que la gente se mantuviera movilizada, porque de lo contrariomuchos, sobre todo en mi sector, no van a hacer los cambios”, aseguró. Desbordes señaló que “una manifestación pacífica es más fuerte que quemar una iglesia”. “Ojalá las marchas terminen mañana, pero con soluciones, porque si no terminan con soluciones de fondo, esto va a explotar en seis meses más, un año más”.

Y remató: “Yo creo que va a ganar la opción de nueva Constitución y lo más probable es que gane también la asamblea o la convención 100 por ciento electa», El timonel de RN añadió que «el punto es que quienes participen de esa convención lo hagan con un ánimo constructivo, porque si nos planteamos que un tercio bloquea al otro, así no vamos a llegar a nada».

Toda la intervención de Desbordes fue un verdadero úkase para la derecha. Y de nuevo, el senador Allamand, sin nombrar al presidente de su partido, lo golpeó bajo la cintura poniéndolo contra el Ejecutivo: “cuando el Gobierno está débil es cuando más necesita que los partidarios lo respalden y por lo menos esa ha sido mi actitud permanente”. Más o menos en el mismo sentido se pronunció Jacqueline Van Ryssenberghe, de la UDI. “Cuando tú eres parte de un Gobierno no tienes que desafiar, tienes que ayudar, tienes que ayudar para que se ponga de pie, por dentro, En términos generales yo creo que la parte mínima de la lealtad es que cuando estás en problemas más que desafiar hay que ayudar”.Consultada explícitamente si hay falta de lealtad por parte del presidente RN, la timonel gremialista respondió “no sé”, aunque sembró la duda sobre la representatividad de Desbordes al interior de su partido. “El es presidente de un partido, no Presidente de la República, tiene todo el derecho de decir (…) no sé si representa a todo el partido, no tengo idea”.

Y por supuesto, José Antonio Kast se sumó a la batalla interna en la derecha: “Lamento que los partidos aliados del Gobierno lo abandonen en su hora más crítica. Nosotros hemos criticado y apoyado al Presidente cuando corresponde, pero tenemos libertad para hacerlo, porque no somos parte del Gobierno, no tenemos cargos ni un asiento en el Comité Político”, Kast añadió que “cuando un partido es de Gobierno, tiene que asumir su responsabilidad en las buenas y malas decisiones del Gobierno; tiene que alzar la voz en el Comité Político cuando Corresponde; y por sobre todo, tiene que apoyar al Presidente cuando está en su momento más débil”.

“Si desconocen esto, se cae todo”

Para las fuerzas opositoras, que también tiene sus propias batallas internas, la prioridad es mantener el acuerdo “firme”, que en la derecha no se hagan nuevas interpretaciones y que el rol de RN “es fundamental”.

El Acuerdo por la Paz determinó, en sus puntos 6 y 7, que “el órgano constituyente deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quorum de dos tercios de sus miembros en ejercicio” y que “la Nueva Constitución regirá en el momento de su promulgación y publicación derogándose orgánicamente la Constitución actual”.

La mañosa interpretación del Acuerdo por parte de Allamand por supuesto que tuvo respuestas inmediatas de toda la oposición. Para el presidente del PS, Álvaro Elizalde, Allamand solo está buscando resquicios. “Si Allamand quiere mantener la Constitución del 80, que llame a votar rechazo en el plebiscito y no busque leguleyadas. En abril de 2020 el pueblo de Chile se pronunciará sobre la nueva Constitución. Todos los demócratas debemos respetar el resultado de ese plebiscito”.

En la oposición tienen muy claro que no hay dobles lecturas en el acuerdo, ni tampoco una renegociación de los puntos firmados. La presidenta de RD, Catalina Pérez, indicó que las materias en que no hubiera acuerdo no serían incluidas en la Carta Fundamental y que pasarían a ser materias de ley, mientras que el senador Jaime Quintana (PPD) puntualizó que el “texto final de la nueva Constitución debe ser refrendado por la ciudadanía en el plebiscito de salida”.

El senador Felipe Harboe fue explícito en la crítica: “Creo que la irresponsabilidad de Andrés Allamand es impresentable. Él sabe que lo que acordamos no es eso. Lo ha dicho Mario Desbordes, lo dijo Ena von Baer. También sostuvo que “Entiendo que Andrés está haciendo un juego interno de su partido, que es tratar de levantarse como una oposición más dura a la que está construyendo constructivamente Mario Desbordes. Pero no tiene derecho, por un tema de ego personal o de posicionamiento personal, faltar a la verdad y generar un clima enrarecido”.

“Ayer conversamos con Gabriel Boric, con la gente de RD, desde el PS y hasta la UDI y todos entendimos que eran declaraciones personales, no ajustadas a la verdad y que no aportaba en nada. Yo creo que parte de lo que resiste Andrés es que lo estén jubilando políticamente a través de su presidente Mario Desbordes”, añadió. “Aquí no hay dudas en la interpretación, y como no hay dudas, quiero entender que su objetivo es estrictamente personal, mezquino y más bien de intentar reposicionarse. Yo creo que el poder de Renovación Nacional se desplazó y hoy día Mario Desbordes es el que toma las decisiones”, indicó Harboe.

El diputado DC Matías Walker señaló que las reglas del juego las va a determinar la convención constituyente y la nueva Constitución, “y es por eso que nadie debe arriesgarse a que los principios que queremos dejar impregnados en la Constitución no queden incorporados”. “Yo no me enredaría con los dos tercios. La letra y el espíritu del acuerdo fue que se requiere dos tercios para todo: para acordar las materias y también para los procedimientos. Pero no hay una doble votación a menos que la propia convención, por dos tercios, acuerde ese mecanismo de ratificación”, afirmó el parlamentario.

El diputado Boric apuntó que “Allamand desde el 1er minuto hizo todo para que no haya acuerdo. Periodismo puede verificarlo”. También refutó otro de los puntos planteados por el senador RN, al recordar que “los 2/3 son incentivo a llegar a consensos. Pero en lo que no sea posible queda fuera de Constitución y pasa a legislación ordinaria. Si desconocen esto, se cae todo. Lo afirmo responsablemente”.

Para el senador PPD Felipe Harboe, a Allamand“nunca le gustó el acuerdo ya que él defiende la constitución del 80 y no participó en todas las conversaciones”. El parlamentario PPD insistió que quien tiene claro el acuerdo fue el presidente de RN, Mario Desbordes, porque “él fue el representante de RN, así que mejor que Allamand vaya a votar que No en el plebiscito y nos deje avanzar”.

El llamado entonces en la oposición es a hacerrespetar el acuerdo. Así lo graficó el diputado liberal Vlado Mirosevic, quien planteó que “toda la oposición tiene que defender con fuerza el cumplimiento del plebiscito constitucional en términos que acordamos,de cara al país. Si Allamand y otros se oponen a cambiar la Constitución de Pinochet, entonces deben votar no, pero dejen de boicotear”.

Jaime Quintana, presidente del Senado recordó que el “objetivo del acuerdo es abrir la democracia. Es increíble que algunos aún se aferren a la idea de cerrarla”. “El texto final de la nueva Constitución debe ser refrendado por la ciudadanía en plebiscito de salida. Los 2/3 por cada tema son incentivo para el acuerdo, NO un escudo del modelo”, planteó, señalando que el acuerdo es enfático en que es el plebiscito ratificatorio a la que está convocada toda la ciudadanía, y no la convención, la encargada de validar la nueva Carta Magna.

En medio de la crisis que no ceja, cuando la posición del gobierno frente a la violación de derechos humanos está tan cuestionada y con una acusación constitucional al presidente Sebastián Piñera ad portas, obviamente las luces rojas se encendieron con nitidez en el Palacio de gobierno.  Algunas fuentes afirman que le habrían pedido a Allamand que moderara sus palabras. Y este respondió Vía Twitter, recalcando que votará a favor de una nueva Carta Fundamental, pero insistiendo que “esta debe aprobarse por ⅔”, tratando de dejar a un lado el fantasma de la Constitución del 80. Desbordes le tiró un salvavidas a su adversario político señalando que “la invitación es a los acuerdos” y explicó que no hubo un llamado de atención para Allamand, “somos todos grandotes ya, lo que él planteó es un punto de vista”.

Lo que falta

Para implementar el acuerdo se acordó nombrar una mesa técnica, de expertos designados, por partes iguales por el oficialismo y la oposición, que definirán aspectos específicos para iniciar el proceso constituyente. Para empezar, una modificación constitucional que permita llamar a plebiscito.Concretamente, la comisión entregará insumos a los colegisladores a fin de presentar la reforma constitucional habilitante que permita modificar la Constitución e incorporar todas las nuevas instituciones que contiene este proceso constituyente como lo son el plebiscito de entrada, las convenciones y el plebiscito ratificatorio, señaló el abogado José Francisco García.

Algunos de los temas que deberá definir esta instancia – a partir de algunas propuestas de la oposición y el oficialismo- son, para el caso de los delegados constituyentes- la paridad de género, escaños reservados para pueblos indígenas y listas de independientes.

Aunque en RN y en Evópoli están abiertos a discutir fórmulas para integrar independientes, cuotas de género y cuotas para el mundo indígena, por supuesto que la UDI, se niega rotundamente -hasta ahora- a ello.  La presidenta Jacqueline van Rysselberghedeclaró que las reglas del juego ya están establecidas en las elecciones parlamentarias.  «Nosotros ya firmamos un acuerdo, ese acuerdo es lo que es, fue firmado responsablemente por todo el mundo y eso es lo que hay, ni más ni menos que eso, y en ese acuerdo dice que esta elección de plebiscito se regirá con las reglas de la elección de diputados y las reglas de la elección de diputados son claritas». En la actual ley de elecciones se contempla la incorporación de mujeres, pero no dice nada sobre los pueblos originarios o la posibilidad de que menores de 18 años puedan votar en el plebiscito.

Nuevas muestras de diferencias

Una medida que sacó aplausos y enojos varios en el propio Congreso fue cuando la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó en forma unánime la iniciativa que busca rebajar en un 50por ciento las dietas de autoridades del Gobierno, parlamentarios y autoridades regionales, excluyendo a concejales y consejeros regionales. Esta rebaja operará desde que la ley se apruebe y hasta que opere el mecanismo a través del cual el Banco Central fijará los sueldos de todas las autoridades del Estado.También se aprobó en forma unánime que el ahorro de la reducción de este 50 por ciento vaya directamente al Presupuesto de la Nación.

Pero, se encontró con el masivo rechazo de los trabajadores del Congreso, aquellos que trabajan para diputados y senadores porque, de acuerdo a lo aprobado, se rebaja a la mitad no sólo el sueldo de los parlamentarios, sino también otros ítems que significarían rebaja del 50 por ciento de personal administrativo.

Y diferencias también surgieron cuando se aprobó unacuerdo conseguido por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y su par de Trabajo, María José Zaldívar, con los senadores. Se le llamó «marco de entendimiento social» que significa que  se aumentará progresivamente la pensión básica solidaria hasta un 50 por ciento desde enero del 2020, partiendo por los adultos mayores de 80 años y un 25 por ciento para los menores de 75 años, así el 2022 todos tendrán el 50%. Estas medidas beneficiarán -dicen- a cerca de 1.600.000 pensionados. El acuerdo también contempla una rebaja del 50 por ciento para toda la tercera edad en transporte público; rebaja en precios de medicamentos e ingreso mínimo garantizado de $350 mil.

Pero no gustó en la Cámara de Diputados. El jefe de bancada del PS, Manuel Monsalve, aseguró que “consideramos que, en materia de pensiones, el acuerdo alcanzado en el Senado es un mal acuerdo. Primero, porque no es suficiente y segundo, porque es confuso. Las pensiones han sido un tema central en el marco del estallido social y el Gobierno, que debería buscar un acuerdo nacional en materia de pensiones, ha querido entender que un acuerdo con algunos senadores reemplaza un acuerdo de carácter nacional, en un tema tan importante para los chilenos”.

El legislador explicó que “la gran complicación es que la Cámara ya había aprobado una indicación para que el reajuste del aumento de las pensiones del Pilar Solidario fuera del 50 por ciento. En el caso del acuerdo del Senado, es una torpeza, porque es un acuerdo muy difícil de explicar a los chilenos. Me imagino al ministro de Hacienda explicando este acuerdo en una sala con 100 adultos mayores para decirles que algunos van a tener el aumento de un 50 por ciento, otros del 30, otros del 25 y que esto irá cambiando año a año. Los acuerdos donde hay que hacer un gran esfuerzo para explicarlos son malos acuerdos”.

Según el jefe de la bancada de diputados del PPD, Ricardo Celis, “anoche se hizo un acuerdo a medias, un mal acuerdo, el día lunes vamos a rechazar esto porque queremos que se haga un esfuerzo mayor”, lo que significa que el tema se debería zanjar en Comisión Mixta.

A juicio del diputado Monsalve, “el Gobierno debiera buscar un acuerdo completo en el Congreso, para dar una sola señal: que el aumento de las pensiones del Pilar Solidario sea de un 50 por ciento a partir de enero de 2020. Lo segundo, es que el Gobierno no puede seguir avanzando en materia de pensiones sin tocar las AFPs y sin tocar los impuestos de los más ricos de Chile. Y el Gobierno insiste en decir que no hay recursos, pero claro, sin tocar los intereses de las AFPs y los impuestos de los más ricos”.

Comisión Chilena de Derechos Humanos Preocupada por Comunicado de las FF.AA.

Su preocupación por el comunicado oficial emitido por las tres ramas de la Defensa Nacional -Ejército, Armada y Fuerza Aérea-,mediante el cual rechazan las conclusiones del pre informe elaborado por Amnistía Internacional, relativo a la situación de los derechos humanos en nuestro país, manifestó la Comisión Chilena de Derechos Humanos.

Afirman que el pronunciamiento público de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, expresando su opinión ”sobre tan sensible tema para los chilenos y chilenas, constituye una clara trasgresión al mandato constitucional que las regula, el que establece en su artículo 101”, que señala que “las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes. Dice que las fuerzas dependientes de los ministerios encargados de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública son, además, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas”.

La Comisión indica que este acto de deliberación, “no sólo constituye una grave vulneración a las normas que las rigen, sino un explícito acto de amedrentamiento a los organismos de derechos humanos, con el que se pretende inhibir el cumplimiento de su deber de denunciar las graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos causados por agentes del Estado, defender a las víctimas e instar a sus autoridades por el debido acatamiento de las normas nacionales e internacionales que regulan la materia”.

Solidarizan con Amnistía Internacional, y expresan su coincidencia en el diagnóstico y conclusiones señalados en su Informe.

Versión del gobierno

Por su parte, la administración Piñera – a través de su Ministro de Defensa, Alberto Espina- respaldó el comunicado de las Fuerzas Armadas y clarificó el secretario de Estado que conocía su contenido. Sobre el fondo de la declaración de las Fuerzas Armadas, Espina dijo que el pre informe de Amnistía Internacional y las denuncias a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos eran “falsas”.

Lo mismo hizo la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, quien fue duramente cuestionada en las redes sociales por contar con esta única aparición pública  para criticar el informe de Amnistía y respaldar el actuar de Carabineros de Chile.

Mientras tanto, se está a la espera de las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las resoluciones de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet Jeria.

Amnistía Internacional Dice que las Fuerzas de Seguridad en Chile Lesionan a Manifestantes para Desincentivar la Protesta Social

Amnistía Internacional presentó parte de los resultados de la misión que investigó las violaciones a los derechos humanos  en Chile en el contexto de las movilizaciones sociales.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, Pilar San Martín, investigadora de crisis para Amnistía Internacional, y Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, dieron a conocer las conclusiones del informe.

Para Amnistía, el Ejército y Carabineros, bajo el mando del presidente Piñera, están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta.

“La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes. En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera, han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy”, aseguró Erika Guevara.

Amnistía recordó que, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), al menos cinco personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad y más de dos mil 300 han resultado lesionadas, de ellas, más de mil 400 presentan heridas por arma de fuego y 220 trauma ocular severo. Por su parte, la Fiscalía ha registrado más de mil 100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes y más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos. Según cifras de Carabineros, ningún funcionario de la institución ha muerto y hay alrededor de mil 600 heridos, 105 de ellos con lesiones graves.

Hasta el momento, la organización ha documentado 23 casos de violaciones de derechos humanos en las regiones de Valparaíso, Tarapacá, Biobío, Antofagasta, Coquimbo, Maule, La Araucanía y Metropolitana, y ha obtenido evidencia del uso innecesario y excesivo de la fuerza a través de más de 130 piezas audiovisuales y fotográficas.

“La responsabilidad penal individual por estos hechos no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo. Garantizar justicia y no repetición por estos hechos implica sancionar a aquellos mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día”, declaró.

Amnistía Internacional considera que “las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el modus operandi llevado a cabo a lo largo de todo el país principalmente por parte de Carabineros”.

Añade que “el grado de coordinación requerido para sostener la represión violenta de las protestas durante más de un mes conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel, sea porque ordenó o toleró la represión”, lo que debe ser dilucidados por una autoridad judicial independiente e imparcial.

Amnistía indicó que “la decisión del presidente Piñera de sacar al Ejército a las calles tras imponer el Estado de Emergencia tuvo consecuencias catastróficas”, además de recordar que la no prevención de actos de maltrato y tortura, cuando se tiene el deber de hacerlo, es una causal de responsabilidad penal individual según el derecho internacional.

Armamento Militar Letal

El informe de la misión de investigación en el país detalla que de las cinco muertes por agentes de seguridad durante el estado de emergencia constitucional -cuatro a manos de funcionarios del Ejército y una de carabineros- dos de ellas fueron con armamento militar.

A través del análisis de imágenes, confirman que el ejército “usó armamento letal de forma indiscriminada contra manifestantes desarmados en al menos cuatro eventos”, entre los que se identificó el uso de rifles GALIL ACE y FAMAE SG 540 semiautomáticos y pistolas de mano semiautomáticas con munición letal.

A ello agregan que “también se ha identificado a personal de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y de Carabineros disparando munición viva. Este tipo de armamento está prohibido para la dispersión de protestas bajo los estándares internacionales”.

El movimiento de defensa de los derechos humanos destacó el caso de Romario Veloz, de 26 años, quien murió luego que un militar le disparara en el cuello y de Rolando Robledo, de 41, herido de muerte en el tórax por otro disparo de un militar, mientras participaban de una marcha en La Serena, junto al de José Miguel Uribe, de 25, quien murió después de que un militar le disparara al tórax en Curicó tras manifestarse en un corte de calle.

Torturas, Abuso Sexual, Malos Tratos y Ensañamiento

 Respecto a torturas y malos tratos, el documento sostiene que “una de las formas más frecuentes de lesionar a las personas manifestantes ha sido a través de malos tratos y, en menor medida, la tortura, lo que constituye un crimen de derecho internacional”.

Amnistía Internacional ha documentado por ahora tres casos de tortura, incluyendo tortura sexual y un caso de muerte por maltrato policial, el de Alex Núñez, de 39 años, quien falleció producto de una brutal golpiza propinada por carabineros en la comuna de Maipú.

Detallan que a la fecha, la Fiscalía registra 16 denuncias por violación o abuso sexual a manos de fuerzas de seguridad, como es el caso de Josué Maureira, quien fue violado con un bastón cuando se encontraba en custodia policial. Se expuso además el caso de una persona golpeada brutalmente por doce funcionarios de carabineros en la plaza Ñuñoa,  dejándolo con la pérdida de visión de un ojo, fractura nasal, la luxación de un hombro y el quiebre de tres costillas con resultado de una lesión en un pulmón.

El organismo observó la práctica de carabineros y soldados “de atropellar o intentar atropellar a manifestantes mientras caminaban por la calle en al menos nueve ocasiones”, en una de las cuales un militar arrolló y mató a Manuel Rebolledo, de 23 años, en Talcahuano.

“Amnistía verificó más de 30 piezas audiovisuales que demuestran que carabineros y militares se han ensañado contra civiles de forma injustificada y sin razón aparente. Esta violencia se cometió de igual manera contra personas detenidas y sometidas; para dispersar protestas pacíficas; así como en contra de niños, niñas y adolescentes en situación de indefensión, en las ciudades de Valparaíso, Santiago, Viña del Mar, Antofagasta y Concepción”, precisa el informe.

Armas Potencialmente Letales y Uso Indiscriminado de Lacrimógenas

A pesar de que el derecho internacional exige que las armas de fuego con munición potencialmente letal (como perdigones de goma) sólo sean utilizadas de forma excepcional para casos donde esté en peligro la vida o integridad de una persona y de tal forma que se cause el menor daño posible, Amnistía Internacional registró el uso constante e inadecuado de escopetas en contextos de protesta, “Este análisis demuestra que carabineros (y en menor medida el ejército) ha usado escopetas tipo Benelli M3 y Escorts Aimguard con munición potencialmente letal de forma injustificada, generalizada, indiscriminada y en muchos casos apuntando a la cabeza”, denuncia.

Entre los casos más graves, se menciona el de Kevin Gómez de 24 años, fallecido según el parte médico por una “herida torácico pulmonar producto de múltiples proyectiles” el 21 de octubre en Coquimbo y el de una niña de 15 años que recibió múltiples perdigones de un policía que disparó desde un coche oficial en movimiento, mientras ésta se encontraba en una concentración pacífica en Cerrillos.

Asimismo, corroboró el uso de gas lacrimógeno de manera inadecuada y en cantidades alarmantes en al menos 11 eventos, así como en hospitales, universidades, viviendas e incluso colegios, afectando seriamente a niños, niñas, adolescentes y otras poblaciones que requieren especial cuidado. Junto con ello, se ha identificado el uso de granadas de humo que pueden ser extremadamente tóxicas y están diseñadas para su uso en conflictos armados y, por ende, son inadecuadas para el control de manifestaciones.

Sumado a esto, el informe de Amnistía denuncia que en varias ocasiones las autoridades han obstaculizado la labor de abogados, defensores de derechos humanos y personal médico, impidiendo su acceso a comisarías o centros hospitalarios. En el mismo sentido, conoció casos de personas golpeadas o lesionadas con disparos de perdigones mientras prestaban primero auxilios, como el funcionario del INDH Jorge Ortiz, quien el día 29 de octubre recibió seis perdigones mientras realizaba sus labores de observación, pese a estar identificado con el uniforme amarillo de la institución.

Reforma a Carabineros

“Esta trágica página de la historia de Chile tiene que servir de una vez por todas para llevar a cabo las reformas institucionales y estructurales que la sociedad demanda, como la reforma de la policía o la garantía de los derechos sociales”, dijo Ana Piquer.

Finalmente, el organismo realizó recomendaciones al Estado de Chile, entre las que se cuentan que “las autoridades deben cesar la represión de manera urgente, dando órdenes precisas a las fuerzas de seguridad para que ejerzan la máxima restricción en el uso de la fuerza que solo debe ser aplicada de manera progresiva, proporcional y diferenciada, en línea con los estándares internacionales que rigen la materia»; que los órganos de justicia investiguen la responsabilidad del mando en las violaciones a derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos en el contexto de esta crisis en manos del Ejército y la policía, de acuerdo con el ordenamiento jurídico chileno y los estándares internacionales y que las autoridades aseguren que las legítimas demandas de la población sean atendidas.

Por último recomiendan que las autoridades deben emprender una reforma profunda a Carabineros, “Esto incluye revisar su marco normativo con miras a transformar la institución para que garantice que todas sus actuaciones se realizan apegadas a los derechos humanos”.

Puede acceder al informe completo en https://n9.cl/fj59

 

Fútbol Profesional Chileno: Reinicio con Dudas y Mucho que Analizar

Captura de pantalla Canal del Fútbol

A la luz de los acontecimientos recientes, con el acuerdo logrado por casi la totalidad de la élite política en torno a la factibilidad de cambiar la Constitución Política del país, la regencia del fútbol profesional decidió reanudar a contar de este viernes 22 de noviembre de 2019 la actividad en todas sus categorías.

En efecto, tomando como referente la división de honor, el campeonato nacional se reiniciará a partir de la fecha 26 en lugar de la 25, cuya programación contempla el clásico entre el puntero, Universidad Católica, y su escolta, Colo Colo. La reanudación tendrá lugar el viernes ya aludido, a las 11 horas, con el duelo entre Unión La Calera e Iquique en el estadio Bicentenario de La Florida (la Municipalidad de La Calera no quiso facilitar el Nicolás Chahuán). El encuentro que estaba considerado como el primero cronológicamente hablando, Cobresal versus Unión Española en el estadio El Cobre de El Salvador, fue reprogramado por el ente organizador, la ANFP, a contar de las 13:15 del mismo día.

Respecto de los tres grandes, Colo Colo recibirá a Coquimbo en Pedreros el sábado 23 a las 11:30 (originalmente estaba considerado para las 17 horas), Huachipato a Universidad de Chile a las 11:30 del domingo 24 en el reducto CAP de Talcahuano y Universidad Católica a Audax Italiano a las 17:15 de ese mismo día en San Carlos de Apoquindo.

Más allá de la opinión que pueda tener cada aficionado del «deporte rey» respecto de sí deben recomenzar este fin de semana las competencias de nuestro fútbol rentado (yo, en lo personal, creo que no; básicamente porque hasta ahora no hay un tema de plena seguridad garantizada para el espectáculo), existen diversas dudas y problemas que la misma plana superior de la actividad y los clubes deberán resolver. Agrego aquí, sólo como dato anecdótico, que la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Flamengo se jugará este sábado 23 en el estadio Monumental de Universitario, en Lima Perú, en lugar de la cancha neutral original: nuestro estadio Nacional «Julio Martínez Pradanos», desechada hace algunas semanas por la Conmebol por temas de seguridad.

«No son interlocutores válidos»

En un ámbito más vinculante con la calle, se mantiene la amenaza de las barras bravas de evitar que se juegue prontamente. Coincido allí con el destacado periodista Juan Cristóbal Guarello en el sentido de que estos grupos no son interlocutores válidos porque no tienen estructuras democráticas (¿cómo son elegidos sus líderes?) y son más parte del problema que de la solución.

A lo anterior agregaría algo peor: tienen un «tejado de vidrio» del porte de una catedral. Su vínculo con los dirigentes de los clubes es bastante difuso (por no decir turbio) y no tienen moral para dar lección alguna. Si bien es cierto las manifestaciones de violencia no son generalizables, las protagonizan regularmente miembros de estos grupos (incluyamos aquí un tema que, de por sí, es inadmisible: amenazas a jugadores y dirigentes) y eso los invalida automáticamente. Evidentemente tienen su derecho a expresarse, pero (insisto) no son interlocutores válidos. Pienso, de paso y al respecto, que hay en su accionar verbal mucha hipocresía y oportunismo.

En el mismo sentido creo que son de mucha mayor credibilidad las posturas a favor de las demandas ciudadanas manifestadas por la inmensa mayoría los futbolistas (puede que por allí haya algunos matices diferentes en las opiniones, pero no alcanzan a sobresalir del todo), desde el origen del estallido social hasta hoy. Figuras de la selección, como Charles Aránguiz, Arturo Vidal, Claudio Bravo y Gary Medel, astros del plano local como los ex seleccionados Esteban Paredes y Jean Beausejour, técnicos como Mario Salas la directiva del Colegio Técnico, ídolos históricos de nuestro balompié nacionales y extranjeros como Carlos Caszely, Marcelo Barticciotto, Claudio Borghi o Diego Rivarola; y el Sindicato de Futbolistas, por citar sólo algunos exponentes distinguibles de la actividad, no sólo se han manifestado a favor de las demandas de la ciudadanía sino que se han mostrado muy sensibles y empáticos respecto del futuro inmediato de la actividad.

En otro plano destaco en Barticciotto, Paredes y parte de la plana directiva del Club Social Deportivo Colo Colo la visita solidaria que hicieron, en la clínica Santa María, al joven Gustavo Gatica, quien perdió la vista en uno de sus ojos tras incidentes en una de las jornadas de protesta en Plaza Baquedano, consecuencia de disparos. En el recinto, por cierto, intentan salvarle el otro ojo.

«Mucho paño que cortar»

No todo gira en torno a los millones que ganan los protagonistas principales. Hay clubes que pueden quebrar porque su principal flujo justamente es la actividad en sí misma, graficada en la realización de los partidos y los empleos afines: boleteros, guardias privados, locutores, etcétera. La sensibilidad y la empatía al respecto se traducen como consciencia social…

Cuento aparte es la selección. Más allá de que el partido amistoso de fecha FIFA contra Perú no se haya jugado y que el colombiano Reinaldo Rueda haya deslizado su intención de no continuar al mando de la «roja de todos», este tema en sí mismo tiene sus propios vericuetos, que lo transforman automáticamente en materia de análisis al margen. Lo mismo ocurre con las divisiones menores y el fútbol femenino.

Corrieron, sin orígenes claros, ideas extravagantes del tono: «el campeonato debería terminar ahora», «Católica está muy disparada en la tabla, debería ser campeón sin jugarse el resto del torneo y punto», «debiese terminar el 2020», «por razones económicas debiese descartarse el descenso», etcétera. Lo cierto es que, al margen de los fundamentos razonables que pudiesen tener algunas de estas ideas, hay contratos (y cláusulas asociadas) entre los clubes con los jugadores y los cuerpos técnicos, y compromisos igualmente formales con la televisión (por citar solamente un par de ejemplos muy básicos de razones por las que el fútbol debiera reiniciarse) que contemplan fechas fijadas de antemano y que deben ser objeto de revisión (¿o redefinición?), si es que las planas directivas tanto superior como de cada club quieren que las competencias profesionales lleguen «a buen puerto».

Dicho de otro modo, se juegue o no se juegue, como reza un dicho «queda mucho paño que cortar».

Nueva Constitución y Municipios, una Oportunidad Para Construir Poder Local

Sin duda la movilización social cambio el eje de la política Chilena. Sin embargo, no es menos cierto que la Consulta Comunal Ciudadana planteada por los municipios, aceleró y actuó como catalizador para que el Ejecutivo y el Parlamento buscaran un acuerdo para un camino de cambio constitucional con plebiscito de entrada y otro de salida, acuerdo  que fue firmado la madrugada del 15 de noviembre.

La propuesta de la AChM tuvo un amplio apoyo de diversos sectores de la vida nacional y permite resituar el debate sobre la autonomía de los territorios locales.

El municipalismo chileno ha planteado la necesidad de transitar desde las actuales administraciones municipales a verdaderos gobiernos locales. Sin embargo, son las normativas legales que rigen las que determinan lo que podemos o no realizar en las comunas.

Para el ejercicio de la función ejecutiva, el Presidente de la República cuenta con órganos de gobierno como los ministros de Estado, intendentes, gobernadores, y para la función de administración, cuenta con servicios públicos centralizados, además de los servicios descentralizados o de régimen de descentralización, tales como empresas públicas, gobiernos regionales y municipalidades.

Actualmente no es posible constituir Gobiernos Locales Autónomos si los municipios son considerados organismos de administración del Estado.

El ordenamiento jurídico consagra el carácter autónomo de las municipalidades. Sin embargo, estas son parte del Estado Unitario consagrado en el Artículo 3 del Capítulo I de la CPR, denominado Bases de la Institucionalidad.

Pensar en un nuevo municipio

Entonces, una primera conclusión indica que no es posible pensar en un nuevo municipio como gobierno local real si no se modifican aquellos aspectos constitucionales que lo consideran un órgano de administración. Esto debe ser considerado cuando se redacte una Nueva Constitución.

Por otra parte, para gobernar se precisa autonomía financiera y es complejo “administrar” un municipio si aumenta su carga funcional y no se le asignan los recursos suficientes.

Al respecto, el penúltimo inciso del art. 5º de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM), señala que “cualquier nueva función o tarea que se le asigne a los municipios deberá contemplar el financiamiento respectivo”.

Asimismo, el artículo 118 de la CPR, indica que los municipios gozarán de autonomía para la administración de sus finanzas. Al repasar estas disposiciones legales, es necesario mencionar la jurisprudencia sobre el carácter de la LOCM. En los dictámenes Nº 10422 y 24022 del año 2001, la Contraloría General sostuvo que las leyes orgánicas constitucionales no tienen rango superior a las legislaciones comunes, sino que tienen igual jerarquía, diferenciándose entre sí únicamente por las materias que la regulan.

Hoy no existe disposición legal que garantice el cumplimiento de la obligación descrita en el inciso cuarto del artículo 5º, de la LOCM. Debido a la ausencia de tal disposición legal, los municipios se han visto obligados a financiar con fondos propios las nuevas funciones y atribuciones que se les han asignado en los últimos años.

Una segunda conclusión indica que una Nueva Constitución debe establecer que cualquier nueva función u obligación que se les asigne a los municipios deberá contemplar el financiamiento respectivo.

He aquí un claro ejemplo de como una Nueva Constitución incidiría en la calidad de vida nuestros vecinos y vecinas, ya que al no tener asegurado en la Constitución el financiamiento de cada nueva función municipal, se amplía la brecha entre municipios ricos y los que sobreviven con escasos recursos. Así aumenta la desigualdad, la que no sólo es social y económica, sino que es también una desigualdad territorial.

Desde el poder local

Por otra parte, en medio de la crisis política que vive nuestro país, diversas encuestas indican que las autoridades locales son los mejores evaluados de la llamada “clase política”. La nutrida presencia de alcaldes y alcaldesas en medios de comunicación, cabildos y asambleas vecinales, muestran que, de manera transversal, son las autoridades más cercanas a la gente. Efectivamente es el municipio el gran prestador de servicios sociales y a través de estas corporaciones edilicias el Estado central vehiculiza múltiples beneficios. Además, administran la Salud Primaria, donde se atiende cerca del 80 % de la población del país. Sumamos también múltiples funciones en cuanto a infraestructura pública.

El municipio de antaño que realizaba 5 o 6 funciones, hoy se empina en cerca de una centena. Además, podemos decir que los municipios son la única línea del Estado que está presente en todo el territorio. ¿Entonces no será hora de darle al territorio comunal y al municipio la relevancia constitucional que en la práctica hoy día tiene? La comuna debería ser el espacio privilegiado para la participación ciudadana, para la opinión y decisión de los vecinos y vecinas sobre el proyecto común del territorio que habitan.

 Por ello, una nueva Constitución debería consagrar el poder local como un elemento básico de nuestra democracia, una democracia más intensa, que no se agote en lo procedimental de la elección cuatrienal de alcaldes y concejales y donde estos últimos tengan condiciones efectivas para realizar sus funciones. Un poder local que por ley contemple instrumentos de planificación como los Planes de Desarrollo Comunal que se elaboren de manera comunitaria incluyendo mecanismos de decisiones presupuestarias participativas.

Y por qué no, que incluya Revocatorias de Mandato, a partir del incumplimiento de un programa de gobierno, el cual debería ser presentado notarialmente y de manera obligatoria por todos los candidatos y candidatas a las alcaldías. No estamos planteando nada nuevo pues muchas de estas propuestas las hemos realizado antes y se llevan a la practica en muchos lugares del mundo.

 A nuestra gastada democracia le hace falta participación, pero no de simulacro, sino que participación para la decisión, en el territorio, donde la gente habita, en ese espacio geográfico socialmente construido con equidad y solidaridad. Para eso, también, se necesita una nueva Constitución, para tener verdaderos Gobiernos Locales.

Nadie lo Entiende: ONU Mujeres Chile le Tira un “Salvavidas” a Ministra Plá

Cuando el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) reportaba la cifra de 66 denuncias por tortura sexual desde que se inició la protesta social en Chile, la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, militante de la UDI, sacaba un conejo de su propio sombrero: la firma de un acuerdo de cooperación con ONU Mujeres para prevenir la violencia contra las mujeres.

Cuando se supo la noticia, en los diferentes chats de organizaciones de mujeres ardió Troya. Lo mismo se manifestó en las redes sociales. Inentendible, pues la secretaria de Estado, durante casi 3 semanas, guardó absoluto silencio sobre los casos de mujeres que han sido abusadas por agentes del Estado en distintas reparticiones policiales en todo Chile. Fue tan cuestionada, absolutamente ausente y con cero empatía, que subió un tímido twitter refiriéndose al tema.

Para el activismo feminista resulta inexplicable que ONU Mujeres, encabezado por Ana María Salamanca, coordinadora de la entidad internacional, haya firmado tal acuerdo. Una autoridad, representante de la ONU, debería contar con una postura mucho más clara y firme al respeto, considerando que hoy hay diversos organismos internacionales monitoreando las denuncias contra las violaciones a los derechos humanos en Chile y se está a la espera de sus informes, pero han adelantado que no existen dudas de que el Estado de Chile ha violado los derechos humanos.

Una práctica sistemática

Junto a ello, organizaciones de mujeres y feministas han visibilizado abusos y tortura sexual como una práctica sistemática por parte de agentes del Estado, además de detenciones arbitrarias, desnudamientos, violación, amenazas de violación, tocaciones, entre otras, que incluyen a estudiantes heridas por perdigones al interior de sus liceos.

La pregunta es ¿con qué reflexión ONU Mujeres respalda este acuerdo? Un acuerdo con una ministra que incluso ha sido cuestionada por las trabajadoras de organismos estatales que promueven los derechos de las mujeres y la equidad de género, como la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (ANFUMMEG), del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (ANFUSEM SERNAMEG) y de la Fundación PRODEMU (SINDICATO PRODEMU), los que en una declaración pública conjunta preguntaron “¿Dónde está la Ministra de la Mujer y Equidad de Género Isabel Plá Jarufe que proclamó Tolerancia Cero a la violencia de género en la Agenda Mujer de su gobierno? La ministra que hace una semana llamaba a las mujeres a denunciar la violencia de género. ¿Por qué no salió de inmediato exigiendo el término de toda vulneración a los derechos humanos y de las mujeres que se estuviesen perpetrando en contexto de control militar?”.

Grupos de mujeres se manifestaron de diversas maneras, incluso con masivas acciones públicas en el frontis del Ministerio la Mujer, para exigir que Plá rompiera su silencio.

“¿Por qué ONU Mujeres se muestra como un organismo sin conexión con la sociedad civil y avala una respuesta tardía por parte del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género?”, es la interrogante que se hacen las organizaciones de mujeres.

Antes que se iniciaran las movilizaciones sociales, el pasado 18 de octubre, Página 19 le solicitó una entrevista a Salamanca, pero en dos meses nunca tuvimos respuesta. Sin embargo, no tiene problema alguno en dar una que otra entrevista a la prensa tradicional y empresarial.

 

 

Las Escuelas como Espacios Protectores en Tiempos de Crisis

En períodos de crisis sociales, las escuelas tienen el potencial de proteger a las niñas y los niños de los efectos nocivos de la exposición a eventos con potencial traumático, dado que son instituciones que –históricamente- ofrecen una estructura organizacional relativamente estable y entregan una rutina identificable en la vida cotidiana de los y las estudiantes. Existen tiempos definidos para hacer la tarea, jugar y comer la colación, que otorgan un mundo seguro y predecible que ayuda a reducir las respuestas normales de angustia, rabia o temor ante la incertidumbre.

Además de la protección psicosocial, las escuelas también pueden ofrecer protección física, manteniendo a salvo a las niñas y los niños de posibles amenazas que puedan enfrentar en sus barrios en ausencia de sus cuidadores. Sin embargo, tal vez el beneficio más importante de las escuelas en periodos de crisis es que ayudan a los niños y las niñas a desarrollar las habilidades de afrontamiento y resiliencia que necesitan para avanzar a pesar de las adversidades que están viviendo como integrantes de una sociedad en conflicto.

A pesar de lo anterior, y los efectos amortiguadores de las crisis sociales, las escuelas son los primeros lugares en cerrarse ante las crisis y los últimos en abrirse cuando terminan. Las razones pueden múltiples, pero las más recurrente son las propias reacciones emocionales de los adultos y adultas frente a las crisis.  Por esto, aquellas escuelas que continúan su labor de manera regular y protectora son escuelas que están conformadas por adultos resilientes que han creado una organización resiliente; situación que, en el contexto actual de las demandas sociales, se ha relevado, pues las escuelas chilenas han debido por mucho tiempo convivir con adversidades que solo algunas han sabido sortear éxito.

Adversidades como políticas educacionales inestables y desiguales, estructuras de administración conflictivas y fragmentadas, metas educativas poco pertinentes socialmente, evaluaciones estandarizadas cuyos resultados deciden muchas veces la continuidad de un proyecto educativo, bajos sueldos docentes, recursos mínimos, desafíos máximos provocados por las vulnerabilidades psicosociales de las familias y estudiantes, muchas veces superan los recursos que la comunidad escolar posee, generando un desborde sintomático que se expresa en distintos niveles sistemáticos, abandono de la escuelas, violencia escolar, climas escolares tóxicos, bajos rendimientos, desmotivación escolar y problemas de salud mental tanto en docentes como estudiantes.

En este contexto, dado que la crisis social atravesó todos los niveles de las escuelas, especialmente de las más vulnerables, en parte como consecuencia de una reacción sistémica que busca cambiar las condiciones a las cuales adaptarse generando entropía, caos, desestabilización e inestabilidad colectiva e intergeneracional, para lograr avanzar hacia un estado de equilibrio es fundamental en primer lugar crear espacios de diálogo comunitario que permitan la resignificación de la crisis y la creación sentidos compartidos de futuro.

Estos diálogos no solo permiten potenciar la sensación de seguridad y protección, en cuanto potencian los vínculos entre los y las estudiantes con y sus docentes, consolidan el sentido de pertenencia, membresía, reciprocidad y conectividad escolar, así como también permiten ampliar los procesos de empoderamiento individual y colectivo que influyen positivamente no solo en la salud de las personas, sino también en la salud de toda la institución.

Actualmente muchas escuelas en el país han tomado esta opción, instalando asambleas o cabildos, desarrollando diagnósticos participativos, implementando un curriculum alternativo sobre contenidos de ciudadanía y derechos, y en general abriendo sus puertas a las necesidades que tienen los y las actores escolares de creación de la colectividad, expresión de emociones y construcción de ideas comunes.

 Estos espacios además de potenciar los ejercicios de ciudadanía y construcción de comunidad escolar deben utilizarse, especialmente para planificar el año escolar restante. Dado que las escuelas, funcionan con lógicas burocráticas, calendarios anuales y etapas educativas que llevan a una certificación, cerrar el año es una de las preocupaciones más salientes y urgentes que tienen las escuelas actualmente.

Por esta razón,  decisiones asociadas a este proceso, como suspender las clases, modificar las estrategias de enseñanza, aumentar las tareas académicas en casa, recalendarizar pruebas, adecuar los criterios de evaluación o entre otros, reducir o  ampliar la jornada; son decisiones en la que deben participar todos los integrantes de la comunidad a través de sus representantes en el consejo escolar, pues estas decisiones no sólo tienen matices técnico-pedagógicos y políticos, sino por sobre todo, prácticos, que deben tomarse en cuenta de manera muy particular dada la alta heterogeneidad presente en las escuelas chilenas.

Las escuelas son espacios protectores en tiempo de crisis, tanto por el orden que tienen cuando los niños y niñas llegan a ellas, como por el orden que ellos mismos le dejan cuando se van.

La Tarea de los y las Socialistas en la Nueva Normalidad

La sociedad chilena, hasta el 18 de octubre de 2019, se había arraigado a un tipo de normalidad anclada en el sistema capitalista neoliberal. Un modelo, diríamos, no meramente económico, sino que también cultural. Un tipo de sociedad diseccionada en clases, modos y costumbres. Creció, a medida que aumentaba el PIB per cápita, un tipo de arribismo que también tenía una expresión territorial: barrio Lastarria, el Liguria, algunos sectores de Ñuñoa, entre otros.

El barrio “muy” alto había sido devaluado. Pero los arribistas, muchos declaradamente de izquierda, mostraban sus prendas y chocaban sus estiradas copas de espumante en la bohemia capitalina hablando de las necesidades posmateriales de las personas: la marihuana, el matrimonio igualitario, las políticas de pro inversión de los pequeños y medianos emprendedores, el Brexit, el loco de Trump, el horror de Bolsonaro y la crisis del Estado de Bienestar Europeo. Y en la borrachera intelectual, una que otra comparación inasible con los sistemas fiscales o educacionales de los países nórdicos.

La izquierda del bar ya había abandonado los viejos dilemas de la política de clase. Y la política tradicional también, aunque un poco menos. Pero cuando aún no lográbamos salir de la resaca posmaterial, maldiciendo un gobierno de derecha que a penas alcanzaba a incomodarnos, llegó el 18 de octubre.

Chile despertó ha sido el lema que ha inundado la expresión de la manifestación social. Ha prevalecido, como imprecación poética en el fervor colectivo incluso más que aquel que nos regaló Piñera cuando nos declaró la guerra. Y así, abandonaron el bar de la diversidad sexual y los derechos de tercera generación para salir a la calle. Reemplazaron las copas y el jazz, por banderas y carteles; los más febriles, las reemplazaron por antiparras y escudos para sumarse a la primera línea de la lucha. En Plaza Italia eso sí, o en el eje Providencia-Ñuñoa, porque tampoco iban a ser tan incautos como para ir a meterse a las poblaciones periféricas de la ciudad.

Entre medio de todo este tráfago, las y los socialistas se sumaron con total naturalidad. Una buena parte en la calle, otra parte en la política y otro tanto en el movimiento social y sindical. Cada cual había pensado que cumplía una tarea, un cometido histórico por su condición de socialista. Había de todo. Socialistas arribistas, socialistas aburguesados, socialistas burócratas, socialistas de calle y lucha, socialistas dirigentes sindicales y sociales. Socialistas de la interna también, organizando o coordinando la estructura del partido. Cada distinción con poca nitidez, y ciertamente, algunas de ellas abiertamente injustas. Pero lo digo, para que se entienda claramente.

Las y los socialistas que han cumplido lo que constituye un deber, aun cuando sea intuitivo, sabían que ellos mismos no habían despertado el 18 de octubre. En buenahora que lo haya hecho Chile. El socialismo viene despierto desde 1933, época en que se inauguró, para decirlo coloquialmente, la política de clase en Chile. Y esto, no es un tipo de soberbia que pudiera cubrir de una pátina la crítica que hay, desde dentro y fuera, a la política del PS en los años de la nueva democracia, habiendo estado ya, durante estos años, en el Gobierno y en la Oposición. Cuando la crisis presenta un clivaje calle versus elite, o ciudadanos versus clase política, la ola arrasa con todo.

La calle implementa la política de la tierra arrasada, sin contemplación. El malestar, llevado al paroxismo, ha provocado un resultado contradictorio: hay que solucionar los problemas sociales con urgencia y cambiar la Constitución, pero en lo posible que no lo haga nadie. Ojalá se hiciera solo, a través del aire o de algún tipo de acto mágico. Idealmente, que lo hicieran los ciudadanos y ciudadanas a través de un acto abstracto sin representantes. La desconfianza con la clase política es brutal y, yo diría, por ahora, irreversible. Como máximo gesto, el movimiento estaría en condiciones de que lo hicieran otros, y no los mismos de siempre. En tal caso, dificulto que esos otros, no se transformen en los mismos de siempre de forma acelerada.

La ecuación se está tornando prácticamente imposible. El acuerdo alcanzado en el Congreso Nacional, que establece un Plebiscito de entrada, un órgano constituyente y un plebiscito de salida, es un hecho inédito en la historia de Chile. Habrá que marchar y movilizar a los ciudadanos a las urnas para derogar la Constitución de la dictadura en abril del 2020. Aun así, hay quienes mantienen el prurito constitucional de pretender hacer del proceso constituyente un evento a la medida. Aquí también hay un hecho que bien vale calificar de injusto: cuando se dice que las y los socialistas somos lo mismo que la derecha. Pero todos nadamos en el mismo barro por razones diferentes. Decir que somos iguales a la derecha, cuando Sebastián Piñera ha pretendido desde el primer día poner patas para arriba todos los avances sociales de Michelle Bachelet, eso es, definitivamente, un ejercicio imposible. No cuela.

Es claro que ya existe en Chile una nueva normalidad. Y, en buena hora, la sociedad volvió a los problemas materiales no resueltos. La derecha ya dejó de entretenernos con sus elucubraciones valóricas sobre el aborto, el matrimonio igualitario o las drogas blandas. Ahora entonces, las y los socialistas tienen un deber irrenunciable de luchar en los tres ámbitos que la coyuntura nos presenta: seguir condenando las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por agentes del Estado, impulsar una agenda social que combata las desigualdades y los abusos y convocar a todos los ciudadanos para concurrir a las urnas en abril y aprobar una Nueva Constitución para Chile, a través de la Convención Constitucional, que es la Asamblea Constituyente que las y los socialistas promovemos, al menos, desde el 2011.

Habrá que navegar por esta nueva normalidad con coraje, y con orgullo de ser socialista. Todos son necesarios para la tarea. Los del bar, los de la primera línea, los de la burocracia, los del aparato, los de la sindical. Nunca como ahora, hubo tanto que hacer, en tan poco tiempo. Que, parafraseando a Oscar Wilde, las ilusiones no fracasen, que es lo más usual, y que cuando se cumplan, no sea tan amargo.

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